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martes, 22 de diciembre de 2009

Tipos de salida

En el último informe del Fondo Monetario Internacional hay una magnífica reflexión sobre qué forma podría tener la salida de la crisis. La gente del Fondo, con dos magníficos economistas como Blanchard y Viñals al frente, se pregunta si una vez tocado fondo (lo que ahora está haciendo la economía española) el crecimiento económico vuelve a ser alto al año siguiente o si hay un periodo en el que no se crece. Incluso se preguntan si, una vez en la senda del crecimiento, éste se mantendrá alto o si puede haber alguna recaída. Si dibujáramos en un gráfico temporal estas tres posibilidades (hay otras), veríamos que la primera (la de vuelta rápida al crecimiento) tiene forma de uve (V), la segunda (la del estancamiento) tiene forma de ele (L), y, finalmente, la tercera, la que contempla posibilidades de recaída, tiene forma de uve doble (W). El análisis, que se basa en el estudio de las crisis de finales del siglo XX, tiene una perspectiva historicista que es ilustrativa, aunque no sea, en mi opinión, demasiado rigurosa. 

Si aplicamos a España esta misma metodología, tendríamos que empezar por la crisis de los setenta. En aquella crisis, cuyo origen fue la subida de los precios del petróleo, el sector dañado fue el sector industrial y éste contagió al financiero. En plena transición política y para contrarrestar sus consecuencias, se hicieron unas políticas fiscales y monetarias muy expansivas y una política laboral dictada por los sindicatos. El resultado fue una larga crisis en forma de W en la que tardamos cinco años en volver a un crecimiento del 2,5%. Y se salió de ella por las reformas estructurales que se abordaron a partir de 1983, por la creación del Estado del Bienestar y por la entrada en la Unión Europea. O sea, se salió cuando se ajustó el sector real dañado (la famosa reconversión industrial), se reordenó el sistema financiero (con más de veinte intervenciones y quiebras), se liberalizaron los mercados y se empezaron a equilibrar las cuentas públicas. No se logró una mejora significativa en el tema del paro por factores demográficos y porque los sindicatos paralizaron las reformas a finales de los ochenta. 

Por su parte, la crisis de 1992-94 fue mucho más corta, pero no menos dura, y se salió de ella en forma V, en gran medida porque se supieron tomar las medidas en el momento oportuno: se devaluó la peseta, se hizo un fuerte ajuste fiscal (con congelaciones de los sueldos de los funcionarios y subida del IVA), se vendieron empresas públicas y se flexibilizó el mercado laboral. 

De la experiencia de estas dos crisis, y con todas las cautelas que hay que poner a los análisis históricos, se pueden extraer algunas lecciones. La primera es que no hay una salida rápida: una economía como la nuestra no se ajusta en menos de tres años o más si están dañados un sector real y el sistema financiero. La segunda lección es que solo empezaremos a salir de la crisis cuando se completen los ajustes sectoriales aceptando sus costes económicos y políticos. Trasladar los ajustes en el tiempo es alargar la crisis. La tercera lección es que los ajustes fiscales son la segunda parte de toda crisis porque, usado el déficit para paliar los efectos de la primera parte, después hay que ajustar la deuda pública so pena de ser insolvente. La cuarta es que con rigideces en el mercado laboral no se vuelve a crear empleo en años. Y, por último, sin liderazgo no hay política económica creíble que acorte el tiempo de crisis. 

De esta crisis, pues, no salimos hasta bien entrado el año 12 o 13 porque no se está abordando bien el ajuste sectorial, ni se sabe cómo ajustar el déficit (y hoy no tenemos la baja fiscalidad del 84, ni empresas públicas que vender), ni se ha empezado la reforma laboral, ni hay liderazgo político. Me temo que a alguno los Reyes Magos deberían traerle mucho carbón de su tierra y subvencionado. 

