Pobreza andaluza

En Andalucía hay pobreza. Urbana y rural. Pobreza, personas pobres. Una pobreza que tenemos ahí, que conocemos, que no queremos ver, que ignoramos conscientemente. Bastaría con preguntar a cualquier adulto en la calle de cualquier ciudad andaluza por los nombres de los barrios pobres, y rápidamente tendríamos una, dos o varias respuestas. Todos los andaluces sabemos que en Andalucía hay pobres desde hace mucho tiempo. 

 

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema basta con un dato del INE, que la Junta recoge en su pésimo informe Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas, aprobado el pasado 28 de agosto, (pág. 20): en Andalucía, según datos INE (2016), la tasa de riesgo de pobreza es del 35,4%, mientras que la media española es 13,1 puntos inferior. Lo que significa que el riesgo de pobreza en Andalucía es un ¡58% mayor! que en el resto de España. Un riesgo que se concentra en 187 barrios a los que la Junta ha llamado Zonas Desfavorecidas Identificadas (ZDI) en las que residen 1.490.215 personas, el 17% de la población andaluza (pág.28). Es decir, hay casi un millón y medio de andaluces que viven en barrios y zonas con alto riesgo de pobreza. 

 

Por supuesto, no todas estas zonas o barrios son iguales. En algo más de la mitad es donde se concentran las peores situaciones, con niveles no ya de riesgo, sino de pobreza cierta. Dicho en plata: en Andalucía casi 900.000 personas viven en situación de pobreza, con rentas familiares medias que están entre los 550-800 euros al mes (6.600-9.600 euros/año) o lo que es lo mismo, con rentas que son el 25% de la renta familiar media española. En Andalucía hay, pues, 900.000 personas que viven como si lo hicieran en Centroamérica. 

 

Son barrios en los que la tasa de paro llega al 50% de la población adulta y malviven con el trapicheo, con lo que salga y con las ayudas sociales (cuando llegan). Son barrios con un índice de abandono escolar de casi el 40%, con tasas de analfabetismo superiores al 5% y más de un 20% de personas sin estudios. Son barrios en los que menos del 5% tienen estudios de bachillerato. Barrios en los que las viviendas no llegan a 60 metros cuadrados, en las que se hacinan una media de 5 personas. Barrios en los que la gente no llega a finales de mes y pide a préstamo, además de la familia, no a un banco, sino a los usureros. Son barrios... 

 

Son barrios en los que las condiciones de vida no han cambiado significativamente en los 30 años de retórica autonómica, a los que los ciclos de crecimiento no llegan, pero sí llegan las crisis. Son barrios a los que las administraciones públicas no saben tratar. Son barrios a los que unas cuantas ONG, organizaciones de Iglesia, funcionarios voluntariosos y unos cuantos vecinos comprometidos contienen. Barrios que necesitan ayuda y, desde luego, otras políticas y actitudes sociales. 

 

En Andalucía hay pobreza. Y porque existe y me interpela como andaluz, me enfada la campaña en la que se han enzarzado unos y otros por frívola y superficial. Porque en esta pobreza hay una responsabilidad del PSOE que ha tenido más de 30 años para abordarla en serio y no con eslóganes vacíos que nada significan y recetas fallidas por ideológicas. Y una responsabilidad de la oposición, que, en un caso, ignora y se desentiende de estos problemas y no sabe proponer alternativas, y, en otro, la explota y busca soluciones en filósofos del siglo XIX. 

 

En Andalucía se vive muy bien, repetimos los andaluces a los foráneos. Y es cierto, pero según donde te haya tocado nacer. Andalucía te quiere, decía un anuncio de la Junta. Y es cierto, pero a unos más que a otros. Porque en Andalucía, aunque no queramos saberlo, hay pobreza. Hay andaluces pobres. 

 

21 de noviembre de 2018 

 

Medias verdades

El debate público está lleno de medias verdades, o lo que es lo mismo de medias mentiras o ignorancias totales. El hecho es casi todos los temas importantes (migraciones, medioambiente, pobreza, igualdad de género, política territorial, Europa, etc.) se cargan de ideología hasta hacer de ellos un mero esperpento. Un esperpento interesado que, en la mayoría de los casos, fija en la opinión pública una visión muy incompleta de la realidad, sin base comprobable, y genera opiniones de tuit y debates estériles. El problema es que sobre esa visión de los problemas se vota, se configuran mayorías, e, incluso, se pretende legislar. 

