El convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y Arenal 2000 es una piedra de toque de la calidad de nuestra democracia municipal. De la mala calidad de nuestra democracia municipal, porque el convenio supone la venta de tres principios que infunden el Plan de Ordenación Urbana a cambio de tres cines. El precio, pues, de la legitimidad del PGOU es de un cine de verano por principio. El primer principio que ha puesto a la venta Rosa Aguilar es el de nuestro modelo de ciudad. Y es que hay, aunque ella lo ignore, una estrecha relación entre la ordenación de las viviendas en el territorio y la estructura social, así como en la forma en la que organiza una ciudad y la manera en la que la gente se interactúa. Es por esta íntima relación entre ciudad y sociedad, por lo que no es bueno que haya ghettos de ricos y pobres si una sociedad que quiere ser integrada, con valores compartidos y con igualdad de oportunidades. Porque los ghettos son, en sí mismos, sociedades cerradas, inamovibles e impermeables al progreso social y político. Las sociedades de ciudades con ghettos son sociedades de capas superpuestas que no se mezclan unas con otras y con parálisis vital. Y de eso sabemos mucho en las viejas ciudades andaluzas. Para romper esa tendencia de barrios marginados, de ricos y de pobres, es por lo que las normas de la Vivienda de Protección Oficial obligan a que, en cada actuación urbanística, ha de construirse un porcentaje de VPO. Este principio es, desde luego, discutible y matizable, pero, en mi opinión, no es un mal principio para orientar el PGOU de nuestras ciudades. Olvidarse de este principio vale, hoy, un cine de verano.
Pero, siendo grave la venta de este principio, más grave me parece la venta de los otros dos principios. Porque valen dos cines de verano olvidarse de dos cimientos en los que se asienta nuestra democracia, y que se resumen en uno, el principio de la igualdad de todos ante la ley. Es un atentado contra un cimiento de la democracia que sobre las normas puedan hacerse excepciones, por la influencia o el poder de una persona o una empresa, porque salta por los aires el primer acuerdo tácito de toda democracia, que es el reconocernos todos iguales ante la ley. Honradamente, ¿está dispuesto el Ayuntamiento a negociar siempre el cupo de VPO? ¿Se hubiera llegado al acuerdo con una empresa que no fuera cordobesa o propiedad de quién es? Si la respuesta a ambas preguntas es no, mucho me temo que se vulnera el principio de igualdad ante la ley por parte del Ayuntamiento.
De igual forma, es un atentado contra otro cimiento de nuestra democracia el que se puedan hacer excepciones porque una persona o empresa aporte algo a cambio, aunque sean tres cines de verano o lo que sea. Porque supone que la ley tiene un precio, que el dinero o el poder social pueden modificar la ley. Y aceptar que la ley tiene un precio es dinamitar un segundo pilar de toda democracia, el pilar del Estado de Derecho, porque toda democracia deja de serlo en el momento en el que una norma deja de ser de aplicación para todos por igual, o puede ser comprada por algunos. Y el hecho de que todos los grupos políticos de la Comisión de Urbanismo estén de acuerdo con el Convenio entre el Ayuntamiento y Arenal 2000 no convalida democráticamente la situación: sólo refleja el miedo que todos ellos le tienen a Rafael Gómez.
En poco valoramos nuestros principios políticos cuando un Ayuntamiento pone a la venta tres principios en los que se asienta la legitimidad del PGOU. Y es muy poco lo que valemos todos juntos cuando quienes nos representan se doblegan al poder de uno de nosotros. Y en nada valora Rosa Aguilar nuestra inteligencia cuando justifica la operación con la obviedad de que lo hace por el interés de la ciudad. Lástima de principios democráticos que nada duran al contacto con el poder de la construcción. Miedo me da pensar lo que debe de estar siendo de nuestro Estado de Derecho cuando recuerdo que la construcción es el motor de nuestra economía.
