Tiempos políticos inciertos

El año 2015 se presenta, en el plano económico, como una continuación lógica de 2014. La economía española crecerá entre el 1,5 y el 2%, los precios serán estables ("la inflación estará el entorno del 0%"), el déficit público se moverá entre el -4,5-5% (con una deuda pública superior al 100% del PIB), y estaremos (gracias a la caída el precio del petróleo) cerca del equilibrio comercial exterior. En lo que no mejoraremos significativamente es en el paro, no porque no se creen empleos (que habrá unos 250-350 mil netos nuevos), sino porque no serán suficientes para absorber la escandalosa tasa de paro que tenemos. La economía española está saliendo de la crisis, más por el inmenso ajuste que han hecho tanto las familias y las empresas, y, en parte, el sector público, que por el impulso de la política económica. Un ajuste que empieza a dar sus frutos y una política económica que ha ido en la dirección correcta, pero a la que le ha faltado valentía en las orientaciones reformistas (la política monetaria llega tarde, la reforma laboral ha sido tímida, y la fiscal, casi inexistente) y, sobre todo, objetivos claros, más allá de controlar la prima de riesgo, sanear el sistema financiero y cumplir compromisos con Europa. 

Mucho más inciertos son los tiempos políticos, aunque no afectarán demasiado a la evolución económica del año, porque las elecciones generales serán a finales de año y las primeras medidas del nuevo gobierno no tendrían efectos hasta el verano de 2016. Este próximo año tendremos casi completo el ciclo electoral, con sólo dos incógnitas: las elecciones catalanas ("plebiscitarias") que podrían adelantarse a primeros de marzo, y las andaluzas que podrían hacerse coincidir con las generales de noviembre de 2015. 

La incertidumbre en el terreno político viene, en mi opinión, determinada por tres hechos que condicionarán los resultados electorales: el enfado de la ciudadanía por los casos de corrupción, la percepción de que la mejoría económica no está llegando a la mayoría, y, finalmente, los posicionamientos electorales relativos. 

Estos tres ejes afectarán a los partidos de distinta forma. Así, el tradicional votante del PP enfadado se moverá entre el castigo de la abstención y el miedo a las opciones de izquierda, y puede que se conforme con abstenerse en las municipales y autonómicas y volver a votar a su partido en las generales. El votante tradicional del PSOE sigue enfadado con su partido, ya le fue infiel en las elecciones de 2011 (esencialmente absteniéndose) y ahora tiene más opciones que entonces. Esta vez no se quedará en casa y se dividirá entre UPyD (unos pocos), el mismo PSOE (los más moderados y tradicionales) y Podemos (una parte importante). El votante de IU se dividirá entre la fidelidad a sus siglas y la fuerza emergente de Podemos. Los abstencionistas de 2011 votarán, en mi opinión, a fuerzas de izquierda, mientras que los abstencionistas del 2015 serán los desencantados del PP. 

El resultado, incierto hasta que no se celebren cada una de las elecciones, será, en mi opinión, que en las municipales y autonómicas se puede producir un voto de castigo a los partidos tradicionales que estén gobernando, que no será de vuelco electoral porque Podemos no se presenta con su marca a estas elecciones, y porque las municipales son elecciones de voto a las personas y no a tanto a las siglas. Creo, pues que el crecimiento de Podemos se estabilizará a medida que vaya aclarando sus propuestas y porque el PSOE, que es con quien compite, es aún fuerte, especialmente en Andalucía. El PP podría, pues, gobernar una nueva legislatura, aunque en minoría y con apoyos puntuales. 

De cualquier forma, siendo sincero, estoy más seguro de las previsiones económicas del primer párrafo que de las políticas del último. No sólo porque los tiempos políticos sean inciertos, sino porque soy economista. Aunque, precisamente por eso, igual acierto en las segundas y fallo en las primeras. 

29 de diciembre de 2014 

Politica exterior china

Al mismo tiempo que los españoles vivimos enfadados por la corrupción y crispados por el separatismo, y como europeos nos alejamos del sueño colectivo de los Estados Unidos de Europea y ganan terreno los euroescépticos, hay países en el mundo con claridad de ideas que avanzan afirmando sus valores y cuidando de sus intereses. Valores e intereses que no son iguales que los nuestros y compiten con ellos, pero que no sabemos enfrentar, porque los europeos seguimos siendo localistas y hemos perdido la perspectiva del mundo. Quizás el caso más llamativo de claridad de ideas hoy sea China y la expresión más precisa de esta claridad sea su política exterior. 

El gobierno chino es consciente de que el primer problema que tiene es agrario, que la superficie de tierra de cultivo dentro de sus fronteras es insuficiente para alimentar a una población creciente. Este problema ha sido endémico en China y se agrava por el crecimiento lento de su población, pero rápido de su renta. Para resolverlo, China no sólo compra alimentos en los mercados internacionales, sino que, a través de sus gigantescas empresas públicas, está explotando tierra en África y América Latina, y se calcula que en el primer continente controla ya una superficie equivalente a una vez y media España, lo que lo convierte en el nuevo colonizador de África. 

Un problema similar al anterior es la creciente dependencia energética y de minerales estratégicos de la economía china. Una dependencia cada vez mayor que está resolviendo de una forma pragmática usando, en primer lugar, los mercados internacionales, y, en segundo lugar, los acuerdos comerciales con Rusia , Brasil, Perú y los Estados Unidos. Incluso llega más allá, al tener intercambios estatales con Irán y a intervenir directamente en África, como es el caso de Sudán, Congo, Tanzania, etcétera. 

Al mismo tiempo que los chinos necesitan de los mercados exteriores para mantener su consumo y producción, necesitan, dado su modelo de crecimiento hacia afuera, mercados exteriores para poder comerciar. De ahí el impulso que le han dado a la creación de los espacios de libre comercio en Asia y el Pacífico, con los que consiguen unos grandes y crecientes mercados como son Filipinas, Vietnam o Indonesia, al tiempo que la participación en este espacio de Japón, Corea y Estados Unidos les garantizan un importante flujo de tecnología. 

En paralelo con estas relaciones comerciales y de inversión directa, China es un importante actor financiero mundial, pues mantiene el mayor volumen de reservas de dólares del mundo, fruto de su superávit comercial de las últimas décadas, lo que lo hace especialmente importante para la estabilidad monetaria mundial. 

La política exterior china está, pues y como todas las políticas exteriores, dictada por sus intereses económicos a largo plazo. China ha sido, desde siempre y por su demografía, un actor regional relevante en Asia y, por ello, un actor mundial, aunque secundario. Fue a partir de la primera oleada de globalización de finales de los noventa que se ha ido consolidando como un actor mundial relevante por el potencial de su economía y su estrategia de desarrollo. Hoy es ya, junto con los Estados Unidos, el gran actor de la política mundial, porque al peso de su economía está uniendo la dependencia de todas las restantes economías del planeta y una clara voluntad de poder. China ocupa ya el papel que antaño ocupaban las viejas potencias europeas y compite con ellas por lo mismo, porque las debilidades de la economía china son las de las economías europeas, aunque las fortalezas de unos y otros sean diferentes. 

En esta competencia la verdadera ventaja de China es que sabe que compite, mientras que en Europa no lo sabemos mientras nos dividimos políticamente hasta el infinito. Con lo que llegaremos a culminar el proceso que iniciamos hace un siglo con la gran guerra europea: de serlo todo en el siglo XIX a no ser muy poco en el siglo XXI. 

15 de diciembre de 2014 

En los mundos de yupi

El viernes se publicó el programa económico de Podemos, titulado "Un proyecto económico para la gente" y elaborado por Juan Torres y Vicenç Navarro. He leído con atención las 68 páginas del texto (el meollo está en las 41 centrales) y tendría mucho que escribir sobre él, pero no creo que merezca más de las 600 palabras que siguen. 

El programa económico de Podemos es, en pocas palabras, un documento mal redactado (faltan muchas comas), orientado ideológicamente en una dirección (por lo que serviría lo mismo para casi cualquier país y en cualquier tiempo), falto de análisis económico y político y con propuestas fuera de la realidad. 

El documento está, desde el principio, claramente orientado a proponer una vieja idea marxista: la de la prioridad de la política, de la acción del Estado, sobre la vida de las personas, especialmente la económica, de tal forma que la realidad económica esté conformada por el Estado y las decisiones políticas emanadas de él, y no por las decisiones libremente tomadas por las personas en ese espacio que llamamos mercado. Un presupuesto respetable sobre el que no voy a entrar ni filosófica, ni políticamente, pero que ignora, por ejemplo, que, aunque imperfecto (y por eso hay que regularlo bien), el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos y generación de renta que conocemos, como lo demuestra la experiencia histórica de los dos últimos siglos, el fracaso de las economías del Este o las de las economías excesivamente intervenidas. No creo que las economías de Rusia, Cuba o Venezuela sean los modelos a seguir, por mucho que las disfracemos de cambios "a la escandinava". 

Esta orientación ideológica nubla, desde el principio, el diagnóstico de los problemas de nuestra economía, como lo demuestra el que se fije como ¡única! "prioridad" de la política económica (páginas 10 y 35-36) el "frenar el deterioro del bienestar de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida, poner fin al destrozo de las infraestructuras sociales y económicas que se vienen produciendo en los últimos años y lograr que cambie de tendencia la marcha de la economía". O sea, el problema de la economía española no es realmente el paro (que afecta a casi 6 millones de españoles), sino una cosa tan etérea como lo que se dice en la frase. Es curioso, pero el "paro", que es, en mi opinión y en la del 90% de los españoles, el gran problema de la economía española, solo se cita 11 veces y ni siquiera se considera un objetivo estratégico en la propuesta. 

De un diagnóstico erróneo, un pésimo tratamiento. Las soluciones que proponen desafían las más elementales leyes económicas, como cuando se escribe (págs. 12 y 46) "5.2.1. Aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible" (lo que no significa nada), o cuando se habla de "reestructurar y aliviar la deuda familiar" (págs. 16 y 58) sin decir las consecuencias. O las de organización empresarial, como cuando se promueve la cogestión (págs.16 y 54) como solución empresarial más eficiente. O las de la lógica económica, cuando se propone (pág. 42) el "principio (constitucional) que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial". Incluso, las del Estado de Derecho y el Derecho Internacional porque, con lo propuesto, habría que hacer una Constitución nueva y renegociar tantos tratados, que, mientras tanto, ya nos habríamos hundido definitivamente. 