 

Uno de esos temas sobre los que se dicen muchas medias verdades en el debate público es el tema de la distribución personal de la renta, el tema de la igualdad (o desigualdad) económica. Un tema nuclear pues explica una parte importante de la dinámica social (fracturas sociales, migraciones, etc.) y política (ejes ideológicos, adoctrinamientos identitarios, etc.). Sin enfocar con un mínimo de profundidad y sentido estas cuestiones es imposible que acertemos en la solución de muchos de los problemas de nuestro mundo y de nuestra sociedad. 

 

Aún no hemos logrado que la mayoría de opinión pública distinga entre riqueza (el conjunto de activos, incluido el capital humano, que producen renta) y la renta (el conjunto de los bienes y servicios de los que dispone una persona para satisfacer sus necesidades). Como aún no hemos logrado que, cuando se hable de renta total, se imputen «todos» los bienes de los que un hogar dispone, como la vivienda o los bienes públicos. Como es imposible que en todos los debates no salga un dato de desigualdad que compara riqueza física con renta disponible. 

 

Y lo mismo ocurre con los datos. Muchos de los que se usan no son más que inferencias a partir de estimaciones muy parciales de encuestas o indicios con poco rigor estadístico. Hay, por supuesto, buenas bases de datos de renta (LIS, PovcalNet, etc.), pero son parciales, pues se hacen a partir de encuestas de hogares, e incompletos, ya que no incluyen todos los conceptos de renta imputable de un hogar. 

 

Amparados en las ambigüedades conceptuales y en fuentes estadísticas de mucha peor calidad que las anteriores, hay grupos políticos y de activistas que, haciendo razonamientos difusos llegan a conclusiones con apariencia de verdad, pero que son medias mentiras. 

 

Y para muestra un botón. Una de esas medias verdades que más están circulando (porque le interesa a los partidos «nuevos») es la de que «los jóvenes españoles de hoy son más pobres de lo que fue la generación de sus padres», es decir, que la cohorte de edad de entre 20 y 30 años actual es más «pobre» de lo que fue la de sus padres hace 25-30 años, lo que supondría que dispone de un menor nivel de renta. Lo que no es cierto, pues basta mirar los datos. El primero es que la renta per capita española (en términos reales) es justo el doble de la de 1980. Más aún, en la década de los 80 la renta per capita máxima fue de 16.687 euros, mientras que la última década, en el peor año de la crisis (2013), no bajó nunca de los 21.914 euros, alcanzando en la actualidad los 25.306 euros. Por otra parte, en los ochenta el número de empleos osciló entre los 12 y los 14 millones, mientras que en la última década no ha bajado en ningún momento de los 17 millones. Finalmente, la tasa de paro juvenil fue en los ochenta similar a la actual y había menos universitarios. 

 

Debates como el anterior, con el corolario de que la nueva generación tendrá un menor nivel de bienestar que la actual, lo que es poco probable, pues tiene un mayor nivel de formación y heredará el capital acumulado por la generación actual, solo generan ruido y fracturas. Ruido y fracturas interesadas. 

 

15 de agosto de 2018

Renta, riqueza y desigualdad

Desde hace unos años hablar de desigualdad está de moda. Desde que se constató la profundidad de la crisis y se fue consciente de que afectaba más a los más pobres, la desigualdad empezó a preocupar a la opinión pública. La publicación en inglés del libro de Piketty «El Capital en el siglo XXI», en una operación editorial con Paul Krugman contra el Financial Times, y la concesión del Nobel a Angus Deaton dio fundamento intelectual a esta preocupación. Los políticos y los medios de todo signo, especialmente los de izquierdas, se han sumado a un debate que, antes de esta moda, sólo nos interesaba a unos pocos economistas (Bourguignon, Milanovic, Ishikawa, etc.) capitaneados por el recientemente fallecido Tony Atkinson, a algunas ONGD y a escasos organismos internacionales. La desigualdad era, hasta la crisis, una cuestión de países pobres, no de dentro de nuestras fronteras. Ahora se habla mucho de desigualdad, pero se dicen muchas tonterías, entre otras cosas porque se busca más el ruido en la red que hacer un buen análisis. 

