Parche fiscal

Intentar explicar la reforma del IRPF que ha aprobado el Gobierno desde una perspectiva económica es un ejercicio casi estéril. En una economía como la española de hoy, con un déficit público de más del 5%, con una deuda pública que ya alcanza el100% del PIB, con una tasa de paro del 25%, con un sistema fiscal lleno de lagunas y fraude y una estructura fiscal centrada en las rentas del trabajo y escasamente progresiva, no es precisamente una bajada de tipos del IRPF con una redefinición de las bases lo que realmente se necesita. 

Por eso, las explicaciones que dio el ministro Montoro en la presentación de la reforma fueron un despropósito. Decir que esta reforma se hace con el objetivo de mejorar el empleo es, sencillamente, desconocer los problemas de nuestro empleo. Que esta reforma tendrá efectos económicos positivos es evidente, porque toda bajada del IRPF aumenta la renta disponible de las familias y, si esta bajada se concentra en las rentas más bajas (como parece) y en las familias más numerosas, se produce un crecimiento del consumo en una proporción mayor que la propia bajada de los impuestos. Este aumento del consumo, aunque sea de unas décimas, tendrá como efecto una mejora en la creación de empleo, hará que la tasa de crecimiento del PIB se eleve hasta el 2% a finales del año que viene y mejorará la recaudación por IVA, lo que compensará en parte la caída de recaudación por la reforma y hará más regresivo el reparto de la carga fiscal. 

El problema no es si la reforma tiene o no efectos positivos sobre la coyuntura económica actual, sino si es conveniente esta inyección fiscal en este momento, si es esta la forma más eficiente de dejar de recaudar o gastar casi un punto del PIB (unos 10.000 millones de euros) a lo largo del 2015 y si esta es la reforma que había que hacer al IRPF. Y la respuesta a estas cuestiones es negativa porque, si bien puede ser el año que viene un buen momento para un cierto impulso fiscal, no es desde luego el IRPF el instrumento para hacerlo, como no es esta la reforma que necesita el IRPF. 

Para hacer un impulso fiscal en las circunstancias actuales, la vía más eficiente, porque tiene efectos directos sobre el paro, es un profundo recorte de las cotizaciones sociales. Al ser un impuesto indirecto que grava la contratación de trabajadores, mejoraría el nivel de empleo, reforzaría la estructura de nuestras empresas (que son las que crean empleo), aumentaría el nivel de consumo y bajaría el gasto público por ayudas familiares. No es el consumo de las familias lo que se ha ajustado más en esta crisis, sino la capacidad productiva de nuestra economía. 

Pero lo peor de esta decisión es que esta no es la reforma que necesita el IRPF, porque mientras no se toque realmente el sistema de módulos, se haga una verdadera fiscalidad de la familia y se resuelva la progresividad de los tipos, toda reforma del IRPF será un parche que no tapa el nivel de fraude en este impuesto, ni la injusticia de que sean las rentas salariales las que realmente lo soportan. No es, pues, esta la reforma que necesitaba este impuesto, ni es la que recomendaron los expertos en el "Informe Lagares". 

Las razones de este parche fiscal no son económicas, sino políticas. Y es que, a menos de un año del inicio del ciclo electoral, el Gobierno necesita hacer ver que cumple su programa electoral bajando tramposamente los impuestos, para ganarse a esos millones de votantes que se le han ido a la abstención. En realidad, este parche fiscal va a servir para articular una campaña electoral, no para mejorar nuestra economía. Parece que llegan tiempos en los que lo importante no es hacer lo que tiene que hacerse, sino lo que las encuestas dicen que ha de hacerse. 

Política monetaria, por fin

Eclipsadas por las noticias políticas de la abdicación de Don Juan Carlos y la cadena de dimisiones en el PSOE, las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) del pasado 5 de junio, anunciadas por su presidente, Mario Draghi, solo han ocupado una minúscula fracción de la atención que merecían. 

Las decisiones tomadas por el BCE han sido varias y de calado. En primer lugar, el BCE ha reducido el tipo de interés general al que presta a la Banca del 0,25% al 0,15%, lo que supone una caída del 40% en el precio. En segundo lugar, ha decidido cobrar un tipo de interés del 0,1% por el dinero que la Banca deposite en el BCE, con lo que desincentiva el dinero ocioso. En tercer lugar, ha anunciado una emisión de liquidez de 400.000 millones de euros en septiembre y diciembre de este año, para dotar de dinero extra al Sistema con unas condiciones muy interesantes: se le va a conceder a la Banca con menores garantías (colaterales) que las que se venían usando hasta ahora; cada banco puede pedir, inicialmente, hasta el 7% del total de lo que tuviera prestado al sector privado (excluidos los préstamos hipotecarios para vivienda), y, a lo largo de la vida de esta línea de crédito hasta tres veces el saldo de crédito neto que tengan con el sector privado; no se puede usar esta financiación extra para hipotecas en vivienda y para la compra de deuda pública; y, finalmente, el tipo de interés de esta línea de financiación será el tipo de interés base del 0,15% con una garantía adicional de estabilidad en caso de que este tipo suba. Finalmente, el señor Draghi anunció la voluntad del BCE se seguir tomando medidas extraordinarias "tantas como sea necesario". 

