El nuevo gobierno económico

Tras el debate de investidura y la toma de posesión del presidente y de los ministros volvemos a tener Gobierno. Porque desde el verano andábamos en una provisionalidad e indefinición exasperantes. El Gobierno Rajoy es, en principio, un gobierno sólido y compacto. Viendo las biografías de los ministros se observa que los criterios de selección de Rajoy son diferentes de los de Zapatero. El equipo que ha compuesto Rajoy parece, a priori, preparado, equilibrado y orientado a un par de objetivos muy claros. Los objetivos que Rajoy presentó, dentro de un tono épico, en su discurso del debate de investidura fueron simples: luchar contra la crisis, haciendo los ajustes y reformas que sean necesarios, desde los presupuestos del Partido Popular y cumpliendo los compromisos adquiridos. Para alcanzar estos objetivos, este Gobierno cuenta con la legitimidad de su mayoría absoluta en las Cortes y en una mayoría de las comunidades autónomas. Una legitimidad que, además, se complementa, con la ausencia de "deudas" previas de Mariano Rajoy. Rajoy será, seguramente, el primer presidente que no debe nada porque en su ascenso no tuvo ayuda concreta de ningún grupo de comunicación, de ningún grupo de empresarios, ni de ningún grupo social (empezando por la Iglesia jerárquica). Ni siquiera tiene deudas con Aznar y, mucho menos, con el ala derecha de su partido. 

Teniendo esto en cuenta, que no hay vicepresidencia económica, que las responsabilidades de la política económica las ha dividido y que la orientación de política exterior está focalizada en Europa, ¿qué es esperable del Gobierno en política económica en los próximos meses? En principio, parece que Rajoy comprende perfectamente que la salida de la crisis exige trabajar en tres direcciones confluyentes: una dirección exterior centrada en la construcción de nuevas instituciones de la zona Euro, según el acuerdo del pasado 9 de diciembre, y para la que Rajoy cuenta con García-Margallo; una dirección de reforma de nuestra administración pública, empezando por el cierre del modelo autonómico, por lo que ha unido Hacienda y Administraciones Públicas, que ha encargado a Cristóbal Montoro; y una dirección de reformas, empezando por el sistema financiero y el mercado de trabajo, cuya responsabilidad recae en Luis de Guindos. Con estas orientaciones estratégicas y este equipo, lo esperable es un plan de acción razonablemente claro y formalizado, con objetivos y plazos, que se concretará dentro de tres o cuatro meses, justo cuando pasen los días de cortesía de la prensa, las elecciones andaluzas y los nuevos cargos hayan tomado el control de sus departamentos. De cualquier forma, la visita a Berlín y París y la próxima cumbre europea de enero serán las primeras señales de Rajoy de nuestra nueva política económica. Por su parte, en el mismo discurso de investidura hizo una primera jugada, que determina un curso de acción, pues al darle a Javier Arenas para las próximas elecciones en Andalucía la baza de la subida de las pensiones, se obligó a congelar el sueldo de los funcionarios, so pena de incumplir los acuerdos con Bruselas, con la justificación de la prórroga de los presupuestos. Como la elaboración de estos presupuestos es obligada, Rajoy aplazó hasta después del verano, y con menos incertidumbre política, el presentar un plan de reforma administrativa y fiscal que necesitamos. Finalmente, y aunque ha puesto fecha del 7 de enero a una reforma laboral pactada, Rajoy sabe que ésta es improbable porque los empresarios prefieren una reforma impuesta, que no podría estar en el BOE hasta- mediados de abril, aunque su debate generaría la sensación de que se está haciendo algo. También para finales de abril se han debido despejar las incógnitas del sistema financiero. 

Así pues, tenemos Gobierno. Hay, en principio, orientaciones claras de lo que hay que hacer y gente con capacidad para hacerlo. Tenemos señales, pues, de esperanza. Ahora lo que queda es esperar unos meses para ver en qué se van concretando. Entonces veremos si la esperanza se transforma en soluciones. 

El cambio en Europa

Mientras los españoles estábamos de puente, en Bruselas, Merkel, Sarkozy y, sin quererlo, Cameron, cambiaban Europa. Porque el acuerdo del 9 de diciembre es un acuerdo que pone las bases de un gobierno diferente de la UE, más unitario, especialmente en el ámbito económico, y que afectará, en principio, a los 17 países de la Zona Euro, y a todos aquellos que se sumen al acuerdo. La vía escogida ha sido la de un nuevo Tratado por el que los países de la Zona Euro se comprometen a una mayor disciplina fiscal y coordinación de las políticas económicas, lo que significa el establecimiento de topes de déficit público y deuda pública, así como la armonización fiscal de algunos impuestos, la coordinación de las políticas económicas (en especial, las de mercado de trabajo, de energía y de sistema financiero) y la supervisión del cumplimiento de estas medidas por parte de todos, de tal forma, que los incumplimientos se sancionen automáticamente. En definitiva, se establecen las bases de un gobierno económico europeo, al menos para los 17 del euro, con reglas que es necesario cumplir. Los países que ya cedieron la soberanía en política monetaria ceden así una parte de su soberanía fiscal y se comprometen a articular una política económica convergente. 

El acuerdo, al que, en principio, se han sumado todos los países menos el Reino Unido, supone un paso adelante y en la dirección correcta para Europa. Es un paso adelante porque se despejan las dudas sobre la viabilidad de la Zona Euro. Con este nuevo Tratado se subraya que Europa es consciente de que el euro es el viejo marco alemán ampliado, aunque menos fuerte, y que Alemania, y con ella el resto de las economías europeas, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar al euro haciéndolo tan creíble como lo fue el marco. Aunque con ello tenga que "alemanizar" al conjunto de la economía europea, empezando por Francia. Este acuerdo no despejará los problemas de la deuda de muchos países en el corto plazo, porque la base de estos problemas sigue existiendo, pero sí los estabilizarán, porque a medida que se vaya concretando irán desapareciendo las incertidumbres. Además, la mera existencia del acuerdo permite una cierta mayor flexibilidad en la política del Banco Central Europeo. 

En segundo lugar, el nuevo acuerdo es un paso adelante porque el modelo de política económica que está implícito en él, de rigor presupuestario y de estabilidad fiscal, es, en mi opinión, el más adecuado a largo plazo para Europa. Discrepo profundamente de los economistas, empezando por el Nobel Paul Krugman, que abogan por una expansión fiscal en las economías europeas porque olvidan las profundas diferencias estructurales entre Europa y los Estados Unidos. Hacer una expansión fiscal descoordinada e independiente conlleva el riesgo de que los irresponsables nunca paguen y chantajeen a los países serios por compartir su moneda. Sentada esta base, un gobierno económico europeo sí podría hacer una expansión fiscal del conjunto, esta vez sí, financiada con eurobonos.

Finalmente, el nuevo acuerdo es un paso adelante y en la dirección correcta porque el modelo de Europa que hay en él es el modelo continental de mayor integración económica, con reglas estables y comunes, lo que posiblemente nos haga avanzar hacia una mayor integración política. 

El acuerdo alcanzado es, en mi opinión y con matices, una buena noticia. Aunque un europeísta como yo hubiera preferido que el acuerdo hubiera sido un pacto de fondo para reformar los viejos Tratados, en la senda hacia una Constitución que rebajara el papel de los Estados, y una mayor concreción en algunos aspectos, el hecho es que, al menos, se ha alejado el peligro de una explosión de Europa. Lo que es, en los tiempos que corren, una magnífica noticia. Y más sabiendo que los británicos no podrán hacer más de lo que han estado haciendo desde que entraron: dinamitarla desde dentro. 

Más, mucha más, Europa

Si uno atiende sólo a las declaraciones oficiales de los líderes europeos o a las noticias de prensa, especialmente la salmón, diciendo que la zona Euro está "al borde del abismo", esperaría encontrarse, en los datos financieros, unas cifras catastróficas. Sin embargo, cuando acudimos a ellas nos encontramos que la situación de la zona Euro en su conjunto no es, ni por dónde, un desastre. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública bruta de Japón es del 230% de su PIB y la de Estados Unidos es del 100,2% frente a la de la zona Euro que está en el 80%. Si hacemos la comparación en niveles netos tenemos que Japón tiene un 130,59% de deuda pública neta sobre PIB, Estados Unidos un 72,61% y la zona Euro no llega al 65%. Si hacemos la comparación sobre la deuda global o la deuda exterior, los resultados son similares. ¿Por qué, entonces, las tensiones de deuda europea en los mercados financieros? ¿Por qué los norteamericanos financian su deuda sin problemas y a algunos países europeos nos están castigando tanto los mercados? 

La respuesta de fondo es sencilla. Porque la zona Euro no es un país con una economía integrada como lo son los Estados Unidos o Japón, sino la suma de diferentes economías, con una moneda común, pero con gobiernos y marcos institucionales diferentes. Dicho de otro modo, los mercados financieros están huyendo de los bonos europeos, también de los alemanes, porque la zona Euro tiene unas expectativas de salida de la crisis menores que la de los Estados Unidos o Japón. Y esas expectativas de una crisis más larga en Europa, tienen su raíz en tres problemas estructurales de la Unión Europea. 

El primero es el complicadísimo sistema de toma de decisiones de la Unión. Un sistema complejo en el que conviven tres instituciones de gobierno (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo) con los gobiernos de cada país y los grupos de países que participan en según qué decisiones. De este sistema, articulado jurídicamente según tratados entre iguales, se deducen situaciones como la que se está viviendo esta semana en la que decisiones tomadas en ¡marzo! son puestas en cuestión nueve meses después, o que decisiones ¡urgentes! tomadas en octubre, no tendrán concreción hasta mediados del próximo año. La Unión Europea no necesita ya más tratados, sino una verdadera Constitución de un cuerpo político común con un Gobierno europeo real. Un gobierno que pudiera, en el ámbito económico, recaudar impuestos, gastar en políticas comunes, emitir eurobonos y regular la economía en su conjunto con mecanismos coercitivos. 