El programa económico de Podemos es poco más que una suma de tuits con ideas que ya decía Izquierda Unida hace 30 años. Lo que me lleva a que, puestos a elegir, prefiero a los comunistas ya que, al menos, no cambian de discurso cada seis meses. Me temo que, con casi 6 millones de parados, no estén los tiempos para becarios, aunque se disfracen de catedráticos, que viven en los mundos de Yupi. 

1 de diciembre de 2014

Fracturas

Andamos los españoles tan enfadados estos días, que me temo que no nos estamos dando cuenta de las dinámicas sociales que laten en nuestra situación y que, de no atajarlas, nos pueden llevar a una espiral peligrosa que haga saltar por los aires, no sólo nuestro sistema político y nuestra economía, sino nuestra convivencia. 

La primera dinámica peligrosa es la de la desigualdad social. En España, tras seis años de crisis, la distancia entre las capas sociales se está haciendo más amplia, revirtiéndose así una tendencia que empezó con la democracia. La capa social más rica no ha sufrido la crisis, mientras que las capas sociales más pobres la han sufrido de lleno. El paro se ha cebado especialmente entre las personas sin cualificación o con cualificación baja, mientras que en los niveles intermedios de cualificación, si bien el paro es menor, la deflación salarial ha sido muy importante. Paro y deflación salarial, junto con recortes en gasto social y sanitario, son las principales causas de un aumento significativo de la desigualdad social en España. Hoy hay más pobres reales que hace seis años, como hay menos clase media que antes de la crisis. La sociedad española se está fracturando socialmente y la clase media se está resquebrajando. Esto supone, no sólo una menor posibilidad de ascenso social, dinámicas de mantenimiento de la pobreza y aumento de la marginalidad y el conflicto, sino un menor crecimiento económico, y, desde luego, una pérdida de participación y aumento de la radicalización política que ya estamos notando. 

A esta primera dinámica hay que sumar la de las divisiones territoriales que, alimentadas por un nacionalismo irracional y cimentadas en una arquitectura institucional defectuosa, separarán nuestra sociedad en miniestados irrelevantes. Más aún, perdido el horizonte de la creación de los Estados Unidos de Europa, cada una de las partes en que vamos a dividir España competirá con las otras, ahondando las fracturas entre nosotros. En el siglo de la globalización, los españoles, que pensamos que habíamos resuelto el problema de la unidad de nuestra diversidad con el Estado de las Autonomías, conjurado el rancio nacionalismo español con un patriotismo constitucional moderno y proyectado nuestro futuro siendo parte de la construcción europea, estamos al borde de descomponer un estado que, bien que mal, ha funcionado durante los últimos tres siglos. 

La tercera dinámica peligrosa para nuestra convivencia es la fractura cada vez mayor entre los políticos y la sociedad. La corrupción ha generado ya una fractura entre nuestra clase política y la ciudadanía que hace que los políticos que están hoy en los cargos hayan casi perdido la legitimidad para gobernarnos, la credibilidad para plantear propuestas y la capacidad para gestionar. No es ya que no nos fiemos de ellos, es que pronto no reconoceremos su autoridad porque estamos perdiendo el respeto hacia ellos y lo que representan. La ciudadanía está empezando a no esperar nada de los políticos y a vivir de espaldas a ellos. Y lo peor es que está empezando a vivir al margen de las instituciones. 

La economía española es ya hoy diferente de la que teníamos antes de la crisis. La sociedad española está cambiando por el impacto de la misma crisis en la clase media, la evolución demográfica, los nuevos flujos migratorios y la cultura tecnológica. La política española está empezando a resquebrajarse por el separatismo y la corrupción. Dentro de un par de años la sociedad española será diferente. Lo que me preocupa es que, al tiempo que distinta, esté más alejada que hoy de la sociedad que quisimos construir cuando escribimos en el artículo primero de nuestra Constitución que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". O sea, que no sea España, que no sea un Estado social ni democrático de Derecho y que seamos menos libres, menos iguales y menos plurales. 

17 de noviembre de 2014 

Oscuro horizonte

El problema de la corrupción que estamos conociendo es, en mi opinión, tan importante que oscurece hechos económicos favorables como el dato de PIB que se publicó la semana pasada. Más aún, creo que el problema de la corrupción es, hoy, el problema más grave que tienen la sociedad y la economía española porque, además de ser un hecho reprobable en sí mismo, puede tener consecuencias devastadoras para la consolidación de la salida de la crisis y nuestra convivencia. 

Hasta el pasado ciclo electoral, que culminó con las elecciones generales del 2011, la inmensa mayoría de la población sabía que había corrupción en la política española. Un cierto grado de corrupción que no afectaba a la orientación del voto, ni a la estabilidad del sistema. Una parte del electorado, el más ingenuo, pensaba que la corrupción eran "casos aislados" de personas que abusaban de los cargos, y que, por tanto, no había que generalizar, ni tomarla muy en cuenta a la hora de votar. Otra parte del electorado, más cínica, pensaba que "todos son iguales" por lo que votaban sin tener en cuenta la corrupción porque la consideraban inherente a la función pública. La técnica del "y tú más" que han seguido los partidos nos anestesiaron contra la corrupción, por lo que los españoles han votado mayoritariamente por razones ideológicas de fondo y no por programas, candidatos o campañas: una persona que se definiera "de izquierdas" (con más o menos fundamento) iba a votar al PSOE o a IU, de la misma forma que una que se definiera "de derechas" iba a votar al PP. Las elecciones del 2011, tras el desastre Zapatero, rompieron esta dinámica, pues los votantes de izquierda abandonaron al PSOE y se refugiaron en la abstención y en otros partidos, incluso, en el mismo PP. Esa marejada en la izquierda tiene como corolario, el nacimiento de Podemos. 

La corrupción en el PP y la inacción de la que da muestras el presidente Rajoy podrían ser, en mi opinión, el equivalente en el PP al "desastre Zapatero" en el próximo ciclo electoral. La corrupción va a pesar en las elecciones mucho más que la "salida de la crisis", porque es portada diaria de los medios, porque veremos nuevas tramas en los próximos meses, porque la mayoría de la población está harta y porque la "recuperación" ya nos la han vendido tras los años de ajuste. El presidente Rajoy parece olvidar que Aznar ganó las elecciones de 1995 por el desgaste del gobierno González por los casos de corrupción y financiación ilegal del PSOE (casos Juan Guerra, Filesa, etcétera), y que uno de los protagonistas y referentes de esa época, Rodrigo Rato, está hoy encausado. Muchos votantes del PP, antes tan ufanos de la honradez de sus dirigentes, están hoy sin referentes y, salvo que el PP active una campaña de "miedo a la izquierda", estos votantes pasarán a la abstención o incluso a Podemos. Como pasarán a otras opciones muchos de los votantes de centro que los apoyaron en las pasadas elecciones. 

Con el electorado de izquierda oscilando entre el viejo PSOE, la compleja Izquierda Unida, la estancada UPyD y el emergente Podemos, y el de derecha oscilando entre la abstención y el discurso sin credibilidad del PP (además de sus errores como el ébola o las leyes Wert, etcétera), las elecciones del 2015 son un inmenso agujero negro al que se encamina el PP y, con él, lo poco que quedaba de nuestra estabilidad política. Una estabilidad política que ha sido clave para enfocar la salida de la crisis y que se va a desperdiciar por la inacción de Rajoy. 

Si en los próximos meses Rajoy no toma medidas contundentes contra la corrupción, su inacción nos meterá de lleno en una crisis política, como la inacción de Zapatero agravó la crisis económica. Rajoy puede ser el Zapatero del PP. Y la réplica a Podemos en la derecha me da tanto miedo... 

3 de noviembre de 2014 

Revolución

Hasta la semana pasada, hasta el caso de las tarjetas de Caja Madrid, me he resistido a pensar que la corrupción en España era un hecho generalizado. No sé si esa resistencia era porque no quería reconocer mi propia ignorancia, o porque soy un ingenuo, o por ambas causas. El hecho es que visto lo ocurrido en Caja Madrid se me ha caído la venda de los ojos. Me ha bastado con hacer una simple lista de casos de corrupción de los que me acordaba, y ordenarlos, para ver meridianamente claro. Tenemos corrupción en los ayuntamientos (Marbella, Estepona, Pozuelo, Alcorcón, Alicante, Santiago, Vigo); en las Diputaciones (Castellón, Pontevedra, Orense); en las Comunidades Autónomas (Noos en las Baleares, EREs en Andalucía, Cursos en Madrid, el 3% de Pujol en Cataluña, el caso Gürtel en Valencia); en el Gobierno central (subvenciones al carbón, por ejemplo); en los partidos políticos (Caso Gürtel, Caso Liceu), en los sindicatos y las organizaciones empresariales, en las cajas de ahorro, etc. Una lista que continuará porque a Caja Madrid habrá que sumar Cataluña Caixa o CAM, y que se ampliaría si se investigaran las fusiones y que se auditara la administración paralela, porque, a estas alturas, ya no me creo que solo haya habido abusos en los gastos de representación en Caja Madrid. Y esto solo es corrupción por robo, que si sumamos el nepotismo a la hora de colocar gente en la administración (véase el increíble caso del Tribunal de Cuentas) no tenemos más remedio que concluir que todo o casi todo lo que tocan los políticos, y hay muy pocas y honrosas excepciones, lo han corrompido. 

La causa de tanta corrupción en España es, en mi opinión, la omnipresencia de la Administración pública, y de los partidos políticos que la ocupan, en la sociedad española. La Administración pública está presente en todo porque todo lo regula. Una vieja Administración pública que heredamos del Franquismo, pero que el Estado de las Autonomías ha replicado hasta hacerla casi infinita. Casi todo en España es Administración o depende de ella, incluso en aquellas actividades que no son propiamente políticas. Desde los medios de comunicación (que a los públicos habría que sumar los semipúblicos, por la mucha dependencia de la publicidad institucional que tienen), pasando por los deportes, la cultura, las actividades populares o las actividades sociales más nimias, hasta, por supuesto, la sanidad, la educación, la universidad... todo en España es Administración o depende de ella. Incluso sectores económicos enteros viven de las subvenciones. Y no es solo que la Administración española consuma casi el 40% de lo que producimos (la mayoría, hay que ser exactos, en gasto social y del estado del bienestar), es que tenemos una de las más altas ratios de empleo público sobre empleo total y, por supuesto, uno de los corpus jurídicos más amplios del mundo. 

