Las preguntas

"¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?". Estas son las preguntas que proponen los cuatro partidos nacionalistas catalanes para la consulta sobre la secesión de Cataluña a celebrar, según ellos, el 9 de noviembre del 2014, con lo que certifican su desprecio a dos principios democráticos elementales. 

El primer principio democrático que los nacionalistas están vulnerando es el del respeto al Estado de Derecho, es decir, al principio político y jurídico elemental de que toda acción pública debe estar sometida a la ley. Un referéndum de secesión como el que proponen es, con la Constitución en la mano, claramente ilegal por inconstitucional, por dos razones de peso. La primera porque el mero hecho de hacer el referéndum a una parte de la población española, Cataluña, supondría una vulneración del artículo 1 de la Constitución que establece que la "soberanía nacional reside en el pueblo español", no en una parte de ese pueblo español. Lo contrario es hacer que los catalanes tengan la soberanía sobre el conjunto de la nación y tratarnos a los demás como ciudadanos de segunda clase. Y la segunda razón es que, aún si se hiciera el referéndum entre todos los españoles, este sería también ilegal, porque supondría una vía de reforma del artículo 2 de la Constitución, que habla de la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", que no es la que se recoge en el artículo 168 de la misma Constitución. Es decir, para poder hacer lo que quieren los nacionalistas catalanes no basta con preguntarles ni siquiera a todos los españoles, habría que llegar primero a unas mayorías del 66% de las Cortes, convocar elecciones, volver a tener unas mayorías del 66% y celebrar (después, no antes) un referéndum en toda España en el que saliera sí a la reforma constitucional. Por eso, el proceso que han iniciado los nacionalistas catalanes es, bajo una apariencia de democracia, pseudo-democrático, pues una base de la democracia, tanto como el voto, es el Estado de Derecho, pues sin él no hay democracia posible. 

El segundo principio democrático que los nacionalistas vulnerarían con la consulta que pretenden está en la falta de neutralidad de las mismas preguntas. Cualquier estudioso del voto sabe que están formuladas para tener ventaja, pues al formular dos preguntas, y la segunda incluyente con la primera, las combinaciones de posibles respuestas hacen que haya más probabilidad de voto en sentido afirmativo que negativo. Un simple análisis de las cuatro combinaciones básicas, aunque hay en realidad nueve, confirma lo que sostengo. Solo en el caso de que vote que no a las dos preguntas la opinión del votante es que no quiere un Estado catalán. En todas las demás se puede interpretar que quiere la secesión de Cataluña, pues votar que sí a la primera y no a la segunda es decir que quiere un Estado (aunque no fuera independiente), como dice que sí quiere un Estado si vota a las dos que sí, como dice que sí si vota que no a la primera y sí a la segunda, pues querer un Estado independiente incluye, necesariamente, querer un Estado. Es decir, la probabilidad de decir que se quiere un Estado, por la forma de las preguntas, es mayor para el sí (el 55,5% en realidad) que para el no (33,3%). Solo una pregunta simple de sí o no hubiera sido neutral garantizando la pureza del resultado. Solo en regímenes seudodemocráticos se manipulan las preguntas tan tramposamente. 

Que el nacionalismo, sea el que sea, incluye gérmenes antidemocráticos es un hecho ya conocido (léase a Hannah Arendt), ahora de lo que se trata es de combatirlos. Y para eso hace falta tanto como declaraciones contundentes y unidad, pensamiento serio y pedagogía. Mucho me temo que los españoles tenemos una idea simple de lo que es una democracia. Quizás porque solo llevamos 35 años ejerciéndola, y mal. 

¿Cambio o tendencia?

En estos meses finales de 2013 y los primeros de 2014 nos encontraremos en un momento de impasse en la evolución de nuestra economía, en un punto de inflexión que puede evolucionar bien hacia una salida de la crisis a medio plazo (y con dificultades), bien hacia un largo estancamiento "a la japonesa". 

El origen de un punto de inflexión es la incertidumbre. En una economía moderna, en la que la información y las expectativas son claves para su funcionamiento, un punto de inflexión se produce cuando hay información contradictoria y no se pueden formar expectativas confluyentes. En ese momento, tanto las familias como las empresas no tienen una referencia de lo que están haciendo los demás y se pierde el "comportamiento de rebaño" que tenemos los seres humanos. En los años en los que todos los datos son positivos es difícil que algún agente no tenga las mismas expectativas de crecimiento que tienen los demás. De la misma forma, en los años duros de una crisis, todos los agentes son pesimistas y la economía se contrae más porque se genera ese estado de opinión en el que todo el mundo percibe negativamente el futuro. Formadas las expectativas, el "comportamiento de rebaño", un comportamiento racional porque sintetiza la "mejor información", hace el resto. Por eso, de cómo interpreten los distintos agentes la situación en la que nos encontramos, ésta evolucionará en un sentido o en otro, y, de igual modo, de cómo interpretemos los economistas que van a interpretar los agentes la situación dependerá el que acertemos o no con lo que va a ocurrir. 

La realidad es que la economía española está saliendo de la recesión, volviendo a crecer a unas tasas que pueden estar en el entorno del 1% el año que viene, más por el crecimiento exterior que por la reactivación de la demanda interna; que se ha terminado el ajuste en el sector privado, quedando aún parte por hacer en el sector público, y que tenemos la inflación bajo mínimos, fundamentalmente por la devaluación salarial. Sin embargo, aún tenemos una economía muy endeudada, un déficit público por encima del 6,5%, hemos perdido más de un millón de empresas y, sobre todo, tenemos una tasa de paro por encima del 25%. Y podría aportar otro conjunto de datos contradictorios de nuestra economía. 

Ante estos datos, ¿qué expectativas se está formando la mayoría de la población? El Gobierno, cumpliendo con su obligación, está haciendo todo lo posible, ayudado por los principales empresarios de este país y no pocos medios de comunicación, por iluminar estos datos de una forma optimista, comparando la situación, por ejemplo, con la que teníamos hace solo unos meses y no con la que teníamos antes de la crisis o la de nuestros competidores, y generando expectativas que aceleren la salida de la recesión. Y ya hay algunos grupos sociales que lo creen y lo propagan. Pero me temo que aún son minoría. Una minoría que puede ir creciendo si el Gobierno logra que vuelva a fluir el crédito (de ahí la últimas decisiones sobre la banca y la esperanza puesta en las pruebas de la primavera) y logra hacer una reforma fiscal que haga que la gente crea que se le han bajado los impuestos. Objetivos que tiene en la cartera para el próximo año. 

Por eso es probable que el 2014 sea mejor que lo que ha sido el 2013 e incluso que tengamos que revisar las previsiones en unas décimas. La salida de la recesión se está produciendo y se puede acelerar. Sin embargo, no creo que vaya a acelerarse demasiado, porque las expectativas de una parte muy importante de la población se forman a partir de su situación laboral, y mucho me temo que aún estamos lejos de poder crear puestos de trabajo que reduzcan la tasa de paro. Y mientras eso no se produzca no habremos cambiado realmente de tendencia. 

Desilusión

La Conferencia Política del PSOE celebrada hace unos días me ha producido una cierta desilusión. Una desilusión por lo que ha sido la conferencia en sí, por su contenido y por su mensaje final. 

En primer lugar, creo que el PSOE se ha equivocado en la forma de enfocar su renovación. En mi opinión, tras la debacle electoral, tendría que haber convocado un congreso extraordinario, en un año aproximadamente, para construir un nuevo liderazgo y, a partir de ahí, renovar sus propuestas. Porque es el liderazgo el que determina el discurso y da coherencia al relato político, ya que eso es lo que da la condición de líder político de alguien. Hacerlo como lo ha hecho, empezando por las "ideas", para después escoger al "gestor" de ese ideario, es despojar al que elijan de su propio carácter de líder. Peor, como pronto empieza el ciclo electoral, la persona que escojan solo tendrá un año para preparar las generales del 2015. 

Mi segunda desilusión ha sido el contenido de la Conferencia. Empezando por la ponencia, un mamotreto de 384 páginas, que me parece excesivo como líneas maestras programáticas, máxime cuando, además, se remite a más documentos para argumentar lo que sostiene. Una ponencia incoherente en su contenido, con lagunas increíbles y con detalles asombrosos. Incoherente porque parece hecha a partir de "trending topics" de la política del momento, y no desde un análisis equilibrado y riguroso de la situación política, social y económica de España. En cuanto a las lagunas, dos muy llamativas: política exterior y política territorial. Sobre política exterior se dice tan poco que sorprende la reflexión sobre la globalización con la que se abre el texto. Como sorprende que, siendo el tema territorial un eje crítico del debate político, se despache con una referencia al documento de Granada, que podría haberse extractado en esta ponencia. En general, la mayoría de las ideas son demasiado añejas, con ecos del siglo XIX (el tema de la laicidad tiene más de un siglo), cuando no del programa de Zapatero, muy poco innovadoras para los retos que tenemos en el sexto año de crisis económica. En política económica, más concretamente, hay demasiado lugar común, poca economía rigurosa y mucha propuesta de intervención. Así, por ejemplo, el tratamiento del sistema financiero es de una ingenuidad que asombra. Sin embargo, enfocan bien el tema fiscal, pero no lo rematan porque siguen sin considerar las cotizaciones sociales como un impuesto al trabajo (otra antigualla). Hay una genuina preocupación por el paro, pero enfocan, en mi opinión, mal la regulación del mercado laboral, proponiendo la vuelta a un modelo que nunca ha funcionado bien. Pero la sorpresa más importante de la ponencia es que dedica solo 27 páginas al Estado del Bienestar (pensiones, dependencia, sanidad y educación), con otra ristra de ideas antiguas, mientras que hay 20 páginas dedicadas al propio PSOE y 30 a los medios de comunicación, internet y la "política cultural progresista". Mucho me temo que la ponencia no sirva realmente para mucho, salvo para certificar que el PSOE no ha renovado más sus ideas de lo que ha renovado su liderazgo. 

Por último, el mensaje final. El que el PSOE "haya vuelto más rojo", más radical, no creo que sea la forma de ganar las próximas elecciones, máxime si tiene en cuenta que no puede luchar a ser más "rojo" que IU, que ha perdido Cataluña y le pesa en el resto de España el tema territorial. 

Creo sinceramente que España necesita al PSOE, pero un PSOE mucho más riguroso a la par que innovador, más capaz de renovarse tanto en liderazgo como en ideas. Y le hubiera bastado con mirar fuera de nuestras fronteras para ello. El hecho es que, a menos de un año de iniciarse el ciclo electoral, el PSOE sigue sin ideas y sin liderazgo. Demasiada ventaja para un PP que puede crecerse a poco que vaya la economía mejor (que irá).