El segundo problema es de gestión de la crisis. Aun con las instituciones europeas actuales hubiera sido posible otra política económica. Así, para minimizar la crisis actual, hubiera bastado con que el gobierno alemán hubiera tenido una posición menos dogmática en el papel del BCE, o que hubiera permitido la emisión de deuda pública con garantías solidarias del conjunto (eurobonos). Con la contrapartida, eso sí, de una mayor responsabilidad por parte de todos los gobiernos. La crisis económica tendría una más rápida solución si las políticas económicas nacionales fueran una derivación de un marco de política económica común. La suma de intereses individuales no da, necesariamente, un interés común. De la misma forma que la misma política económica no da los mismos resultados en todas las economías. 

El tercer y último problema es la ausencia de flexibilidad en la economía europea. Europa es, aún y a pesar de la moneda única, economía no integrada, con miles de regulaciones nacionales y subnacionales que generan rigideces e impiden la competencia en los mercados de bienes y servicios y la movilidad de factores de producción. 

En definitiva, Europa necesita, en mi opinión, para salir de la crisis, ser más, mucho más Europa. El problema es que esto sólo lo vemos una minúscula e infinitesimal minoría de los que habitamos este viejo continente. 

Elecciones

Las elecciones generales que celebraremos la semana que viene son, en mi opinión, casi irrelevantes para los problemas que tenemos en el momento histórico que vivimos. No sólo porque el resultado está decidido desde hace meses, sino porque la naturaleza de los retos es tal que ni los candidatos son los más adecuados, ni los programas responden nada más que a los síntomas de los problemas. Volvemos a tener candidatos de segunda en cuanto a capacidades de análisis, visión y liderazgo, sucedáneos de los verdaderos líderes de sus formaciones, de la misma forma que nos están vendiendo programas electorales suma, uno, de ambigüedades calculadas de sobremesa en un restaurante, y de concreciones superficiales sacadas de una asamblea de indignados, el otro. 

No nos damos cuenta, pero nuestro futuro, la solución a nuestros problemas de financiación, crecimiento, paro, articulación territorial, sanidad o educación no se está jugando en estas elecciones, sino en Europa. Es ahora y en Italia donde nos jugamos nuestro crecimiento económico de los próximos años y con él parte de la solución del problema del paro. Hoy, la solución o no que se le dé a Italia o a la banca europea es más importante para nuestro problema financiero de los próximos meses que el signo del partido que gobierne España a partir de unas semanas. Porque los 800.000 millones de euros que vencen el año que viene a los países de la Unión, o los 126.000 millones que les vencen a los agentes económicos españoles, son más determinantes para las decisiones inmediatas de nuestro futuro gobierno que la ideología que tenga, las siglas que represente o lo que haya prometido en la campaña. 

Más aún, si se le diera una solución institucional seria a Europa (como la que ya se está hablando entre Berlín y París) con modificaciones de los Tratados, cargáramos de contenido la presidencia del Consejo y al representante de Asuntos Exteriores, creáramos un superministerio de economía e hiciéramos una armonización fiscal en la zona euro, la cesión de soberanía que esto implica sería tal que los debates institucionales que tenemos carecerían de sentido. La reforma constitucional que tendríamos que hacer haría que el debate autonómico tuviera unos perfiles radicalmente diferentes. La crisis está tensionando tanto las arquitecturas institucionales que nos hemos dado que están aflorando las profundas contradicciones sobre las que las hemos construido. Dicho de otro modo, los europeos no podemos querer salvaguardar intereses nacionales o apostar por autonomía política o independencia regionales y querer ser, al mismo tiempo, interlocutores de China o Estados Unidos en el concierto mundial. Más aún, creo sinceramente que, en este marco, o abandonamos ideologías nacionalistas trasnochadas (tanto regionalistas como españolistas) para ser europeos cosmopolitas (a lo Ulrich Beck) o estamos abocados a un amargo declive y fracaso políticos. 

Y de cómo manejemos la situación financiera y económica a nivel europeo y de qué arquitectura institucional nos demos para gobernarnos en el futuro dependerán nuestras políticas sociales, empezando por la educación, la sanidad, la seguridad social o la dependencia. ¿O alguien piensa que no habrá cambios en nuestras políticas sociales, como ya los empieza a haber, si tenemos un superministerio europeo de Hacienda con armonización fiscal? ¿No debiéramos estar debatiendo, por ejemplo, qué contenidos, estrategias didácticas y sistemas organizativos eficientes tendríamos que estar montando para que nuestros hijos vivan y puedan trabajar en un mercado de trabajo europeo en vez de fijarnos en un "y-tú-recortas-más"? 

El problema financiero, la política económica, la política exterior, la arquitectura institucional, el debate ideológico, las políticas sociales... todo esto se está jugando en Europa estos meses, no en nuestras elecciones de esta semana. Ante esto, la campaña electoral es, en mi opinión, una manifestación de la superficialidad de nuestra política. Una política en manos de expertos en telegenia. 

Quizás, por eso, estas elecciones son poco relevantes para nuestro futuro. Porque lo relevante es quién tenga el poder en Berlín y París y no tanto quién lo tenga en Madrid. 

Salvar al sistema bancario

En la semana pasada se han producido dos noticias muy relevantes para la economía española que son casi repetición de lo que viene ocurriendo desde el inicio de la crisis: la celebración de la enésima Cumbre Europea, con su carga de precipitación y esterilidad, y la publicación de las cifras de paro, que, al alcanzar los 5 millones de parados, sólo refleja la profunda crisis económica y social que vive España y la ausencia de una adecuada política económica. 

La Cumbre Europea, la "enésima cumbre de solución definitiva", se saldó con lo que era evidente: con el reconocimiento de que el sistema financiero europeo tiene problemas, que es necesario sanearlo y que, para ello, hay que abordar el problema de la deuda soberana y los de regulación bancaria. 

La necesidad de sanear el sistema bancario europeo, y hacerlo ya, radica en el hecho de que la economía europea no puede volver a crecer sin él, ya que de él depende toda la financiación de las familias y una parte de la financiación de las empresas. Sanear el sistema bancario, equilibrar sus balances y que tenga cuentas de resultados positivas, es condición necesaria para volver a crecer, porque así será efectiva la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Sanear los bancos (y cajas) es, pues, condición necesaria, aunque no suficiente, para salir de la crisis. 

Para sanear el sistema bancario europeo hemos de tener una política fiscal de ajuste por dos razones: porque así la deuda pública que tienen los bancos no se deprecia, por lo que tienen que buscar menos capital para equilibrar sus balances y recuperar sus cuentas de resultados; y porque, al emitirse menos deuda pública, hay más financiación disponible para las empresas, motores de la inversión, con menores tipos de interés. 

Hasta aquí, y con matices, se podría estar de acuerdo con lo tratado en la cumbre del miércoles. Sin embargo, sus resultados son, además de tardíos por la permanente duda alemana y la incapacidad francesa, muy discutibles porque, en mi opinión, lo acordado no reestructurará correctamente el sistema bancario europeo, al tiempo que lo acordado no está pensado como parte de un marco general de política económica para Europa que la saque de la crisis. 

Lo acordado no reestructurará correctamente el sistema bancario europeo porque, siendo grave, no es la deuda soberana el único problema que tiene la banca europea (tiene aún una inmensa cantidad de activos tóxicos inmobiliarios americanos y españoles), ni las reglas contables que se han fijado son las mismas para todos (¿qué pasa con las provisiones genéricas españolas?), ni son estables (¿qué fue de Basilea III?), ni de esta forma se construye un auténtico sistema bancario europeo más allá de la suma de los sistemas de cada país. Las autoridades de supervisión y regulación nacionales (en España, el Banco de España) y europeas (la Autoridad Bancaria Europea) están haciendo un pésimo trabajo del que deberían dar cuentas con muchas dimisiones. El permanente parcheo en este tema, los sesgos regulatorios según nacionalidades, la ausencia de un ambicioso plan de reordenación europeo, harán que la crisis se alargue y que veamos más cumbres en las que se vuelvan a abordar estos temas. 

Y, siendo esto grave, lo peor de esta política es que es una política de permanentes improvisaciones, no parte de un plan de política económica claro y creíble para Europa a medio plazo. 

Me temo que los políticos europeos a fuerza de defender solo sus intereses nacionales, de pensar en el corto plazo y de no ver más allá que lo evidente abordan tan mal los problemas que la crisis será más amplia, profunda y larga de lo que podría ser si tuvieran, por una vez, una idea de cómo controlar los acontecimientos, si supieran cómo liderar su parte del mundo. 

Lo descorazonador, sin embargo, de la Cumbre es que es la enésima ratificación de la ausencia de liderazgo en Europa y, lo malo, es que 5 millones de parados españoles solo pueden cambiar a uno de ellos, no a todos. 

Políticas de ajuste

La política económica que estamos sufriendo, y la que vamos a sufrir en los próximos años gane quien gane las próximas elecciones, tiene dos líneas esenciales que, en expresión de Fuentes Quintana, se podrían llamar "de ajuste" y "de reforma". 

Las políticas de ajuste son aquellas que tienen como objetivo reducir la capacidad productiva o acompasar precios para adaptarlos a las nuevas condiciones económicas. Así, cuando decimos que una empresa o una administración pública se ajusta, lo que estamos diciendo, normalmente, es que reduce producción, cambia su estructura de precios, modifica condiciones laborales y/o reestructura plantilla. Del ajuste de las empresas en un sector depende el ajuste global del sector. Del ajuste de cada uno de los sectores depende la estructura sectorial de una economía, lo que condiciona sus posibilidades de crecimiento. 

La necesidad de realizar ajustes en la economía española era evidente desde antes de la crisis. Teníamos un sector de la construcción excesivo con una capacidad productiva de casi 800.000 viviendas anuales y baja productividad. Como teníamos un sector financiero también excesivo, pues éramos el país desarrollado grande con más oficinas bancarias por 1.000 habitantes. De igual forma, nos estábamos dando un sector público excesivo, no tanto en servicios básicos de sanidad, educación o atención social, como de estructura político-administrativa. Y, junto a esto, tenemos un débil sector industrial, un mal regulado sector energético y un decadente sector agrario. A todo esto, el tamaño relativo de las empresas e instituciones, así como el funcionamiento de los mercados en cada uno de estos sectores, determinaba un bajo crecimiento de la productividad, una formación de precios inflacionaria y, en no pocos casos, una concentración territorial poco adecuada. La carencia de políticas sectoriales, la cesión de competencias a las comunidades y una pésima gestión, como la del ministro Sebastián, han sido los causantes de este caos sectorial. 