Para hacer un buen análisis hay que empezar por definir claramente la variable de la que se habla. En economía se llama renta al conjunto de todos los bienes y servicios de los que dispone una persona (o un grupo de personas) para satisfacer sus necesidades en un periodo de tiempo. Esta definición incluye la renta monetaria neta que recibe (sueldos, beneficios empresariales, pensiones y prestaciones, etc. descontados ya los impuestos directos), a la que hay que sumar rentas en especie (el uso de la vivienda en propiedad, por ejemplo) y lo que podríamos llamar rentas institucionales (como la enseñanza gratuita, el transporte público, etc.) que tienen mucho que ver con el gasto público. La renta total de una persona (o de un grupo de personas) es, en países desarrollados como España, mucho más que las rentas monetarias. La distribución de la renta total depende, pues, de las distribuciones de las rentas monetarias netas, de las rentas en especie y de las rentas institucionales. Como la renta monetaria neta incluye los impuestos directos, la desigualdad en la renta total final es función también de la progresividad de los impuestos directos (IRPF), de la desigualdad de las rentas en especie y de la igualdad de las rentas institucionales (Gasto Público). O sea, hablar de la desigualdad de la renta es ir mucho más allá de un simple análisis de los salarios brutos o de los beneficios empresariales, y tiene mucho que ver con el mercado de trabajo (paro, salarios), con el sistema impositivo y con el gasto público. 

La renta se produce a partir de la riqueza (el capital). La riqueza, el capital, es lo que produce la renta, es decir, la riqueza (el capital) es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que generan renta. Entre los bienes tangibles están las propiedades y activos, como por ejemplo, una finca o acciones de una empresa (que produce dividendos) o una vivienda (que produce renta en especie). Entre los bienes intangibles está el capital humano (las capacidades personales) que, a través del trabajo, se convierten en salarios y pensiones, o los derechos sociales (que permiten el acceso, por ejemplo, a la sanidad). La riqueza se puede acumular a partir de la renta (ahorro), pero no sólo, pues también se obtiene mediante la formación (capital humano), la innovación y por reconocimiento institucional. Puesto que la renta se genera a partir de la riqueza (capital), la distribución de la renta depende de la distribución de la riqueza, pero sólo considerar la distribución de los activos tangibles es desenfocar el tema, pues los intangibles son no menos importantes. 

Con estas definiciones básicas se puede empezar a abordar la desigualdad, y digo empezar porque otro tema es a quién se le atribuye la renta y otro medir la desigualdad. Fijarse en sólo una parte de la renta o confundir, como es habitual, renta con riqueza es generar ruido que no resuelve la pobreza. Y eso sí es importante. 

27 de febrero de 2017 

Fracturas

Andamos los españoles tan enfadados estos días, que me temo que no nos estamos dando cuenta de las dinámicas sociales que laten en nuestra situación y que, de no atajarlas, nos pueden llevar a una espiral peligrosa que haga saltar por los aires, no sólo nuestro sistema político y nuestra economía, sino nuestra convivencia. 

La primera dinámica peligrosa es la de la desigualdad social. En España, tras seis años de crisis, la distancia entre las capas sociales se está haciendo más amplia, revirtiéndose así una tendencia que empezó con la democracia. La capa social más rica no ha sufrido la crisis, mientras que las capas sociales más pobres la han sufrido de lleno. El paro se ha cebado especialmente entre las personas sin cualificación o con cualificación baja, mientras que en los niveles intermedios de cualificación, si bien el paro es menor, la deflación salarial ha sido muy importante. Paro y deflación salarial, junto con recortes en gasto social y sanitario, son las principales causas de un aumento significativo de la desigualdad social en España. Hoy hay más pobres reales que hace seis años, como hay menos clase media que antes de la crisis. La sociedad española se está fracturando socialmente y la clase media se está resquebrajando. Esto supone, no sólo una menor posibilidad de ascenso social, dinámicas de mantenimiento de la pobreza y aumento de la marginalidad y el conflicto, sino un menor crecimiento económico, y, desde luego, una pérdida de participación y aumento de la radicalización política que ya estamos notando. 

A esta primera dinámica hay que sumar la de las divisiones territoriales que, alimentadas por un nacionalismo irracional y cimentadas en una arquitectura institucional defectuosa, separarán nuestra sociedad en miniestados irrelevantes. Más aún, perdido el horizonte de la creación de los Estados Unidos de Europa, cada una de las partes en que vamos a dividir España competirá con las otras, ahondando las fracturas entre nosotros. En el siglo de la globalización, los españoles, que pensamos que habíamos resuelto el problema de la unidad de nuestra diversidad con el Estado de las Autonomías, conjurado el rancio nacionalismo español con un patriotismo constitucional moderno y proyectado nuestro futuro siendo parte de la construcción europea, estamos al borde de descomponer un estado que, bien que mal, ha funcionado durante los últimos tres siglos. 

