Contradicciones

En estos días se están debatiendo en tres foros diferentes algunas cuestiones esenciales que determinarán, con diferente importancia, nuestra economía en los próximos años. Estos tres foros son la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Hong-Kong, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas y el Congreso de los Diputados en Madrid en el que se está negociando la financiación autonómica al hilo del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. En Hong-Kong, en Bruselas y en Madrid se van a tomar decisiones que nos van a afectar, para bien o para mal, en los próximos años. 

En Hong-Kong no se está hablando de desarrollo o de pobreza, sencillamente se están debatiendo reglas de comercio internacional, es decir, aranceles, subvenciones, subsidios a la exportación e intereses de determinados colectivos y empresas de determinados países. En Bruselas, mucho más cercana, no se está hablando de criterios de política económica, sino del reparto de dinero por países, de qué corresponde a quién (y no el por qué) en este entramado de intereses políticos y económicos en que hemos dejado a la Unión Europea. Y en Madrid se está discutiendo no sólo de qué nivel del Estado es el que gasta qué, sino de cuánto va a recaudar quién. Al final, en las tres negociaciones no se habla de otra cosa que de dinero, de mucho dinero, obviándose cualquier referencia, que no sea meramente retórica, no ya a principios éticos elementales, sino ni siquiera a una lógica económica o política básica. 

Y no se debaten los principios y no se argumentan los instrumentos porque los que están reunidos son representantes de países o regiones, de colectividades humanas que se asientan en un determinado territorio, y no representantes del conjunto de la humanidad, del conjunto de los ciudadanos de la Unión o del conjunto de todos los españoles. Los que se sientan en las mesas de negociación son representantes de países, en los dos primeros casos, y de un determinado territorio en el segundo. Nadie representa en ninguno de los dos primeros foros al interés general respondiendo ante una mayoría de los ciudadanos del planeta o de la Unión, sino ante una pequeña porción de ellos. Y, por lo que parece, tampoco en la negociación de la financiación autonómica nadie parece representar los intereses generales del conjunto de los españoles. De ahí que sea muy difícil que se llegue a soluciones que fueran satisfactorias de principios generales de igualdad, solidaridad o eficacia. 

De ahí que los resultados sean, normalmente, un monumento a la contradicción, un atentado contra la misma humanidad, contra el más elemental sentido común, contra la más sencilla economía. Contradicciones como que los europeos pagamos para el mantenimiento de cada una de nuestras vacas casi dos dólares diarios, mientras hay casi 600 millones de personas en el mundo que malviven con menos de un dólar. Contradicciones como que Europa está dispuesta a dar 2000 millones de ayuda al desarrollo, mientras que por la protección de su agricultura le hace perder a los países pobres más de 5.000 millones. Contradicciones como que el Reino Unido pretende no aportar casi nada a las arcas comunitarias y España seguir recibiendo como hasta ahora, mientras se les restringe a los países del Este las ayudas para su propio desarrollo. Contradicciones como que mientras un 32% de los andaluces vive, según la Encuesta de Condiciones de Vida, por debajo del umbral de pobreza relativa española, se discute que haya menos aportaciones de las regiones ricas a la solidaridad interterritorial o se sugiere una bajada de impuestos. Contradicciones, contradicciones, contradicciones. Contradicciones que son, paradójicamente al mismo tiempo, humanas e inhumanas. Quizás porque, a fuer de contradictorios, seguimos pensando en el reparto de la renta en términos de territorios, y no de personas que, al final, son las que son pobres. 

19 de diciembre de 2005 

La lógica del Estatuto

La "Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña", que se ha empezado a debatir en el Congreso de los Diputados, plantea cinco cuestiones básicas, entrelazadas con una lógica política aplastante. Estas cinco cuestiones son: la definición de Cataluña como nación, las competencias de la Generalitat, la financiación, el poder judicial catalán y las relaciones bilaterales "resto de España-Cataluña". Las tres primeras se implican de tal forma que la consecución de alguna de ellas lleva aparejada la de las otras dos, mientras que las últimas son consecuencia lógica de las anteriores. 

La definición de Cataluña como nación en el Estatuto no es una cuestión semántica, sino política, porque al reconocerse en una ley que Cataluña es una nación se está reconociendo que hay, en el conjunto de España como cuerpo político, un conjunto de personas, los catalanes, que son diferentes de los demás, y, por lo mismo, posibles sujetos de derechos y obligaciones diferentes, al tiempo que se reconoce la existencia de un sujeto político nuevo, Cataluña. Es decir, lo grave no es reconocer que Cataluña es un conjunto de personas con una cultura o una lengua diferente (lo que es un hecho), sino que, porque existe esta diferencia, puedan constituir un cuerpo político diferenciado del resto de España más allá de esa diferencia. Pero el proyecto de Estatuto va más allá, pues, coherentes con esta premisa de que Cataluña es una nación, sus redactores han llenado de contenido esta definición y, sin nombrarlo, se han dado, a través de las competencias que pretenden asumir, un Estado. Y es que de las 32 competencias exclusivas que recoge el artículo 149 de la Constitución de 1978, que mañana celebramos, sólo ¡6! quedarían para el Estado. Y de estas seis (los números 1, 4, 10, 12, 13, 26 y 31) sólo la cuarta, Defensa, es sustantivamente importante. O sea, de aceptarse el régimen competencial del Estatuto, y generalizarse para el resto de las comunidades autónomas, el Gobierno de España estaría compuesto por poco más que un ministro de Defensa, la directora del INE, y un conjunto de coordinadores, sin poder efectivo alguno. De ahí que, en este contexto competencial, núcleo de la propuesta, el control de la financiación por parte de la Generalitat sea necesario, porque no se pueden gestionar las competencias sin recursos. Y, de igual forma, la creación de un poder judicial independiente es coherente con lo anterior porque el cuerpo jurídico que resulte con el tiempo, con la continuidad de las leyes hasta ahora vigentes para no generar inseguridad jurídica, será, en un plazo no muy lejano, diferente del que se aplique en el resto de España. Siendo, igualmente lógico y muy pragmático, por razones de derecho internacional y por el tenor literal de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, que no se declare, al menos de momento, Cataluña, como estado independiente. 

Planteada la situación con esta lógica y siendo conscientes de que es imposible negar a los parlamentarios catalanes los cinco temas que reclaman, las negociaciones que se han iniciado se desarrollarán con un guión relativamente claro. Lo más probable es que cedan un poco en lo simbólico de la definición de nación, que no haya, por ahora, un poder judicial separado, y que haya una cierta subordinación en las relaciones entre lo que quede que sea España y la Generalitat, pero no rebajarán sus pretensiones de competencias, que es la clave, y tendrán, tarde o temprano, la financiación que necesitan para ellas. Y todo será perfectamente constitucional sin más que aplicar con profusión el artículo 150.2 de la Constitución. 

Alcanzado el acuerdo, Zapatero, que nos metió estúpida e ingenuamente en este lío, nos venderá que siendo Cataluña cuasi-independiente, España gana. Lo siento, pero mucho me temo que los que ganan son Maragall y Carod-Rovira, porque todos los demás perderemos. Así pues, felicitémosles por su hermosa lección de política, que para exigir responsabilidades ya habrá muchas oportunidades en las muchas próximas elecciones. Aunque, por desgracia, eso ya no resolverá nada. 

5 de diciembre de 2005