22 de diciembre de 2009 

martes, 24 de noviembre de 2009

Keynesianos ingenuos y otros (II)

La Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes es un libro complejo. No solo porque está escrito en un lenguaje técnico, a veces farragoso e irónico, sino porque en él están contenidos tres libros diferentes: un manual de macroeconomía; el ensayo de política económica más influyente de la historia; y un panfleto contra el establishment de su época. Precisamente porque los dos primeros libros son coherentes es por lo que sus ideas han tenido tanta influencia. Y, sin embargo, por eso mismo, porque es un libro de análisis y de propuesta tan acertado para su época es por lo que hoy no nos sirve. Es decir, de puro bueno para su tiempo, hoy no es útil, porque la economía que describe Keynes y para la que hace sus propuestas de política económica, sencillamente, no existe. Lo siento, pero el mundo es ahora más complejo. Por eso, si Keynes viviera, sostendría una macroeconomía diferente para explicar lo que ocurre y una política económica más sutil que la que propuso. Keynes sería hoy keynesiano, pero un keynesiano "sofisticado". 

Y como ellos, aceptaría que no hay una única "Teoría General" que explique el comportamiento de todas las economías. Estoy seguro de que aceptaría, por ejemplo, que las funciones de consumo dependen, además de la renta, de la forma en que esta renta está distribuida, de variables demográficas, de las posibilidades financieras y de la existencia o no del Estado del Bienestar, por lo que los resultados dinámicos en distintos países son también diferentes. Supongo que aceptaría que la inversión no depende solo de los tipos de interés, sino también, y principalmente, de las expectativas (idea que él dejó incompleta). Y, de igual forma, sostendría que los mercados de trabajo no son clásicos, por lo que todo el paro no es provocado por una ausencia de demanda efectiva, sino que una parte del mismo es debido al exceso de salario sobre la productividad. De igual forma, supongo que no discutiría que el dinero es algo diferente y más complejo que el de su tiempo. Me temo que Keynes, hoy, hablaría con más cuidado del acelerador, sobre todo después de la nueva economía del crecimiento económico, y que tendría en cuenta el sector exterior porque las economías abiertas funcionan de otra forma que las cerradas. Me temo que la macroeconomía moderna tiene que ser más compleja que la de la Teoría General porque las economías también son más complejas que las de entonces. 

Igualmente, estoy seguro que el viejo Keynes coincidiría con los "sofisticados" en que el éxito de las antiguas políticas keynesianas estuvo en que las políticas de expansión fiscal supusieron una inmensa política de redistribución de renta, tanto dentro de las economías (creación de los estados del Bienestar) como a nivel mundial (Plan Marshall a la cabeza), mientras que las políticas monetarias solo facilitaron la expansión. Y es que los keynesianos sofisticados saben que las viejas políticas fueron eficaces porque se aplicaron sobre economías cerradas con bajos niveles de renta y mala distribución. Por eso, un keynesiano sofisticado sabe que la eficacia de estas políticas dentro de economías desarrolladas depende mucho de cómo se articulen, mientras critica que no se le dé la importancia que tiene a la dimensión mundial e internacional de la crisis. De ahí que un keynesiano sofisticado, como el viejo Keynes antes de morir, haga tanto hincapié en que la solución a la crisis es mundial y proponga una política expansiva internacional, de ayuda a los países pobres, porque sabe que parte de la solución de la crisis de las economías desarrolladas sería un gigantesco Plan África-Asia, al tiempo que se hacen reformas estructurales para hacer más flexibles las economías desarrolladas. Unas reformas que hay que diseñar ad hoc para cada economía. 

Para explicar todo esto, se necesitaría una nueva "Teoría General". Pero no tendría éxito, porque ya nadie lee libros, sino blogs de keynesianos ingenuos o de liberales simples. 

24 de noviembre 2009 

martes, 10 de noviembre de 2009

Keynesianos ingenuos y otros (I)

La política económica que se hace depende de la ideología, los valores que se profesen, y del conocimiento que se tenga de economía. Y, normalmente, aun en los ámbitos académicos, se suele manipular el segundo para que no sea incompatible con la primera. En política económica, por desgracia, suele influir más la ideología que el conocimiento empírico o la lógica. De ahí que algunos, no solo los políticos, argumenten con razones absurdas que son un insulto a la inteligencia. Los hay, incluso, que se atreven a dar un discurso semitécnico amparados en los manuales elementales de macroeconomía que estudiaron hace años. 