Una buena noticia, adelantada

Estamos tan ávidos de buenas noticias económicas que, cuando hay el más ligero indicio, el Gobierno se apresura a publicarla, los medios en jalearla y la opinión pública en celebrarla. 

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE), como es habitual, publicó el Indice de Precios al Consumo (IPC) "adelantado" del mes de octubre. Es un indicador interesante que se calcula a partir de una muestra de la muestra de bienes y servicios del IPC normal, y es "adelantado" porque se publica sin que se haya terminado el mes. El dato normal de IPC de octubre, que suele coincidir con el "adelantado", se conocerá el día 13 de noviembre según el calendario del INE. Es un típico indicador para analistas porque se publica tres semanas antes y permite tomar decisiones, sobre todo, en los mercados financieros. Lo curioso del caso es que no se le suele prestar atención periodística y esta vez, en plena campaña propagandística de la "recuperación" se ha publicitado como si fuera el definitivo. 

Y el dato publicado es objetivamente bueno. Si se confirma, el dato de que, en tasa interanual, los precios se han estabilizado, pues eso es lo que significa una caída de octubre a octubre del -0,1%, es una buena noticia. Buena noticia porque significa que las rentas (salarios, pensiones, prestaciones) no se están viendo erosionadas por la inflación. Buena noticia porque no se produce deslizamiento impositivo en el IRPF. Buena noticia porque, dado que la inflación en Europa es unas décimas superior, estamos ganando competitividad. Buena noticia porque supone una base para la bajada de los tipos de interés. Buena noticia, en definitiva, porque es un equilibrio fundamental que hay que tener siempre controlado. 

Las causas de esta buena noticia son, en mi opinión, cuatro. En primer lugar, el precio del petróleo y de la mayoría de las materias primas en euros está estabilizado o a la baja, desde hace más de un año, no solo por la evolución de los propios mercados, sino por la ligera apreciación del euro frente al dólar. En segundo lugar, en octubre se ha terminado la absorción, que produce a su vez un efecto estadístico, de la subida del IVA del año pasado. En tercer lugar, y es ya una causa más determinante, la senda de estabilidad de precios en la que parece que entramos se debe a la atonía del consumo privado, lo que nos indica que las empresas reaccionan al bajo crecimiento de la demanda interna con control de costes. Y, finalmente, y es, en mi opinión, la verdadera razón del buen dato, tenemos la inflación controlada porque está habiendo un fuerte ajuste de las rentas salariales (empezando por la de los funcionarios) y hay un importante incremento de la productividad real por asalariado. En definitiva, la inflación empieza a comportarse como debería según las circunstancias de crisis. 

La cuestión es si esto es una situación coyuntural o es una tendencia. Y es en esta cuestión donde no se puede hacer un análisis tajante. Porque si bien hay elementos que nos indican que las empresas y los trabajadores españoles han aprendido que no se puede tener un crecimiento sano a base de inflación, porque nos movemos en un entorno competitivo global, por otra parte persisten en nuestra economía no pocos elementos inflacionarios, pues no se han hecho las reformas estructurales sectoriales que hagan a los mercados españoles verdaderamente competitivos, ya que seguimos teniendo mercados semimonopólicos y regulados, empezando por los de factores de producción, que sólo tienen moderación de precios por la atonía del consumo. En definitiva, por si había alguna duda de que esta crisis es diferente a las grandes del siglo XX, los datos de inflación lo corroboran, porque la de los treinta cursó con la grave enfermedad de la deflación y la de los setenta con la no menos grave de la inflación. Esta, al menos, en esto nos va bien. 

Estados ¿Unidos?

La situación de las finanzas públicas norteamericanas es tan compleja que, por segunda vez en el año y no por última vez, la economía norteamericana ha vivido en la últimas semanas al borde del colapso. Para explicar el problema no basta con hacer un análisis político de las posiciones de los dos partidos norteamericanos, sino que es necesario analizar los problemas de fondo de la muy financiera economía norteamericana. 

A pesar de toda la retórica con la que podríamos envolverlo, el hecho es que el modelo de crecimiento de la economía norteamericana es, desde hace más de sesenta años, típicamente keynesiano. Es decir, es un modelo orientado al crecimiento económico en el que tanto la política monetaria como la política fiscal se articulan para mantener una alta tasa de crecimiento económico que permite tener una baja tasa de paro. En general, los norteamericanos no tienen entre sus objetivos de política macroeconómica ni la estabilidad de precios (aunque tienen una cierta vigilancia sobre su inflación), ni el equilibrio de la balanza de pagos (deficitaria desde hace décadas), sino el crecimiento y el empleo. Es típico, pues, que en épocas de bajo crecimiento los gobiernos norteamericanos utilicen una expansión fiscal, bien mediante bajadas de impuestos (como las que hizo el presidente Reagan en los 80 o el presidente Bush junior en este siglo); bien mediante expansión del gasto (como las que hizo el presidente Carter en los setenta o el presidente Obama ante la crisis actual); bien mediante una combinación de las dos. Como es típico que la Reserva Federal siga aproximadamente la regla de Taylor de tal forma que, cuando se produce una situación de bajo crecimiento, lo esperado es una fuerte bajada de tipos de interés y, si es necesario, la inyección directa de financiación en el sistema financiero (tal y como ocurrió en 2001 o en los últimos años). Los norteamericanos, gobierne quien gobierne, son, en política macroeconómica, predecibles y pragmáticos. 

El problema latente del modelo de crecimiento norteamericano es un problema financiero. Y es que la economía norteamericana, casi desde la Segunda Guerra Mundial, ha crecido arrastrando dos déficits importantes: el déficit público y el déficit exterior. Dos déficits, que durante un tiempo se llamaron "gemelos", que han ido acumulando una ingente deuda pública y una importante deuda exterior. Los norteamericanos acumulan una deuda pública neta de casi el 100% de su PIB (unos 17 billones de dólares, unos 13 billones de euros), mayor que la deuda pública europea y, en términos absolutos, la más grande del mundo (casi un 20% del PIB mundial). Una deuda pública que los norteamericanos colocan fácilmente en los mercados internacionales, fundamentalmente en China, Alemania y las economías petroleras, convirtiéndola, así, en exterior (el 50% de toda la deuda exterior mundial). La situación es, de momento, sostenida por el papel de moneda internacional del dólar y la dependencia de todas las economías del planeta de la economía norteamericana, pero está alcanzando unas cotas que la hacen peligrosa. 

La raíz del problema es el déficit público norteamericano. Un déficit que, este año, estará en el entorno del 6% y sobre el que tanto demócratas como republicanos coinciden en que es necesario controlar. En lo que no coinciden es en el ritmo de reducción y en el camino para lograrlo. Los demócratas, con el presidente Obama a la cabeza, quieren subir impuestos y reordenar las partidas de gasto orientándolo hacia más bienestar (gasto sanitario y educativo, por ejemplo), mientras que los republicanos, guiados por los extremistas del Tea Party, quieren reducir aún más el escaso Estado del Bienestar norteamericano. Y para ganar este debate estos últimos utilizan todos los resortes legales y políticos que la maquinaria política americana permite. Viviremos, pues, más momentos financieros críticos en los próximos años. No solo porque el problema del modelo de crecimiento americano no se resuelve en unos meses, sino porque la política norteamericana se ha polarizado y banalizado... casi como la nuestra. 

Otros presupuestos suspensos

El pasado 27 de septiembre el Gobierno aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Unos presupuestos que cada vez se presentan y explican peor. Este año con un powerpoint cutre de 6 transparencias inconexas, sin cuadro macroeconómico y sin homogeneidad entre ellas (ni con años anteriores), y con dos notas de prensa de tres páginas escritas en estilo twitter en las que el titular es tan escandalosamente propagandístico que se llama ¡recuperación! a un crecimiento del ¡0,7%! del PIB. Con estos documentos para presentar una ley de la importancia de los presupuestos, el Gobierno vuelve a decirnos a los ciudadanos que nos tiene por unos críos tontos. Una vez más, el Gobierno ignora la importancia de la comunicación en política económica. En cuanto al contenido del proyecto de ley, volvemos a tener, como en los años anteriores y en las previsiones de abril, un ejercicio de política fiscal que, en cualquier facultad de Económicas del mundo, merecería la calificación de suspenso.

Profundamente suspenso. En primer lugar, porque el cuadro macroeconómico vuelve a estar mal hecho. Me temo que es muy improbable que el PIB crezca el 0,7% el próximo año gracias a la aportación del saldo exterior en un ¡1,2! con crecimientos del 5,5 de las exportaciones y del 2,4 de las importaciones. Para que estos datos se den, el crecimiento de la Eurozona ha de ser más vigoroso y debe volver a haber una temporada turística récord. Más razonable me parece la previsión negativa de crecimiento de la demanda interior en el -0,4%, pues tendremos un consumo interior prácticamente estancado en el entorno del 0, por la alta tasa de paro, las bajadas reales de salarios, los altos niveles impositivos y el exceso de deuda. Como contribuirá negativamente la disminución del consumo público en el 0,9, por los ajustes fiscales, y una inversión raquítica por las bajas expectativas de consumo y el racionamiento de crédito que la banca está sometiendo a las empresas. Prever, con este cuadro de puro estancamiento interior, una mejora del déficit público en el 0,7 del PIB es excesivo, máxime si no se quieren subir los impuestos ni se quieren tocar realmente los gastos. Pero más allá del cuadro macroeconómico, los presupuestos están mal hechos porque vuelven a encerrar trampas en el solitario. En la vertiente de impuestos hay dos claras. La primera es que me temo que no es fácilmente explicable cómo es posible prever una subida de la recaudación de IRPF en 1,7%, con el nivel de paro, caída salarial y de rentas empresariales que estamos experimentado. Dicho de otro modo, si el empleo no va a mejorar y no van a subir las rentas, que son la base sobre la que se grava el impuesto, ¿cómo es que esperan recaudar más? ¿es que prevén una subida del tipo impositivo? El año pasado hicieron una previsión similar y han fallado en 2.233 millones. Y este año no se espera otra "regularización" fiscal. La segunda es similar, pero más llamativa, porque es sobre la recaudación de IVA. Si el consumo privado se espera que solo crezca en un 0,2% y las importaciones solo un 2,4 ¿de dónde sale una subida de recaudación del 2,7? Y en la vertiente del gasto, casi nada se puede decir, salvo que no hay buena información, porque los gastos no están bien desagregados, hay una absoluta falta de transparencia y solo se habla de tope de gasto.