Por su parte, la necesidad del ajuste de las administraciones públicas, que empezó con la bajada del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones, es también evidente. Y el indicador clave es el déficit de todas ellas. Hoy todas las administraciones públicas están despidiendo interinos o reduciendo sus pagos. El Gobierno central ajusta los presupuestos de defensa y pensiones, mientras que las comunidades autónomas ajustan en sanidad y educación y los ayuntamientos en todas sus actividades. 

La necesidad de una política de ajustes general es, pues, indudable. Lo que no se está diciendo es cómo hacerla, pues una política de ajustes se puede hacer de una forma relativamente ordenada, pensando en el futuro, o, como se está haciendo ahora, desordenada y caóticamente, de lo que resultará una composición sectorial e institucional que lastrará nuestro crecimiento a largo plazo. Y dos botones de muestra son suficientes para sostener lo que digo. En el sector financiero se está produciendo una concentración de tal forma que dos o tres entidades tendrán el control del mercado: la suma del Santander más BBVA es casi tanto como el resto de entidades por activos. Esto, que puede parecer ahora lógico, tendrá para el futuro unas implicaciones que habría que pensar. ¿Sería bueno tener en España entidades financieras tan grandes que la quiebra de una de ellas suponga la quiebra del país? ¿Sería bueno tener tal concentración de poder económico que se derive en político? Si las dos respuestas son que no, el ajuste bancario que tendría que hacerse no es, desde luego, el que se está haciendo. De la misma forma, ¿es en educación donde han de hacerse los recortes en el gasto de las administraciones? ¿Queremos condicionar el crecimiento futuro reduciendo la inversión en capital humano? Si las dos respuestas son también que no, me temo que el ajuste que se está haciendo no es el adecuado. 

Que hay que ajustar está claro, el problema es que nuestros políticos no son conscientes de dónde, ni cómo hacerlo. Y ser inconscientes en este tema nos puede costar demasiado para nuestro futuro.

Nuestra crisis en perspectiva

La actualidad es tan rica en acontecimientos que se necesitaría un periódico casi infinito, borgiano, para hacer un breve comentario sobre lo que ocurre. La coyuntura es tan apasionante que hay cientos de temas a los que dedicarles un artículo. Sin embargo, en medio de la vorágine, creo necesario hacer un alto para mirar nuestra crisis serenamente y tratar de ordenar lo que sabemos de ella. Porque la crisis económica española tiene varias perspectivas desde las que analizarla que se reflejan en las conversaciones y en los periódicos. Varias perspectivas que se relacionan y se mezclan, por lo que los debates sobre la crisis son caóticos, carentes de conclusiones. 

La crisis española es, en primer lugar, una crisis económica, de actividad. La tasa de crecimiento es muy débil y lo seguirá siendo los próximos años. Por el lado de la oferta, tenemos dañados casi todos los sectores, lo que significa que la mayoría de nuestras empresas tienen problemas. Aquellas empresas cuya demanda depende del crédito al consumidor (construcción o automóviles) tienen dependencia de las administraciones públicas (obra civil o actividades subsidiadas) y su actividad no es comercializable exteriormente están sufriendo una profunda crisis que las aboca al ajuste de empleo y, a veces, al cierre. 

Por el lado de la demanda, la situación no es mejor porque una parte importante de las familias españolas, la mayoría de clase media, están altamente endeudadas, mientras que el paro se está cebando en las de clase media baja, por lo que la renta disponible familiar, tras el pago de impuestos y de deuda, está estancada o se ha reducido. Como tienen expectativas de empeoramiento aplazan decisiones y minimizan el consumo. Y sin crecimiento del consumo, se paraliza la inversión, y con ella, la creación de empleo, dando como resultado bajo crecimiento. Las malas expectativas lastran nuestro crecimiento. 

La crisis española es, en segundo lugar, una crisis financiera. La economía española es la tercera más endeudada en términos relativos del planeta: casi el 350% del PIB. Esta cifra implica un sobreendeudamiento de unos 50 puntos del PIB que hay que reducir. Esta reducción puede hacerse mediante al aumento del ahorro (lo que reduciría la tasa de crecimiento y alargaría este ajuste) y/o impulsando el crecimiento (lo que implica a corto plazo ¡más endeudamiento!). De momento, el ajuste financiero se está haciendo caóticamente, sin un plan. El problema es que, además, dependemos de la financiación exterior, lo que hace que nuestra situación esté, hoy, en manos de los mercados internacionales. Sin una política financiera creíble no es posible generar expectativas de crecimiento. 

La crisis española es, en tercer lugar, una crisis social. La tasa de paro española es superior al 20%, o sea, que casi 5 millones de personas quieren trabajar y no pueden. Además, muchas de ellas agotarán pronto su prestación pública, lo que generará pérdida de renta de las familias, especialmente las más desfavorecidas. Como, además, la Ley de Dependencia no se aplica, muchas familias se verán en situaciones límite. La situación social se deteriora también por falta de expectativas. Aumenta la marginalidad, la delincuencia, las drogodependencias, los malos tratos, etc. Vivimos un deterioro social y eso que no metemos, aún, la xenofobia en la ecuación. Hay que analizar seriamente el impacto social de las medidas contra la crisis. 

Finalmente, la crisis española, es una crisis política. La gobernanza difusa, en la que prima la territorialidad sobre la racionalidad, con demasiados intereses superpuestos y con debates superficiales e ideologizados "políticamente" correctos, ha dado como resultado unas instituciones redundantes e insostenibles que están llenas de políticos mediocres, cuando no corruptos, que toman decisiones erróneas. La crisis española es, a tres años de su inicio, también, fruto de nuestras instituciones y de la incompetencia de nuestra clase dirigente. 

Lo siento, pero la situación es grave y compleja. Necesitamos una reflexión seria y unas reformas profundas. Algo que, me temo, ni el ambiente ni las circunstancias permiten. 

Una política monetaria global

La semana pasada, los principales bancos centrales del mundo realizaron una acción coordinada para salvar de la quiebra al sistema financiero europeo, y con él, el del planeta. Una acción coordinada que tiene múltiples lecturas y que, en mi opinión, es necesario explicar, porque me da la impresión que, a fuerza de debatir de política fiscal (la más "política" de las políticas económicas), la opinión pública se olvida de la política monetaria, otro de los pilares de la política económica. 

La actuación de los principales bancos centrales en esta crisis es ahora bastante sensata. Después de haber sido uno de ellos (la Reserva Federal norteamericana) uno de los principales culpables de la crisis financiera por su pésima regulación, escasa supervisión de su sistema (error en el que no es el único culpable) y una política monetaria con tipos de interés reales negativos, el conjunto de los bancos centrales está haciendo, con no poca dificultad y no exento de matices, un buen trabajo. 

Un buen trabajo que consiste en hacer masivas emisiones de dinero que prestan a los bancos. Los bancos, a su vez, van refinanciando los vencimientos de la deuda que habían acumulado, al tiempo que van prestando este dinero a los Gobiernos, para así hacer que su balance, muy "contaminado" por los préstamos al sector privado y a algunos gobiernos de alto riesgo, vaya haciéndose más seguro. 

Todo ello a unos bajos tipos de interés, cercanos al cero, para que, a pesar de la absorción de impagados de los viejos préstamos, los bancos tengan beneficios, de tal forma que vuelva a haber confianza en el sistema bancario. Un sistema que es básico porque, además de ser el que iguala el ahorro con la inversión, es el trasmisor de la política monetaria hacia el sector privado. Sin un sistema financiero sólido, solvente y eficiente, no es posible que la política monetaria sea eficaz, o sea, que llegue a las familias y empresas y se reactive el consumo y la inversión. 

Sin embargo, las dudas sobre esta política no son pocas, sobre todo porque se está salvando a un sistema, el bancario, sin reformarlo en profundidad y sin pedir responsabilidades a los gestores que se han aprovechado de él. Es necesario salvar al sistema financiero, pero no sin exigir una nueva regulación de su actividad y una mayor supervisión y, desde luego, pidiendo responsabilidades y limitando los escandalosos salarios de los que han disfrutado muchos de sus directivos. Más aún, se está lanzando, como se está haciendo con la política fiscal, un mensaje erróneo a los agentes: dada la necesidad y las interrelaciones del sistema y la ausencia de responsabilidades, parece que no importa lo que hagan, porque se va a tratar igual a los que se portaron bien que a los que lo hicieron mal. 

Por otra parte, la acción de la semana pasada fue toda una lección de política económica global con no pocos significados. En primer lugar, porque los bancos centrales demostraron fortaleza institucional e independencia al no gestionar por intereses nacionalistas o electoralistas, evitando el recurso fácil a una guerra de divisas que hubiera perjudicado la recuperación mundial. En segundo lugar, porque se demostró que, ante una crisis global y en mercados globalizados, la solución empieza por ser global: la suma de soluciones parciales no da como resultado una buena solución para todos (algo que deberíamos aprender en Europa). En tercer lugar, porque la política monetaria demostró, una vez más, su rapidez ante las dificultades. 

De cualquier forma, no debemos confiarnos, porque la política monetaria es un instrumento rápido, pero no es la solución a los problemas estructurales de la economía mundial ya que su efecto es limitado en el medio plazo y porque un exceso genera también problemas, especialmente, inflación. 

Así pues, un aplauso, y sin que sirva de precedente, a los bancos centrales. Ahora lo que hace falta es hacer bien y rápido todo lo demás. O sea, casi todo. 

Regla fiscal y constitución

La crisis económica no ha tomado vacaciones. El mes de agosto ha sido muy movido, tanto, que los gobiernos no han parado, manteniendo el ritmo de los meses anteriores. El nuestro, fiel a su estilo, ha improvisado incluso una reforma constitucional express para limitar el déficit público que ha generado, como siempre, más ruido político que efectos económicos. 