En este debate, mitad ideológico y mitad técnico, que es desde el que realizan las propuestas de política económica para la opinión pública, se vienen observando dos grandes líneas de propuestas que me atrevo a llamar "keynesianismo ingenuo" y "liberalismo simple", que merecen una seria reflexión. No incluyo el "izquierdismo adolescente" en este nivel, aunque lo apoyen pseudointelectuales, porque sus categorías conceptuales carecen de rigor. 

Los "keynesianos ingenuos" tienen un magnífico discurso. Para salir de la crisis, para volver a la senda de crecimiento, lo que hay que hacer, según ellos, es una fuerte expansión monetaria, acompañada de un fuerte estímulo fiscal con alto crecimiento del gasto público en todos los niveles. Confían en que los multiplicadores de gasto son mayores que los de impuestos (Teorema de Haavelmo) y creen firmemente que el paro se resuelve sin más que mantener durante el tiempo suficiente los estímulos monetarios y fiscales porque es fruto de una baja demanda efectiva (Teorema de Keynes). Todo esto se sintetiza en unas sencillas líneas de política económica: tipos de interés bajos, inversión pública, gasto social, déficit público. Salir de la crisis es, entonces, cuestión de tiempo. 

Este programa, que es el que está aplicando con matices en todo el mundo, tiene, sin embargo, problemas. En primer lugar, la política monetaria, en segundo plano ahora, solo es eficaz si el sistema financiero funciona correctamente, o sea, si existe transmisión monetaria. Por eso, por mucha expansión monetaria que haya (que la está habiendo), mientras no se recupere el sistema y se reequilibren las cuentas financieras de familias y empresas, la política monetaria solo será un instrumento necesario, pero no decisivo, en la recuperación. Por su parte, los multiplicadores de gasto e impuestos no son estables a lo largo del tiempo, ni son indiferentes al componente de gasto o de impuestos sobre el que se haga la expansión. Dicho de otra forma, la eficacia de la política fiscal depende más de qué impuesto se baje o de qué gasto se amplíe que del a priori de uno u otro. Por cierto, que el gasto en infraestructuras, inversión pública, ni resuelve el problema del paro ni hace crecer la economía si no hay inversión en capital humano e inversión privada que la acompañe. En cuanto al mercado de trabajo, hay un hecho empírico y paradójico con él: cuando es flexible (como el americano), el paro que se produce es mayoritariamente keynesiano, es decir, se resuelve con expansión de la demanda; cuando es rígido (como el europeo), el paro es, en parte, clásico, o sea, debido a un exceso de salario sobre la productividad media. Finalmente, los keynesianos ingenuos no son conscientes de que las políticas que proponen son insostenibles a largo plazo porque generan deudas públicas explosivas y tipos de interés altos o inflación, lo que reduce el potencial de crecimiento. 

Lo siento, pero los keynesianos ingenuos invocan una vieja macroeconomía que sirvió para resolver problemas de economías muy diferentes a las globalizadas economías modernas. Me temo que no llegan a comprender, si es que realmente han leído a Keynes, ni el contexto económico ni la inmensa aportación teórica de la Teoría General. Creo que si Keynes viviera reivindicaría una versión más sofisticada y sutil de su pensamiento. Pero la exposición de este keynesianismo sofisticado tendrá que esperar a un próximo artículo. 

10 de noviembre de 2009 

martes, 27 de octubre de 2009

Culpables o ignorantes

Desde su inicio, ha habido muchos dedos acusadores contra los economistas como culpables de la crisis. Y algunos de nosotros hasta se declaran abiertamente culpables en sus conferencias y publicaciones. Los argumentos para formular esta acusación son, esencialmente, dos: que no fuimos capaces de prever la crisis y que somos responsables de las políticas económicas que nos han llevado a ella. 