Esta Administración omnipresente está, a su vez, ocupada por los partidos políticos. Unos partidos políticos que son máquinas electorales que se convierten en agencias de colocación en la administración. Nuestros partidos políticos son fuertes porque tienen la capacidad de ocupar a mucha gente y gobiernan la carrera de otros muchos. De hecho, la lealtad en los partidos se mantiene por las posibilidades de recompensa. Por eso, el adelgazamiento de la administración es imposible. Como lo es la es la separación de poderes porque los partidos lo controlan todo. 

Es en este contexto en el que ha florecido la corrupción. Para resolverla España necesita una revolución, pero lejos de necesitar la que predica Podemos, la revolución que necesitamos, desde hace ahora exactamente dos siglos, es una revolución liberal. Una revolución que limite la política. Una revolución liberal que nos haga ciudadanos y no súbditos dependientes. Una revolución liberal que nos quite las caenas. Una revolución imposible porque las cadenas que nos atan hoy al Estado son invisibles, la tendencia va por otro lado y, en España, los liberales siempre fuimos minoría. 

20 de noviembre de 2014 

Podemos

El fenómeno político más interesante en España en los últimos meses es, indudablemente, el crecimiento de Podemos. Un hecho que para muchos es algo original y que, sin embargo, es tan antiguo como muchas de las ideas que el movimiento promueve. 

Podemos es el resultado de la confluencia de las dos crisis que está viviendo nuestra sociedad. Sin una crisis económica como la que estamos viviendo y, sobre todo, sin una tasa de paro como la que tenemos, sin esos fenómenos dramáticos de desahucios, las colas ante los comedores sociales, el deterioro de las condiciones de los barrios marginales o las llamadas de auxilio de las oenegés, el fenómeno Podemos no tendría suelo en el que nacer. Pero siendo este el suelo, el agua que lo hace crecer es la crisis política. Sin esa percepción de corrupción generalizada que la ciudadanía tiene (y que se acrecienta cada día), sin el despilfarro, sin esas connivencias de los partidos con los corruptos, sin esa sensación de que "son todos iguales", Podemos no tendría capacidad de expansión. Podemos es, pues, la encarnación de estas dos crisis y, en especial, del fracaso de nuestra clase política en el tratamiento de las consecuencias más duras de la crisis y en su propia incapacidad para regenerarse, pues nadie les votaría si viviéramos en una economía de pleno empleo y en una democracia sin corrupción. 

El crecimiento vertiginoso de Podemos tiene, sin embargo, su oxígeno en una estrategia de márketing, basado en la televisión y en las redes, de una inmensa eficacia. Podemos podría haberse quedado en poco más que una continuación del movimiento 15-M, si no llega a ser por el aire que, permanentemente, le ha dado la Sexta y por su capacidad para manejar las redes sociales. 

Los partidos políticos tradicionales no saben qué hacer con Podemos, sencillamente, porque no lo entienden. Da la sensación de que el PP no considera a Podemos un problema porque creen que divide a la izquierda, y porque están convencidos de que puede ser un elemento para movilizar a parte de su electorado, ante el temor de una victoria de la "izquierda radical". La reacción del PSOE no ha sido tanto por el crecimiento de Podemos cuanto por sus problemas internos, pero hay cosas en las que lo están imitando (presencia en la televisión, telegenia de su líder, márketing digital, etc.), y, en cuanto a sus relaciones, no saben qué hacer: si acercarse, con lo que perderían el electorado de centro que tuvo alguna vez, o alejarse, dejando toda la izquierda para IU y Podemos. 

Para IU, Podemos es la competencia directa en su espacio ideológico, con la ventaja de Podemos de tener un márketing más moderno, contar con Pablo Iglesias, también muy telegénico (ante lo que ha reaccionado apostando por Alberto Garzón, otro galán) y no ser un partido clásico (aunque IU no se vea así). 

Podemos no es, pues, y salvo que se organice en partido, una parte estable del sistema político, sino una distorsión del mismo. Una distorsión que crece y puede llegar a ser un actor importante en la vida pública, en la medida en la que no se vayan conteniendo los efectos negativos de la crisis económica y no haya una verdadera regeneración en los partidos tradicionales. Y una influencia real de Podemos en nuestra política, más allá de provocar la reacción, puede ser muy peligrosa para todos (también para aquellos que ya están mal con el sistema actual), sencillamente, porque las propuestas económicas de Podemos no resisten más allá del primer choque con la realidad (y son tan añejas como el marxismo de finales del XXI), y sus propuestas de organización política son, sencillamente, inviables. 

Podemos es, en el fondo, una edición actualizada y simplificada de los viejos movimientos revolucionarios del siglo XIX. Un anacronismo que refleja la crisis profunda de nuestra sociedad y no es, desde luego, una solución a esa crisis, sino un peligro. Un profundo peligro. 

6 de octubre 2014 

Crear un estado

Los Estados, esos "monopolios de violencia" que definía Max Weber, han tenido, a lo largo de la historia, dos orígenes principales. La mayoría ha sido fruto de la fuerza de un grupo que llegaba a dominar a la población de un territorio. Otros, los menos, han nacido del acuerdo, más o menos conflictivo, de los ciudadanos en un pacto social al estilo del descrito por Locke. En cualquier caso, y Hobbes es cita obligada, el Estado es un invento humano que sustituye el caos por el orden y, en el caso de las democracias, lejos de coartar la libertad, la garantiza y la favorece. 

El Estado, como demostraría el Nobel Douglas North, es un invento eficiente para el crecimiento económico y el bienestar. Vivir en el seno de un Estado estable beneficia a la ciudadanía. Y le beneficia más cuando más democrático sea, entendiendo por democracia no solo poder ejercer el derecho de voto y los derechos liberales clásicos (opinión, reunión, etc.), sino los sociales más modernos y, por supuesto, el imperio de la ley y la igualdad ante ella. La evidencia empírica de lo que digo es abrumadora: una parte importante de los países pobres tienen graves problemas de configuración del Estado. 

Crear o no un Estado no debiera ser, pues, un tema de sentimientos, sino de utilidad, de pura racionalidad. Como no debiera ser un tema de sentimientos el tamaño de un Estado. ¿Cuál es el tamaño ideal del Estado? La respuesta no es fácil ni evidente, como argumentaron Alesina y Spolaore en el 2003. Desde un punto de vista estrictamente político, es decir, de configuración de un espacio de monopolio de violencia, el tamaño óptimo sería el Estado Mundial, aquel en el que no hubiera fronteras, porque no habría necesidad de ejércitos, sería exigible una legislación básica de derechos generales, libertad de movilidad absoluta de personas, bienes y servicios, una moneda única, coordinación fiscal (no paraísos fiscales), etc. La mera posibilidad de abordar problemas globales (como el cambio climático o los paraísos fiscales) y el ahorro de costes reales y de transacción serían las principales ventajas. Los inconvenientes vendrían dados por la dificultad de formular una política universal y por los peligros de concentración de poder. De cualquier forma, el argumento básico es que si el tamaño óptimo es el Mundial un estado, cuanto más grande, será más eficiente. Por otra parte, en el mundo globalizado, un estado pequeño corre muchos más riesgos de inestabilidad que un estado grande, por meras razones de tamaño relativo, frente a las grandes multinacionales, frente a los movimientos terroristas internacionales o frente a otros estados. Como es más eficiente un estado grande que uno pequeño a la hora de abordar crisis como las que estamos viviendo. De hecho, si Europa hubiera sido un Estado, y no un protoestado como es, seguramente hubiera salido ya de la crisis, como lo ha hecho Estados Unidos. 

Por las razones anteriores, constituir miniestados en pleno siglo XXI y a partir de Estados ya integrados y democráticos me parece una "boutade" irracional. Máxime si la razón de fondo es una "identidad" porque con ello lo que se está diciendo, además, que no se cree en la democracia, ya que en una democracia debieran poder coexistir distintas tantas identidades como personas componen la ciudadanía. Por eso, el nacionalismo identitario es, per se, antidemocrático, como argumentó, por ejemplo, Habermas. 

Y si me parece una boutade romántica la razón identitaria para crear un Estado, me parece un ejercicio de seudo-democracia el que esa creación se haga a partir de un referéndum en una de las partes. Creo que el de Escocia, lejos de ser un ejemplo democrático, ha sido un ejemplo de estupidez oportunista del señor Cameron, porque, en democracia, en un asunto que atañe al conjunto, y la separación afecta a todos, lo democrático hubiera sido votar todos. Por cierto, ¿alguien sabe la opinión de los ingleses? Igual nos hubieran sorprendido. 

22 de septiembre de 2014 

La exhausta economía europea

El pasado jueves, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), anunció la bajada de los tipos de interés al que le presta a la banca al 0,05% y la disminución del tipo de interés de los depósitos al -0,2%. Al mismo tiempo, anunció que para la reunión del próximo día 17 se activaría el fondo de 400.000 millones aprobado en junio para el crédito al sector privado, y que, en la del 2 de octubre, se empezarían las compras de activos referenciados a acciones y bonos europeos. Las consecuencias a corto plazo de estas medidas no se hicieron esperar y, el mismo jueves, las bolsas europeas alcanzaron máximos, las primas de riesgo de los países cayeron (la de España a 111) y euro se depreció respecto al dólar un 1,6%. 

Con estas medidas el BCE está diciendo que no hay en el horizonte tensiones inflacionistas y que lo que realmente le preocupa es que la política monetaria no termina de funcionar, porque los bancos no dan créditos, lo que es una causa más del estancamiento de nuestras economías y de la persistencia de la tasa de paro. Y es que la bajísima tasa de crecimiento de la economía europea es el problema más grave que tenemos planteado, con su correlativa alta tasa de paro. 

¿Por qué no crece la economía europea? ¿Por qué no crece si tenemos una política monetaria muy expansiva en tipos de interés? ¿Por qué no crece la economía europea si tenemos políticas fiscales, a pesar de la retórica de recortes, con déficits públicos del -7%, como es el caso de España, o del -4,3% como es el caso de Francia? La respuesta a estas preguntas es sencilla: porque la economía europea está agotada. Dicho de otro modo, en una economía normal, sana, estas políticas monetarias y fiscales no serían necesarias, porque se le mete una expansión fiscal y monetaria, como la que estamos metiendo, se generarían burbujas y se tendrían problemas de inflación y competitividad. Cuando son necesarias estas medidas tan extraordinarias es porque la economía europea está, sencillamente, exhausta. 