La idea de constitucionalizar una regla fiscal de limitación del déficit y/o de la deuda (propuesta del Nobel James Buchanan en los 80) tiene como objetivo dar credibilidad a la política fiscal, pues, de cumplirse, impide derivas demagógicas hacia el déficit a las que son propensos casi todos los políticos, al tiempo que limita la tendencia de las burocracias públicas a su permanente crecimiento (según el modelo de Niskanen en 1971). Limitar constitucionalmente el déficit da consistencia a la política fiscal a corto plazo porque impide el exceso de gasto cada año, mientras que limitar la deuda es una forma de asegurar la financiación a largo plazo porque, sobrepasado el límite, el déficit se tiene que convertir en superávit. Una regla fiscal doble, sobre déficit y deuda, consolida, de cumplirse, la reputación de la política fiscal, derivándose no pocos efectos económicos beneficiosos, empezando por una financiación más barata para la economía y una mayor eficacia en el gasto y en la recaudación. En el fondo, además de reflejar una desconfianza sobre la responsabilidad de los políticos, es una regla que garantiza la sostenibilidad de lo público a lo largo del tiempo, al impedir la traslación a las generaciones futuras de los excesos de gasto de las actuales, y limitar las incertidumbres. 

La eficacia de una regla fiscal constitucional depende de muchos factores. En economías con una buena dotación de capital público y que necesiten financiación exterior y/o quieran mantener la estabilidad exterior de su moneda, pero que tengan sistemas políticos complejos y descentralizados con posibilidades de descoordinación fiscal, las reglas fiscales son útiles, siempre que se diseñen correctamente (con contrapesos suficientes y automáticos) y se cumplan. 

Teniendo esto en cuenta, la reforma constitucional del artículo 135 tiene, en mi opinión, tres elementos positivos: el que se haya hecho, pues es mejor tener la regla que no tenerla; que se haya hecho por consenso entre los dos grandes partidos nacionales; y, finalmente, que se haya hecho rápidamente y ahora, porque nunca el PSOE la hubiera aceptado de estar en la oposición. Sin embargo, la reforma tendrá pocos efectos a corto plazo, pues es ambigua por no incluir cifras, no definir qué es el déficit estructural y no fijar un plazo de cumplimiento. Fiar todo esto a una ley orgánica es rebajar el efecto y podría quedarse en nada como otros preceptos constitucionales. A medio plazo, sin embargo, será útil, pues será una coartada para el ajuste fiscal que habrá que hacer en los próximos años y un precedente para hacerlo con el consenso de los grandes partidos. Pero no sustituye ni orienta todas las reformas estructurales que han de hacerse. 

Políticamente, la reforma ha retratado la crisis política que también sufrimos: un Gobierno terminal que es capaz de reformar la Constitución al dictado de Europa, como último recurso para no ser intervenido (así de grave es la situación), pero que sigue improvisando hiperactivamente, consciente ahora de no haber hecho lo que debía y no tener ya tiempo para hacerlo; una oposición que gobierna a la espera de las elecciones para certificar su victoria ante un contrario desorientado; unos nacionalistas que solo están en Madrid como "embajadores" y no como representantes del pueblo español; una izquierda ideologizada que nada sabe de economía; unos sindicatos y grupos de indignados que, incomprensiblemente, quieren tener que pagar deuda futura... En fin, la reforma la ha hecho una compañía de actores de una comedia del absurdo, aburrida y amarga, en la que late el drama de 5 millones de parados. Un drama que no se va a acabar con un cambio constitucional. 

Nada europea

En Occidente, la coyuntura económica de este mes de agosto está siendo muy problemática. La economía norteamericana ha vivido al borde de una crisis de deuda por el infantilismo cerril del Tea Party y la falta de liderazgo del Presidente Obama, lo que está llevando a una situación insostenible de bajo crecimiento y enquistamiento del paro. Por su parte, en Europa la situación no es mejor. La crisis de la deuda de los pasados días se ha resuelto, momentáneamente, con la intervención del BCE y una simple declaración de los principales líderes del continente. La coyuntura está desbordando a nuestros políticos y a nuestras instituciones, en todos los niveles, por lo que el resultado es una política de improvisaciones que sólo sirve para salir del paso hasta el siguiente momento de crisis. La crisis económica está dejando en evidencia la ausencia de ideas, la carencia de líderes con visión, la artrosis de las instituciones europeas. Está retratando la nada europea. 

Los europeos no tienen una idea clara de qué es Europa y de qué puede ser en el siglo XXI. Los europeos no somos "europeístas", no vemos un futuro común. Quizás porque, en el continente del nacionalismo, y vendido éste como el último grito de modernidad política, el localismo (sea lo amplio que sea) nos impide ver el fundamento común de nuestra cultura y el interés de la suma de nuestras realidades para tener voz en los asuntos del mundo. Después del fracaso de la Constitución Europea (en 2004) dejó de hablarse de la integración europea y la idea de Europa salió del debate político, incluso del debate académico. En Europa ya no tenemos "teóricos de Europa", ya no soñamos sobre el futuro de Europa. Hace años que nadie invoca ya la bandera de los Estados Unidos de Europa. Los europeos estamos perdiendo el sentido de Europa. Y, sin embargo, Europa es una realidad porque nuestras economías son tan interdependientes que parte de la solución para salir de la crisis hay que articularla entre todos. Más Europa haría más fácil el crecimiento porque haría posible una política fiscal integrada y coordinada, lo que permitiría una mejor gestión de la deuda. 

Pero para tener más Europa, además de ideas, necesitamos líderes europeos y europeístas. No hay una idea de Europa, en parte, porque tampoco hay líderes europeos. En Europa tenemos políticos, pero no tenemos líderes. Es decir, tenemos profesionales de ganar elecciones nacionales y de detentar el poder en su país, pero no tenemos líderes que sueñen el futuro común y sean capaces de articular un discurso europeísta con el que la ciudadanía se identifique e ilusione. Desde la retirada o desaparición de los Delors, Kohl, González, Miterrand, etc. no hemos tenido políticos que hayan tenido dimensión europea. Peor aún, la generación de los Aznar, Chirac, Blair, etc. desvirtuó, incluso, el sentido de Europa, no sólo porque fracasaron con la Constitución Europea, sino porque generalizaron esa forma de "hacer política en Europa" de pensar en términos nacionales (que había inventado la señora Thatcher) según la cual a Europa se iba para "sacar tajada". Se respondía así a miopes "intereses nacionales", no pensando que la mejor forma de defender estos intereses era sumando el esfuerzo de todos. La nueva generación de los Zapatero, Merkel, Sarkozy es tan miope que, para evitar que Europa pudiera funcionar, incluso han llegado a nombrar a mediocres políticos al frente de las instituciones europeas. 

Sin ideas europeístas que fijen objetivos de futuro y con líderes miopes más preocupados por unas elecciones regionales que por construir una potencia mundial, la compleja institucionalidad europea es sólo una burocracia endogámica que sólo genera desafección en los ciudadanos. 

Con estas condiciones, Europa está siendo, en esta crisis, y por desgracia, la nada. Su política económica es sólo una sucesión de improvisaciones de políticos mediocres y desbordados por los acontecimientos. O sea, una versión en 27 idiomas, corregida y aumentada, de lo que los españoles venimos viviendo. Así nos va. 

Hablemos de deuda pública

Hablemos de deuda pública seriamente, con datos contrastados. La deuda pública española ascendía, a 31 de diciembre del 2010, último ejercicio completo cerrado y según datos del Banco de España, a 657.856 millones de euros (el 77,1% de la Administración central, el 17,52% de las Autonomías y solo el 5,38% de los ayuntamientos). Cantidad a la que habría que sumar los 48.740 millones de deuda reconocida de las empresas públicas estatales y de las Comunidades Autónomas, y una cantidad indeterminada de los cientos de empresas públicas propiedad de los ayuntamientos. El monto total de lo que debíamos hace siete meses era, pues, cómo mínimo de 706.596 millones de euros. Por esta deuda se pagaron 20.423 millones de euros de intereses, lo que supuso un tipo de interés medio del 2,89%. La mayoría de esta deuda tiene un plazo de entre 5 y 10 años y alrededor del 43% (unos 309.277 millones) está en manos de bancos e instituciones extranjeras. Finalmente, el pasado año, los ingresos totales de las administraciones públicas fueron de 379.344 millones de euros y los gastos de 478.165 millones, por lo que el déficit del conjunto de las administraciones fue de 98.821 millones. 

Si tenemos en cuenta que el PIB del 2010 fue de 1.062.591 millones de euros, nuestra ratio de deuda pública sobre PIB era de algo más de 66,9%, los ingresos supusieron el 35,7% del PIB, el gasto público el 45% del PIB y el déficit público el 9,3%. Si comparamos estos datos con los de los países europeos, especialmente con los de las grandes economías europeas, con deudas en el entorno del 80%, podemos decir que nuestra deuda es baja. Más aún, ni siquiera calculando la deuda sobre el total de ingresos (un 186%) nuestra deuda es alta. Solo el déficit es preocupante y se está reduciendo. Teniendo esto en cuenta, se puede concluir que ni el volumen absoluto, ni el volumen relativo de nuestra deuda, ni la estructura impositiva (no siendo buena), ni la composición del gasto (muy mejorable), explica la crisis de nuestra deuda. 

Si el problema no es, entonces, de volumen de deuda, ¿cuál es el problema? El problema es de expectativas sobre nuestra economía y de credibilidad de nuestra política económica. El problema es que ningún analista cree que el PIB español vaya a crecer, en los próximos dos o tres años, por encima del 1,5%, ni que vayamos a reducir la tasa de paro por debajo del 20%. Y mientras no haya crecimiento y tengamos paro, nadie cree que los ingresos públicos vayan a ser suficientes para el nivel de gasto, por lo que persistirá el déficit y crecerá la deuda. 

Y nadie cree que vayamos a mejorar en nuestra economía porque nadie cree que tengamos políticos que sean capaces de hacer la política económica que necesita nuestra situación. Ningún analista confía en que nuestros políticos sean capaces de reestructurar nuestra costosa Administración (incluidos ayuntamientos y televisiones públicas), como nadie cree que nuestros políticos (sean de PP o del PSOE) vayan a hacer una profunda reforma fiscal que, al mismo tiempo, reactive la economía, aumente la recaudación y genere una mejor distribución de la carga. De igual forma, todos sabemos que ni Rajoy ni Rubalcaba harán una auténtica reforma laboral, ni van a llegar a acuerdos sobre Educación o energía, ni... Más aún, hay analistas que incluso creen, vista la deriva independentista de Cataluña, que tendrá su concierto o será independiente, lo que hará insostenible la deuda del conjunto. El problema de la deuda es de política. Para ser más exactos, de políticos. Porque ni Rajoy es Aznar, ni Rubalcaba es Felipe. Lo bueno es que cualquiera es mejor que Zapatero. Lo malo es que estaremos sin gobierno hasta Navidad y sin presupuestos hasta marzo. Y esto, en finanzas internacionales, es demasiado tiempo. Y se paga. Se paga, a corto plazo, en prima de riesgo. 