La primera acusación, en la que han entrado algunos como Krugman y, en España, Estefanía y otros, es muy ingenua. Parte del convencimiento de que la economía puede prever el futuro, lo que es imposible. Y es imposible por tres razones. La primera es lo que podemos llamar el principio de imposibilidad de Popper, que dice que es imposible predecir la acción humana porque ésta está determinada por lo que en cada momento se conoce; puesto que no sabemos hoy lo que solo sabremos en el futuro, es imposible decir hoy lo que vamos a hacer en ese momento futuro. La segunda razón para no poder predecir tiene que ver con una característica que define esencialmente la acción humana: la libertad, la posibilidad de hacer otra cosa. Solo si no fuéramos libres, si fuésemos máquinas deterministas, podríamos predecir el futuro. Y, finalmente, no es posible la predicción, aún a corto plazo, muchas veces por una razón más pedestre: sencillamente porque no disponemos de datos en tiempo real de muchas variables. Podemos, entonces, predecir a corto plazo porque muchas cosas cambian muy lentamente, pero no a largo plazo, y siempre con dificultad. 

El segundo cargo que se nos formula es el de que somos responsables de la política económica. Y eso es cierto solo en parte, en la parte monetaria, que está muy tecnificada, porque el resto de la política económica está en manos de políticos con escasos, y en el mejor de los casos obsoletos, conocimientos de economía que se mueven más por intereses políticos (los votos o la popularidad a corto plazo) que por racionalidad económica de largo plazo. Es curioso, pero cuando la política económica tiene un fuerte consenso técnico suele funcionar mejor que cuando se politiza. Y habría tantos ejemplos que tendría para escribir varios libros. 

Más interesante que asumir culpas me parece reconocer que la crisis nos ha hecho ver que sabemos poca economía. Nunca se publicó tanto y hubo tantos investigadores como ahora. Pero tampoco nunca hubo tan poca profundidad. Y mi crítica va tanto contra los ensayos como contra los artículos científicos de revistas serias. Los primeros son best-seller escritos para rentabilizar el nombre de su autor, contienen poca argumentación, datos muy sesgados y un relato poco preciso. Y basta leer los libros de algunos premios Nobel recientes para comprobarlo. Comparados con la Teoría General de Keynes o con los clásicos del siglo XIX se ve una inmensa diferencia: no solo es el estilo, es la argumentación, la lógica, la completitud, el ansia teórica de unos y otros. 

Pero siendo esto grave, porque banaliza el debate público y político, más grave me parece que la economía académica que hacemos sea tan ingenua, irrelevante y simple, a pesar de su complejidad matemática. Y es que los modelos macroeconómicos al uso son muy planos en cuanto a sus variables (con dificultad incluyen el comportamiento político, como sugería Lindbeck); siempre reflejan al homo economicus medio; incluyen relaciones causales incompletas y lejanas; se validan con métodos estadísticos conceptualmente elementales; y estudian, normalmente, una pequeña parcela de la realidad. Hacemos, pues, una economía pobre, con pocas ideas y pensamiento. Por eso quizás se vuelve a siempre a Keynes. 

Los economistas no somos culpables de la crisis, como los médicos no son culpables de las enfermedades. De lo que posiblemente sí seamos culpables es de arrogancia y de vanidad, de haber fomentado la sensación de que lo sabíamos todo. Somos, en el fondo, solo culpables de ignorancia. 

27 de octubre de 2009 

lunes, 12 de octubre de 2009

Propaganda presupuestaria

Hace unos días el Gobierno envió al Congreso, para el inicio del trámite parlamentario, la ley de Presupuestos Generales del Estado. Una ley clave en la política económica porque un presupuesto es la expresión económica de las decisiones políticas. Los Presupuestos contienen tanto una valoración de la situación política y económica, como los criterios que con que la aborda. 