En definitiva, el Gobierno, por enésima vez, ha presentado unos presupuestos mal elaborados, oscuros en sus cifras y farragosos en su comunicación. Unos presupuestos de los que solo se puede concluir que las administraciones públicas pretenden gastar un 11,3% más de lo que prevén recaudar y que a esto le llaman "austeridad". Unos presupuestos que hay que trabajar más porque hay que presentarlos en Bruselas dentro de un mes, y sería muy peligroso tomar a los socios comunitarios por tontos, como hacen con nosotros.

Sin anestesia

Seamos realistas y digamos las cosas sin anestesia. El paro es una realidad que afecta a 6 millones de personas en España. Tenemos 1,8 millones de familias con todos sus miembros en paro. La tasa de paro es del 26,3%. Estos son los hechos. 

En perspectiva histórica es la cantidad de parados más alta que jamás haya tenido la economía española, y la tasa de paro más alta desde que hay registros y estudios de paro en nuestro país. Y si tomamos una perspectiva comparada, la situación adquiere unas sombras para una reflexión más profunda: España, con solo el 9% de la población de la Unión Europea, concentra el 31,5% del total del paro europeo. Ni siquiera Grecia, con una caída del PIB en los tres últimos años de casi el 30% llega a tener la tasa de paro española. 

Y si traducimos estos números a nuestra comunidad autónoma las proporciones se multiplican: Andalucía, con una población de solo 8,4 millones de personas, tiene 1,4 millones de parados, lo que supone una tasa de paro del 35,79%. Para hacernos una idea de las diferencias con Europa, Alemania tiene una población 10 veces más grande que Andalucía y solo tiene 2,3 millones de parados. 

Esta es la verdadera medida de la crisis porque este es el verdadero problema de nuestra economía y nuestra sociedad. Posiblemente estemos ahora saliendo de la recesión en la que estábamos, con tasas de crecimiento positivo en unas décimas (en gran medida fruto de una magnífica temporada turística) y es más que probable que el año que viene crezca el PIB alrededor del 1%. Es cierto que tenemos balanza de pagos positiva y estamos pagando lentamente nuestra deuda exterior. Como es cierto que se ha frenado la destrucción de empleo. Como es cierto que la prima de riesgo está en niveles soportables. 

Siendo todo esto cierto, que lo es, no es cierto que estemos saliendo de la crisis. Porque lo único que muestran estos indicadores es que el duro ajuste salarial y el de productividad (por los sobredespidos) que está sufriendo la economía española están haciendo que ganemos competitividad, lo que mantiene la demanda exterior porque la demanda interior está estancada, que empieza a ser creíble la situación de nuestros bancos y se han alejado los fantasmas de la quiebra del euro. Nada más. 

Lo siento, pero los indicadores no muestran que estemos saliendo de la crisis, sino que nuestra dramática situación no empeorará. Y no muestran que estemos saliendo de la crisis porque la verdadera salida de la crisis será cuando empecemos a crear empleo estable de forma sostenida a un ritmo de 300.000 al año (y no 31 empleos netos por causas estacionales), cuando bajemos de los 5 millones de parados, cuando la cifra de hogares con todos sus miembros en paro baje de 1 millón, cuando no estemos haciendo permanentes ajustes salariales. No estaremos en crisis cuando estemos creciendo al 3% con los equilibrios básicos de inflación y balanza de pagos equilibrados. No estaremos en crisis cuando tengamos medio millón de empresas más y la inversión vuelva a tasas positivas de crecimiento. No estaremos en crisis cuando empiece a bajar la deuda pública y no tengamos un déficit público del 7% y hayamos dimensionado el sector público a lo que realmente debe ser. 

Y para llegar a esta situación falta mucho, mucho más esfuerzo, mucha y mejor política económica. Hay que hacer mucho más que unas "reformitas" parciales o inacabadas, lanzar las campanas al vuelo de cada dato que no empeora, protestar en Bruselas, echarle la culpa a Alemania y esperar a que escampe. 

Lo siento, siento de veras ser un aguafiestas y no poder decir que estamos saliendo de la crisis. Pero la realidad de la economía española es la que es y es mi obligación de economista honrado contarla. Lo demás son politiquerías y no están los tiempos para ellas. 

Paro y fractura social

Seis años de crisis están cambiando profundamente la economía y la sociedad española. Cambios que son tanto más grandes y problemáticos por impensables hace sólo cuatro o cinco años. Y lo curioso es que casi nada ha cambiado en la política española. Las mismas caras, los mismos debates. La sociedad española está cambiando y se precipita en una crisis social. 

La economía española ha cambiado profundamente. De una tasa de crecimiento de casi el 4% estamos pasando por la segunda recesión y nos conformamos con crecer al 1%. Los equilibrios de mercados, inflación y saldo exterior, en el entorno de la estabilidad. Los de sector público, disparados, con una deuda del 90% y creciendo y un déficit a duras penas controlado al 7%, a pesar de subidas de impuestos y recortes en los gastos. Y lo que lo cambia todo: una dramática tasa de paro del 26,3% con más de 6 millones de personas que buscan empleo. La economía española de 2013 es muy diferente, no sólo sectorialmente (ya casi no queda construcción), sino en su propia dinámica y funcionamiento, a la de 2008, antes de la quiebra de Lehman Brothers, en gran medida porque tiene una cifra de paro insostenible. 

En paralelo a estos cambios los cambios en la sociedad española. Demográficamente no crecemos, no sólo porque se haya frenado la inmigración y haya una incipiente emigración, sino porque se han desplomado los nacimientos. Se aceptan con normalidad (aunque no por algunos) nuevas formas de familia. Nos hemos secularizado hasta límites impensables hace una década, y se acepta con relativa calma la diferencia. Los españoles nos hemos vuelto escépticos y acomodados, no sé si por una cínica reflexión, por edad o por simple pasividad. Tan escépticos y acomodados que contemplamos con una asombrosa pasividad y conformismo la cifra de paro y a la fractura social que está produciendo. Porque el paro, ese 26,3% de tasa de paro, que en algunas zonas sobrepasa el 30%, está poniendo en peligro nuestra cohesión social y está provocando fisuras sociales que pueden derivar en una verdadera fractura. Una fractura social peligrosa, muy peligrosa en un contexto de desprestigio de la política y de las instituciones de participación social. 

6 millones de parados; 1,8 millones de familias con todos sus miembros en paro; 3,5 millones de parados de larga; 1,7 millones de jóvenes en paro... son suficiente causa de fractura social porque nada redistribuye más renta que el mercado de trabajo, ni nada produce más desigualdad ni divide socialmente más que el paro. Porque el paro no sólo produce pérdida de renta, es que también deteriora las condiciones de salud del parado, disminuye su autoestima, lo empuja al ocultamiento social, a la disminución de la participación, a la marginación. Y con todo esto, el deterioro de las condiciones de vida de la familia, empezando por los más vulnerables. El paro es un drama social. Un drama social que, además, estratifica la sociedad porque afecta más a las capas más pobres. Un drama social porque produce capas sociales que no se mezclan, que se reproducen a sí mismas, que impiden la dinámica social. Y con ella la polarización, la pérdida de esa clase media que articula la convivencia. 

La crisis no sólo es económica, estamos empezando a vivir una crisis social que puede ser mucho más grave y difícil de resolver. Una crisis social provocada por una incipiente fractura social que si no se hace más grande es porque aún se mantiene en pie nuestro Estado del bienestar, porque la solidaridad familiar aguanta ese 26,3% de paro, porque Cáritas y otras organizaciones sociales palian los casos más extremos. 

Creo que es en esto, en reactivar la economía y evitar la fractura social, en lo que tendrían que estar ocupados nuestros políticos y, con ellos toda la sociedad, porque lo que nos jugamos se llama convivencia y es la esencia de la vida en comunidad. 

Gibraltar y la política exterior

Hay una regla en política que establece que la mejor forma de desviar la atención de un problema interior es buscarse un problema exterior. Nada como un conflicto exterior para centrar los titulares. Y más en un verano en el que no hay fútbol internacional. Mucho daño debe estar causando el caso Bárcenas en el Gobierno para que se haya dado la orden de elevar el tono con Gibraltar. Porque a esto, y no a otra cosa, responde la política de controles en la Verja y la escalada de agresividad de la política española contra Gibraltar. Lo demás son excusas. Y es que Gibraltar consigue poner el acento en un agravio histórico (delicia de titulares de prensa), se exacerba al nacionalismo españolista (y al catalanista), se da la sensación de que se hace algo importante y parece que tenemos política exterior. 

Y lo que realmente se consigue es poner de manifiesto que no tenemos dirección de política exterior. Porque si tuviéramos una política exterior coherente, algo que no tenemos desde que Jose María Aznar decidió, en 2001, romper los principios de la que teníamos desde la Transición, el tema de Gibraltar lo tendríamos encauzado desde hace años, a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas referentes a la descolonización del Peñón, en el marco de la Unión Europea. Más aún, si el tema lo hubiéramos jugado dentro de la misma Unión ahora tendríamos fuerza legal para exigir la trasposición, dentro del Peñón por ser territorio británico, de la normativa medioambiental británica y europea que evite los arrecifes artificiales o las gasolineras flotantes. Como hubiéramos obligado a los británicos a imponer a los gibraltareños la normativa de controles financieros que hubiera llevado al Reino Unido a contradicción jurídica y concitado el apoyo de los alemanes y los nórdicos. 

Frente a eso, la política que seguimos es infantil ya que es imposible mantener los controles fronterizos por tiempo indefinido, y hemos dejado que sean los británicos los que lleven una acción que se realiza en territorio español, los controles, ante la misma Unión Europea, para que la declare ilegal, con lo que llevan ellos la iniciativa. Incluso, el Gobierno, en un burdo intento de concitar la "unidad nacional" involucrando al PSOE, ha tenido la peregrina idea de abrir negociaciones cuatripartitas, metiendo a Gibraltar y a la Junta de Andalucía, contradiciéndose en su criterio de limitar la acción exterior de las Comunidades Autónomas. 

Más aún, el tema de Gibraltar está tan mal llevado que incluso se ha hecho un amago de acercamiento a Argentina, con la que tenemos varios contenciosos bilaterales graves, porque preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo que, por Gibraltar, estamos a punto de dar un giro en nuestra política latinoamericana y europea, pues el tema de las Malvinas es un tema mayor tanto en Argentina y en el Reino Unido. Incluso podemos ir a peor, porque el contencioso de Gibraltar es interpretado en Marruecos como un espejo de nuestras ciudades del Norte de Africa, aunque no lo sea ni histórica, jurídica o sociológicamente . 