Somalia

Mientras discutimos si Camps se ha sacrificado o no por hacer lo que tenía que haber hecho hace meses, o si se debe llevar corbata o no en el Congreso, en Somalia, la gente se muere de hambre. Mientras en Europa se discute sobre cómo salvar a Grecia con ¡100.000 millones de euros!, en Somalia, son millones de personas las que no se salvan porque se mueren de hambre. 

En Somalia, la gente se muere de hambre porque es un estado fallido. Una gran parte del territorio está en manos de señores de la guerra, que gobiernan sociedades jerarquizadas ligadas por lazos de sangre, en permanente conflicto entre ellos y con el entorno (piratería incluida). El Estado, sencillamente, no existe, por lo que la política se regula por la mera fuerza, mientras que la vida social se organiza por una versión primitiva del islam que es, a su vez, una forma de dominación opresiva de la población, y una excusa para protegerse de la intervención exterior. Los somalíes no son, pues, ciudadanos, sujetos de ningún tipo de derecho (ni pasivo, ni, desde luego, activo), sino simples súbditos de los señores de la guerra. Y, como en todas las sociedades sin derechos, los débiles (y lo son todas las mujeres y los pobres) son los que menos derechos tienen. Ante este Estado fallido, y conociendo la permanente y generalizada violación de los derechos humanos que se dan en Somalia, las grandes potencias del mundo callan y consienten, porque ni Somalia es área estratégica para ninguna, ni es país rico en recursos, ni es más amenaza que otras zonas del planeta en la que se preparan terroristas. Más aún, hubo un intento fallido de intervención norteamericana por lo que, ahora, de repliegue en todos sitios por razones económicas, nadie se va a meter en Somalia. Somalia como espacio geoestratégico no interesa. 

En Somalia, la gente se muere de hambre porque es una economía agraria de subsistencia. Una agricultura en la que no es posible ahorrar, porque no tiene productividad suficiente, y en la que no es posible invertir, por la inseguridad que provocan las guerras. Para una agricultura tan pobre, una sequía, como la que tienen, es sencillamente mortal. Más mortal porque no pueden importar alimentos a sus inalcanzables precios actuales (fruto de la especulación) y no tienen posibilidad de que nadie les financie. Por eso, ante una emergencia, solo es posible la ayuda exterior masiva. Una ayuda que llegará tarde, y no llegará a todos, porque sus señores de la guerra se querrán enriquecer con ella. Para comprar, eso sí, más armas, en un perverso mecanismo comercial para el que sí hay dinero. 

En Somalia, la gente se muere de hambre porque son gente sin voz. Porque no pueden hacer llegar su situación a través de las redes sociales. En Somalia la gente se muere en silencio, sin que nos enteremos. Sin que nadie les preste la voz. Sin que esto nos indigne. Y aunque nos indignara, ¿alguien lo tendría en cuenta para las próximas elecciones? ¿Realmente le ha importado a la opinión pública española que el Gobierno haya incumplido sistemáticamente sus promesas de ayuda al desarrollo, o haya hecho una absurda e ineficiente política de cooperación? Somalia no tiene voz, ni quien se la preste, en un mundo en el que es más importante escandalizar que conocer o actuar. 

En Somalia, la gente se muere de hambre. Como se van a morir en todo el Sahel y en otras partes del planeta. Por la falta de Estado, pero también por falta de intervención exterior. Por falta de agua, pero también por la especulación en los mercados de alimentos. Por falta de ayuda, pero también por exceso de armas. Por falta de presencia pública, pero también por nuestra superficialidad. 

En Somalia, la gente se muere de hambre. En última instancia, porque no les vamos a dedicar más tiempo que los tres minutos que hemos tardado en leer este artículo. 

Deuda, agencias y primas de riesgo

Llevamos más de dos años hablando de deuda, de agencias de calificación y de prima de riesgo y creo que hay más de sensacionalismo en lo que se dice que explicación de lo que sucede. 

Empecemos por lo que debemos tener siempre en cuenta. La economía española creció, entre 1997 y el 2007, sobre una inmensa expansión de su deuda, especialmente de las familias y empresas. Correlativamente a esa expansión de la deuda privada, creció la deuda (el pasivo) de los bancos y cajas porque son los intermediarios de esta financiación, mientras que la deuda pública, en esos años, fue decreciendo por la mejora de las cuentas públicas y el crecimiento del PIB. En esos años, la deuda total de la economía española se duplicó en términos de PIB y una mayoría de estas necesidades de financiación se captaron en el exterior, haciendo que la deuda exterior española fuera de alrededor del 80% de nuestro PIB. O sea, en la época de crecimiento, la economía española no solo se endeudó extraordinariamente, sino que se endeudó a través de nuestros bancos y cajas con inversores exteriores. Y lo hizo captando deuda a corto plazo (pues nadie le presta a un banco a más de cinco años), mientras que las inversiones realizadas con ese dinero se inmovilizaron en activos de rentabilidad a largo plazo, básicamente, en la construcción. 

A partir del 2008 la situación anterior empeora. Al producirse la crisis financiera mundial, los bancos y cajas españolas no pueden captar financiación en el exterior, por lo que se para la financiación de las familias y empresas españolas, lo que a su vez paraliza el crecimiento económico. Esta parálisis del crecimiento económico hace caer inmediatamente las expectativas, lo que alimenta una mayor caída de la producción. El paro se duplica hasta alcanzar el 20% de la población activa. La caída del crecimiento económico deteriora los ingresos públicos, al tiempo que la subida del paro y una serie desafortunada (siendo muy piadoso en el calificativo) de medidas de política fiscal expanden el gasto público, lo que lleva a un espectacular déficit público del 9,40% en el año 2009, que provoca una subida de la deuda pública sobre PIB hasta más allá del 50%. Las administraciones públicas tienen, entonces, una inmensa necesidad de financiación. Como las familias españolas tienen una caída de su renta y están pagando deudas pasadas, la economía española no tiene suficiente capacidad de ahorro como para financiar este déficit, por lo que nuestras administraciones públicas tienen que salir al exterior a captar esos recursos. Y esto implica más deuda exterior, ahora pública. 

De lo anterior tiene que quedar clara una idea: la economía española en su conjunto tiene un alto grado de endeudamiento, del que una parte importante es exterior. Como, además, no tenemos expectativas de crecimiento interno, ni una línea de política económica clara y decidida y no hay una consciencia social de la situación general (hay indignación, pero no conocimiento) todos los inversores internacionales ven el futuro de nuestra economía con incertidumbre. 

Y es esta incertidumbre, sumada a las desesperadas necesidades de financiación a corto plazo de nuestras empresas, cajas y administraciones, así como la superficialidad de nuestra clase política, la que juzgan las agencias de rating en forma de "calificaciones" de la deuda emitida, y es por ella por lo que pagamos un mayor tipo de interés que Alemania, la economía que mejor lo hace, pues es esta diferencia lo que se llama la "prima de riesgo". 

Dicho de otra forma, si no tuviéramos tanta necesidad de financiación, una estructura administrativa sostenible, política económica sensata y una población decidida a salir adelante (en vez de a acampar), seguramente la calificación sería menor. Más aún, ni siquiera podrían jugar, bastarda y corruptamente, como hacen, con las expectativas de nuestra economía, haciéndonos pagar más. Pero, para dejarlas en evidencia quizás debiéramos empezar por despejar incertidumbres y no darles motivo para la especulación. 

El error Bildu

De todo lo ocurrido en las elecciones de mayo pasado, lo más grave para el futuro de España es la resurrección política de ETA a través de Bildu. Porque mientras el movimiento 15-M es, en mi opinión, un movimiento político populista y superficial, y la hegemonía del PP con el hundimiento del PSOE es parte del funcionamiento normal de una democracia bipartidista como la española, la eclosión de Bildu es un factor de distorsión de primera magnitud, pues supone una vuelta atrás en la lucha antiterrorista. Justo cuando, según todos los indicios, ETA estaba al borde de la capitulación. 

El apoyo electoral de Bildu se debe a tres factores. El primero es la maduración de la política educativa del PNV desde la que se ha aleccionado a más de la mitad de población vasca en el nacionalismo independentista sabiniano. De ahí que una vasca como Rosa Díez, exdirigente del PSOE, pida la vuelta de las competencias educativas al Gobierno Central. El segundo es la crisis que, aunque no ha afectado de la misma forma a la economía vasca por tener empresas industriales y exportadoras, ha generado un paro juvenil que se manifiesta en descontento. Y, finalmente, la falta de coherencia del discurso del PSOE, especialmente por la actitud de Eguiguren y Patxi López ante el fenómeno independentista, pues mientras se sostienen en el poder gracias al apoyo del PP, hacen continuos guiños a la izquierda independentista. 

El ascenso de Bildu es un grave, gravísimo error, en la lucha antiterrorista porque ETA ha conseguido un paso político más, sin ceder nada. El éxito electoral de Bildu ha reforzado a ETA porque, en primer lugar, ha conseguido estar en las instituciones que más le interesan, los ayuntamientos y la Diputación Foral. Instituciones en las que colocar gente y tener financiación bien a través de subvenciones de los ayuntamientos, la diputación foral y la Kutxa, bien a través de la extorsión (ahora más eficaz por disponer de los ficheros de la Diputación foral y los de la Caja de Ahorros). Y la ha reforzado, en segundo lugar, porque jugando con la posibilidad de la desaparición de ETA, Bildu tiene siempre una baza de negociación política con los ingenuos del PSOE vasco y sus primos del PNV. Más aún, ETA será ahora más influyente en la política vasca porque condicionará más la vida local, no tiene que matar para tener audiencia y hacerse oír y se ha legitimado para ser interlocutora del Gobierno. Finalmente, ETA ahora tiene la oportunidad de reforzarse, por si volviera una política antiterrorista dura. 

