El pasado viernes 7 de junio se presentó el "Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones". Un informe de 43 páginas que se articula en seis partes.
El contenido de las dos primeras partes del trabajo es un buen ejercicio académico que responde a la pregunta de cómo hacer sostenible a lo largo del tiempo el gasto en pensiones, mediante el ajuste de la cuantía de las mismas, teniendo en cuenta unos ingresos dados, la previsión de evolución demográfica y la esperanza de vida de la población española, y siguiendo unos criterios de equidad en el reparto y de revalorización de las pensiones. La solución que aporta al primer criterio, el de equidad, es una fórmula por la cual la pensión inicial con la que una persona se jubilaría se va acompasando, en términos reales (sin tener en cuenta la inflación) en función de las personas que ya están en ese momento recibiendo pensión y las que vayan entrando en los años siguientes, de tal forma que el momento de entrada no sea el que condicione la prestación. Esto es el "Factor de Equidad Intergeneracional". Por su parte, la revaloración se resuelve con un "Factor de Revalorización Anual", que sustituye al IPC, y que tiene en cuenta, además de otras variables económicas, el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, o sea, los ingresos y gastos previstos en cada momento.
La parte tercera del informe es un ejercicio de modulación de la propuesta, mientras que la cuarta es un conjunto de condiciones para su correcta aplicación. La parte quinta es un resumen titulado "Un factor de sostenibilidad necesario, adecuado y aceptable" y es una buena síntesis que responde a los tres adjetivos de su título. El anexo final es una comparación de lo propuesto con lo que viene operando en otros sistemas de pensiones.
El resultado general del trabajo es, en mi opinión, muy bueno en la respuesta a lo que se le ha pedido, que es cómo modular el gasto en pensiones. No creo que a estas alturas nadie discuta la necesidad de contar con un mecanismo de control del gasto en pensiones que sea lo más automático posible, y que cumpla, además, con los criterios de equidad y revalorización. Como no creo que nadie niegue la magnitud del problema que se nos avecina.
El problema del trabajo es que el encargo que el Gobierno hizo es parcial, de solo la mitad del problema. Porque, a pesar del título, el informe no es sobre la sostenibilidad del "sistema de pensiones", sino sobre la sostenibilidad del "gasto en pensiones", que no es lo mismo, obviando la otra mitad del sistema, su financiación. Para que el contenido del trabajo hubiera respondido al título que se le ha dado, el Gobierno hubiera tenido que encargar al Comité de Expertos una segunda parte que trate de la financiación, y hacer las consideraciones generales de sostenibilidad del sistema no sólo sobre el gasto, que es lo mismo que decir que la sostenibilidad del sistema siempre se ajustará sobre la cuantía de las pensiones, sino también sobre cómo mejorar la financiación del sistema público de pensiones. Porque tan importante para la sostenibilidad del sistema es el control del gasto como la solidez y estabilidad de los ingresos. Parece que el Gobierno se conforma con el actual sistema de financiación a través de las cotizaciones sociales, lo que dada su inestabilidad por la debilidad estructural de nuestro mercado de trabajo (¡a su vez motivada por las propias cotizaciones sociales!), los españoles tendremos que acudir a sistemas privados de pensiones para completar la menguante pensión que se nos augura.
Coincido con el Gobierno en la necesidad de hacer sostenible el sistema público de pensiones. Pero, en mi opinión, la reforma que el sistema necesita va más allá que unas fórmulas de ajuste de las pensiones hasta incluir el decimonónico y pernicioso sistema de financiación.
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