Gibraltar es un tema delicado que ha de tratarse con cuidado. Lo malo es que, encima, nuestro Gobierno nos regala con justificaciones absurdas. Porque justificar los controles en el contrabando de tabaco (los 140 millones de cajetillas anuales que los gibraltareños, según el ministro del Interior, no se fuman) es absurdo, porque es evidente que no pasan 33.000 cartones de tabaco diarios por la Verja. Como no es de ahora y es evidente que Gibraltar es un paraíso fiscal indecente y que eso no se elimina con los controles. 

Lo siento, pero el tema de Gibraltar pone de manifiesto que tenemos una política exterior "castiza" y contradictoria, algo que no debe ser nunca la política exterior, que emana de un Gobierno que gestiona a impulsos de una "agenda" que no controla. Y que dudo que pueda llegar a controlar. 

Explicaciones, ya

La democracia no es solo un conjunto de derechos individuales inalienables y la posibilidad de elegir a aquellos que nos gobiernan. Es también un proceso de toma de decisiones y de rendición de cuentas. De ahí que el nivel de democracia de un sistema político, su calidad democrática, se mida por el número y profundidad de los derechos que se ejercen realmente, por las posibilidades reales de cada uno de los ciudadanos de ser elegido para un cargo, por la transparencia y participación con la que se toman las decisiones, se rinden cuentas y se asumen responsabilidades. Una democracia, como la española, en la que los derechos se ejercen con mucha dificultad (y siempre desigualmente), los partidos sustraen la posibilidad real de ser elegido y no hay transparencia ni en la toma de decisiones, ni en la rendición de cuentas, es, siento decirlo, de muy baja calidad. 

Una calidad democrática que se deteriora cada día un poco más por la actitud del presidente Rajoy de despreciar uno de los más elementales principios democráticos: la rendición de cuentas, pública y continua ante la opinión a través de los medios, y en sede parlamentaria ante los representantes del pueblo. Es un desprecio a la democracia que un presidente no conceda ruedas de prensa (salvo cuando viene un mandatario extranjero), que no admita preguntas, que no responda a lo que se le pregunta y, lo que es peor, que no quiera ir, y se le consienta no ir, a las Cortes para darle cuentas a los representantes legítimos del pueblo español. En Estados Unidos, por ejemplo, las comunicaciones del presidente Obama a la nación son semanales y, solo el año pasado, dio 42 ruedas de prensa sometiéndose a todo tipo de preguntas. En Inglaterra, el primer ministro Cameron dio el pasado año 30 ruedas de prensa y se sometió a más de 200 interpelaciones parlamentarias. En Alemania, la canciller Merkel dio 23 ruedas de prensa... 

Pero no es solo que el presidente no quiera dar explicaciones, es que, encima, la vicepresidenta Sáez de Santamaría nos dice a los españoles que las dará "cuando y como él considere oportuno". Con lo que el Gobierno nos trata como si fuéramos niños chicos a los que se les puede decir qué pueden preguntar, qué es importante y qué no, y cuándo han de preguntarlo. Parece como si el presidente del Gobierno fuera una especie de "jefe" de los españoles y la ciudadanía pobres súbditos que hemos de expresar lealtades incondicionales. Y, lo siento, pero en una democracia el "jefe" es la ciudadanía, no el presidente. No votamos un "dictador benevolente" cada cuatro años. Y este ciudadano que soy quiere explicaciones. 

Las explicaciones que quiero hoy no se refieren a la "flor de invernadero del crecimiento", sino a si el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. Como quiero saber si esta financiación dio ventajas en las licitaciones públicas a determinadas empresas. Como quiero saber qué empresas y particulares fueron los que dieron el dinero, a quién lo dieron y qué consiguieron con ello. Y quiero saber si el presidente Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular cobraron sueldos en negro defraudando a Hacienda. Sencillamente, quiero explicaciones. Y estoy en mi derecho de quererlas ya. 

Y quiero explicaciones porque quiero formarme una opinión sobre el perfil moral de quienes me gobiernan, sobre la credibilidad de sus palabras, sobre su grado de hipocresía y cinismo. Quiero hacerme una idea de la podredumbre de nuestra vida pública. Quiero saber en qué grado de mentira hemos estado viviendo. 

Por eso exijo explicaciones del presidente del Gobierno ya. Y exijo que pidan esas explicaciones los parlamentarios del Partido Popular que nos representan en Madrid y que, de momento, no las piden por disciplina de partido. Y digo exijo, y no ruego, porque soy un ciudadano, no un súbdito… y ya estoy harto de que se me trate como a un inferior. 

Un informe prescindible

Esta semana pasada se han presentado dos documentos importantes. El primero, un informe FAES, el think tank del PP que preside José María Aznar, se titula "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo", y en 218 páginas pretende orientar la reforma fiscal que se avecina; el segundo, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE, se llama "Hacia una estructura federal del Estado", y en 24 páginas nos dice cómo propone el PSOE reformar la Constitución. Como el primero marcará la próxima reforma fiscal, será el que analice hoy. 

El documento que presentó Aznar el martes pasado se articula en un prólogo, siete capítulos y unas conclusiones. Y ya desde el mismo índice se ve el hilo argumental del documento, pues el primer capítulo se dedica a los "costes de la imposición"; el segundo a la relación entre "impuestos y crecimiento económico"; el tercero a la "reforma del IRPF"; el cuarto a los rendimientos del "capital"; el quinto a la fiscalidad "empresarial"; el sexto, a la "imposición indirecta", y, el séptimo a la "imposición de la riqueza". O sea, que desde el principio, el informe, que se pretende "científico", está orientado a sostener las ideas bajo las que se encargó: que pagar impuestos es "malo"; que si se pagan impuestos se ralentiza el crecimiento; que el IRPF hay que simplificarlo; que hay que reducir la fiscalidad al capital y a las empresas; que hay que aumentar la imposición indirecta (con el hallazgo de que es ¡progresiva!); que hay que eliminar los impuestos que gravan la riqueza, porque invitan a una "vida desenfrenada" (pág.201). Es decir, el informe FAES dice lo que Aznar y Esperanza Aguirre vienen diciendo desde hace años en un ejercicio de escolasticismo pseudocientífico. Un informe prescindible, con una desproporción asombrosa en el análisis de los impuestos que pagan las familias que poseen capital frente a las que solo viven de su salario (mayoritarias en España); incompleto, porque no hay un capítulo para las cotizaciones sociales, cuando tienen una incidencia evidente en el empleo y suponen el 38% de la recaudación; y muy parcial, porque no hay ninguna referencia al gasto público que es la causa última de la imposición. 

Una lectura reposada del informe nos lleva a encontrar perlas asombrosas. Así, el primer capítulo, tras 30 páginas de cientifismo económico, solo llega a la conclusión, de manual de microeconomía de primero, que pagar impuestos genera costes y distorsiona el comportamiento de los agentes. El segundo se esfuerza en documentar que los impuestos directos tienen más influencia en el comportamiento económico que los indirectos, lo que es también evidente porque los directos los percibimos claramente y gravan la totalidad de la renta generada y los indirectos no, para llegar a la conclusión de que hay que subir la imposición indirecta (en lo que ya se aplica el ministro Montoro). 

De los otros capítulos, dos son los más reseñables, por la importancia relativa de los impuestos, y contienen ideas incalificables, especialmente respecto a la progresividad o distribución de la carga impositiva. Así, en el capítulo sobre el impuesto de la renta, se despacha el tema de la progresividad con un par de párrafos (pág. 93) y el aserto de que la redistribución de la renta ha de hacerse a través del gasto público (cuando hay evidencia en lo contrario). Mientras que en el capítulo sobre la imposición indirecta se llega a afirmar, en la página 180, sin pudor ninguno, que los impuestos indirectos en el caso español son ¡"ligeramente progresivos"! De la suma de las dos ideas, se puede deducir que la progresividad del sistema no les importa. En definitiva, el informe FAES son 218 páginas de cháchara que solo buscan justificar lo que, a priori, quería el que mandó hacer el informe. Lo malo es que con estas páginas de cháchara el Gobierno hará una reforma fiscal que afectará negativamente al crecimiento, al empleo y, más grave, a la cohesión social española. 

Optimismo impostado

La semana pasada oí el discurso del presidente Rajoy ante la Asamblea General de la CEOE y escuché con atención el del presidente de la patronal, Juan Rosell, y el de la Caixa, Isidro Fainé. Luego estudié con detenimiento las propuestas de la CEOE sobre la política económica que, según la patronal, nos podrían hacer salir de la crisis. 

Cada uno de los tres discursos tuvo una letra diferente, aunque complementaria, pero los tres tuvieron la misma música de fondo. La letra del discurso de Rajoy es conocida por repetida. Según él, se está haciendo un gran esfuerzo fiscal y muchas reformas de las que pronto se verán los resultados. La letra del discurso de Rosell fue la esperada de un presidente de la patronal. La presión fiscal es, según el presidente de la CEOE, excesiva. Además hay que adelgazar la administración y, desde luego, hay que acabar con la inestabilidad y la inflación normativa que padece la sociedad española. El discurso de Fainé, más que letra, fue un tarareo con un estribillo de optimismo. 

Esa fue la música de fondo: el optimismo. Porque para los tres la economía española está "empezando a salir de la crisis". Una idea que basaron en los mismos indicios: el superávit comercial de abril (el primero en casi 50 años), la bajada del paro registrado en mayo, la mejora de la prima de riesgo frente al verano de pasado año, la flexibilidad europea con nuestro déficit público, la moderación salarial, etc. De donde dedujeron que la economía española está generando "confianza". 

He de reconocer que ninguno de los tres discursos me gustó. No porque no esté de acuerdo con algunas partes del análisis o de las propuestas, sino porque los tres discursos fueron superficiales, y, de esta superficialidad, su baja "credibilidad" para mí. Deducir una "recuperación de la tasa de crecimiento" de un superávit comercial mensual es desconocer la estructura de nuestras exportaciones y su escasa incidencia interna, así como el factor cíclico de la moderación de nuestras importaciones porque en cuanto la demanda interna crezca solo al 1%, el superávit desaparece. De igual forma, me temo que tomar como indicio de mejora, en un mercado de trabajo con 6,2 millones de parados y una tasa de paro del 27,16%, un dato mensual de un mes tradicionalmente bueno por factores estacionales es una frivolidad. Como me viene pareciendo un abuso del lenguaje que el Gobierno hable de "austeridad", cuando si transformamos el 6,5% sobre PIB en porcentaje sobre ingresos totales nos arroja que las administraciones gastan un 13% más de lo que ingresan. Y decir que una prima de riesgo del 300 es un buen dato, es decir que no saben que eso significa que nuestras empresas, en el caso de que encuentren financiación, se están financiando a tipos del 6-7%, lo que, con expectativas negativas, supone que la inversión sea cero. 