El Gobierno, y con él el Estado, ha perdido una de sus bazas de negociación. Desde una posición de fuerza ha cedido en algo a cambio de nada en un gesto de ingenuidad democrática que nos ha costado diez años de lucha antiterrorista. De hecho, con esto lo único que ha conseguido es legitimar a Bildu como fuerza política negociadora con el Estado, con lo que está dando a ETA un incentivo para seguir existiendo. A través de Bildu, ETA gobernará el País Vasco con los nacionalistas del PNV y habrá conseguido lo que quería: una casi independencia en un Estado cuasi confederal, con intervención importante en una economía rica, integrada en la UE, que ellos pueden usufructuar y manejar al estilo de la mafia. Con el error Bildu, ETA se ha enquistado para mucho tiempo. 

Permitir que Bildu se haya presentado a las elecciones ha sido el mayor error en la lucha antiterrorista que podía cometer el Gobierno. Aunque lo haya cometido a través de un desprestigiado Tribunal Constitucional. Y si pienso que es un error, grave, pero sólo un error, es porque no quiero pensar en otra explicación más grave: la capitulación negociada del Estado, de la que esto sería sólo la primera fase. Pues, para ETA, ya solo falta que se le acerquen los presos y negociar su salida. Algo impensable hace sólo tres meses. 

Flores de mayo

Si mayo del pasado año fue importante porque en ese mes se reorientó nuestra política económica, este mes de mayo del 2011 será clave para nuestro futuro porque está cambiando radicalmente la situación política. Las consecuencias de las elecciones del 22 de mayo y el nacimiento del movimiento 15-M son dos de los elementos clave del nuevo panorama político nacional que es necesario analizar cuidadosamente. Voy a empezar por este último porque es el más transitorio, dejando para un artículo posterior el análisis de las elecciones del 22 de mayo. 

Los movimientos 15-M son, en mi opinión, más un síntoma del descontento que un desafío real al sistema institucional que tenemos. Porque ni el procedimiento en el que se basan es un procedimiento realmente democrático, ni el resultado de sus deliberaciones, su manifiesto, es algo más que un cúmulo de eslóganes políticos inconexos y, en parte, alejados de los problemas de la ciudadanía. Empecemos por lo evidente. El hecho de concentrarse en la calle o acampar en una plaza pública para protestar y debatir es, además del ejercicio de un derecho constitucional, una forma de protesta y participación política vieja y poco efectiva (salvo excepciones), aunque esté resultando muy mediática. 

Para empezar, es una forma de participación política vieja. Incluso sabemos, cuando se generalizan, hasta dónde pueden llegar. Y basta con hacer un breve análisis histórico. Porque las asambleas de descontentos (indignados, diríamos ahora) tienen un magnífico precedente que los de estas concentraciones deberían estudiar: los soviets. Originariamente, los soviets fueron asambleas de obreros, campesinos y soldados que pacíficamente debatían de política y de reformas y culminaron en la revolución de 1917. Su evolución posterior es conocida. 

Como tampoco es, a pesar de las apariencias, una forma de democracia más pura que la que representativa que tenemos, porque su forma de articulación no lo es más democrática. Y hay numerosos estudios sobre el tema. Realmente la democracia asamblearia no es más democrática que la democracia representativa porque es una forma de formulación de las preferencias colectivas en la que no todos tienen la misma representación. Es cierto, por ejemplo, que el actual sistema de partidos es una poliarquía (en la terminología de Robert Dahl), pero el que pudiera organizarse a través de un sistema de asambleas no es más representativo. 

Más aún, el sistema asambleario, de democracia directa, es terriblemente ineficiente. Porque por ese sistema no es posible articular un discurso político más allá de unos principios generales, con los que es imposible estar en desacuerdo, como los que contiene el primer manifiesto, aunque tiene lagunas inmensas e incomprensibles que espero que subsanen en elaboraciones posteriores. Me temo que el mismo sistema hace imposible ir más allá, pues, ¿alguien cree posible hacer una ley tributaria, un código penal o una ley de educación a partir de asambleas reunidas en plazas?, ¿se podría hacer una ley bancaria o un plan de ordenación urbana a partir de reuniones de democracia directa?, ¿sería posible articular una política económica a partir de votaciones a mano alzada y debates en plan "happening"? 

Lo siento, pero esto del 15-M me parece una fiebre juvenil oportunista y primaveral. Juvenil porque son ellos los principales protagonistas, oportunista porque se ha calculado para una semana antes de las únicas elecciones en España que son fijas, y primaveral porque no veo a los acampados en pleno invierno de Madrid. 

Por todo lo anterior, antes de magnificar la participación directa en la democracia representativa, sería conveniente que se estudiara lo que ha ocurrido en California en los últimos años, pues desde que se aprobó la ley de participación y referéndum solo han aprobado leyes que suponen incremento del gasto público, por lo que hoy una de las economías más ricas del planeta está al borde de la quiebra como Grecia. 

Lo siento, pero gobernar la realidad social es algo más complejo que reunirse y votar. Aunque me encanta que también la generación de jóvenes actuales tenga su happening político que contar en el futuro. 

Información, anuncios y elecciones

En pleno ciclo electoral, pues esto no se acaba hasta marzo del año que viene, vamos a asistir a una guerra de cifras y de valoraciones económicas que, bajo la apariencia de exactitud y rigor, manipulan a la opinión pública a la vez que la confunden. Por eso, permítanme un artículo no electoral (o muy electoral) sobre las cifras económicas y los informes económicos que ahora nos invaden. La información, ese aumento del conocimiento sobre el mundo que nos permite actuar racionalmente, es clave en economía, como en cualquier actividad humana, porque condiciona lo que hacemos. Cuanta más información relevante tengamos sobre cualquier asunto con más probabilidad tomaremos una mejor decisión. Por eso, con poca información o información incompleta las decisiones son siempre azarosas. Por otra parte, si se quiere condicionar una acción, si se quiere manipularla, basta con condicionar la información que le llega al que tiene que realizarla. De ahí la importancia de los medios de comunicación libres en la democracia y la importancia de la transparencia de los gobiernos. De ahí, también, el interés de todos los gobiernos, incluso la mayoría de los democráticos, en manejar o filtrar la información. 

El manejo de la información es clave para la política y, desde luego, en política económica. Máxime si tenemos en cuenta que la información gobierna las expectativas y que de éstas depende, en no poca medida, el desempeño de la economía. Por eso una parte esencial de la política económica es la gestión de las expectativas a través de lo que llamamos "anuncios". Es decir, una información dada al servicio de un objetivo determinado. Así, si un banco central anuncia, como ha hecho hace poco el Banco Central Europeo, que subirán los tipos de interés, lo más probable es que los tipos suban casi inmediatamente. De igual forma, si todos los agentes coinciden en que la economía está mal, como ha venido ocurriendo con la economía española, la economía se deteriora porque nadie invierte, nadie contrata, nadie consume. Más aún, se puede llegar al extremo de la "pequeña mentira" (little lie) de las empresas americanas que, normalmente, hacen sus previsiones sobreestimando el crecimiento económico en unas décimas porque su economía es muy dependiente de las expectativas. Y lo mismo, pero a la inversa, hacen, por ejemplo, las agencias de calificación y los bancos de inversión que sobreestiman las malas noticias para subir los tipos de interés o la prima de riesgo. 

Incluso las declaraciones de responsables de no pocos organismos oficiales caen en la manipulación informativa cuando hacen valoraciones de datos. Así, el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea declaran en público que aplauden "las medidas de reforma" de nuestro gobierno, pero en la letra pequeña de sus informes, la que solo los académicos leemos, escriben diplomáticamente que son insuficientes. Esta discrepancia se explica porque lo que se publica y llega a la opinión pública, lo que genera expectativas realmente, son las declaraciones y resúmenes de prensa, y el FMI y a la Comisión, por ejemplo, tienen verdadero interés en que España no tenga que ser rescatada, porque serían estos organismos los que tendrían que poner el dinero del rescate. 

¿A quién creer entonces? La regla general debe ser la respuesta de la siguiente pregunta: ¿gana el que da la información algo con darla? Si gana votos o dinero con la información que da, sospéchese. No es que la información que dé sea, per se, mala, es que puede estar sesgada, por lo que es bueno contrastarla con otras fuentes. Precisamente por eso, confío, por ejemplo, en la información de los organismos oficiales independientes como el INE, en los del Banco de España o en los de los gobiernos democráticos con leyes de transparencia, y no me creo los datos e informes de los bancos comerciales, ni los de los think tank de los partidos políticos. Quizás porque estamos en campaña electoral. O porque me voy haciendo un viejo incrédulo. 

4.910.200 razones para una reforma

De la Encuesta de Población Activa que se publicó el viernes pasado se pueden comentar muchas cifras. Sin embargo, hay una que sobrecoge. En esta España nuestra, hay 4.910.200 personas paradas. Léase despacio: en España hay cuatro-millones-novecientos-diez-mil-doscientas personas que quieren trabajar y no encuentran empleo. Y eso que hay bastantes que se han desanimado y han salido de la población activa. Sólo en el último trimestre 256.300 personas se han quedado paradas, 2.847 parados más diarios. 

Pasada la primera impresión de la cifra, lo primero que se puede concluir es que nuestro mercado de trabajo funciona mal, terriblemente mal, porque produce paro. No es posible que una economía que ya ha terminado su ajuste en el sector más empleador de los últimos años (la construcción), y que está en tasas de crecimiento del 0,6-0,8%, siga destruyendo empleo como lo está haciendo España. Ya no es sólo que la economía española necesite crecer por encima del 2,5% para crear empleo neto, es que produciendo lo mismo que el año pasado, que eso es lo que significa estancamiento, las empresas españolas dejan de necesitar 250.000 personas en un trimestre. 

¿Qué está pasando? La respuesta es que la crisis española está entrando ya en una "segunda ronda", un segundo círculo vicioso de deterioro (que otro día comentaré), causada por la cobardía y la tardanza en las reformas, empezando por las del mercado laboral. Por eso las reformas de mercado de trabajo, de sistema financiero, de administraciones públicas, de sistema impositivo, de gasto público son ya perentorias. Cuanto más se tarde en hacerlas, más drásticas tendrán que ser. Hoy hay 4.910.200 razones para una reforma radical de nuestra economía. Cada día que pasa hay unos miles de razones más. 