La economía europea está exhausta, o lo que es lo mismo, tiene una tasa de crecimiento natural muy baja porque el viejo modelo de crecimiento europeo de rentas de integración está en cuestión. En las décadas pasadas, el conjunto de las economías europeas ha tenido unas tasas razonables de crecimiento, sin tener el dinamismo de la norteamericana, por efecto de la misma construcción europea. Cada ampliación (hacia el Mediterráneo en los 80, hacia el norte en los 90 y hacia el este en los 2000) suponía un impulso de crecimiento para las economías centrales, por aumento de sus exportaciones, y, para las economías que se integraban, por aumento de su consumo y su inversión. Paralelamente, los procesos de integración de mercados (mercado único, euro, etcétera) supusieron una mejora en algunos mercados y un aumento de la competitividad de las rígidas economías europeas. Finalmente, los fondos europeos fomentaron la expansión de la inversión pública y de los estados del bienestar en los países más pobres. Este modelo de crecimiento tuvo el efecto de hacer crecer a las economías europeas por encima de lo que sus estructuras nacionales les hubieran permitido crecer. 

Pero es un modelo hoy en cuestión porque no es posible ninguna ampliación (Turquía está descartada, Serbia e Islandia son pequeñas y Suiza y Noruega no quieren) y, porque, frente al otro pilar que debería activarse, el de la mayor integración de los mercados, se alzan voces de países antieuropeos (Reino Unido, Hungría) y movimientos antieuropeos en Francia, Grecia, Holanda, etcétera, que lo limitan. 

El problema de la política económica europea necesaria no es, pues, más o menos expansión de la política fiscal, sino más políticas de integración. Es decir, más reformas estructurales que desfragmenten los mercados europeos y faciliten la movilidad de los factores de producción. Sólo así volveremos a tener crecimientos sanos. Lo demás es respiración asistida. 

8 de septiembre de 2014 

Corrupción

Uno de los problemas que, junto al paro, más preocupan a los españoles es, indudablemente, el de la corrupción. Hables con quien hables de política, la corrupción es uno de los temas recurrentes en cualquier conversación. Los ERE y los cursos de formación en Andalucía, los líos urbanísticos y Gürtel en Valencia y en Madrid, los chanchullos de Mallorca, el caso Noos, el caso del Liceo y la fortuna de Pujol Ferrusola en Cataluña, Marbella, Castellón, Alicante... no hay, en los últimos años, ningún día que no aparezca un caso nuevo o se extienda alguno de los viejos. Y lo malo es que, cuando uno habla con gente de la administración o de la política, te cuenta muchos más casos menores que normalmente no ven la luz pública porque ni siquiera se consideran graves: robos en almacenes de la policía, hospitales o empresas públicas, corruptelas en las oposiciones de no pocas administraciones, vistas gordas en permisos para conocidos, discrecionalidades administrativas, etcétera. La sensación que uno tiene es que la política y la administración española, en cualquiera de sus niveles, está podrida, terriblemente corrompida. 

Las causas de la corrupción son muchas. Ya en un artículo de 1998, Vito Tanzi, uno de los mejores analistas de economía pública del mundo, sistematizaba las causas de la corrupción y analizaba los factores que hacían surgir la corrupción a partir de una "demanda de un acto corrupto", por parte de un ciudadano, y la "posibilidad u oferta de un acto corrupto", por parte de un político o burócrata. A partir de este trabajo, los estudios sobre las causas de la corrupción se han centrado, especialmente, en las posibilidades de la corrupción, porque la demanda no se puede controlar y desaparece si queda insatisfecha. Según la experiencia internacional, las principales causas de la corrupción son las regulaciones y autorizaciones discrecionales, la ausencia de procedimientos transparentes, la falta de control efectivo y la impunidad de los actos corruptos. Es decir, cuantas más regulaciones y autorizaciones más corrupción porque, sin ellas, la corrupción no es necesaria. La discrecionalidad de las decisiones aumenta las posibilidades de corrupción, como la aumenta la inexistencia de procedimientos sencillos, transparentes y medidos en el tiempo. Como hace crecer la corrupción el sistemático incumplimiento de las leyes de procedimiento administrativo o de transparencia, sin que este incumplimiento tenga ninguna consecuencia. Como hace crecer la corrupción la ausencia de controles y explicaciones sobre las decisiones, tanto "desde arriba" (los niveles de gobierno), como "desde abajo" (la ciudadanía). Como hace crecer la corrupción, especialmente, la impunidad, no sólo del político que no sale de la vida pública, sino la del funcionario que sólo se ve sancionado, si es que eso llega a ocurrir, con un traslado. Si analizamos los casos que nos afligen, veremos que en todos ellos laten una o varias de las causas anteriores. 

Las consecuencias de la corrupción son muchas, y la primera es la injusticia que se comete frente al ciudadano no corrupto. Pero tan malo como la injusticia, son la desconfianza y desafección de la política y de las instituciones públicas que la corrupción produce. La corrupción, que no deja de ser un mal comportamiento de un grupo de políticos y funcionarios, lleva a la ciudadanía a percibir al conjunto de los servidores públicos como uno de los males de la sociedad, y, a la política, como un problema, no como una actividad que resuelve problemas económicos y sociales. Y esto es peligroso, muy peligroso. 

Luchar contra la corrupción no es difícil. Bastaría con eliminar periódicamente procedimientos innecesarios, revisar y simplificar procedimientos, minimizar los procedimientos discrecionales, dotar de transparencia todas las decisiones que afecten directamente a la ciudadanía y ser implacables con los corruptos, aun con aquellos que sean sólo presuntos, sean quienes sean. 

Mis amigos políticos, que algunos tengo y de todos los partidos, me dicen que mucho de esto ya se está haciendo. El problema, les respondo, es que, al menos yo, no lo percibo. 

25 de agosto de 2014 

Guerras y conflictos

A un siglo del inicio de la guerra que iba a acabar con todas las guerras, la primera parte de esa guerra que duró treinta años y que llamamos Guerras Mundiales, y que realmente lo que hizo fue acabar con más de 50 millones de personas, con una concepción liberal y progresista del mundo y con el dominio europeo del planeta, el concepto de guerra se ha transformado. 

Ya no es solo el enfrentamiento violento y armado entre dos ejércitos de dos estados o dos legitimidades políticas por el dominio de un territorio y la población que sobre ella se asienta. Ya casi no hay guerras entre armadas, aviaciones o divisiones de carros en batallas terrestres. Desde la última guerra del Golfo, hace más de 10 años, no hemos asistido, que yo recuerde, a ninguna otra guerra clásica. Parece como si las fronteras, tras el nacimiento de Sudán del Sur, y con la salvedad de la invasión de Crimea y Ucrania por los rusos, estuvieran más o menos estables. Aunque sean fronteras armadas y, a veces, no reconocidas, como la de las dos Coreas o las de la India y Pakistán, por ser líneas de separación de guerras inacabadas desde hace más de 50 años. 

En estos tiempos lo que hay son guerras civiles (¿qué guerra no lo es?, habría que preguntarse) y asimétricas. Guerras en las que un grupo se organiza y levanta, con apoyo exterior o no, frente a un Estado más o menos articulado y más o menos armado, para hacerse con el control de un territorio y su población dentro de unas fronteras determinadas. Guerras en las que un grupo opositor, con algunas características que lo cohesionen (étnica, religiosa, ideológica o, simplemente, el puro interés económico), quiere imponer su dominio llegando a la eliminación física del contrario, para generar una sociedad relativamente homogénea, en todo o en parte del territorio. 

Cuando la situación es tal que ninguna de las dos partes puede llegar a alcanzar su objetivo, porque no es posible la desaparición del otro, se dan las situaciones de conflicto estable o de guerra inacabada. Una situación en la que cada lado controla una parte del territorio y de la población, una de ellas detenta el reconocimiento internacional explícito (y la otra algún tipo de reconocimiento implícito) y ambas partes invierten la mayoría de sus esfuerzos y recursos en defenderse, comprometiendo su desarrollo por generaciones. Si atendemos a la definición clásica de Estado de Max Weber como un "monopolio de violencia legítimo sobre una población que se asienta en un territorio", se puede decir que las situaciones de conflicto estable delimitan dos Estados de facto en unas fronteras delimitadas o un Estado fallido. Es la situación actual de no pocas zonas del planeta: Libia, Irak, Siria, Afganistán, Somalia, Yemen o Sudán del Sur. Una situación que casi se puede decir que es la misma que vive Israel y Palestina. En ese sentido se puede decir que Israel, aunque es una economía desarrollada y un Estado que decimos democrático, es un Estado fallido. 

El problema de estas guerras modernas, de conflictos inacabados o de los estados fallidos, no son solo las víctimas civiles o la pérdida de bienestar, su coste en vidas humanas o en recursos. El principal problema es que a medida que pasa el tiempo es más difícil que se resuelvan por la simple razón de que, en ambos bandos, se organizan grupos de poder que obtienen réditos de la situación. Detrás de todos los conflictos que he citado más arriba hay grupos de poder (militares y grupos políticos, industrias de armas, potencias extranjeras, grupos de traficantes de personas o de drogas, etc.), grupos que luchan contra el enemigo, al tiempo que lo necesitan. 

Por eso, son conflictos que, salvo interés de grandes potencias, sencillamente, no tienen, en las circunstancias actuales de gobernanza de la Humanidad, ninguna solución. Por eso, estos conflictos son tristemente recurrentes. 

11 de agosto de 2014 

Mister Juncker

Hace unos días, el Parlamento Europeo, tras votación, nombró presidente de la Comisión Europea, el "gobierno" de Europa, a Jean Claude Juncker, un político de ideología social-cristiana (centro derecha), luxemburgués, con una larga trayectoria en la política europea.

El significado de este nombramiento y su influencia en la política europea, y, por lo mismo, en la española, hay que analizarlo desde una triple perspectiva: la capacidad de Juncker (un elemento personal); su ideología (un elemento de criterio); y, finalmente, sus propuestas. Como lo que importa (o debería importar) cuando se nombra a un político (o a cualquier persona) para un puesto ejecutivo es su capacidad, su ideología y sus propuestas, porque de estos tres elementos dependen los resultados esperados, analizar este nombramiento ha de hacerse desde esta triple perspectiva.

No creo que nadie dude de la capacidad del señor Juncker para gestionar la Comisión, no solo por su formación, sino por su experiencia, máxime si se tiene en cuenta su trayectoria al frente de un país tan abierto como Luxemburgo y que fue presidente del Eurogrupo. En cuanto a su ideología, Juncker pertenece a una tradición ideológica, rara en España, pero de amplio apoyo en Centroeuropa, es decir, liberales en cuanto a economía, defensores del Estado del Bienestar y, desde luego, pragmáticamente europeístas. Esta posición ideológica supone la capacidad de poder muñir acuerdos entre perfiles ideológicos más definidos, como los conservadores españoles y los socialdemócratas alemanes. Solo los extremos del arco ideológico pueden sentirse incómodos con él, como los ultras de Marine LePen o los partidos de extrema izquierda como Podemos, así como los antieuropeos como los conservadores británicos o húngaros.