Y de un análisis superficial, un diagnóstico superficial y unas propuestas superficiales, cuando no una valoración superficial de las políticas económicas que se están haciendo. El discurso de Rajoy es la típica lista de decisiones que está tomando su gobierno sin explicar, como siempre, el para qué, ni los resultados esperados. Rosell hizo un discurso intemporal con ideas repetidas y previsibles. Y el de Fainé fue un canto al optimismo como si su invocación cambiara la situación de la economía española. Hubo un momento en que me pareció estar asistiendo a una representación, como si cada uno de ellos supiera lo que iba a decir el otro y todos se hubieran conjurado para producir una determinada percepción en el público. Una percepción de optimismo. 

No creí en su momento en los "optimismos antropológicos", como no creo en los "optimismos impostados" para generar expectativas. Los políticos y los dirigentes sociales no se dan cuenta que tienen un discurso tan previsible que no generan confianza. Para eso, hay que tener, además de un discurso nuevo, credibilidad. Algo que ya no tienen. 

Pensiones, otra vez

El pasado viernes 7 de junio se presentó el "Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones". Un informe de 43 páginas que se articula en seis partes. 

El contenido de las dos primeras partes del trabajo es un buen ejercicio académico que responde a la pregunta de cómo hacer sostenible a lo largo del tiempo el gasto en pensiones, mediante el ajuste de la cuantía de las mismas, teniendo en cuenta unos ingresos dados, la previsión de evolución demográfica y la esperanza de vida de la población española, y siguiendo unos criterios de equidad en el reparto y de revalorización de las pensiones. La solución que aporta al primer criterio, el de equidad, es una fórmula por la cual la pensión inicial con la que una persona se jubilaría se va acompasando, en términos reales (sin tener en cuenta la inflación) en función de las personas que ya están en ese momento recibiendo pensión y las que vayan entrando en los años siguientes, de tal forma que el momento de entrada no sea el que condicione la prestación. Esto es el "Factor de Equidad Intergeneracional". Por su parte, la revaloración se resuelve con un "Factor de Revalorización Anual", que sustituye al IPC, y que tiene en cuenta, además de otras variables económicas, el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, o sea, los ingresos y gastos previstos en cada momento. 

La parte tercera del informe es un ejercicio de modulación de la propuesta, mientras que la cuarta es un conjunto de condiciones para su correcta aplicación. La parte quinta es un resumen titulado "Un factor de sostenibilidad necesario, adecuado y aceptable" y es una buena síntesis que responde a los tres adjetivos de su título. El anexo final es una comparación de lo propuesto con lo que viene operando en otros sistemas de pensiones. 

El resultado general del trabajo es, en mi opinión, muy bueno en la respuesta a lo que se le ha pedido, que es cómo modular el gasto en pensiones. No creo que a estas alturas nadie discuta la necesidad de contar con un mecanismo de control del gasto en pensiones que sea lo más automático posible, y que cumpla, además, con los criterios de equidad y revalorización. Como no creo que nadie niegue la magnitud del problema que se nos avecina. 

El problema del trabajo es que el encargo que el Gobierno hizo es parcial, de solo la mitad del problema. Porque, a pesar del título, el informe no es sobre la sostenibilidad del "sistema de pensiones", sino sobre la sostenibilidad del "gasto en pensiones", que no es lo mismo, obviando la otra mitad del sistema, su financiación. Para que el contenido del trabajo hubiera respondido al título que se le ha dado, el Gobierno hubiera tenido que encargar al Comité de Expertos una segunda parte que trate de la financiación, y hacer las consideraciones generales de sostenibilidad del sistema no sólo sobre el gasto, que es lo mismo que decir que la sostenibilidad del sistema siempre se ajustará sobre la cuantía de las pensiones, sino también sobre cómo mejorar la financiación del sistema público de pensiones. Porque tan importante para la sostenibilidad del sistema es el control del gasto como la solidez y estabilidad de los ingresos. Parece que el Gobierno se conforma con el actual sistema de financiación a través de las cotizaciones sociales, lo que dada su inestabilidad por la debilidad estructural de nuestro mercado de trabajo (¡a su vez motivada por las propias cotizaciones sociales!), los españoles tendremos que acudir a sistemas privados de pensiones para completar la menguante pensión que se nos augura. 

Coincido con el Gobierno en la necesidad de hacer sostenible el sistema público de pensiones. Pero, en mi opinión, la reforma que el sistema necesita va más allá que unas fórmulas de ajuste de las pensiones hasta incluir el decimonónico y pernicioso sistema de financiación. 

Paraísos fiscales

Esta semana pasada se ha celebrado una cumbre europea en la que se ha tratado la evasión fiscal. Un problema estructural de la economía mundial que ya era hora que entrara en la agenda de las grandes economías. Un problema estructural que, como pasa siempre en Europa, se aborda con una declaración de buenas intenciones que suena poco creíble y con un camino que sabemos que va a ser muy tortuoso. Pero, de cualquier forma, es una buena noticia el que se trate de luchar contra la evasión fiscal, especialmente internacional, y los paraísos fiscales. 

El funcionamiento de un paraíso fiscal es muy simple. Es como cualquier negocio de precios bajos que lo que necesita es mucho volumen de ventas. Lo que le da carácter de paraíso fiscal a un país o un territorio autónomo es un sector público cuyo nivel impositivo sea muy bajo. Para tener, entonces, ingresos fiscales suficientes, esa administración lo que necesita es tener una base imponible muy grande. Lo que implica, para que sea sostenible, que ha de "importar" base imponible, es decir, que en el paraíso fiscal se produzcan rentas que provengan de la actividad económica en otros países, pero que se puedan transferir o contabilizar en él. De ahí que lo que se importe sea transacciones financieras a las que se grava con un tipo irrisorio. Más aún, para hacer más atractivo el paraíso fiscal se puede prestar, además, el "servicio" de que garantizar el anonimato y la inmunidad, por lo que un paraíso fiscal será tanto más atractivo cuanto menos regulación tenga. 

Teniendo esto en cuenta, un paraíso fiscal será tanto más eficiente cuanto menos gasto público tenga y mayor nivel de base imponible tenga. De ahí que los más eficientes sean ciudades-estado o islas pequeñas bien localizados, ligados a potencias militares fuertes (Mónaco, las Islas del Canal, Gibraltar, las Antillas, etc.), porque no tienen ni gasto público en seguridad exterior, ni obras de infraestructuras, ni territorio que mantener y, además, en muchos casos, sus ciudadanos ni siquiera viven en el territorio. Territorios cuyas economías son muy desequilibradas sectorialmente porque no tienen espacio para la agricultura, ni para la industria, salvo excepciones, y están lógicamente muy centradas en un sistema financiero que es, junto con una pequeña administración pública, casi la totalidad de la economía. Si se le suma, además, un negocio como el juego que permite transacciones económicas en efectivo (Mónaco, Macao, etc.) el paraíso fiscal es casi perfecto. Para que un paraíso fiscal funcione, pues, ha de ser pequeño, con pocos habitantes, bien localizado, con un sistema financiero grande, con doble nacionalidad, sin regulaciones, y una legislación opaca y protectora de la intimidad y de la soberanía. Las distorsiones que los paraísos fiscales causan a la economía y la sociedad mundial son inmensos. Gracias a ellos la persecución de los mercados ilegales y de graves delitos son más difíciles. Gracias a ellos perseguir el tráfico de personas, de armas, de drogas, o el terrorismo internacional es más difícil. Gracias a ellos, las grandes compañías mundiales gozan de una fiscalidad muy baja. Gracias a ellos hay una alta impunidad en la corrupción mundial. Y gracias a ellos hay una clase social mundial que es inmensamente rica porque esconde su dinero en paraísos fiscales. Sabiendo todo esto, que lo sabemos desde hace años y se ha intensificado en los años de la globalización financiera, lo escandaloso no es solo que los paraísos fiscales existan, sino que se esté tardando tanto en luchar contra ellos. Lo esperanzador es que se ha empezado y se ha dejado caer incluso alguno semicamuflado de economía respetable como Chipre. Lo malo es que aún queda mucho por hacer porque toda economía grande tiene asociado un paraíso fiscal. Lo estúpido es que no sea difícil acabar con ellos y vayamos a tardar la eternidad que tardaremos. Lo perverso es que llamamos "paraíso fiscal" a lo que, en realidad, es una "cloaca moral". 

Debates

Creo que una de las más curiosas características de nuestro tiempo es la superficialidad en nuestra percepción de la realidad. Los temas de los que hablamos y que configuran nuestra realidad social empiezan, casi siempre, por una noticia sensacional, un fantástico titular con dramatismo. Luego, puesto de moda el tema, se sigue un proceso clásico de explotación de la noticia repitiéndose durante dos o tres días lo mismo, creándose un "marco conceptual" y fijándose un mensaje. Finalmente, cuando ya se ha metido el tema en el debate partidista o ideológico y los políticos y tertulianos tienen una "solución", se deja de hablar de la cuestión para que, solo de vez en cuando y cuando interese, se recuerde la idea que se fabricó y la "solución" que se tiene. 

En general, el debate social, político y económico español es terriblemente superficial. No abordamos realmente lo que ocurre, no reflexionamos sobre lo que pasa y sus causas, no tenemos un discurso fundamentado, no sabemos los qué y los porqué de la realidad. Ni siquiera somos capaces de tener una cierta fijeza sobre las cuestiones, más allá de lo que dura una temporada de medios de comunicación. En este país, no tenemos (con alguna salvedad, como el de la Universidad) la costumbre de los "libros blancos" de expertos sobre un tema. Informes que analicen con una cierta objetividad y rapidez las cuestiones que nos preocupan y aporten posibles vías de solución, para, después de un debate serio y fundamentado, tomar decisiones que resuelvan los problemas. En el Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Bruselas hay, en estos momentos y que yo sepa, no menos de cinco o seis comisiones o grupos estudiando temas como Europa, envejecimiento, tecnología y universidades, estado del bienestar, terrorismo, paraísos fiscales, etc. 