Para empezar, el mercado de trabajo español tiene una legislación y una fiscalidad absurdas. Porque no puede ser razonable una arquitectura jurídica laboral que genera tanto paro y que sólo incumpliéndola genere puestos de trabajo. Nadie en su sano juicio puede considerar que nuestro derecho laboral (laboral puro, sindical y de representación en las empresas, de negociación colectiva, etc.) es razonable cuando en los últimos treinta años ha producido sistemáticamente más paro que ninguna otra regulación laboral de los países desarrollados. No puede ser buena una legislación laboral que discrimina a los jóvenes o que hace que los empresarios prefieran no contratar. Es cierto que nuestro problema de paro no es sólo un problema legislativo de condiciones laborales o de negociación colectiva, también es un problema de costes laborales (empezando por las cotizaciones sociales y siguiendo por la indexación de salarios) y de expectativas de demanda, pero por la misma lógica que hay que replantear y reformar el sistema financiero, hay que reformar, radical y profundamente, nuestra arquitectura laboral. Porque la crisis de paro es un drama personal de casi 5 millones de personas. 

Esta reforma es responsabilidad de nuestros legisladores y de nuestros agentes sociales. Una responsabilidad que han de asumir, so pena de ser unos irresponsables. Porque no pueden ser gente responsable aquellos que, pudiendo reformar las instituciones del mercado de trabajo, no lo hacen porque están en una permanente trifulca de insultos y declaraciones preelectorales, o aquellos otros que llevan meses "negociando" pequeñas reformas parciales, mientras tenemos casi 5 millones de parados. En cualquier democracia decente el Gobierno hubiera dimitido asumiendo su fracaso o la oposición hubiera presentado una moción de censura avanzando propuestas. La economía española necesita, además de otras, una profunda y urgente reforma laboral. Una reforma laboral que modifique la forma de la negociación colectiva y la representación de los trabajadores en la empresa, dé flexibilidad a los contratos, acompase el crecimiento salarial y reduzca los componentes no salariales del coste laboral, elimine la dualidad, etc. Todo ello sin menoscabo de los derechos legítimos de los trabajadores y de los empresarios. Se puede hacer. Hoy hay al menos 4.910.200 razones con nombres y apellidos para que sea ya. 

Por una economía útil

Uno de los efectos más serios y, al mismo tiempo, menos conocido, de la crisis económica es que ha puesto en cuestión lo que sabíamos de economía. La crisis y, sobre todo, los debates sobre políticas para luchar contra la crisis, están poniendo de manifiesto la escasa utilidad de la economía que hemos venido haciendo, así como la inmensa cantidad de mitos económicos que anidan en los gobiernos y en la opinión pública, sostenidos ideológicamente y sin base empírica alguna. 

La crisis está poniendo en cuestión la mayoría de las conclusiones económicas que contienen muchos libros de texto y ensayos sobre economía. Las grandes teorías omnicomprensivas que lo intentan explicar todo con modelos deductivos están siendo arrinconadas por metodologías de análisis. Hoy carece de sentido, por ejemplo, hablar a favor o en contra del capitalismo porque la realidad económica y política del mundo es mucho más compleja que lo que esas palabras pueden reflejar. Como es inútil la economía que se basa en las premisas de que el consumo privado solo depende de la renta, la inversión, del tipo de interés y el gasto público; es una variable autónoma que no depende de ninguna de las dos anteriores. No, la economía que necesitamos tiene que incluir variables financieras (deudas y activos) en el comportamiento de los agentes (familias, empresas, sector público), como tiene que tener en cuenta que los agentes se comportan de forma diferente según su nivel de renta, que las instituciones legales y organizacionales importan o que el comportamiento humano se basa en información incompleta y las decisiones se toman siempre en horizonte incierto, por lo que no siempre acierta con las expectativas. Más que grandes teorías tenemos que usar procesos de análisis que nos lleven a modelos explicativos que reflejen empíricamente la realidad de cada momento. Hay, pues, que rehacer la economía para hacerla rigurosa, porque, a fuerza de grandes palabras y aparatos de lógica matemática y poco contraste estadístico estamos haciendo una economía elegantemente inútil. 

De una economía inútil, una política errónea. La política económica que estamos aplicando frente a la crisis es una política económica poco cimentada. En la primera fase de la crisis se acudió a una ingenua política keynesiana, más mítica que eficaz, que ha terminado por desprestigiar algunos de los instrumentos de política económica keynesiana. Así, se puede demostrar que no toda expansión del gasto o bajada de impuestos reactiva la economía y genera empleo, como se puede demostrar que tan importante como gastar o bajar impuestos es en qué se gaste y cómo se haga una expansión fiscal. Los cómos y los qué de la política fiscal importan, pues, tanto como los cuánto. Y lo mismo se puede decir de la política monetaria. Ahora resulta que la eficacia de la política monetaria depende de la eficiencia de los bancos y mercados financieros. Como se sabe que instituciones mal diseñadas de mercado de trabajo provocan paro. Cuando los problemas de estas políticas han puesto de manifiesto, los gobiernos empezaron a aplicar políticas para resolver problemas de corto plazo, sin saber las consecuencias de largo plazo. El resultado es que la recuperación, cuando la hay, es muy débil y nos conformamos señalando la magnitud histórica de la crisis. Hace falta, desde luego, otra política económica. 

Y para eso es necesario que, además de una mejor economía, abordemos los problemas sin grandes presupuestos ideológicos, reconociendo que podemos llegar a consensos racionales. No es necesario llevar rastas para poder hablar de cooperación, tener sensibilidad social o de ecología, como no lo es llevar gomina para saber de economía financiera o de banca. 

Hoy quiero reivindicar la necesidad urgente de una nueva economía, alejada de las grandes palabras. Y reivindico la racionalidad en el debate político, superando viejas ideologías. Porque a fuerza de grandes palabras e ideología estamos haciendo mala política económica. Y esto lo pagan los de siempre, en forma de paro o pobreza. Maldita economía inútil. 

La decisión de Zapatero

La comunicación de Zapatero, el sábado pasado, de que no iba a ser el candidato del PSOE en las elecciones generales del año 2012, tiene mucha relevancia en el momento en el que nos encontramos. 

Con su decisión, Zapatero está reconociendo y anunciando tres hechos importantes. El primero es que ya acepta que la crisis va para largo, que va a durar más allá del año que viene, pues, aunque mejoren los datos de crecimiento, éste va a ser tan débil que no se va a bajar la tasa de paro. Ahora sabe, como sabemos todos en política económica, que el paro es la principal variable que afecta a la popularidad de un Gobierno, y que el paro español tiene un componente estructural que no se resuelve a corto plazo. Con dificultad, y con un gran coste para la economía española, Zapatero ha aprendido que la economía es la que es y no una cuestión de voluntad política o de eslóganes más o menos afortunados. Como ha aprendido que la política exterior implica, a veces, el uso de la fuerza, y que los Estados Unidos son una potencia amiga. Y que la política correcta contra el chantaje terrorista es no ceder a él. O que no todo lo que es bueno para Cataluña es generalizable y bueno para el conjunto de España. 

El segundo hecho relevante, y este le honra, es que acepta su responsabilidad en la situación actual. Zapatero, con su anuncio, quiere cargar con las culpas, adelantándose así al veredicto de las urnas, pues también se ha dado cuenta de que la ciudadanía no lo quiere. Es curioso que el político del "talante", del diálogo, del "buenismo", sea tan poco aceptado ahora por personas de su propio partido y por grupos sociales que lo auparon y jalearon. 

El tercer hecho importante es que, con su comunicación, anuncia fehacientemente que no va haber elecciones anticipadas. Las primarias del PSOE, después de las elecciones municipales de mayo, ocuparán todo el verano. Luego, el candidato o candidata tendrán que hacerse con el control del partido, porque supongo que también dejará la Secretaría General, y preparar las elecciones. O sea, que se necesita todo lo que queda de legislatura. 

Con su anuncio, Zapatero ha jugado muy bien como secretario general del PSOE. Al aceptar su culpa en la crisis y zanjarla con su marcha evita, al menos en parte, que las elecciones municipales sean un plebiscito sobre su gestión, minimizando el desgaste de sus candidatos. Por otra parte, obliga al Partido Popular a repensar su estrategia de focalizar en él toda su oposición. Más aún, obliga al Partido Popular a tener que abrir su programa electoral y plantear alternativas, pues no puede mantener una estrategia de desgaste contra el que ya se va. Y, finalmente, permite, dentro del PSOE una sucesión ordenada, menos probable tras un desastre electoral. Aunque esto ya no va a depender tanto de él, sino de los equilibrios internos tras las elecciones de mayo.

También ha acertado Zapatero, en mi opinión, como presidente del Gobierno. Porque lejos de ser su anuncio una rémora para la acción del Gobierno, creo que es una ventaja, pues ahora puede gobernar sin mirar la popularidad. Ahora, fuera ya del debate electoral, tiene una oportunidad de hacer lo que tiene que hacer. Ahora es cuando podría plantear una reestructuración de las administraciones públicas, una verdadera reforma fiscal, una reforma laboral de calado o una política energética seria. Ahora es cuando podría ofrecer al PP pactos de estado sobre terrorismo, educación, justicia, autonomías o política exterior. 

Siempre he dicho que Zapatero es un magnífico secretario general del PSOE y un mal presidente, porque ha sido capaz de ganar elecciones, pero no de gobernar. Con su anuncio del fin de semana, ha demostrado que sigue siendo un magnífico secretario general. Ahora tiene, al menos por unos meses, la oportunidad de ser un buen presidente. Aunque nadie se lo vaya a reconocer después. 

Desastres, información e histerias

No somos racionales. La opinión pública, que en los países democráticos determina lo que hace el poder político, no es, desde luego, racional. Y dudo que mejoremos. Así le va al mundo. 

En la desgracia que está viviendo Japón estos días, que coincide con otras, las noticias que hemos ido teniendo y las reacciones y debates que hemos generado ponen de manifiesto un fenómeno que conocíamos, y que las nuevas tecnologías de la información solo amplifican y no resuelven: la manipulación de la opinión pública. Una manipulación que empieza por la selección de los hechos; continúa con el sesgo que le dan los medios; sigue con la distorsión que políticos y opinantes (yo entre ellos) introducimos; y termina con el debate y generación de opinión en una población pasiva con escaso conocimiento de lo que se está hablando, pero que se siente en la obligación de ponerse a favor o en contra según quién dice qué y cómo se está diciendo, no de qué se dice, reaccionando rápida e histéricamente. 