En cuanto al tercer elemento de análisis de este nombramiento, sus propuestas, hay que leer el discurso de solicitud de voto en el Europarlamento, titulado "Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático", para hacerse una idea de sus propuestas. Leyéndolo se observa que Juncker considera como primer problema político europeo la crisis económica y sus consecuencias no solo económicas, sino sociales y políticas. Para él, la crisis en la que está inmersa la economía europea, así como la gestión de la crisis fiscal en los países del sur, ha generado no solo los problemas internos de muchos de los países europeos, sino el florecimiento de los partidos antieuropeos que pueden poner en peligro la misma esencia del proyecto. Por eso, como forma de relegitimar propone un paquete de medidas de política fiscal que supondría la inyección de unos 300.000 millones de euros, alrededor del 4% del PIB de la Unión, en los próximos cinco años, que permitiría aumentar el crecimiento y paliaría algunas de las consecuencias de los ajustes previos. Una política fiscal expansiva cuyo resultado puede ser relevante para los países que hayan hecho sus tareas de reformas y si el BCE mantiene sus políticas. El discurso, francamente bueno en términos de política interior europea, es, sin embargo, demasiado poco ambicioso en política exterior y, en mi opinión, excesivamente pragmático en cuanto a construcción europea. Juncker demuestra conocer bien las limitaciones de su cargo y muestra el carácter práctico de su liderazgo.

Por capacidad, por ideología y por propuestas, creo que el nombramiento del señor Juncker como presidente de la Comisión Europea es, en mi opinión, una buena noticia, sin aspavientos, para Europa y los europeos, consciente de que su papel es, dentro de la complejísima arquitectura institucional de la Unión, muy básico, pero no determinante. Para un ciudadano de la Unión como yo, con bastantes coincidencias ideológicas con él y que sueña con unos Estados Unidos de Europa (¡qué pena la Constitución que perdimos!), Juncker está lejos de entusiasmarme, no sé si porque ya no tengo edad de entusiasmo y no están los tiempos para hacerlo con la política, pero está muy cerca de lo que se puede razonablemente pedir. Lo que, en los tiempos que corren, no es poco pedir.

28 de julio de 2014

Primarias "typical spanish"

Creo que las primarias del PSOE para escoger secretario general no han ocupado en los medios la atención que, en mi opinión, se hubieran merecido por la importancia del PSOE en la política nacional. Quizás no han ocupado este espacio porque han sido copia castiza, typical spanish, de unas verdaderas primarias.

Para empezar, uno no se puede imaginar por los contenidos de los mensajes que lo que se está dirimiendo es la dirección del Partido Socialista y, en su caso, ser candidato a la Presidencia del Gobierno de España. Me temo que se ha hablado poco del Partido Socialista, de su situación y de sus males (la crítica ha brillado por su ausencia), como se ha hablado poco de ideología (más allá de los mantras de que el PSOE es de izquierdas) y casi nada de propuestas políticas para España (salvo meterse un poco con el Gobierno y con el Partido Popular).

Tampoco he visto en los tres candidatos ningún liderazgo. Lo que he visto ha sido a tres candidatos anodinos sin ideas concretas en muchos temas, antiguas en no pocos y demasiado previsibles en otros. Dos de ellos, Pedro Sánchez y Eduardo Madina, con un discurso muy parecido de superficialidades y gestos medidos, y, el tercero en discordia, Pérez Tapias, con un discurso más argumentado, aunque alejado de la realidad. En general, no he oído nada interesante sobre lo que quieren hacer con el PSOE, ni por dónde quieren llevar a España si el PSOE gobernara. Parece como si no optaran a ser los líderes del PSOE, sino sus administradores. Parece como si no tuvieran propuestas que llevar al congreso de su partido o ideas para articular un esquema de un programa electoral, cuando lo que se espera de un secretario general de PSOE es alguien capaz de gobernar su partido y que tenga propuestas para gobernar España.

Más aún, he visto a tres candidatos sin experiencia real en política y gobierno. Más aún, la sensación que me han dado los candidatos es que no saben lo que es un partido político, ni lo que es el PSOE. Y digo esto por esta manía que han tenido los tres candidatos de decir que ellos no son el "aparato", ni parte del "aparato". Como si un partido político fuera otra cosa que "ideología" y "aparato". De hecho, un partido sin aparato no es un partido, aun en la época de internet. Un aparato fuerte permite aguantar desastres como un exilio de cuarenta años y batacazos electorales y basta mirar la historia del Partido Comunista o del mismo PSOE. Presentarse a la secretaría general del PSOE y decir que se rechaza al "aparato" del PSOE es algo tan absurdo como presentarse a las generales y decir que se va contra el Estado.

Y si en temas de partido los candidatos han mostrado su inexperiencia, en temas de política general han mostrado una carencia absoluta de ideas, más allá de la Conferencia Política y la "Declaración de Granada". O sea, ideas rancias. ¿Realmente lo único que tienen estos candidatos que ofrecer es un poco de republicanismo, un reforma confederal (que federal es otra cosa) de la Constitución para contentar a Cataluña y un rancio anticlericalismo, todo ello enlatado en cinco tuits?

Yo no soy militante del PSOE y, por tanto, no voto a estos candidatos, pero como ciudadano español me preocupa lo que ocurra en el PSOE. Por eso, estas primarias me apesadumbran, porque los candidatos a secretario general no tienen ni la experiencia, ni las ideas, ni el liderazgo, ni el peso suficiente para llevar las riendas de un partido centenario y necesario como es el PSOE. Dos de ellos porque son aún aprendices de político y otro porque me parece un interesante prejubilado. Lo siento, pero ni el PSOE, ni el país, ni los tiempos están para amateurs, sino para profesionales, en el sentido americano de la palabra.

14 de julio de 2014

Parche fiscal

Intentar explicar la reforma del IRPF que ha aprobado el Gobierno desde una perspectiva económica es un ejercicio casi estéril. En una economía como la española de hoy, con un déficit público de más del 5%, con una deuda pública que ya alcanza el100% del PIB, con una tasa de paro del 25%, con un sistema fiscal lleno de lagunas y fraude y una estructura fiscal centrada en las rentas del trabajo y escasamente progresiva, no es precisamente una bajada de tipos del IRPF con una redefinición de las bases lo que realmente se necesita. 

Por eso, las explicaciones que dio el ministro Montoro en la presentación de la reforma fueron un despropósito. Decir que esta reforma se hace con el objetivo de mejorar el empleo es, sencillamente, desconocer los problemas de nuestro empleo. Que esta reforma tendrá efectos económicos positivos es evidente, porque toda bajada del IRPF aumenta la renta disponible de las familias y, si esta bajada se concentra en las rentas más bajas (como parece) y en las familias más numerosas, se produce un crecimiento del consumo en una proporción mayor que la propia bajada de los impuestos. Este aumento del consumo, aunque sea de unas décimas, tendrá como efecto una mejora en la creación de empleo, hará que la tasa de crecimiento del PIB se eleve hasta el 2% a finales del año que viene y mejorará la recaudación por IVA, lo que compensará en parte la caída de recaudación por la reforma y hará más regresivo el reparto de la carga fiscal. 

El problema no es si la reforma tiene o no efectos positivos sobre la coyuntura económica actual, sino si es conveniente esta inyección fiscal en este momento, si es esta la forma más eficiente de dejar de recaudar o gastar casi un punto del PIB (unos 10.000 millones de euros) a lo largo del 2015 y si esta es la reforma que había que hacer al IRPF. Y la respuesta a estas cuestiones es negativa porque, si bien puede ser el año que viene un buen momento para un cierto impulso fiscal, no es desde luego el IRPF el instrumento para hacerlo, como no es esta la reforma que necesita el IRPF. 

Para hacer un impulso fiscal en las circunstancias actuales, la vía más eficiente, porque tiene efectos directos sobre el paro, es un profundo recorte de las cotizaciones sociales. Al ser un impuesto indirecto que grava la contratación de trabajadores, mejoraría el nivel de empleo, reforzaría la estructura de nuestras empresas (que son las que crean empleo), aumentaría el nivel de consumo y bajaría el gasto público por ayudas familiares. No es el consumo de las familias lo que se ha ajustado más en esta crisis, sino la capacidad productiva de nuestra economía. 

Pero lo peor de esta decisión es que esta no es la reforma que necesita el IRPF, porque mientras no se toque realmente el sistema de módulos, se haga una verdadera fiscalidad de la familia y se resuelva la progresividad de los tipos, toda reforma del IRPF será un parche que no tapa el nivel de fraude en este impuesto, ni la injusticia de que sean las rentas salariales las que realmente lo soportan. No es, pues, esta la reforma que necesitaba este impuesto, ni es la que recomendaron los expertos en el "Informe Lagares". 

Las razones de este parche fiscal no son económicas, sino políticas. Y es que, a menos de un año del inicio del ciclo electoral, el Gobierno necesita hacer ver que cumple su programa electoral bajando tramposamente los impuestos, para ganarse a esos millones de votantes que se le han ido a la abstención. En realidad, este parche fiscal va a servir para articular una campaña electoral, no para mejorar nuestra economía. Parece que llegan tiempos en los que lo importante no es hacer lo que tiene que hacerse, sino lo que las encuestas dicen que ha de hacerse. 

Política monetaria, por fin

Eclipsadas por las noticias políticas de la abdicación de Don Juan Carlos y la cadena de dimisiones en el PSOE, las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) del pasado 5 de junio, anunciadas por su presidente, Mario Draghi, solo han ocupado una minúscula fracción de la atención que merecían. 

Las decisiones tomadas por el BCE han sido varias y de calado. En primer lugar, el BCE ha reducido el tipo de interés general al que presta a la Banca del 0,25% al 0,15%, lo que supone una caída del 40% en el precio. En segundo lugar, ha decidido cobrar un tipo de interés del 0,1% por el dinero que la Banca deposite en el BCE, con lo que desincentiva el dinero ocioso. En tercer lugar, ha anunciado una emisión de liquidez de 400.000 millones de euros en septiembre y diciembre de este año, para dotar de dinero extra al Sistema con unas condiciones muy interesantes: se le va a conceder a la Banca con menores garantías (colaterales) que las que se venían usando hasta ahora; cada banco puede pedir, inicialmente, hasta el 7% del total de lo que tuviera prestado al sector privado (excluidos los préstamos hipotecarios para vivienda), y, a lo largo de la vida de esta línea de crédito hasta tres veces el saldo de crédito neto que tengan con el sector privado; no se puede usar esta financiación extra para hipotecas en vivienda y para la compra de deuda pública; y, finalmente, el tipo de interés de esta línea de financiación será el tipo de interés base del 0,15% con una garantía adicional de estabilidad en caso de que este tipo suba. Finalmente, el señor Draghi anunció la voluntad del BCE se seguir tomando medidas extraordinarias "tantas como sea necesario". 