Después de analizar con detalle las grandes cifras que ha publicado el ministerio se llega fácilmente a la conclusión de que los Presupuestos presentados por la ministra Salgado son, sencillamente, un ejercicio de propaganda, no de economía. Y ello por tres razones importantes: en primer lugar, porque el cuadro macroeconómico en el que se basan los presupuestos es, sencillamente, increíble; en segundo lugar, porque las opciones de política económica tomadas serán ineficaces para los objetivos que debieran pretenderse; y, finalmente, porque los objetivos que se dice que se persiguen no son los que se plasman en los presupuestos. 

Todo presupuesto parte de un cuadro macroeconómico porque de estas previsiones dependen las cantidades reflejadas en el presupuesto. Así, a partir de lo que se prevé que puede crecer el consumo privado se puede hacer una estimación de la recaudación del IVA; como es necesaria una previsión de la tasa de paro para hacer una estimación del gasto social en desempleo. Fallar en el cuadro macroeconómico supone fallar en la ejecución y tener que hacer permanentes e improvisados ajustes. Las previsiones no son nunca perfectas, pero se pueden aproximar. Las de este año son, sencillamente, inverosímiles: se prevé una inflación cero para todo el año, una tasa de paro que se va a alcanzar ya en el primer trimestre y un número de afiliados a la Seguridad Social difícilmente alcanzables. El resultado final del presupuesto, también otra cifra macroeconómica, es así mismo imposible: nadie se cree que el déficit final de la Administración central vaya a ser del 5,4%, porque la recaudación seguramente será menor y los gastos posiblemente mayores. Máxime si tenemos en cuenta que 10 comunidades ya han superado todos los topes de déficit (entre ellas Cataluña, con elecciones el año próximo) y la situación de los Ayuntamientos es crítica. Las previsiones son, sencillamente, irreales. 

Además de lo anterior, los criterios con los que se ha elaborado el presupuesto no son los más adecuados para salir de la crisis que tenemos. Con un consumo privado en disminución o estancado no es la mejor opción de subida impositiva la de aumentar el IVA, máxime cuando es un impuesto regresivo. Como no es la mejor opción no hacer nada con las contribuciones sociales a cargo de la empresa con una tasa de paro que superará el 20%. O hacer más regresivo el IRPF. Para reducir el déficit público, y no entrar en una deuda pública explosiva, lo más sensato es empezar por recortar gastos, y hay muchos que se pueden eliminar sin más que reordenar las competencias autonómicas y usar criterios de eficiencia en la gestión de los servicios públicos. 

Finalmente, se argumenta que los presupuestos son un instrumento para el cambio del modelo productivo de nuestra economía, cuando las medidas que harían posible este cambio brillan por su ausencia. Empezando porque es falso que se esté haciendo un mayor esfuerzo en I+D+i o en investigación cuando hay un fuerte recorte en estas partidas sobre lo ya recortado este año. 

En suma, los presupuestos presentados son un simple ejercicio de propaganda. Porque ni el esfuerzo fiscal que se prevé es moderado (¡el segundo déficit más alto en democracia!), ni es solidario (con aumento de la regresividad en los impuestos), ni es austero, ni se prima la inversión productiva (por favor, no mientan en las cifras de infraestructuras). Lo siento, pero cada decisión que toma este Gobierno en política económica solo demuestra lo muy superficiales que son sus conocimientos de economía. Y mejor no califico los de nuestros parlamentarios si, Jordi Sevilla dixit, Zapatero es el que más sabe de la materia. Eso sí, su propaganda es impecable. 

12 de octubre de 2009 

lunes, 28 de septiembre de 2009

Regulaciones bancarias

Uno de los temas claves de la cumbre del G-20+2 en Pittsburgh la semana pasada ha sido el de las regulaciones bancarias. De lo que se ha tratado, más allá de la mediática cuestión de los bonus de los tiburones financieros, ha sido de cómo establecer normas internacionales, especialmente contables y de capitalización, al sistema financiero de tal forma que no vuelva a haber una crisis económica como la actual. Las conclusiones, como no podía ser de otra forma, no han sido más un cúmulo de generalidades, pero tienen elementos esperanzadores que pueden dar sus frutos en los próximos años. Algo parece que se mueve. De cualquier forma no nos hagamos ilusiones: no van a existir regulaciones bancarias internacionales, sino orientaciones generales que delimitarán las regulaciones nacionales. 