Igual me equivoco, pero yo no he oído, por ejemplo, que el Gobierno haya nombrado, en diálogo con otros partidos, una comisión nacional que analice la organización territorial y una posible reforma constitucional. Los nacionalistas catalanes siguen la hoja de ruta que marcaron sus teóricos en los noventa después de estudiar muchos casos de construcción nacionalista en la Europa del siglo XX. El PSOE anda inventando una propuesta de "federalismo con singularidades". El PP no sé si está elaborando algo más allá de lo que publicó la FAES en su momento. Ante estas iniciativas dispersas y, en muchos casos, superficiales, ¿no sería más sensato encargar un buen informe que evalúe qué competencias tiene quién y cómo las ejerce, que haga una propuesta de ordenación y, si hace falta, hacer una reforma constitucional? Es lo que hicieron los alemanes en su reforma de 2006. 

Como me parece que deberíamos encargar un buen libro blanco sobre la corrupción y las fuentes de corrupción en España y abordar las reformas legales pertinentes. E igualmente me parece que sería bueno que, como se hizo en los ochenta con una tasa de paro 10 puntos por debajo de la actual, un informe sobre el mercado de trabajo español que cimente un plan de reforma coherente. Como sería bueno un informe sobre las pensiones y la sostenibilidad del sistema o sobre el sistema educativo o sobre política exterior. Me temo que para abordar problemas tan graves no es de recibo leer solo informes o papers muy concretos de determinados think tanks de la misma cuerda ideológica. 

Sé que estoy pidiendo algo casi imposible, porque en un país tan partidista y escolástico, en el que prima más la ideología que la competencia intelectual y en el que juzgamos lo que se dice más por quién lo dice que por lo que se dice, es muy improbable que aceptemos una mirada desapasionada sobre la realidad. Pero creo que empezar por abordar seriamente los problemas es el primer paso para resolverlos, porque sin análisis no hay posibilidad de solución. Lo demás es como fiar la curación de una enfermedad grave a lo que opinen "mis" amigos en un twitter. 

13 de mayo de 2013

Más de lo mismo

El pasado viernes 26, el Gobierno presentó el nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas para los próximos años y las medidas de política económica que había aprobado, contenidas en el Programa de Estabilidad y en el Plan Nacional de Reformas (www.lamoncloa.gob.es). 

En primer lugar, actualizar el cuadro macroeconómico era necesario, dado que la realidad está dejando obsoletas las previsiones que el Gobierno hizo hace solo seis meses. Ahora reconoce que la situación de la economía española es de recesión, que tenemos un 27% de paro, que el déficit no bajará del 7%, y que la deuda pública escalará hasta el 91%. Pero es lo único creíble del cuadro, porque a medida que hace previsiones éstas son un ejercicio de incoherencia. Solo un dato para contrastarlo: el Gobierno supone que el crecimiento real de la economía española para los próximos años será del 0,5% en 2014, del 0,9% en 2015 y del 1,3% en 2016. Y dentro de este crecimiento la inversión crecerá respectivamente el ¡-0,9%!, el 2% y el 4,3%, lo que es posible. Lo imposible es que con esos datos, y los de consumo, prevea una bajada del paro del 0,4, el 0,9 y el 1%. O tenemos mucha capacidad instalada sin utilizar, o el Gobierno prevé una salida masiva de personas de la población activa o, lo más probable, el Gobierno vuelve a hacerse trampas en el solitario. Como se las hace en los parámetros exteriores o en las previsiones de deuda pública. 

Sobre ese cuadro de previsiones, el Gobierno construye el Programa de Estabilidad de las cuentas públicas. Un programa que también reconoce lo evidente: que las medidas impositivas que se nos dijeron "provisionales" se van a convertir en permanentes, y que el ajuste se hará como se ha venido haciendo. Un programa que es más de lo mismo: unos objetivos de déficit, unas reformas impositivas y nada que decir en el lado de los gastos. En cuanto a los impuestos, el Gobierno reconoce, incluso, el sentido de su reforma al subrayar que quiere darle "más peso específico a los impuestos indirectos sobre los directos manteniendo el principio de solidaridad en la carga tributaria". Lo que parece que no sabe el Gobierno es que dando más peso a los impuestos indirectos baja la progresividad del sistema impositivo, lo que hace imposible que se reparta más solidariamente la carga tributaria. Por el lado de los gastos, incluso menos ideas: ninguna. 

Lo abrumador, otra vez, ha sido, sin embargo, la fiebre reformista. El Programa Nacional de Reformas contempla hasta 8 reformas variopintas entre las que se encuentran el mismo Plan de Estabilidad fiscal y el seguimiento de la Reforma Laboral (como si evaluar lo que se ha decidido fuera algo que hay que publicitar). Las demás medidas son ampliaciones de las que ya se nos vendieron como novedosas hace meses: ley de unidad de mercado, colegios profesionales, apoyo al emprendedor (con alguna medida que incluso ya existe), modernización de la administración local (la autonómica ni se nombra y supongo que la central no ha de modernizarse), gobierno corporativo y, lo único novedoso, una Ley de Desindexación que veremos en qué acaba. O sea, lo que se nos ha venido diciendo, en un batiburrillo desestructurado y con carencias asombrosas. En esto he de reconocer que el Gobierno no se hace trampas. Sencillamente está reconociendo que no tiene ni la más remota idea de qué quiere hacer con la economía española, ni cómo hacerlo. O sea, que no sabe qué tiene que reformar ni para qué. 

Realmente siento ser tan duro, pero cinco años después de empezada la crisis y con 6 millones de parados, la situación no es como para que un Gobierno con esta mayoría parlamentaria siga instalado en la retórica sin sustancia, sino para que haga un ejercicio de realismo y de gobierno. No son tiempos de tontadas y superficialidades, sino de realismo valiente. Y, por favor, no insulten más nuestra inteligencia. 

Política monetaria japonesa

Posiblemente la noticia más relevante de las dos últimas semanas en cuanto a verdadera política económica, o sea, acciones reales que cambian las condiciones en las que se mueve la economía, haya sido la decisión del Banco de Japón de hacer una muy keynesiana expansión monetaria por valor de casi medio billón de dólares. Algo muy relevante por la importancia de la economía japonesa y por el tamaño de la expansión sobre la masa monetaria mundial. Mientras, Europa anda esperando a que llegue septiembre y a que, tras las elecciones alemanas, Merkel decida algo, y, en España, el Gobierno está esperando no sé muy bien a qué para tomar decisiones. 

La decisión del Banco de Japón se ha justificado por los dos objetivos que oficialmente persigue: intentar huir de la tendencia deflacionista (caída de precios) que arrastra Japón desde hace casi una década y, al mismo tiempo, aumentar la tasa de crecimiento de la economía (actualmente en el 1,2%), dinamizando la demanda interna. El Banco quiere, fundamentalmente, cambiar las expectativas de precios de los consumidores japoneses. Y es que están tan acostumbrados ya a pensar que los precios van a bajar, que el consumo privado japonés es muy lento, lo que ralentiza, a su vez, el crecimiento. Por otra parte, una pequeña subida de los precios, dentro de la típica banda del 0-2%, supone bajar los tipos de interés reales y permitiría diluir la parte interna de la deuda pública japonesa (en un 144% del PIB, una de las más grandes del mundo). 

Pero, ¿realmente es tan negativa la situación de los precios japoneses? ¿realmente necesita Japón un estímulo monetario para crecer? ¿O sus fuentes de crecimiento tienen otro origen? Mucho me temo que, sin desmentir la versión oficial, la expansión monetaria japonesa responde a más objetivos que los que se están publicando. Porque una tasa de crecimiento en la economía japonesa del 1,2% puede parecer muy pequeña o razonablemente suficiente, según como se analice. Y es que un 1,2% de una economía con una renta per cápita de 47.000 dólares (frente a los 28.000 de España o los 6.600 de China) es, en mi opinión, más que suficiente. Máxime cuando tiene crecimiento poblacional estancado, una tasa de paro que no llega al 5%, un crecimiento de la productividad de casi el 2% y un saldo exterior por cuenta corriente de casi el 2,3%. Es decir, una economía muy rica, muy estable, con un nivel tecnológico altísimo y un saneado crecimiento económico, ¿necesita hacer una expansión monetaria de ese calibre sólo para hacer crecer su demanda interna? 

Sin negar los objetivos oficiales que se han aportado, la expansión monetaria japonesa, igual que sus predecesoras norteamericanas, tiene, además, otros objetivos que no por no explícitos son menos importantes. Porque una expansión monetaria en una economía abierta como la japonesa y con un sistema de cotización de divisas flexible tiene efectos financieros significativos. Para empezar, sobre la cotización y, para continuar, sobre los flujos monetarios y financieros internacionales. 

Con la expansión, el Banco de Japón responde a las sucesivas expansiones monetarias norteamericanas, la última, de mediados de diciembre pasado. Expansiones cuyo efecto más directo, además de reactivar la economía norteamericana, han sido el mantenimiento de la cotización del euro (que debiera estar cayendo por la debilidad de la economía europea, frente al resto del mundo) y la revaluación del yen y del reminmbi chino. Una revaluación del yen que le ha costado a Japón casi un punto de crecimiento a través de su saldo exterior, al tiempo que empobrece a su muy ahorradora clase media que tiene parte de su capital en dólares. 

Creo, pues, que con la inyección monetaria, Japón está lanzando un aviso de que no va a consentir una revaluación del yen más allá de una cantidad razonable. Un aviso para evitar una guerra de divisas que no beneficiaría a nadie. Y menos a los europeos necesitados de financiación como nosotros. 

Chipre diferente

Chipre es una de esas economías que pasan desapercibidas hasta que tienen graves problemas, saltan a la actualidad y se hacen todo tipo de especulaciones sin fundamento. Por eso hay que analizarla, aunque sea brevemente. 

Para empezar, Chipre es una economía pequeña. Es una economía de 1,2 millones de habitantes (algo menos del 2,6% de la población española), con un PIB de unos 15.000 millones de euros (alrededor del 1,5% del PIB español) y una renta per cápita un 75% de la española. Una economía cuyo funcionamiento se ha basado en dos pilares: un sector servicios sobredimensionado, por un excesivo sistema financiero y de transporte marítimo, y en ser un paraíso fiscal para las empresas. Chipre (hablamos siempre de la zona sur de la isla, la greco-chipriota) es, pues, una economía pequeña que vive del turismo, del comercio, del transporte marítimo y de la intermediación financiera, con una administración pública poco interventora. 