Hubo una época en la que pensamos que, con la llegada de internet y la era de la información abundante, la manipulación que generaban los medios tenía los días contados. Nos equivocamos. Porque más información y más rápida no es sinónimo de buena información o de información útil. Peor aún, la avidez por la novedad que se ha instalado en la opinión pública solo nos está llevando a la perplejidad y a la inacción porque lo nuevo se queda obsoleto inmediatamente. Se olvidan rápidamente los problemas y los procesos complejos que no están permanentemente en los medios. El dato en tiempo exacto está sustituyendo al análisis, lo concreto impide ver lo general, lo actual oculta lo dinámico. Solo tenemos información de aquí y ahora, no sabemos de dónde viene ni por qué. Y sin causas, no hay conocimiento y sin conocimiento, la información no tiene sentido, significado. 

El terremoto de Chile o de China del pasado año o el de Haití son ya, a tenor de lo que la realidad reflejada y percibida en los medios, historias resueltas. Hoy Japón y su inmensa desgracia es la que ocupa las portadas de los medios, la que abre todos los telediarios. Como si no quedaran cicatrices en los dos terremotos y no supurara aún, sangrante y putrefacta, la herida de Haití. Y lo mismo ocurre con los conflictos armados. Palestina, Chechenia, Darfur, los Grandes Lagos, Costa de Marfil, la guerra colombiana o la del narcotráfico en México, hasta Afganistán ha pasado a mejor vida informativa. Peor aún, a la masacre que Gadafi y sus mercenarios está haciendo con su población civil solo le dedicamos la atención de unos días porque fue la causa de la subida en el mercado del petróleo. Olvidamos con excesiva facilidad, sustituimos la realidad con excesiva rapidez. Y así es imposible no solo que comprendamos nada, sino que resolvamos nada. Por eso, la siguiente actualidad de Libia, será, justo después de la autorización de intervención de la ONU, la victoria de Gadafi. 

Más aún, y lo acaecido en Japón es paradigmático, nos hemos vuelto adolescentes histéricos. Le hemos dedicado más atención al peligro nuclear que al maremoto. El maremoto ha causado más de 10.000 muertos, mientras que el desastre nuclear, en el peor de los casos, no ha producido más de unos centenares. La manipulación ha generado tal histeria (en parte por culpa de la señora Merkel) que ha mandado revisar la seguridad en las centrales nucleares, mientras que nadie ha pensado en hacerlo con las miles de construcciones que tenemos pegadas a las costas. Porque esto hubiera sido racional ya que si se produjese un maremoto que afectara a Vandellós, por ejemplo, ¿no causaría miles de muertos en la Manga del Mar Menor, Benidorm o Castellón? Lo siento, pero no solo no maduramos, sino que estamos en una regresión social hacia la adolescencia más inmadura. Algo que ya Walter Lippmann vaticinó hace un siglo. 

Ocurrencias energéticas

La crisis libia y la subida del precio del petróleo ponen de manifiesto dos de las debilidades estructurales de la economía española: la dependencia energética y la ausencia de una política energética seria y de largo plazo. 

La mayor dependencia energética de nuestra economía, un problema que arrastramos desde hace décadas y que todos los gobiernos han tratado superficialmente, tiene como consecuencias que, ante cualquier problema en el mercado de petróleo, se acentúen dos de nuestros problemas económicos crónicos: la inflación y el déficit exterior. Dos problemas graves porque agravan la situación de nuestra economía ya que el primero disminuye el poder adquisitivo de las familias, mientras que el segundo hace que aumenten las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, ya de por sí altas. 

Por su parte, la ausencia de una política energética seria, además de acentuar el problema de la dependencia energética, distorsiona los precios en los mercados de la energía y hace que las empresas españolas tengan un coste más alto que la media europea, al tiempo que ha enquistado el problema de la deuda oculta con las empresas eléctricas. 

Para hacer una política energética seria, lo primero es preguntarse qué necesidades de demanda de energía previsible va a haber en los próximos veinte años, teniendo en cuenta los distintos usos, la población, el nivel de renta y una tasa de mejora de eficiencia energética. Y hay modelos econométricos fiables para este cálculo desde hace décadas. Conocida la demanda por usos, es posible calcular, con tecnología relativamente estable, cuáles son las fuentes de energía más eficientes (en costes económicos y medioambientales) para cada uno. A partir de ahí, es posible establecer qué estructura de mercados es la más adecuada para hacer lo más bajo posible el precio, al tiempo que se hace menos dependiente nuestra economía y se reducen los costes medioambientales. De lo anterior se derivarían las decisiones políticas que, mantenidas en el tiempo, dan como resultado un sector energético relativamente estable, competitivo y con menos riesgos económicos, políticos y medioambientales. 

Si se hubiera hecho esto, hubiéramos, por ejemplo, potenciado el transporte por ferrocarril de mercancías (más barato y menos contaminante por tonelada/kilómetro), estaríamos subvencionando de verdad la compra de coches híbridos y eléctricos, se habría potenciado el transporte público, se cumplirían las normas energéticas en la construcción, -habríamos abandonado el carbón, habríamos despejado ya la incógnita nuclear, habríamos potenciado un mix eléctrico equilibrado, estaríamos dedicando recursos a investigación en energía. Tendríamos, además, mercados energéticos más competitivos y hubiéramos usado los mecanismos de precios relativos, a través de los impuestos indirectos, para desincentivar el uso de aquellas energías más contaminantes y que nos hacen más dependientes, como el petróleo. 

En vez de esto, de hacer una política energética seria, el Gobierno ha hecho una política energética de ocurrencias. Que está de moda el cambio climático, subvencionamos la energía eólica y la solar con primas insostenibles en el largo plazo (y luego damos marcha atrás). Que tenemos que mirar por los intereses del carbón leonés, nos inventamos una subvención que forzamos en Bruselas (con compensación para las centrales en Galicia). Que tenemos que contentar a las eléctricas, subimos la electricidad "lo que cuesta un café". Que tenemos un problema con el petróleo, ponemos una pegatina en las señales de tráfico (que no sirve para ahorro energético, porque no afecta ni a los camiones, ni al tráfico en la ciudad, aunque es probable que aumente la recaudación por multas y se rebaje la tasa de accidentes). Incluso en las negociaciones sobre las pensiones se quiso meter por medio el tema de las nucleares, introduciendo ambigüedad en el debate. Ocurrencias de un ministro creativo. 

He de reconocer que el ministro Sebastián es genialmente ocurrente. Con sus ocurrencias hace que nos entretengamos en la anécdota, evitando lo preocupante: que no tenemos política energética. Lo que, además, me entristece porque Miguel Sebastián, al que aprecio, fue, hace mucho, mucho tiempo, un gran economista. 

El Banco de España y la crisis

El prestigio del Banco de España se empezó a cimentar en los sesenta, bajo mandato de Navarro Rubio y con Joan Sardá al frente del Servicio de Estudios. Pero no sería hasta la crisis de los setenta cuando llegó a establecerse el mito del Banco de España como entidad rigurosa y creíble. 

Un mito que se basó en tres pilares esenciales: en una política monetaria ortodoxa de lucha contra la inflación de los setenta; en una política de regulación e inspección financiera pragmática y decidida que permitió hacer frente a una crisis bancaria mucho más grave, en términos relativos y nacionales, que la actual; y, finalmente, en la inmensa reputación de su Servicio de Estudios. El acierto de la ley 30/1980 de órganos de gobierno del banco, inspirada en el Bundesbank, por la que los cargos del banco eran independientes del poder político, y el buen hacer, el prestigio personal de sus gobernadores, así como la forma en que Álvarez Rendueles y Mariano Rubio gestionaron la crisis bancaria de los ochenta o el desempeño de Rojo en el Servicio de Estudios y en las crisis monetarias de principios de los noventa son hechos clave por los que el banco se ganó su reputación mundial. 

Cedida la política monetaria al Banco Central Europeo a partir del año 2000, el Banco de España tiene como misión fundamental, además de ser parte del mismo Banco Central Europeo y ejecutar en nuestro país la política decidida en Frankfurt, la regulación y supervisión del sistema financiero español. Y si en la regulación estuvo acertado hasta que la Ley de Cajas del año 2000 abrió una fisura, en la supervisión, especialmente en los últimos años, no solo no ha acertado, sino que ha fracasado estrepitosamente, pues, si esta supervisión no hubiera fracasado no tendríamos ahora a la mitad de nuestro sistema financiero, la práctica totalidad de las cajas, al borde de la quiebra. 

La responsabilidad de la situación de las cajas es, indudablemente, de las mismas cajas por asumir riesgos excesivos. Pero hay una responsabilidad subsidiaria del Banco de España por ejercer mal su deber de supervisión. Una mala gestión que se ha debido, en mi opinión, a tres factores. En primer lugar, porque los dos últimos gobernadores (Caruana y Fernández Ordóñez), especialmente, el actual, MAFO, no han olvidado quién los nombra y han gestionado mirando de soslayo al Gobierno. Mientras que Rendueles, Rubio y Rojo eran gente "de la casa", con la distancia de una élite, Caruana y MAFO, siendo buenos economistas y financieros, no tenían la independencia de aquellos. MAFO, además, no ha sabido gestionar un equipo potente, pues ha ido perdiendo a algunos de sus mejores colaboradores como Miguel Martín (AEB) o José Viñals (FMI). De esta sutil pérdida de independencia y equipo se deriva el segundo factor: la cesión al Gobierno y a las comunidades autónomas del poder de regulación sobre parte del sistema, las cajas de ahorro. Y, por último, la tercera causa de la mala gestión de la supervisión ha sido la locura de dejar que sea un gobierno incompetente el que defina la política sobre el sistema financiero, con vaivenes que van desde la intervención de CMM y Cajasur, pasando por las fusiones frías, hasta las nuevas exigencias, con cambio de definiciones de ratios, sobre las nuevas entidades. 

Las consecuencias económicas de esta mala gestión del Banco de España no son solo que tenemos una crisis bancaria profunda que costará empleos directos y actividad en el sector, sino que la economía española no está aprovechando como debe la política monetaria del BCE, al no fluir el crédito a nuestras empresas, asfixiándolas y alargando la crisis. 

Siento escribir este artículo, porque para mí el Banco de España era un mito de joven economista que se me ha derrumbado. Lo que no sé es si en esto tienen también que ver, además, los años que voy cumpliendo.