Con estas medidas, prolijamente justificadas, el BCE está, además, diciendo tres cosas sobre la economía de la Eurozona. Primero, que no se esperan choques inflacionarios en el horizonte de los próximos tres años, lo que es compartido por la mayoría de los analistas, no solo por la debilidad de las tasas de crecimiento de la economía europea, sino por la mayor estabilidad en los mercados de materias primas. Segundo, que lo más preocupante en el momento actual, y el mayor peligro para la Eurozona, es la debilidad del crecimiento económico. Y, tercero, que esta política monetaria no puede alimentar una nueva burbuja inmobiliaria o ampliar la burbuja de deuda pública que estamos inflando. 

Los efectos de estas medidas se han notado desde el mismo momento en el que se anunciaron. Las bolsas europeas han escalado niveles de hace cuatro años y la prima de riesgo ha bajado hasta niveles del 2010. Sin embargo, estas medidas no tendrán efecto sobre la economía real hasta dentro de unos meses, si es que lo tienen. Porque el problema, ahora que el BCE se ha atrevido a hacer lo que previamente han hecho los Bancos Centrales de Estados Unidos, Japón o Inglaterra, no es ya la política monetaria, cuanto la falta de expectativas en las economías con bajo crecimiento. Es decir, de nada servirán estas medidas para España si las familias y empresas españolas no piden préstamos para aumentar su consumo o invertir. Y esto no ocurrirá mientras no empecemos a confiar en la posible recuperación, se tomen medidas de política fiscal que mejoren la renta de las familias o de las empresas y se profundicen las reformas estructurales para favorecer la competitividad de las empresas. Como de nada servirán estas medidas si los bancos españoles, más allá de la retórica de sus dirigentes, no empiezan a creer en la posibilidad de la recuperación y dan crédito a las familias y a las empresas. 

Draghi, aunque tarde, por razones de política interna del BCE, ha tomado las decisiones correctas. Ahora lo que falta es que los Gobiernos de la Eurozona, empezando por el nuestro, acierten con las suyas. Y que los bancos se despierten. 

Reindustrializar

Una de las partes de la política económica más olvidadas en los últimos años son las políticas sectoriales. En realidad, desde finales de los ochenta, los sucesivos gobiernos no han tenido documentos de orientaciones sobre las políticas sectoriales que les permitieran saber qué hacer con muchos sectores. 

Así, la política agraria española ha sido, desde 1986, una mera adaptación a la política agraria europea, sin que el Ministerio haya tenido mucho más que hacer que trasponer directivas comunitarias y luchar por el reparto de las subvenciones. Por su parte, la política energética ha estado normalmente controlada por el oligopolio de las grandes compañías eléctricas dando como resultado una de las tarifas eléctricas más altas de Europa y uno de los sistemas más caóticos del mundo industrializado. El sector turístico no ha resultado más ordenado, pues la cesión de las competencias a las comunidades autónomas ha tenido como consecuencia una competencia por el turismo de sol y playa, que, además de producir parte del boom inmobiliario, ha derivado en no pocos de los desmanes que se han cometido en la costa española en la última década. Del sector de la construcción, mejor casi no hablamos, mientras que el sector industrial ha sido el gran olvidado. 

Y es que desde que se enunciara aquella idea de que "no hay mejor política industrial que la que no existe" a finales de los ochenta, los sucesivos gobiernos han sido completamente insensibles a la necesidad de contar con un fuerte sector industrial. Un fuerte sector industrial que es el verdadero motor de cualquier economía moderna. Y ello porque es el sector con más alta productividad media, es el que mejor integra la cadena de valor, es el que más conocimiento incorpora, la principal fuente de innovación en una economía y, finalmente, porque suele generar puestos de trabajo más estables y de mejor nivel salarial medio que el resto de los sectores. Frente a la agricultura, el turismo o el comercio, el sector industrial presenta una serie de ventajas que lo hacen imprescindible para una economía del tamaño de la economía española. 

Hacer una política industrial clásica, consistente en favorecer la instalación de empresas industriales en un determinado territorio (como hizo el País Vasco o Cataluña en los noventa), no es posible en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, sí se puede hacer política industrial a partir de distintos instrumentos de política macroeconómica y sectorial. Para empezar, el Gobierno debería considerar seriamente una reducción significativa de las cotizaciones sociales, no solo para reactivar el sector industrial, una parte importante de nuestra industria desapareció en los ochenta y noventa por la deslocalización industrial debido al crecimiento de nuestros costes laborales, sino el conjunto de empleo. Por otra parte, dado que toda industria tiene su fundamento en algún invento ("patente"), bien de productos, bien de procesos, la inversión en I+D y en trabajadores de alta cualificación ha de incentivarse, ya sea con una modificación del Impuesto de Sociedades, ya sea con una ley de mecenazgo que favorezca la investigación, la Formación Profesional y las Universidades. Más aún, mucho puede hacer el Gobierno por la industria si resuelve de una vez por todas el lío energético, pues uno de los principales costes de la industria es precisamente la factura eléctrica. 

Finalmente, un sector industrial moderno ha de tener empresas en todos sus subsectores (agroalimentario, metálico, eléctrico, transporte, etcétera), industrias basadas en cada una de las oleadas de innovación que, desde la Revolución Industrial, se han sucedido. 

Pero no puede vivir solo de éstas, sino que ha de generar oportunidades para la creación y el desarrollo de empresas en sectores de futuro, tales como la robótica, las energías alternativas, las medioambientales, las biotecnológicas, las de materiales o las de ingeniería médica. 

Mucha, demasiada industria, hemos perdido en los pasados años y de ello nacen algunos de nuestros males. Quizás sea el tiempo de empezar una nueva fase de reindustrialización. 

In memoriam Gary Becker

El pasado 5 de mayo murió en Chicago Gary Becker. Supongo que para una inmensa mayoría de la ciudadanía, un perfecto desconocido. Incluso entre muchas generaciones de economistas, especialmente en Europa, tampoco era muy conocido. Y, sin embargo, para todos los que nos dedicamos a la economía ha sido un autor fundamental, cuyas ideas, aunque la inmensa mayoría no sepa que son fruto de la fértil mente de Becker, son el sustrato de no pocos de los campos más vanguardistas de la economía moderna. 

Becker inició su carrera profesoral dando clase en Columbia, al tiempo que colaboraba con el National Bureau of Economic Research, hasta que a finales de los sesenta volvió a su alma mater, la Universidad de Chicago, en la que ha estado enseñando hasta prácticamente su muerte. Enseñó economía para todos los niveles y estuvo tutorando tesis doctorales hasta muy recientemente. Incluso a sus 83 años mantenía un blog, con Richard Posner, en el que escribía sus últimas propuestas. En 1992 ganó el Nobel de Economía por sus aportaciones a la economía y su aplicación de instrumentos analíticos a multitud de situaciones sociales. Pero eso es una forma muy pobre de decir que Becker fue uno de los padres de infinidad de ramas de la economía, y el pionero en aplicar el análisis económico, basado en el principio de la racionalidad del comportamiento, a un amplio conjunto de situaciones sociales. En economía laboral fue el primero en analizar la discriminación en los mercados de trabajo, elaboró con Lewis los primeros modelos cuantitativos de flujos migratorios, analizó con Jacob Micer la dispersión de salarios y, a partir de las ideas de Shultz, elaboró la primera teoría completa del "capital humano", lo que daría lugar a una rama de la economía como es la economía de la educación, mientras que con su teoría de la distribución del tiempo sentaba nuevas bases para el análisis del trabajo. Con Stigler (también premio Nobel) desarrolló modelos de análisis político para comprender los lobbies y los sistemas de subvenciones. Con Aaron Director y Richard Posner analizó los mecanismos de la regulación y de la corrupción y desarrolló los primeros modelos de la economía del "crimen" y de los comportamientos "delincuentes". Elaboró la teoría económica de la familia y del comportamiento familiar, explicando por qué, por ejemplo, en los países desarrollados las familias tienen menos hijos que en los pobres, por qué la gente se casa con personas de su misma clase o cómo enfrentarse a un niño mal criado. Desde un análisis del suicidio, hasta por qué vamos a determinados restaurantes o qué entendemos por felicidad (rama ahora de moda), nada escapó a la feraz mente de Becker. Más que un economista matemático y cuantitativista, Becker fue un pensador fértil y creativo, con ideas que apuntaba y argumentaba con una especial capacidad lógica y un inmenso rigor. 

Conocí a Becker en Madrid en 1993, recién concedido el Nobel, y ese mismo año, invitado por la Diputación de Córdoba en el marco de los "Encuentros de Cultura Económica" (magnífica idea de Antonio Hurtado), vino a Córdoba. Gracias a él pudimos traer después a otros premios Nobel, como J. Buchanan, y pensadores como Galbraith, Olson o de Grauwe. Tuve la suerte de compartir con él los tres días que estuvo en Córdoba y establecer una relación personal que ha continuado hasta su muerte. Becker leyó y me aconsejó en mi tesis doctoral, me permitió editar en Cambridge sus trabajos, me ayudó a coordinar un libro y discutió mi investigación. 

Con Gary Becker los economistas hemos perdido a uno de los mejores de los últimos 50 años, Chicago a un fantástico profesor que "regalaba ideas", su familia y amigos a una magnífica persona que siempre se acordaba de felicitar por Navidad, y yo a un buen colega que, a pesar de ser quien era, nunca dejó de responder ningún correo electrónico y de debatir conmigo. Thank you very much, Professor Becker.

Desigualdad y crisis

Llevo años diciendo que, para que un análisis económico esté completo, es necesario incluir medidas que reflejen cómo evoluciona la distribución de la renta. Porque no se trata sólo de saber cómo y cuánto crece o decrece el PIB, sino también de para quién crece o decrece. Con medidas de distribución, que son también de desigualdad, sabríamos si una economía se va haciendo más o menos igualitaria en el tiempo, algo que es social, política y económicamente relevante. 

La desigualdad en la renta personal, la que realmente importa, en la economía española venía aumentado desde finales de los noventa, había mejorado mucho en el boom de principios de siglo y ha vuelto a empeorar gravemente con la crisis. 