Con estas medidas, prolijamente justificadas, el BCE está, además, diciendo tres cosas sobre la economía de la Eurozona. Primero, que no se esperan choques inflacionarios en el horizonte de los próximos tres años, lo que es compartido por la mayoría de los analistas, no solo por la debilidad de las tasas de crecimiento de la economía europea, sino por la mayor estabilidad en los mercados de materias primas. Segundo, que lo más preocupante en el momento actual, y el mayor peligro para la Eurozona, es la debilidad del crecimiento económico. Y, tercero, que esta política monetaria no puede alimentar una nueva burbuja inmobiliaria o ampliar la burbuja de deuda pública que estamos inflando. 

Los efectos de estas medidas se han notado desde el mismo momento en el que se anunciaron. Las bolsas europeas han escalado niveles de hace cuatro años y la prima de riesgo ha bajado hasta niveles del 2010. Sin embargo, estas medidas no tendrán efecto sobre la economía real hasta dentro de unos meses, si es que lo tienen. Porque el problema, ahora que el BCE se ha atrevido a hacer lo que previamente han hecho los Bancos Centrales de Estados Unidos, Japón o Inglaterra, no es ya la política monetaria, cuanto la falta de expectativas en las economías con bajo crecimiento. Es decir, de nada servirán estas medidas para España si las familias y empresas españolas no piden préstamos para aumentar su consumo o invertir. Y esto no ocurrirá mientras no empecemos a confiar en la posible recuperación, se tomen medidas de política fiscal que mejoren la renta de las familias o de las empresas y se profundicen las reformas estructurales para favorecer la competitividad de las empresas. Como de nada servirán estas medidas si los bancos españoles, más allá de la retórica de sus dirigentes, no empiezan a creer en la posibilidad de la recuperación y dan crédito a las familias y a las empresas. 

Draghi, aunque tarde, por razones de política interna del BCE, ha tomado las decisiones correctas. Ahora lo que falta es que los Gobiernos de la Eurozona, empezando por el nuestro, acierten con las suyas. Y que los bancos se despierten. 

Reindustrializar

Una de las partes de la política económica más olvidadas en los últimos años son las políticas sectoriales. En realidad, desde finales de los ochenta, los sucesivos gobiernos no han tenido documentos de orientaciones sobre las políticas sectoriales que les permitieran saber qué hacer con muchos sectores. 

Así, la política agraria española ha sido, desde 1986, una mera adaptación a la política agraria europea, sin que el Ministerio haya tenido mucho más que hacer que trasponer directivas comunitarias y luchar por el reparto de las subvenciones. Por su parte, la política energética ha estado normalmente controlada por el oligopolio de las grandes compañías eléctricas dando como resultado una de las tarifas eléctricas más altas de Europa y uno de los sistemas más caóticos del mundo industrializado. El sector turístico no ha resultado más ordenado, pues la cesión de las competencias a las comunidades autónomas ha tenido como consecuencia una competencia por el turismo de sol y playa, que, además de producir parte del boom inmobiliario, ha derivado en no pocos de los desmanes que se han cometido en la costa española en la última década. Del sector de la construcción, mejor casi no hablamos, mientras que el sector industrial ha sido el gran olvidado. 

Y es que desde que se enunciara aquella idea de que "no hay mejor política industrial que la que no existe" a finales de los ochenta, los sucesivos gobiernos han sido completamente insensibles a la necesidad de contar con un fuerte sector industrial. Un fuerte sector industrial que es el verdadero motor de cualquier economía moderna. Y ello porque es el sector con más alta productividad media, es el que mejor integra la cadena de valor, es el que más conocimiento incorpora, la principal fuente de innovación en una economía y, finalmente, porque suele generar puestos de trabajo más estables y de mejor nivel salarial medio que el resto de los sectores. Frente a la agricultura, el turismo o el comercio, el sector industrial presenta una serie de ventajas que lo hacen imprescindible para una economía del tamaño de la economía española. 

Hacer una política industrial clásica, consistente en favorecer la instalación de empresas industriales en un determinado territorio (como hizo el País Vasco o Cataluña en los noventa), no es posible en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, sí se puede hacer política industrial a partir de distintos instrumentos de política macroeconómica y sectorial. Para empezar, el Gobierno debería considerar seriamente una reducción significativa de las cotizaciones sociales, no solo para reactivar el sector industrial, una parte importante de nuestra industria desapareció en los ochenta y noventa por la deslocalización industrial debido al crecimiento de nuestros costes laborales, sino el conjunto de empleo. Por otra parte, dado que toda industria tiene su fundamento en algún invento ("patente"), bien de productos, bien de procesos, la inversión en I+D y en trabajadores de alta cualificación ha de incentivarse, ya sea con una modificación del Impuesto de Sociedades, ya sea con una ley de mecenazgo que favorezca la investigación, la Formación Profesional y las Universidades. Más aún, mucho puede hacer el Gobierno por la industria si resuelve de una vez por todas el lío energético, pues uno de los principales costes de la industria es precisamente la factura eléctrica. 

Finalmente, un sector industrial moderno ha de tener empresas en todos sus subsectores (agroalimentario, metálico, eléctrico, transporte, etcétera), industrias basadas en cada una de las oleadas de innovación que, desde la Revolución Industrial, se han sucedido. 

Pero no puede vivir solo de éstas, sino que ha de generar oportunidades para la creación y el desarrollo de empresas en sectores de futuro, tales como la robótica, las energías alternativas, las medioambientales, las biotecnológicas, las de materiales o las de ingeniería médica. 

Mucha, demasiada industria, hemos perdido en los pasados años y de ello nacen algunos de nuestros males. Quizás sea el tiempo de empezar una nueva fase de reindustrialización.