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viernes, 28 de marzo de 2014

Un buen informe, una mala politica

La última semana he leído las 436 páginas del "Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español". Un informe sobre el que se ha escrito con profusión, especialmente sobre las conclusiones de su resumen ejecutivo. Mi opinión del informe es que es un magnífico ejercicio académico, más jurídico que económico, con el que discrepo por algunas de sus orientaciones. Y es que lo criticable del informe no son tanto las conclusiones, sino los fundamentos sobre los que se asienta. Mi discrepancia no está tanto en las medidas, muchas de las cuales mejorarían el sistema fiscal actual, sino en la estrategia fiscal que subyace. 

El Gobierno le pidió a los expertos que buscaran cómo hacer un sistema fiscal sencillo, suficiente para financiar el gasto público, que colabore en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Unos criterios contenidos en la Constitución. 

Para hacer un sistema sencillo y suficiente lo mejor es un sistema que grave el conjunto de la economía y, para ello, un sistema que acerque las bases económicas a las bases fiscales. Esto supone eliminar las excepciones en las bases imponibles de los distintos impuestos y ampliarlas. Un principio cuya aplicación supone la recuperación de la "equidad horizontal" por la que hechos económicos iguales se deben gravar de igual forma. La concreción de este principio, por ejemplo, lleva a los expertos a sugerir la eliminación del sistema de módulos en el IRPF (con algunas excepciones), la actualización del cálculo de los beneficios empresariales en el Impuesto de Sociedades o a la limitación de la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas. Y, con algunos matices, con las aplicaciones de este principio estoy de acuerdo. 

Con lo que no estoy tan de acuerdo es con el tratamiento que se hace de la "equidad vertical", es decir, del principio de que a diferencias de renta debe haber diferencias de tratamiento impositivo o, lo que es lo mismo, que el esfuerzo fiscal de los que más tienen sea mayor que el de los que tienen menos. Para los expertos del Gobierno el sistema impositivo tiene una escasa incidencia sobre la redistribución de la renta, mientras que es el gasto público el que genera la redistribución. Una idea errónea como se puede demostrar con una simple simulación en Excel. El sistema fiscal tiene una fuerte incidencia en la distribución de la renta a largo plazo y la progresividad fiscal debe, en mi opinión, ser uno de sus principios inspiradores. Un segundo error del informe es considerar que los ingresos indirectos son "neutrales" a efectos distributivos, cuando es también posible demostrar que eso es cierto ex ante , pero que son regresivos ex post , es decir, para los expertos, el IVA es un impuesto sin efecto distributivo sencillamente porque el tipo que se paga es el mismo sea cual sea la renta de la persona que compra, pero lo que obvian es que el esfuerzo fiscal de cada consumidor es diferente en función de su renta. Mi tercera discrepancia con los expertos es que el modelo macroeconómico en el que se basan es un modelo antiguo en el que el nivel de desigualdad no influye en la tasa de crecimiento potencial de una economía, lo que es también erróneo. Finalmente, discrepo de los expertos, y es más puntual, en su ligero tratamiento de los efectos que las cotizaciones sociales tienen sobre el paro. Por estas cuatro razones estoy en desacuerdo con algunas propuestas, pero más con la estrategia que sugieren de subir la imposición indirecta para bajar la directa, porque su única ventaja es la estabilidad recaudatoria, mientras que se desprecian importantes efectos distributivos, económicos y sociales a medio plazo. 

En definitiva, el informe es un buen ejercicio académico que servirá de coartada para algunas medidas, pero que no deja de ser un informe que es deudor, como todos, de los objetivos y restricciones con los que se encargó. 

28 de marzo de 2014 

lunes, 10 de marzo de 2014

Parches

En el debate del estado de la nación de la semana pasada, el presidente Rajoy habló solo de economía. Casi nada dijo de verdad de política exterior (¿qué fue del problema de Gibraltar?, ¿los problemas de inmigración no son problemas de desarrollo en África?), muy poco de políticas de bienestar (¿nada hay que decir de la educación o la sanidad?), hizo de pasada una referencia a la política de justicia y no hizo ninguna a las políticas polémicas del último año. Para Rajoy, los problemas de la nación son solo dos: el secesionismo catalán y la crisis económica. Y mientras estoy de acuerdo en su política para tratar el primer problema, para el segundo creo que es necesario algo más que un discurso de triunfalismo, un anuncio de bajada de impuestos y eslogan copiado de las telefónicas. 

El discurso fue, en mi opinión, débil, pues repitió las ideas que lleva diciendo desde mayo y que se pueden resumir en una frase: la economía española está saliendo de la crisis, gracias al esfuerzo de los españoles y por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha. La conclusión lógica es que hay que tener paciencia, porque la recuperación está a la vuelta de la esquina. Y anunció dos medidas que calientan el ambiente electoral: una rebaja del IRPF y una "tarifa plana" para las cotizaciones sociales. 

De la rebaja del IRPF, un mero anuncio efectista, poco se puede opinar hasta que leamos la letra pequeña y la enmarquemos en la "gran reforma" fiscal que nos augura el informe de los "expertos". Aunque mucho me temo que, por razones electorales, será una reforma incompleta. 

De lo que sí hay mucho de lo que hablar es de la "tarifa plana" de 100 euros en las contingencias comunes de las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa. Una medida vendida como una bomba y que tendrá, en mi opinión, un efecto limitado por tres razones: porque es una bajada temporal de cotizaciones (prorrogable según el Gobierno), por solo dos años para empresas medianas, tres para microempresas, y para contratos que se hagan este año; porque es para contratos indefinidos, los contratos a los que temen los empresarios por los costes de despido; y, en tercer lugar, porque solo pueden acceder a ella las empresas que no hayan tenido ningún despido improcedente en los últimos años, y eso son muy pocas empresas porque es muy usual pactar despidos improcedentes. En definitiva, una medida que busca mejorar en lo que sea las cifras de paro, pero que es un parche, uno más, para el mercado de trabajo. 

Lo positivo de los dos anuncios es que parece que el Gobierno se empieza a dar cuenta, dos años y medio después, de que es necesario hacer una reforma fiscal de calado, algo más que subir los tipos de IVA y de IRPF, porque con la estructura de impuestos que tenemos no solo no se recauda lo que se debe por el fraude, sino que la carga se reparte mal e injustamente. El problema es que mucho me temo que no se atreva a hacer una verdadera reforma que, además de tocar el IRPF y Sociedades, reduzca a la mínima expresión ese impuesto indirecto que son las cotizaciones sociales. Creo, por lo que se va anunciando, que lo que se nos va a vender no sea una reforma impositiva auténtica, sino nuevos parches. 

Pero lo realmente negativo es que el Gobierno sigue sin darse cuenta que hay reformar en serio la parte del gasto. ¿O es que toda la reforma del gasto es bajarle el sueldo a los funcionarios y paralizar la obra pública? Creo que en esto andan, incluso, parcheando más que con los impuestos. 

Y no es una política fiscal de parches lo que necesita una economía en su sexto año de crisis, con 6 millones de parados y una deuda pública rozando el 100% del PIB.