Una economía pequeña con una gigantesca crisis financiera que tiene su origen en la forma en la que ha crecido y funcionado su sistema financiero y su economía. Y es que el sistema financiero chipriota trabaja en la Eurozona con regulaciones británicas (fue colonia hasta 1960), sin la supuesta "honorabilidad" de la City, lo que hace que sus sistemas de contabilización y contratos sean muy flexibles y las operaciones opacas, sin demasiados registros. Si a este sistema financiero se le suma un sistema fiscal con un impuesto de sociedades del 10%, un puerto de mar sin reglas y una marina mercante de las más grandes del mundo (tiene 838 barcos mercantes registrados, por 132 de España), tenemos una economía más allá de lo razonablemente legal en Europa. Por eso, Chipre fue el lugar ideal para el tráfico de armas y las finanzas de las guerras de los Balcanes en los 90 y lo es para las eternas guerras de Oriente Próximo (Líbano, Siria, etcétera), para las operaciones de blanqueo de dinero y comercio de droga turco, para las operaciones de inversión de los oligarcas rusos. Un flujo de dinero ilegal al que hay que sumar el de empresas legales (petroleras, etcétera) que se aprovechan del bajo impuesto de sociedades y de las compensaciones impositivas internacionales. El resultado es un inmenso flujo de dinero que los bancos chipriotas (con activos 7 veces superiores a su PIB, frente a sólo las 2,8 veces de España) han colocado en deuda griega (y egipcia, libanesa, etcétera) incluso en plena crisis. Hundido el valor de las deudas griega y egipcia, los chipriotas tuvieron que pedir ayuda en julio pasado y, ahora, aceptar la quiebra total de su sistema financiero porque sus activos no valen, su sector público no tiene capacidad para garantizar los depósitos y todo el mundo reclama el dinero (legal o ilegal) que les depositó. 

La solución de un rescate bancario europeo sin más, al estilo español, era imposible, no solo por el tamaño absoluto (mayor que el español), sino porque los chipriotas nunca podrían pagarlo. Obligar a los acreedores a una quita de sus préstamos, bajo legislación británica, es enzarzarse en pleitos de incierto resultado. Imponer un "impuesto sobre los depósitos de más de 100.000 euros" ha sido una solución más razonable, porque, aun siendo confiscatoria, no tiene porqué afectar a la inmensa mayoría de la población (¿quién con un nivel de renta de 18.000 euros tiene una cuenta de ahorro con más 100.000 euros de saldo?); es rápido (solo subir el impuesto de sociedades implicaría tener que esperar un año); y se recauda sobre una base muy amplia (casi 4 veces el PIB). De paso se destroza el sistema financiero chipriota, pagan los rusos, y se desbarata una economía en el borde de la ley. 

Si no hubiera sido por la tontada inicial de gravar los depósitos de menos de 100.000 euros, hubiera pensado que la solución era genial, por lo atrevida, y, por sus implicaciones, digna de una película de James Bond. 

La igualdad importa

Hace años que vengo diciendo que para analizar de forma más completa la situación de una economía habría que estudiar algún índice de igualdad o desigualdad. Describir una economía sólo por el crecimiento del PIB, la tasa de paro, la inflación y el resto de medidas de demanda, oferta y equilibrios es incompleto. Añadir la renta per capita y su evolución mejora la posibilidad de valoración, pero no deja de ser una media que no sirve más que para hacer comparaciones. Incluir en el análisis un índice de desigualdad que refleje cómo se distribuye personalmente o familiarmente la renta y cómo evoluciona esta distribución permitiría tener una imagen más completa de la situación. 

Disponer, además, de un índice de desigualdad con la misma periodicidad que el PIB o el paro nos permitiría comprender mejor la dinámica del crecimiento económico, porque la distribución de la renta, la igualdad o desigualdad de la distribución, el que haya más o menos ricos y pobres y más o menos clase media, influye de forma determinante en el ritmo de crecimiento económico. Por eso, en la mayoría de las economías, es falso el viejo dilema de los ochenta entre crecer o distribuir: todo crecimiento es distribuido. Más aún, en contextos de mucha desigualdad no se crece si no se distribuye más igualitariamente. Y la experiencia latinoamericana es paradigmática en este sentido. De la misma forma que todo empeoramiento de la distribución ralentiza, normalmente, el crecimiento potencial de una economía, como demuestra la experiencia británica. 

Más aún, la desigualdad influye en la política (y ya lo señaló Aristóteles) porque separa a la ciudadanía, genera fractura social, empeora la convivencia, llega a ser la causa de no pocas guerras civiles, y, en democracias, de la radicalización de la política. De hecho, hay una clara correlación entre aumento de la desigualdad y polarización partidista. 

Pero, ¿cuáles son los mecanismos más importantes de distribución y redistribución de una economía? En las economías modernas, el mecanismo más importante de distribución es el mercado de trabajo, pues de la distribución de salarios y de la tasa de paro depende la distribución general de la renta. Y, de ambas variables, la más significativa es la tasa de paro porque es dual: no tener trabajo es, en muchos casos, no tener renta. Por su parte, los mecanismos de redistribución que mejor funcionan son dos: el gasto público, especialmente el social, y un sistema impositivo progresivo. 

Por eso, porque la desigualdad importa, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer, por ejemplo, una política de ajuste fiscal o reformar o no el mercado de trabajo. Así, basar el ajuste fiscal en una subida del IVA (sin sustitución de cotizaciones sociales) y no en el IRPF es, además de injusto, más ineficaz para salir de la crisis. Como lo es recortar en pensiones antes que hacerlo en gasto corriente. Como es peor un mercado de trabajo rígido porque provoca paro. Uno de los modelos más exitosos de crecimiento económico es, como han demostrado los escandinavos y los centroeuropeos, la combinación de una economía flexible (con mucha competencia en los mercados de bienes y servicios), con un mercado de trabajo también flexible y un Estado del bienestar con un buen nivel de gasto público (especialmente en educación, sanidad y protección social), financiado por un sistema fiscal fuertemente progresivo. La experiencia de los países escandinavos en sus crisis en la segunda mitad del siglo XX y las enseñanzas de las políticas alemanas y austríacas de este siglo avalan esta idea. 

En medio de la urgencia de la coyuntura, de los chismes de corrupción y de los mismos y aburridos debates políticos alejados de la realidad no estaría mal que, tanto el Gobierno como la oposición sensata, hicieran una nueva reflexión sobre la igualdad y su dinámica y la introdujeran de forma rigurosa y sin tópicos en su discurso. Posiblemente saldríamos antes de la crisis y evitaríamos abismos que son muy peligrosos. 

Italia, eterna

La imagen que tenemos de un país los ciudadanos de otro depende en no poca medida de lo que publican los periódicos y vemos en los telediarios. Los viajes, los documentales, los reportajes de vida cotidiana (tipo "españoles por el mundo"), las visitas turísticas y los amigos y conocidos naturales de ese país nos ayudan a conformar un poco más la imagen, pero, en muchos casos, los estereotipos persisten. Si al ciudadano medio español se le pregunta por Italia tiene una imagen folklórica que se resume, además de en los nombres de ciudades eternas o míticas, en cuatro o cinco palabras clave: Berlusconi, mafia, Ferrari, pizza. 

Berlusconi es, y más tras su dulce derrota de la semana pasada, el símbolo de la compleja política italiana. Se subraya mucho ahora la "ingobernabilidad" de Italia por los resultados electorales de la semana pasada. Según parece nadie se explica la victoria por la mínima de Bersani, el segundo puesto de Berlusconi, el ascenso de Beppe Grillo y el fracaso sin paliativos de Monti. Sin embargo, cuando analizamos con una cierta perspectiva histórica lo que ha ocurrido, se puede concluir que, en Italia, ha ocurrido lo de siempre, lo que prácticamente viene ocurriendo desde hace décadas, incluso desde antes que se refundara la República allá por los primeros años 90, con la transformación del viejo Partido Comunista y la defenestración de toda su clase política por la corrupción. Ha ocurrido que los italianos son mayoritariamente gente pragmática, con sensibilidad social, con un punto moderno en medio de un gran apego a lo tradicional, que admiran el descaro, son escépticos, tolerantes y... están hartos. Un pueblo al que le gusta la política, su teatro y sus juegos, pero que ya está cansado de sus políticos, a los que, sin embargo, sigue eligiendo porque no tiene mucho donde elegir y porque cree que "son todos iguales". Una ciudadanía para la que la política es un arte (porque les emociona), un espectáculo (que les entretiene), un deporte (que les da una bandera y una competición). Italia es una sociedad tan potente, intelectual y económicamente, que se permite el lujo de tener una democracia imperfecta con problemas de gobernabilidad, corrupción, inestabilidad y mafia. Y ha podido permitírselo, hasta ahora, porque la economía italiana es Ferrari y pizza, es Finmeccanica y el Carnaval de Venecia, es Armani y Barilla.... La economía italiana es una potente economía, con casi un 30% de su PIB en la industria, lo que le permite tener una balanza de pagos relativamente equilibrada (por eso su deuda exterior es relativamente pequeña) y una envidiable (para parámetros españoles) tasa de paro del 11%, lentamente creciente. En la actualidad está sufriendo una recesión, más motivada por los fuertes ajustes fiscales de Monti (ha cerrado el año 2012 con un déficit de poco más del 3% --la mitad que nosotros--), que por la debilidad de su demanda. Italia, además, no ha tenido burbuja inmobiliaria, ni sus familias y empresas están altamente endeudadas (su nivel de endeudamiento global es 80 puntos menor que el nuestro). El problema de la economía italiana son sus cuentas públicas, el alto nivel de gasto público (parte de él improductivo y manejado corruptamente) y un sistema impositivo complejísimo con un alto nivel de fraude (que han colaborado a acrecentar sucesivas amnistías fiscales). Una política fiscal que ha acumulado en los últimos años un 123% de deuda pública sobre PIB, que es insostenible. El problema de Italia es Berlusconi y lo que significa, no Ferrari, es su política, no su economía. De hecho, el único problema económico de Italia es lo cara que le sale ese arte, ese espectáculo, ese deporte que es su política. Una política que tendrán que reformar porque no creo que puedan mantenerla. Lo bueno es que, pueblo viejo y sabio como son, ellos lo saben. Lo malo es que los que han escogido (Bersani, Berlusconi y Grillo) no creo que sean los más adecuados para hacerlo. 

Desafecto

He de confesarlo. Si mañana se celebrasen elecciones no iría a votar. Me quedaría en casa, incumpliendo lo que llevo defendiendo más de treinta años: que el voto es la forma democrática de manifestar la preferencia y no la calle. Por eso, no estando de acuerdo en muchas cosas con los partidos que he votado, siempre he ido a votar. Alguna vez, de joven, voté convencido; otras según el criterio de la opción menos mala; últimamente sólo por una genérica razón de alternancia. Hoy, sencillamente, no iría. Porque ya no confío en los políticos que nos representan, incluso me cuestiono la utilidad de muchas de nuestras instituciones. 