La tercera dinámica peligrosa para nuestra convivencia es la fractura cada vez mayor entre los políticos y la sociedad. La corrupción ha generado ya una fractura entre nuestra clase política y la ciudadanía que hace que los políticos que están hoy en los cargos hayan casi perdido la legitimidad para gobernarnos, la credibilidad para plantear propuestas y la capacidad para gestionar. No es ya que no nos fiemos de ellos, es que pronto no reconoceremos su autoridad porque estamos perdiendo el respeto hacia ellos y lo que representan. La ciudadanía está empezando a no esperar nada de los políticos y a vivir de espaldas a ellos. Y lo peor es que está empezando a vivir al margen de las instituciones. 

La economía española es ya hoy diferente de la que teníamos antes de la crisis. La sociedad española está cambiando por el impacto de la misma crisis en la clase media, la evolución demográfica, los nuevos flujos migratorios y la cultura tecnológica. La política española está empezando a resquebrajarse por el separatismo y la corrupción. Dentro de un par de años la sociedad española será diferente. Lo que me preocupa es que, al tiempo que distinta, esté más alejada que hoy de la sociedad que quisimos construir cuando escribimos en el artículo primero de nuestra Constitución que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". O sea, que no sea España, que no sea un Estado social ni democrático de Derecho y que seamos menos libres, menos iguales y menos plurales. 

17 de noviembre de 2014 

Desigualdad y crisis

Llevo años diciendo que, para que un análisis económico esté completo, es necesario incluir medidas que reflejen cómo evoluciona la distribución de la renta. Porque no se trata sólo de saber cómo y cuánto crece o decrece el PIB, sino también de para quién crece o decrece. Con medidas de distribución, que son también de desigualdad, sabríamos si una economía se va haciendo más o menos igualitaria en el tiempo, algo que es social, política y económicamente relevante. 

La desigualdad en la renta personal, la que realmente importa, en la economía española venía aumentado desde finales de los noventa, había mejorado mucho en el boom de principios de siglo y ha vuelto a empeorar gravemente con la crisis. 

La razón principal de este empeoramiento de la desigualdad en nuestro país está en el mercado de trabajo. Porque es el mercado de trabajo el primer distribuidor de renta y la primera fuente de desigualdad a través de dos mecanismos: la tasa de paro/ocupación y la distribución de salarios. La subida del paro, desde ese lejano 10% de 2007 hasta el casi 26% de este último trimestre, ha hecho descender drásticamente la renta de 3,7 millones de personas frente a los que mantienen su puesto de trabajo. Más aún, la persistencia de este paro por más de dos años ha hecho que más de 2 millones de personas hayan pasado de un salario más o menos digno a una "prestación por desempleo", para llegar a una mermada "ayuda familiar". Hay un millón incluso que, tras recorrer ese camino, han perdido toda ayuda pública y viven de sus escasos ahorros, de la ayuda de su familia y de las instituciones sociales. Por otro lado, las rentas salariales se están distribuyendo más desigualitariamente pues, mientras se mantienen relativamente estables los salarios de los trabajadores de alta cualificación, bajan los de los funcionarios (más a mayor cualificación) y, muy especialmente, los de los trabajadores sin cualificar del sector privado. La brecha entre los salarios más altos y los más bajos, el rango salarial, tanto antes como después de impuestos, ha aumentado significativamente, lo que profundiza la desigualdad en nuestra economía. 

La segunda razón por la que ha aumentado la desigualdad en la crisis está en la desaparición de casi 1,2 millones de empresas, lo que ha evaporado la riqueza de muchas familias y, con ella, la posibilidad de generar renta. La desaparición de millares de pequeñas empresas del sector de la construcción, inmobiliaria o industria auxiliar (ladrillos, puertas, fontanería, muebles, etc.) está siendo otra fuente clave de crecimiento de la desigualdad, pues depaupera a una pequeña burguesía emprendedora que sostenía una parte importante de nuestra economía. 

Finalmente, la crítica situación de las cuentas públicas, además de empeorar significativamente la distribución, por el deterioro del salario de los funcionarios y el recorte de subvenciones en muchos sectores, está impidiendo el cumplimiento de la función de redistribución que, en las economías avanzadas, tienen tanto el gasto público como la estructura de impuestos. 

Y es que, además de los problemas distributivos del gasto, las decisiones de nuestro Gobierno sobre impuestos, lejos de mejorar la distribución, la están empeorando al hacer un especial hincapié sobre la imposición indirecta. 

