Llevo años diciendo que, para que un análisis económico esté completo, es necesario incluir medidas que reflejen cómo evoluciona la distribución de la renta. Porque no se trata sólo de saber cómo y cuánto crece o decrece el PIB, sino también de para quién crece o decrece. Con medidas de distribución, que son también de desigualdad, sabríamos si una economía se va haciendo más o menos igualitaria en el tiempo, algo que es social, política y económicamente relevante.
La desigualdad en la renta personal, la que realmente importa, en la economía española venía aumentado desde finales de los noventa, había mejorado mucho en el boom de principios de siglo y ha vuelto a empeorar gravemente con la crisis.
La razón principal de este empeoramiento de la desigualdad en nuestro país está en el mercado de trabajo. Porque es el mercado de trabajo el primer distribuidor de renta y la primera fuente de desigualdad a través de dos mecanismos: la tasa de paro/ocupación y la distribución de salarios. La subida del paro, desde ese lejano 10% de 2007 hasta el casi 26% de este último trimestre, ha hecho descender drásticamente la renta de 3,7 millones de personas frente a los que mantienen su puesto de trabajo. Más aún, la persistencia de este paro por más de dos años ha hecho que más de 2 millones de personas hayan pasado de un salario más o menos digno a una "prestación por desempleo", para llegar a una mermada "ayuda familiar". Hay un millón incluso que, tras recorrer ese camino, han perdido toda ayuda pública y viven de sus escasos ahorros, de la ayuda de su familia y de las instituciones sociales. Por otro lado, las rentas salariales se están distribuyendo más desigualitariamente pues, mientras se mantienen relativamente estables los salarios de los trabajadores de alta cualificación, bajan los de los funcionarios (más a mayor cualificación) y, muy especialmente, los de los trabajadores sin cualificar del sector privado. La brecha entre los salarios más altos y los más bajos, el rango salarial, tanto antes como después de impuestos, ha aumentado significativamente, lo que profundiza la desigualdad en nuestra economía.
La segunda razón por la que ha aumentado la desigualdad en la crisis está en la desaparición de casi 1,2 millones de empresas, lo que ha evaporado la riqueza de muchas familias y, con ella, la posibilidad de generar renta. La desaparición de millares de pequeñas empresas del sector de la construcción, inmobiliaria o industria auxiliar (ladrillos, puertas, fontanería, muebles, etc.) está siendo otra fuente clave de crecimiento de la desigualdad, pues depaupera a una pequeña burguesía emprendedora que sostenía una parte importante de nuestra economía.
Finalmente, la crítica situación de las cuentas públicas, además de empeorar significativamente la distribución, por el deterioro del salario de los funcionarios y el recorte de subvenciones en muchos sectores, está impidiendo el cumplimiento de la función de redistribución que, en las economías avanzadas, tienen tanto el gasto público como la estructura de impuestos.
Y es que, además de los problemas distributivos del gasto, las decisiones de nuestro Gobierno sobre impuestos, lejos de mejorar la distribución, la están empeorando al hacer un especial hincapié sobre la imposición indirecta.
Si distribuyéramos las causas anteriores territorialmente veríamos por qué, en paralelo a una peor distribución personal de la renta, se está produciendo una mayor brecha entre territorios, pues aquellas comunidades, como Andalucía, con mayor tasa de paro, más porcentaje de funcionarios y de trabajadores de baja cualificación en el sector privado, y menos industria han visto caer más su renta que aquellas, como el País Vasco, que tienen menos paro, más sector privado, más obreros cualificados y más industria.
El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta personal es uno de los efectos más graves de la crisis. Haríamos bien en ir prestándole atención, más allá de debates estériles, pues será una de las heridas de la crisis que más tardaremos en cicatrizar.
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