Progresividad

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la presión fiscal en España, lo que pagamos de impuestos sobre el total del PIB, es del 35,6%. O lo que es lo mismo, el ciudadano paga a las Administraciones Públicas 35,59 euros de cada 100 euros que produce. El problema es que esto es una media y, como todas las medias, es sólo una media verdad, porque no todos pagan lo mismo. La otra media verdad sobre nuestro sistema fiscal, la que está en la sombra y que tiene que ver con la forma en la que se distribuye la carga por niveles de renta, la podemos intuir a poco que nos fijemos en qué impuestos son los que más recaudan. Y es que de esos 35,6 euros, 12,49 los pagamos a través del IVA, otros 12,35 a través de las Cotizaciones Sociales y sólo 6,68 a través del IRPF. El IVA y las Cotizaciones, impuestos regresivos, son, así, los impuestos "estrella" de nuestro sistema fiscal porque suponen el 69,23% de la recaudación, mientras que el IRPF, un impuesto progresivo, es sólo el 18,7%. Y quiero subrayar que estos impuestos los pagamos los ciudadanos, porque el IVA y las Cotizaciones Sociales se pagan incluidos en el precio de los productos, por lo que las empresas, al igual que con el IRPF, sólo son recaudadores. Pero, ¿cómo se reparten estos impuestos según la renta de las familias? Con un ejemplo simple con números aproximados, que es imposible aquí por la complejidad del IRPF, podemos hacernos una idea. Supongamos una familia cuya renta bruta es de 6.000 euros al año.

Supongamos que paga de IRPF, según las tablas del año pasado, 543 euros (el 9,06% de su renta bruta) y que consume el resto de lo que ingresa. Pagará 780 euros de IVA, que es el 12,9% del valor de lo que consume, a los que hay que sumar (con un nivel de asalarización del 60% y unas cotizaciones efectivas del 25%) otros 654 euros de las Cotizaciones sociales incluidas en el precio, lo que supone otro 10,9% de su renta total. Al final paga 1.977 euros de impuestos, lo que supone casi el 32,95% del total de la renta bruta.

Hagamos ahora las cuentas para una familia de clase media que ingresa 24.000 euros de renta bruta (cuatro veces la renta de la familia pobre) y que también lo consume todo. Paga 3840 euros de IRPF, el 16%, mientras que consume por valor de 20.160 euros, cantidad a través de la que paga 5.241 euros de IVA más Cotizaciones sociales, o sea, el 21,84% de su renta bruta. Al final, paga 9.081 euros que supone el 37,84% de su renta original.

Supongamos, finalmente, una familia de clase media alta que ingrese 96.000 (4 veces la renta de la familia media y 16 veces la más pobre). Paga de IRPF 26.090 euros, lo que supone el 27,17% de su renta. Supongamos ahora que de los 69.910 euros, ahorra 19.910 y consume 50.000 euros. Por este consumo paga 6.895 de IVA, el 7,18% de su renta bruta, mientras que de Cotizaciones Sociales paga 6.000 euros, el 6,25% de su renta bruta, con lo que, en total, paga 39.805 euros lo que supone el 42,6% de su renta total.

Obsérvese cómo los impuestos más importantes, el IVA y las Cotizaciones sociales, pasan a suponer del 23,8% de la renta de la familia pobre a ser el 13,43 de la familia rica y disminuyen con la renta. Así mismo es llamativo que una renta un 1.500% superior sólo pague un 10% más que la menor. De donde podemos deducir que la progresividad de nuestro sistema es muy escasa. Dicho en plata: todos contribuyen a la carga fiscal, pero la proporción de la carga no crece al mismo ritmo que la renta. Incluso en niveles muy altos de renta la tasa real impositiva es menor. Otro día reflexionaremos sobre los efectos dinámicos de esta situación sobre el crecimiento y sobre la distribución de la renta. Baste por hoy el concluir que puestos a hacer una reforma fiscal, como la que ha propuesto el Gobierno estos días para el año próximo, bien se podría haber pensado en algo más progresivo y progresista que rebajar los tramos y el tipo máximo. Bajar los impuestos puede que sea de izquierdas, pero desde luego no lo es bajar la progresividad.