La razón principal de este empeoramiento de la desigualdad en nuestro país está en el mercado de trabajo. Porque es el mercado de trabajo el primer distribuidor de renta y la primera fuente de desigualdad a través de dos mecanismos: la tasa de paro/ocupación y la distribución de salarios. La subida del paro, desde ese lejano 10% de 2007 hasta el casi 26% de este último trimestre, ha hecho descender drásticamente la renta de 3,7 millones de personas frente a los que mantienen su puesto de trabajo. Más aún, la persistencia de este paro por más de dos años ha hecho que más de 2 millones de personas hayan pasado de un salario más o menos digno a una "prestación por desempleo", para llegar a una mermada "ayuda familiar". Hay un millón incluso que, tras recorrer ese camino, han perdido toda ayuda pública y viven de sus escasos ahorros, de la ayuda de su familia y de las instituciones sociales. Por otro lado, las rentas salariales se están distribuyendo más desigualitariamente pues, mientras se mantienen relativamente estables los salarios de los trabajadores de alta cualificación, bajan los de los funcionarios (más a mayor cualificación) y, muy especialmente, los de los trabajadores sin cualificar del sector privado. La brecha entre los salarios más altos y los más bajos, el rango salarial, tanto antes como después de impuestos, ha aumentado significativamente, lo que profundiza la desigualdad en nuestra economía. 

La segunda razón por la que ha aumentado la desigualdad en la crisis está en la desaparición de casi 1,2 millones de empresas, lo que ha evaporado la riqueza de muchas familias y, con ella, la posibilidad de generar renta. La desaparición de millares de pequeñas empresas del sector de la construcción, inmobiliaria o industria auxiliar (ladrillos, puertas, fontanería, muebles, etc.) está siendo otra fuente clave de crecimiento de la desigualdad, pues depaupera a una pequeña burguesía emprendedora que sostenía una parte importante de nuestra economía. 

Finalmente, la crítica situación de las cuentas públicas, además de empeorar significativamente la distribución, por el deterioro del salario de los funcionarios y el recorte de subvenciones en muchos sectores, está impidiendo el cumplimiento de la función de redistribución que, en las economías avanzadas, tienen tanto el gasto público como la estructura de impuestos. 

Y es que, además de los problemas distributivos del gasto, las decisiones de nuestro Gobierno sobre impuestos, lejos de mejorar la distribución, la están empeorando al hacer un especial hincapié sobre la imposición indirecta. 

Si distribuyéramos las causas anteriores territorialmente veríamos por qué, en paralelo a una peor distribución personal de la renta, se está produciendo una mayor brecha entre territorios, pues aquellas comunidades, como Andalucía, con mayor tasa de paro, más porcentaje de funcionarios y de trabajadores de baja cualificación en el sector privado, y menos industria han visto caer más su renta que aquellas, como el País Vasco, que tienen menos paro, más sector privado, más obreros cualificados y más industria. 

El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta personal es uno de los efectos más graves de la crisis. Haríamos bien en ir prestándole atención, más allá de debates estériles, pues será una de las heridas de la crisis que más tardaremos en cicatrizar. 

Tres problemas europeos

No nos damos cuenta, pero la economía europea, la de los 28 países que integran la Unión Europea, es la segunda economía más grande del mundo. Es algo menos del 20% del PIB mundial, algo más pequeña que la norteamericana y mucho más grande que la economía china. Más aún, la economía europea tiene intercambios exteriores que suponen casi un 30% del total de comercio mundial. Y por estas dos variables, cuando la economía europea tiene problemas, la economía mundial tiene problemas, porque su crecimiento pesa mucho en el crecimiento mundial y porque de su crecimiento dependen economías productoras de materias primas como Rusia, Oriente Próximo, África o, en parte, Latinoamérica. De ahí que las principales instituciones económicas mundiales reclamen, cada vez con mayor intensidad, no sólo más Europa, sino mejor Europa, es decir, no sólo que se refuerce la Unión, sino que las políticas sean cada vez más europeas. 

Europa tiene varios problemas económicos graves de los que su lento crecimiento en los últimos años y el lento crecimiento previsible en los próximos años es sólo una manifestación. Creo que hay tres problemas económicos de fondo de los que los europeos debiéramos ser conscientes: la debilidad institucional, que impide tomar decisiones de dimensión europea y se agrava por la ausencia de liderazgos europeístas; el modelo de crecimiento, que está agotado; y los graves desequilibrios. 

Europa no puede hacer buenas políticas económicas mientras no superemos el diseño intergubernamental y lo sustituyamos por una verdadera unión política federal (¡qué oportunidad perdimos con la Constitución europea!) en la que un gobierno europeo tenga opciones de hacer políticas económicas para el conjunto de la Unión. Mientras creamos que Europa es un juego de suma cero en el que cada uno va a defender sus intereses y nadie defiende los intereses del conjunto no construiremos realmente Europa porque no haremos políticas europeas. Como no las hacemos, y en esto se equivoca Alemania, fijando reglas rígidas iguales para todos, pues nuestras economías no son iguales y es bueno que no lo sean. 

Europa no puede hacer buenas políticas económicas porque su modelo de crecimiento, basado en un permanente proceso de ampliación ha llegado a su límite. Una parte importante del crecimiento europeo de los últimos años se ha basado en los procesos de ampliación porque una ampliación suponía un crecimiento del consumo y de la inversión para los países que se adherían (normalmente, más pobres), al tiempo que suponía un crecimiento de las exportaciones de los países más ricos, con lo que todos crecían por el crecimiento del mercado y las economías de escala. Europa, tras la ampliación hacia el Este, ya no tiene economías interesantes a las que ampliarse, máxime cuando realmente no quiere la integración de Turquía y está claro que no puede ir más allá en Ucrania por la violenta oposición de Rusia. Europa ha de ir a un modelo de crecimiento integrado en el que realmente se construya una economía europea y unos mercados europeos o estará condenada a bajo crecimiento durante décadas. Se trata de superar el concepto de mercado único, por el que se consideró que dos mercados sin aranceles ya constituían un mercado único, para sustituirlo por un concepto más moderno por el que cualquier empresa europea es también "nuestra". 

Finalmente, Europa no hará buenas políticas económicas mientras no sea capaz de enfrentar los graves desequilibrios de fundamentos económicos y financieros que la crisis ha agravado. Pero, curiosamente, para eso se necesitaría resolver los dos problemas anteriores. 

A poco más de un mes de las elecciones europeas, creo que sería bueno que empezáramos a hablar de Europa, porque esta vez, de las personas que escojamos, va a depender el que se aborden o no los problemas reales de Europa, de los que depende, no sólo nuestra salida de la crisis, sino una parte importante de la economía mundial. Por eso, no ir a votar en las europeas no debiera de ser una opción. 

¿Deflación? No, gracias

Dentro del conjunto de variables que describen el funcionamiento de una economía hay unas un tanto especiales que llamamos equilibrios. Estas variables son, fundamentalmente, cuatro: las variaciones de los indicadores de precios, la tasa de paro, el saldo presupuestario y la posición financiera de las administraciones públicas. La particularidad de estas variables, frente a las de actividad (PIB, saldo exterior, etc.), es que decimos que van bien cuando sus valores están cercanos a cero. 

Así, lo ideal es que las variaciones de los precios estén entre el -1 y el +2, porque eso supondría que son estables en el tiempo; como lo ideal sería que la tasa de paro fuera cero, porque supondría que todo el mundo trabaja; como lo ideal es que el saldo presupuestario y la posición financiera fueran cercanas al cero, porque eso supondría que los impuestos son suficientes para cubrir los gastos públicos. Una economía tiene problemas cuando estas variables se alejan mucho del cero. 

En el frente de los precios, lo ideal es que los precios no suban más de un 1,5 o 2% anualmente y, desde luego, que no bajen de un 1%. Si los precios suben más del 2% decimos que tenemos inflación, y eso es malo porque la inflación distribuye renta entre aquellos sectores que pueden repercutirla (monopolios, sectores protegidos) y aquellos que no (trabajadores, pensionistas, etc.), y porque, en comparación internacional, todo diferencial de inflación lleva a pérdida de competitividad y a paro. Las grandes inflaciones latinoamericanas de los ochenta son una de las causas de las desigualdades en estos países, como parte de nuestro paro actual se debe al diferencial de inflación que tuvimos frente a nuestros competidores en el periodo del boom económico. La inflación es una enfermedad relativamente corriente, pero hoy, con los niveles de globalización y los instrumentos monetarios de los que dispone cualquier banco central, no es difícil de mantenerla controlada. En este siglo XXI, por ejemplo, ningún país desarrollado ha vivido inflaciones superiores al 6%, como no ha habido, en todo el mundo y en este siglo, nada más que siete economías que hayan tenido inflaciones superiores al 15%, entre ellas Venezuela y Argentina actualmente. 

La deflación, por el contrario, o sea, la caída generalizada de los precios de los bienes y servicios, es, frente a lo que pudiera parecer, una enfermedad grave, rara y peligrosa: grave, porque una caída de los precios lleva a una pérdida de ingresos de las empresas, lo que supondría una caída de su actividad y pérdida de puestos de trabajo; rara, porque en todo el siglo XX solo la vivieron las economías desarrolladas al inicio de la década de los treinta y fue lo que provocó la Gran Depresión; y Japón en los primeros noventa y le llevó a su largo estancamiento; y, finalmente, peligrosa, porque en economías abiertas no es posible atajarla con medidas estándar y lleva a una pérdida de confianza que suele tardar en curarse. 

Una inflación se cura con tipos de interés altos, que reducen el flujo monetario, y control de costes mediante flexibilidad en el mercado de trabajo, competencia en los de bienes y servicios, apertura exterior y desregulaciones. Una deflación, aunque es el fenómeno contrario, no se cura con las medidas inversas porque los tipos de interés no pueden ser negativos (¿alguien prestaría para recibir menos dinero en el futuro?), es absurdo solidificar los mercados e imposible cerrar las economías. Una deflación solo tiene una cura y es una "inyección directa" de dinero en la economía. 

Por eso, hace bien el Banco Central Europeo es estar "unánimemente preparado" (es decir, Alemania no se opone) para tomar medidas "no convencionales" (o sea, a darle a la máquina del dinero) si la economía europea entrara en peligro de deflación. Y hace bien porque una deflación sí que haría de esta crisis una crisis europea y no solo de los países del Sur. 