Si distribuyéramos las causas anteriores territorialmente veríamos por qué, en paralelo a una peor distribución personal de la renta, se está produciendo una mayor brecha entre territorios, pues aquellas comunidades, como Andalucía, con mayor tasa de paro, más porcentaje de funcionarios y de trabajadores de baja cualificación en el sector privado, y menos industria han visto caer más su renta que aquellas, como el País Vasco, que tienen menos paro, más sector privado, más obreros cualificados y más industria. 

El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta personal es uno de los efectos más graves de la crisis. Haríamos bien en ir prestándole atención, más allá de debates estériles, pues será una de las heridas de la crisis que más tardaremos en cicatrizar. 

Dispersión de paro

Antes del verano, en España había, según la Encuesta de Población Activa, más de 2,3 millones de parados, lo que arrojaba una tasa de paro del 10,44% de la Población Activa. Una tasa de paro alta, y creciendo, que, además, no se reparte por igual por todo el territorio nacional. De hecho, y haciendo el análisis por provincias, en nuestro país hay 16 provincias con un paro inferior al 8% (entre ellas las tres vascas, Zaragoza y Barcelona), mientras que hay 8 (incluyendo a Ceuta y Melilla, cinco andaluzas y Las Palmas) por encima del 16% de paro. 

¿Cómo es posible que bajo la misma política económica y similares marcos institucionales haya tanta disparidad? La respuesta no es simple porque hay multitud de variables (económicas, políticas y sociales) que explican las diferencias de desempeño de los mercados de trabajo, pero hay tres causas importantes de esta dispersión española. 

La primera, y más importante, es la inmensa diversidad de la estructura económica española. Haciendo un análisis de las estructuras sectoriales provinciales, podemos identificar dos tipos de provincias que tienen una tasa de paro baja: las industriales y las débilmente pobladas. Los casos paradigmáticos de las economías industriales son el País Vasco, Navarra, La Rioja y Barcelona. Es decir, provincias con una alta concentración industrial y de servicios, densamente pobladas, cercanas a los mercados europeos y con una buena dotación de capital humano y de infraestructuras. Los casos paradigmáticos del segundo tipo, de las economías envejecidas, son Soria, Palencia, Huesca, Teruel. Es decir, provincias estancadas poblacionalmente, con una estructura económica terciarizada (por la expansión del sector público), agricultura tradicional y escasa industria. Y frente a estos dos tipos de provincias, el resto, especialmente las provincias andaluzas. Es decir, economías con fuerte crecimiento poblacional, terciarizadas por los servicios públicos, gran sector de la construcción, clásico sector agrario y débil tejido industrial. Economías, además, alejadas de los mercados europeos, con bajos niveles de infraestructuras, poblamiento relativamente disperso y peor dotadas de personal cualificado (doble fracaso escolar y menor gasto por alumno que las industrializadas). O sea, que una provincia poblada sin sector industrial significativo, tendrá con seguridad, una tasa de paro alta. 

La segunda causa de la dispersión de la tasa de paro hay que buscarla en la escasa movilidad espacial de la mano de obra española. Y es que, desde la década de los sesenta, las migraciones interiores españolas han sido muy limitadas, pues lo hacemos dentro de la provincia o hacia provincias limítrofes. La vivienda en propiedad, la estructura familiar, la protección social, etc. tienen mucho que ver con esta menor movilidad. Con diferencias de paro mucho menores que las actuales, aunque mayores en salario, los andaluces y extremeños emigraron masivamente en los 60 hacia Cataluña y el País Vasco, lo que equilibraba, igualándolas, las tasas de paro de entonces. Los españoles vivimos en nuestra casa, aunque sea en paro. 

La tercera causa de las dispersiones de las tasas de paro hay que buscarlas en factores característicos de algunas comunidades. El terrorismo cortó en los ochenta los movimientos migratorios hacia el País Vasco, al tiempo que expulsaba a una parte de la población. Por otra parte, la imposición lingüística en la Cataluña de los últimos años, es, también, una forma de proteger su baja tasa de paro. Es curioso, pero en España, la mayor probabilidad de estar en paro se da no sólo entre los de menor cualificación, y, a veces, por ser mujer, sino porque uno es de una provincia del Sur (de esas que no se industrializaron en la época franquista) y no habla nada más que castellano. Y lo llamativo es que los que más se quejan de trato discriminatorio son los que no tienen esas características. Paradojas de la política española con consecuencias económicas. 

15 de septiembre de 2008