No es ya que los líderes políticos no cumplan sus promesas electorales y nos mientan. No es ya que estén más preocupados por su parcela de poder que por los problemas reales de la ciudadanía. No es ya que no tengan análisis y discurso y que nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino. No es, ni siquiera, que tengan unas orejeras ideológicas que les impiden juzgar la realidad moderadamente, y se peleen como adolescentes. No es ni siquiera que nos crean tontos, y nos traten más como súbditos que les debemos pleitesía, que como ciudadanos libres con derechos. No es que los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos una administración discrecional, ineficaz, que nos ahoga. No es ya que la democracia formal que nos reconoce la Constitución esté lejísimos de la democracia real que tenemos. 

No, no es por esto por lo que dejaría de ir a votar. Porque comprendo que los políticos construyan sus campañas sobre eslóganes, en las que lo que importa no es tanto ofrecer algo razonable, sino ofrecer algo mejor que el otro, por lo que puedo llegar a entender que hagan promesas que no van a cumplir. Como comprendo que sólo atiendan a lo que les llega y tengan una visión parcial de lo que pasa, que cometan errores y que tengan diferencias de pensamiento, incluso llego a comprender que crean que saben más que nosotros y que nos traten con soberbia y distancia, porque todo esto está en la naturaleza humana. Como llego a explicarme la imperfección del sistema de partidos, la de elección de candidatos, la de representación política y la ineficacia de la administración, porque no existen democracias perfectas y las burocracias son entidades pesadas, costosas e ineficaces. Todo esto lo comprendo porque está en la lógica de las limitaciones humanas: hay muchas cosas que no sabemos y todos tenemos diferentes conocimientos, intereses, valores e información. Soy consciente de que todo es perfectible, porque todo es inevitablemente imperfecto. 

Por lo que no iría a votar es por esa manifiesta falta de ética (y estética) pública que la clase política española, desde la Familia Real hasta algunos cargos públicos medios y en todos los partidos e instituciones, está mostrando. Tráfico de influencias y enriquecimiento, sobresueldos con dinero negro, financiación ilegal, sobornos, reparto ilegal de dinero público, malversación, dilapidación, comisiones ilegales e inmorales, transfuguismo, espionaje, traiciones, etc. Me avergüenza (¿qué estamos diciéndole al mundo?), me escandaliza (¿qué ejemplo estamos dándole a nuestros hijos?), me indigna y me hace desconfiar de las instituciones la corrupción que padece nuestra democracia. Como me hace desconfiar que no haya políticos que la enfrenten, que los partidos amparen a los corruptos por ese sentido "mafioso" que hace más importante el carnet que principios éticos o políticos elementales. Porque si los políticos honrados (que los hay y alguno conozco) no se enfrentan a la corrupción, ¿quién lo hará?, ¿tendremos que salir a la calle pidiendo que "se vayan todos"? La clase política española está jugando con fuego, porque crisis y corrupción es una mezcla altamente explosiva. 

Por eso no quiero que haya elecciones ahora. No iría a votar porque no sabría a quién. Y, puestos a confesar, no quiero elecciones ahora porque... aún habita en mí una débil esperanza de que algo se mueva. Aunque no sé bien qué. 

Cinco retos para el 2013

El conjunto de retos que tiene la sociedad española en este 2013 es tan impresionante que su mera enumeración es abrumadora. 

El primer reto al que se enfrenta España es una profunda crisis económica, ya en su sexto año, con una pérdida relativa de bienestar que nos lleva a la renta per cápita del 2002. España no solo no crece, es que decrece, corrigiendo muy lentamente los desequilibrios y generando, al mismo tiempo, una masa de paro de casi 6 millones de personas. La crisis que enfrenta España es tan profunda que solo una muy decidida política de reformas y el tiempo podrá revertirla haciendo que la economía española vuelva a una senda de crecimiento que cree empleo. 

El segundo es una consecuencia del paro y de las políticas de ajuste en el Estado del Bienestar. La sociedad española está viviendo la profundización de sus problemas sociales. De una sociedad con problemas de marginación enquistados, pero relativamente "controlados", se está pasando a una sociedad dual en la que se acrecienta el abismo entre los que sufren la crisis directamente (parados, inmigrantes, jóvenes con bajo nivel de formación) y los que la viven desde un puesto de trabajo estable, con niveles de renta confortables. El problema social en España se manifiesta en los desahucios, en el deterioro de las condiciones de los barrios, en la depauperación de la clase media. Un problema que se mantiene relativamente latente, porque la desigualdad y la distribución personal de la renta no están en la agenda política, pero que puede estallar en cualquier momento. 

El tercer reto al que se enfrenta España es, como consecuencia de la misma crisis y de sus errores de diseño, la reestructuración de su administración pública. La economía española, dado su nivel de ocupación y el de productividad, no puede sostener una administración pública tan costosa como la que tiene. No es posible, como ha ocurrido, mantener déficits públicos en el entorno del 6% durante muchos años, ni aumentar (hasta el 2012 en 277.000 puestos de trabajo según la EPA) el nivel de empleo público, cuando se han perdido 3 millones de puestos de trabajo en el sector privado y se dispara el gasto en prestaciones por la crisis. No se trata de reducir el gasto social o de recortar el gasto educativo o sanitario, se trata de hacer mucho más eficiente la administración pública española para hacerla menos costosa. 

El cuarto reto es de orden político. Y es que la política española está viviendo un momento muy complejo porque al reto soberanista catalán, grave en sí mismo por lo que implica de fractura (más en Cataluña que en el resto de España y con el resto de España), se une el inmenso desprestigio de la clase política por los escándalos de corrupción y falta de ejemplaridad en sus comportamientos. Un desprestigio que afecta a todos los niveles, empezando por la Familia Real hasta el último partido político que ha tocado algo de poder, y que está pasando del desafecto a la deslegitimación del sistema representativo. Una deslegitimación que puede ser muy peligrosa si la mezclamos, además, con estancamiento económico, paro y dualidad social. 

Y, por si fuera poco, España se enfrenta, en un momento de extrema debilidad, a un convulso e incierto proceso de construcción europeo (con parálisis por las elecciones en Italia y Alemania y el órdago británico), una amenaza difusa (pero real) en su seguridad por la inestabilidad que viven los países del Sur del Mediterráneo (Libia, Egipto, Siria) y del Sahel, y una permanente zozobra con las inversiones de sus empresas en Latinoamérica. 

Estos son los cinco retos, en mi opinión, a los que nos enfrentamos los españoles en estos tiempos. Cinco problemas que no siempre percibimos en medio del ruido de la actualidad. Cinco problemas que hemos de abordar decididamente para no caer en el caos. Cinco problemas que son "lo que está cayendo". 

Comparaciones

He de reconocer que no me gustan las comparaciones históricas. Comparar la actual crisis mundial con la de 1929 es, en mi opinión, de una utilidad muy limitada. El mundo de 2013 es tan diferente al de 1929 que cualquier comparación es poco significativa. Creo que las interacciones, que eso es la economía y la política, de 7.000 millones de personas (3 veces más que en 1930), con una edad media 5 años mayor, 10 veces más ricas, con un nivel tecnológico muy superior y en el mundo globalizado y postmoderno del siglo XXI no puede ser la misma que la de 1930. 

Más interesante, sin embargo, es analizar casos de un solo país y más cercanos en el tiempo porque hay menos variación en las condiciones. Así, si queremos hacer una comparación de la crisis que estamos viviendo en España con alguna, quizás la más interesante sea con la crisis de los setenta, aunque sólo sea porque muchos de nosotros la vivimos. 

De esa crisis hay varias cuestiones interesantes. En primer lugar, fue una crisis originada por una crisis sectorial, en este caso, el de la industria, que había sido motor de desarrollo en el periodo anterior (1961-74). Es decir, el origen de aquella crisis, como la actual, fue el exceso de inversión en un sector protegido de la competencia exterior que no pudo soportar el choque de costes del petróleo, ni la dinámica salarial de la economía española, lo que se había traducido en una inflación diferencial excesiva y en un déficit de balanza de pagos inmanejable. En segundo lugar, la dinámica de aquella crisis, como la de ahora, fue la trasmisión al sector bancario, lo que daría lugar a intervenciones públicas y fusiones, congeló el crédito a la actividad productiva y al consumo y condenó a la economía española al estancamiento. Finalmente, la política económica con la que se encaró aquella crisis se basó en una fuerte devaluación (monetaria entonces) que recompuso la competitividad exterior, una rigurosa política monetaria, una expansión del gasto público (creación del Estado del Bienestar) con subidas impositivas y un proceso de liberalización de mercados por la integración en la Unión Europea. Eso sí, todo ello al coste de perder el 10% del empleo, con tasas de paro cercanas al 20%, en un mercado laboral en el que sólo trabajaban 11,3 millones de personas. Y en medio de un complicado marco político de democracia recién estrenada, terrorismo etarra y golpismo. 

Frente a esta crisis de los setenta, la que ahora vivimos es más profunda, aunque las condiciones reales sean mejores. La crisis actual es más profunda porque mientras que, entre 1978 y 1984, la renta per cápita se estancó, entre 2007 y este año, la renta per cápita española ha caído un 8,8%. Más aún, mientras que en aquella crisis se perdieron el 10% de los puestos de trabajo, ahora llevamos una pérdida del 15% del empleo. Sin embargo las condiciones que tenemos ahora, aunque dramáticas, son mejores, pues tenemos una renta per cápita un 90% superior (en términos reales) a la de 1977, una tasa bruta de ocupación (ocupados/población total) del 37,2%, frente a1 29,8% de 1980, un estado del bienestar que, a pesar de los recortes, sigue funcionando y un marco de apertura exterior. 

Eso sí, ahora estamos mucho más endeudados, por lo que, esta vez, además de devaluar (ahora vía salarios), hemos de volver a recomponer nuestro sistema bancario para hacer que funcione la política monetaria, y reformar la fiscal porque no puede funcionar por las deudas acumuladas. 

No podemos, pues, aplicar las mismas políticas concretas que nos ayudaron a salir de la crisis de los ochenta. Pero sí podemos aprender de la actitud con la que se enfocó aquella crisis. Porque de la crisis de los setenta se salió con realismo, credibilidad, esfuerzo, generosidad, solidaridad, políticas coherentes y liderazgo. O sea, todo lo que ahora nos está faltando.