Ha habido voces que reclaman una mayor regulación de los sistemas financieros. De hecho, en muchos países está en marcha una profunda reforma de las leyes que los regulan. Muchos piensan que, puesto que el origen de la crisis es financiera y se ha producido por los fallos de la regulación norteamericana y mundial, lo que tenemos que hacer para que no vuelva a producirse otra crisis similar es hacer más regulaciones. La argumentación de fondo de esta posición, contenida en no pocos artículos y opiniones, es que la situación actual es fruto de un fallo generalizado de los mercados, de donde se deduce que hay que ir a una mayor regulación. Y esto es, en parte, cierto. Pero hay otra parte que es una apreciación errónea. 

Para empezar hay que decir que las regulaciones dentro de cualquier mercado pueden ser de dos formas: las regulaciones de los agentes, o sea, leyes que dicen quién puede actuar en el mercado como demandante u oferente, y las regulaciones de la actividad, es decir, normas que condicionan las características del producto que se puede comercializar o las condiciones de la transacción. Casi todos los mercados tienen regulados uno de los dos aspectos y, en no pocos casos, los dos, existiendo muy pocos casos en los que no hay ninguna regulación de ningún tipo. Productos alimenticios, ropa, transporte, comunicación, sanidad, educación, etc., la inmensa mayoría de mercados tienen de una forma u otra regulada su actividad. El mercado libre y "salvaje" es más un mito que una realidad. 

Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la actividad bancaria está, en la mayoría de los países, muy regulada. En los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido una actividad regulada especialmente por la parte de los agentes (con normas y leyes obsoletas), mientras que la regulación ha sido muy laxa en la parte de la actividad. De ahí que la Reserva Federal admitiera en los mercados lo que ahora llamamos "hipotecas basura" y tuviera fallos de supervisión que han sido uno de los orígenes de la situación. De la experiencia norteamericana se puede extraer la conclusión de que bajos niveles de regulación de los agentes y de la actividad financiera tienen nefastas consecuencias. Y esto es cierto. Por eso está en revisión todo el entramado legal del sistema financiero norteamericano, pero están teniendo cuidado con no pasarse porque el exceso puede ahogar la innovación financiera. 

Curiosamente del caso español, mucho menos dramático que el norteamericano porque pasamos la crisis bancaria de los ochenta, se puede extraer la conclusión contraria. Porque en España, donde están fuertemente regulados los agentes y la actividad, la parte del sistema financiero que está más dañada es la de las cajas de ahorros. O sea, la parte del sistema que, además de las regulaciones estatales, tiene regulaciones autonómicas, mayores interferencias políticas locales y, en algunos casos, más tutela del Banco de España. De donde se podría deducir que a lo mejor no es que necesitemos más regulaciones, sino mejores regulaciones. Igual hasta menos intervencionismo político y una cierta dosis de mejor supervisión. Pero profundizar en esto nos llevaría a un artículo para iniciados. 

28 de septiembre de 2009 

lunes, 14 de septiembre de 2009

¿Deflación?

Los índices de precios españoles llevan seis meses cayendo. En tasa interanual, los precios cayeron en junio un 1%, en julio un 1,4 y en agosto (último dato conocido) un 0,8%. ¿Estamos, entonces, en deflación? La respuesta es que hoy, y desde un punto de vista técnico, no lo estamos. Y no lo estamos porque, en sentido estricto, definimos que una economía tiene "estabilidad de precios" si sus índices de precios oscilan entre el +2% y el -1%. De ahí que digamos que una economía tiene inflación si sus índices de precios están por encima del 2% o deflación cuanto sus índices de precios están por debajo del 1%. Con estas definiciones, así de precisas por convención internacional basada en muchas razones que sería demasiado largo de explicar aquí, y teniendo en cuenta que en no todos los sectores productivos se produce una caída de los precios, no podemos decir que estemos en una situación deflacionaria. Más aún, los índices de precios subyacentes, que eliminan de los índices generales los elementos volátiles (energía y alimentos no elaborados), de esos mismos meses, no dan resultados negativos, sino que están también en el entorno del cero. Así pues, hoy no tenemos deflación, tenemos estabilidad de precios. 