7 de abril de 2014 

Un buen informe, una mala politica

La última semana he leído las 436 páginas del "Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español". Un informe sobre el que se ha escrito con profusión, especialmente sobre las conclusiones de su resumen ejecutivo. Mi opinión del informe es que es un magnífico ejercicio académico, más jurídico que económico, con el que discrepo por algunas de sus orientaciones. Y es que lo criticable del informe no son tanto las conclusiones, sino los fundamentos sobre los que se asienta. Mi discrepancia no está tanto en las medidas, muchas de las cuales mejorarían el sistema fiscal actual, sino en la estrategia fiscal que subyace. 

El Gobierno le pidió a los expertos que buscaran cómo hacer un sistema fiscal sencillo, suficiente para financiar el gasto público, que colabore en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Unos criterios contenidos en la Constitución. 

Para hacer un sistema sencillo y suficiente lo mejor es un sistema que grave el conjunto de la economía y, para ello, un sistema que acerque las bases económicas a las bases fiscales. Esto supone eliminar las excepciones en las bases imponibles de los distintos impuestos y ampliarlas. Un principio cuya aplicación supone la recuperación de la "equidad horizontal" por la que hechos económicos iguales se deben gravar de igual forma. La concreción de este principio, por ejemplo, lleva a los expertos a sugerir la eliminación del sistema de módulos en el IRPF (con algunas excepciones), la actualización del cálculo de los beneficios empresariales en el Impuesto de Sociedades o a la limitación de la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas. Y, con algunos matices, con las aplicaciones de este principio estoy de acuerdo. 

Con lo que no estoy tan de acuerdo es con el tratamiento que se hace de la "equidad vertical", es decir, del principio de que a diferencias de renta debe haber diferencias de tratamiento impositivo o, lo que es lo mismo, que el esfuerzo fiscal de los que más tienen sea mayor que el de los que tienen menos. Para los expertos del Gobierno el sistema impositivo tiene una escasa incidencia sobre la redistribución de la renta, mientras que es el gasto público el que genera la redistribución. Una idea errónea como se puede demostrar con una simple simulación en Excel. El sistema fiscal tiene una fuerte incidencia en la distribución de la renta a largo plazo y la progresividad fiscal debe, en mi opinión, ser uno de sus principios inspiradores. Un segundo error del informe es considerar que los ingresos indirectos son "neutrales" a efectos distributivos, cuando es también posible demostrar que eso es cierto ex ante , pero que son regresivos ex post , es decir, para los expertos, el IVA es un impuesto sin efecto distributivo sencillamente porque el tipo que se paga es el mismo sea cual sea la renta de la persona que compra, pero lo que obvian es que el esfuerzo fiscal de cada consumidor es diferente en función de su renta. Mi tercera discrepancia con los expertos es que el modelo macroeconómico en el que se basan es un modelo antiguo en el que el nivel de desigualdad no influye en la tasa de crecimiento potencial de una economía, lo que es también erróneo. Finalmente, discrepo de los expertos, y es más puntual, en su ligero tratamiento de los efectos que las cotizaciones sociales tienen sobre el paro. Por estas cuatro razones estoy en desacuerdo con algunas propuestas, pero más con la estrategia que sugieren de subir la imposición indirecta para bajar la directa, porque su única ventaja es la estabilidad recaudatoria, mientras que se desprecian importantes efectos distributivos, económicos y sociales a medio plazo. 

En definitiva, el informe es un buen ejercicio académico que servirá de coartada para algunas medidas, pero que no deja de ser un informe que es deudor, como todos, de los objetivos y restricciones con los que se encargó. 

28 de marzo de 2014 

Parches

En el debate del estado de la nación de la semana pasada, el presidente Rajoy habló solo de economía. Casi nada dijo de verdad de política exterior (¿qué fue del problema de Gibraltar?, ¿los problemas de inmigración no son problemas de desarrollo en África?), muy poco de políticas de bienestar (¿nada hay que decir de la educación o la sanidad?), hizo de pasada una referencia a la política de justicia y no hizo ninguna a las políticas polémicas del último año. Para Rajoy, los problemas de la nación son solo dos: el secesionismo catalán y la crisis económica. Y mientras estoy de acuerdo en su política para tratar el primer problema, para el segundo creo que es necesario algo más que un discurso de triunfalismo, un anuncio de bajada de impuestos y eslogan copiado de las telefónicas. 

El discurso fue, en mi opinión, débil, pues repitió las ideas que lleva diciendo desde mayo y que se pueden resumir en una frase: la economía española está saliendo de la crisis, gracias al esfuerzo de los españoles y por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha. La conclusión lógica es que hay que tener paciencia, porque la recuperación está a la vuelta de la esquina. Y anunció dos medidas que calientan el ambiente electoral: una rebaja del IRPF y una "tarifa plana" para las cotizaciones sociales. 

De la rebaja del IRPF, un mero anuncio efectista, poco se puede opinar hasta que leamos la letra pequeña y la enmarquemos en la "gran reforma" fiscal que nos augura el informe de los "expertos". Aunque mucho me temo que, por razones electorales, será una reforma incompleta. 

De lo que sí hay mucho de lo que hablar es de la "tarifa plana" de 100 euros en las contingencias comunes de las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa. Una medida vendida como una bomba y que tendrá, en mi opinión, un efecto limitado por tres razones: porque es una bajada temporal de cotizaciones (prorrogable según el Gobierno), por solo dos años para empresas medianas, tres para microempresas, y para contratos que se hagan este año; porque es para contratos indefinidos, los contratos a los que temen los empresarios por los costes de despido; y, en tercer lugar, porque solo pueden acceder a ella las empresas que no hayan tenido ningún despido improcedente en los últimos años, y eso son muy pocas empresas porque es muy usual pactar despidos improcedentes. En definitiva, una medida que busca mejorar en lo que sea las cifras de paro, pero que es un parche, uno más, para el mercado de trabajo. 

Lo positivo de los dos anuncios es que parece que el Gobierno se empieza a dar cuenta, dos años y medio después, de que es necesario hacer una reforma fiscal de calado, algo más que subir los tipos de IVA y de IRPF, porque con la estructura de impuestos que tenemos no solo no se recauda lo que se debe por el fraude, sino que la carga se reparte mal e injustamente. El problema es que mucho me temo que no se atreva a hacer una verdadera reforma que, además de tocar el IRPF y Sociedades, reduzca a la mínima expresión ese impuesto indirecto que son las cotizaciones sociales. Creo, por lo que se va anunciando, que lo que se nos va a vender no sea una reforma impositiva auténtica, sino nuevos parches. 

Pero lo realmente negativo es que el Gobierno sigue sin darse cuenta que hay reformar en serio la parte del gasto. ¿O es que toda la reforma del gasto es bajarle el sueldo a los funcionarios y paralizar la obra pública? Creo que en esto andan, incluso, parcheando más que con los impuestos. 

Y no es una política fiscal de parches lo que necesita una economía en su sexto año de crisis, con 6 millones de parados y una deuda pública rozando el 100% del PIB. 

Argentina, de nuevo

En todas las facultades de economía del mundo debiera ser obligatorio estudiar la economía argentina. Y no por lo brillante de su desarrollo, sino por la cantidad de errores de bulto que son capaces de acumular, empezando por una simple mentira estadística de mucho calado, siguiendo por una política fiscal que les lleva a la quiebra y por una política intervencionista que hace imposible salir de su círculo vicioso de estancamiento. Argentina tenía, hace solo medio siglo, más renta per capita que España y hoy tiene menos de la mitad de la española. 

El primer error grave que vienen cometiendo los argentinos es de manipular las estadísticas. En 2007, el Gobierno del presidente Kischner decidió que en vez de elaborar el IPC siguiendo los criterios internacionalmente aceptados, lo iban a sustituir por un indicador de precios oficial, siguiendo criterios políticos. Los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional y terminando por medios como The Economist, protestaron por el apagón estadístico, pero de nada sirvió. El Gobierno argentino pretendió con el cambio aminorar la carga de su deuda pública (en vez de controlar su déficit), ya que al manipular el índice de precios, reduciéndolo, se controlaba el tipo de interés, con lo que se reducía el coste de la financiación. Por otra parte, si el índice no pasaba de un determinado nivel, alrededor del 10%, no se incurría en la penalización de revalorización del principal de la deuda a la que se había comprometido el Gobierno. Penalización a la que se comprometieron porque, en teoría, evitaba la tentación, en la que han caído, de una inflación alta. Finalmente, se tomó la decisión para vender la reducción de la pobreza como un éxito del gobierno, pues el índice de pobreza en la Argentina se calcula a partir de descontar la tasa de inflación "oficial" de los salarios monetarios, lo que ha dado como resultado que, durante la presidencia de la señora Fernández de Kischner la pobreza se haya reducido, de manera "oficial", en más de 12 puntos. 

La consecuencia de la mentira estadística, no solo en el IPC sino en todas las variables, ha sido la absoluta pérdida de credibilidad de la política económica. Por eso, Argentina es una economía imprevisible, de alto riesgo, excluida de los mercados financieros internacionales, con graves problemas de financiación y de gestión, lo que les lleva a tomar decisiones arbitrarias como la expropiación de YPF (con lo que pretendían apañar un problema de déficit público), la prohibición de importaciones superiores a 50 dólares o un sistema fiscal expropiatorio para algunos sectores. Con estadísticas falsas y una inflación real de casi el 30%, la situación económica es caótica. Los precios de los productos importados se elevan continuamente, lo que genera problemas de balanza de pagos, que el Gobierno pretende limitar con prohibiciones de importación absurdas, lo que genera escasez y nuevas subidas de precios. Por otra parte, los productos argentinos son cada vez menos competitivos exteriormente, lo que genera nuevos problemas de balanza de pagos que no pueden financiar, salvo emisión de moneda. La espiral inflacionista no ha hecho nada más que empezar (como ocurrió en Venezuela hace tres años) y, además de repartir renta a favor de aquellos sectores que tienen poder sobre los precios haciendo su distribución más desigualitaria (parece mentira que no aprendieran eso de los ochenta), genera pobreza y paro en el medio plazo. Lo que les lleva a la mentira estadística sobre el paro (que también amañan) o, como vienen haciendo desde hace años, en el PIB. Los argentinos, abocados a una crisis por el funcionamiento de su economía, se precipitan en ella porque no saben ni siquiera qué está ocurriendo. 

Gestionar estadísticas falsas tiene como resultado una política económica absurda. Es como apañar pruebas médicas. Puede uno hacerse la ilusión de que nada pasa, pero la enfermedad sigue su curso. Y, en el caso de la Argentina, su enfermedad se llama crisis.