27 de noviembre de 2006

Territorios y beneficiarios

Una de las peores consecuencias que está teniendo el nacionalismo fundamentalista es el de intentar referir todo hecho social a las unidades territoriales menores que componen una economía. Es la absurda moda de territorializar (horroroso verbo, por cierto). Últimamente, cuando se analiza cualquier aspecto de nuestra economía o de nuestra sociedad, los datos no sólo se dan en un nivel de agregación nacional, sino que también se refieren a las comunidades autónomas. Y esto, que puede ser relevante para analizar algunas variables, es, en la mayoría de los casos y especialmente en el caso de los gastos públicos, poco relevante. Una irrelevancia que llega al absurdo, desde el punto de vista de conocer la realidad, pero que tiene una gran importancia porque los políticos toman decisiones basados en estos análisis. Y de ahí viene el que muchas políticas no sólo no resuelvan determinados problemas, sino que los perpetúen. 

Esta irrelevancia está contagiando el análisis de las políticas públicas de tal forma que cuando analizan el gasto social, el sanitario o el educativo, nuestros políticos se fijan siempre en la comparación del gasto correspondiente con otras economías o comunidades para llegar a la conclusión de que gastamos poco, deduciendo, inmediatamente, que la solución es aumentar el gasto, sin reflexionar sobre si el gasto que se realiza beneficia a los que tiene que beneficiar o si hay ineficiencias en la forma de gestión del gasto. 

Tenemos la idea de que el gasto público en educación o en sanidad es igualitarista porque beneficia a todos los ciudadanos (jóvenes o enfermos) por igual y así lo recoge la ley. Pero con un ejemplo podemos ver que esto no es así. Supongamos cien niños y niñas de la misma edad en dos barrios diferentes (por ejemplo, Poniente y el Polígono del Guadalquivir) que inician su vida escolar. Tienen la posibilidad de cubrir todo su proceso de formación hasta terminar con un título universitario en la enseñanza pública. Cuando cumplan dieciséis años habrán terminado la ESO casi la totalidad de los niños y niñas de Poniente, mientras que unos 15 de los del Polígono del Guadalquivir no lo habrán conseguido. De los de Poniente cerca de 70 iniciarán el Bachillerato, mientras que unos 45 del Polígono continuarán los estudios. Finalmente, alrededor de 60 de Poniente llegarán a la Universidad, de los que terminarán con un título unos 45 (25 mujeres y 20 hombres), mientras que de los 50 del Polígono sólo habrán accedido a la Universidad unos 20, terminando sus estudios sólo 13 (8 mujeres y 5 varones). Si nos preguntamos el porqué de estas diferencias, es evidente que hay muchos factores que las explican, pero no es menos obvio que las diferencias de renta familiar condicionan la probabilidad de obtener un título universitario. Con lo que podemos llegar a concluir que el gasto educativo público favorece, al final, más a las clases más altas que a las más bajas porque el total recibido por los cien niños de Poniente cuando llegan a los 23 años es mucho mayor que el total de gasto recibido por los cien niños del Guadalquivir. Lo que generalizado al conjunto del sistema nos lleva a concluir que el Estado del Bienestar público a quien realmente beneficia no es a los marginados o a los más pobres, sino especialmente a las clases medias y altas que pueden acceder a sus servicios. 

Dicho de otro modo, siendo importante saber que los alumnos universitarios catalanes reciben alrededor de un 20% más que los andaluces, es, en mi opinión, mucho más relevante saber, que a la universidad, en ninguno de los dos sitios, llega a acceder ni un 5% de jóvenes de los barrios marginales, mientras que los jóvenes de clase media acceden en una proporción superior al 50%. 

Y son estas las cosas que tendrían que saber los políticos que se dicen de izquierdas si no se hubieran puesto las opacas gafas nacionalistas. 

13 de noviembre de 2006