Las razones de esta estabilidad de precios están claras: en un contexto de debilidad de la demanda, las empresas optan por mantener la producción y las ventas manteniendo o rebajando los precios. Las causas de la debilidad y caída de la demanda global son también claras: las familias españolas tienen este año una menor renta familiar media debido al crecimiento del paro, al tiempo que, por las circunstancias en los mercados financieros, tienen un menor acceso al crédito y han visto deteriorarse sus expectativas. Es evidente que estas tres causas afectan determinantemente a los bienes duraderos (automóviles, electrodomésticos, etc.) por lo que en estos sectores, abiertos además a la competencia internacional, los precios han caído más del 5%. Por el contrario, algunos bienes y servicios son de consumo imprescindible (alimentación, transporte, etc.) y de compras a contado, por lo que sus precios no solo no tienen caídas sino que, en algunos casos, incluso crecen ligeramente. En realidad, no entramos ya en deflación porque aún tenemos ausencia de competencia en no pocos mercados y porque los salarios están creciendo por encima de los precios (y los empresarios en mercados no competitivos trasladan estos mayores costes a los precios). Y posiblemente no entremos en ella y los precios, hacia finales de año, crezcan en el entorno del cero, porque el Gobierno está planteando (creo) una subida de impuestos indirectos (IVA más impuestos especiales) y porque a poco que se anime la economía internacional (China, Estados Unidos y los países centrales de Europa), lo que se espera para finales de año, los mercados de materias primas y energía verán un significativo crecimiento de los precios, que se traducirá en ligeros aumentos de algunos precios interiores. No, no tenemos deflación hoy, pero no es imposible (por el deterioro de la renta de las familias), aunque todos los modelos apuntan a que la estabilidad de precios se mantendrá durante los próximos meses. 

Desde un punto de vista macroeconómico, esta estabilidad de precios es el único indicador de la coyuntura económica, dentro del conjunto de malos indicadores que reflejan la profunda crisis de la economía española, que es positivo. Sin embargo, desde un punto de vista financiero, esta estabilidad de precios no lo es tanto para aquellos que estén muy endeudados porque el tipo de interés real que pagan es mayor. De todas formas, lo malo de verdad de esta situación es que es consecuencia de la debilidad de nuestra economía y no de los aciertos de nuestra gestión de la política económica. 

14 de septiembre de 2009 

lunes, 3 de agosto de 2009

Dolor fiscal

Benjamin Franklin escribió que hay dos cosas en la vida que son inexorables: la muerte y los impuestos. Y es cierto. Todos, aunque no queramos, pagamos impuestos. Otra cosa es que la ciudadanía sea consciente de los impuestos que paga y de cómo los paga. 

De las muchas clasificaciones que se pueden hacer de los impuestos, hay una, poco usada en la literatura académica, que es muy relevante. Es la clasificación del "dolor fiscal". La idea es simple y se puede sintetizar así: puesto que a nadie le gusta pagar impuestos porque es una reducción de su renta, pagar impuestos es una acción económicamente "dolorosa". Una acción tanto más dolorosa cuanto más consciente se sea a la hora de pagarlos. El dolor fiscal del impuesto no está tanto relacionado con la cantidad que se paga, cuanto con la consciencia por parte de la ciudadanía de que lo paga. Así, el impuesto más doloroso es el IRPF porque es un impuesto en el que el individuo conoce cuánto paga a la Administración del total de su renta. El resto de impuestos (el IVA, las cotizaciones sociales, las tasas, los impuestos especiales, etc.) son impuestos indoloros porque la ciudadanía no sabe cuánto impuestos paga, ni su proporción, ni tiene forma de calcular cuánto paga realmente por unidad de tiempo. Más aún, el IRPF es un impuesto doloroso porque la liquidación se hace, por parte del que soporta el impuesto, una vez al año, mientras que el resto de impuestos se van pagando poco a poco, en cada compra, todos los días, en pequeñas cantidades. 

Puesto que el dolor fiscal existe y tiene consecuencias políticas, todos los gobiernos del mundo, aun los más avanzados y democráticos, mantienen impuestos indirectos indoloros a pesar de ser más injustos que los directos (que suelen ser progresivos). Incluso intentan hacer indolora la imposición directa, mediante exenciones, simplificaciones de los trámites, etc. No es sólo una cuestión de facilidad y eficacia de la Administración, es también una cuestión de anestesiar el dolor fiscal. 

De hecho, uno de los temas estrellas de las elecciones en España, desde que el Partido Popular lo prometiera en su programa electoral de 1993, ha sido la bajada de impuestos (directos). Más aún, el presidente del Gobierno, cuando aún no lo era, hizo aquella declaración en la que decía que bajar impuestos "también es de izquierdas". El problema es que, en España, unos y otros han mentido sistemáticamente sobre este tema, porque siempre se han referido a los impuestos dolorosos. Tanto que han llegado a hacer que los españoles estemos totalmente anestesiados del dolor fiscal. Y basta con hacer un breve repaso de algunas de las creencias que hay sobre este tema para corroborarlo. Así, hay una mayoría de gente que cree que el dinero que da el Gobierno es del Gobierno y no de todos los contribuyentes; o que las empresas pagan las cotizaciones sociales y el IVA, cuando son meras recaudadoras. O que todos pagamos el mismo IRPF, sin saber que mientras que un ciudadano cuya renta sea superior a los 60.000 euros paga un 43%por ciento, un futbolista galáctico solo paga el 24%por ciento (aunque gane una millonada) o que las familias más ricas de España, con sociedades patrimoniales, sólo pagan un impuesto de la renta medio del 18%por ciento. 

El problema de no padecer dolor fiscal, de esta moda de que es mejor vivir anestesiados o aturdidos, es doble: por una parte, hace a los políticos muy irresponsables en el gasto y, por otra, da como resultado un sistema fiscal injusto, porque los impuestos progresivos son, normalmente, dolorosos. Y, precisamente, por estas dos razones, no hay ningún incentivo por parte de los políticos, de ninguna ideología, para resolverlo. Igual es hasta mejor así, porque una ciudadanía consciente es peligrosa para el tipo de política mediocre que se viene haciendo. 

3 de agosto de 2009 

lunes, 20 de julio de 2009

Cotizaciones sociales

Hay mitos, quizás por eso son mitos, que se mantienen durante años, a pesar de los hechos. Algunos, incluso, se convierten en tabúes, algo de lo que hablar implica la descalificación ideológica y, a veces, profesional. Uno de esos tabúes en economía, y de los más persistentes, es el tema de las cotizaciones sociales. 

Fue en el siglo XIX, en plena Revolución Industrial, cuando los movimientos obreros consiguieron, no sin dificultades, que naciera la Seguridad Social. Dado que los trabajadores solo tienen como fuente de renta su salario, y que esta renta la perdían cuando estaban en paro, enfermos o cuando eran mayores, los movimientos sindicales incluyeron entre sus primeras reivindicaciones no solo mejoras salariales, sino la cobertura de esta "inseguridad". Nacería así la Seguridad Social: la cobertura de las bajas por enfermedad y las pensiones y, con el tiempo, la cobertura por desempleo. Para financiar este gasto, los sindicatos lograron, además, que los gobiernos legislaran un impuesto finalista que llamamos cotizaciones sociales. Desde entonces, los gastos sociales están íntimamente unidos a las cotizaciones y ambos son tutelados por los sindicatos. 

Pero hace 150 años, en parte, los engañaron. Y los engañaron porque las cotizaciones sociales, con cargo a la empresa, son un simple impuesto indirecto que grava el uso del trabajo, por lo que es un coste para la empresa, pero que, al incluirse en el precio final de los productos, pagan, al final, los consumidores, o sea, los mismos trabajadores. Las empresas se ven afectadas por ellas, pero son, en principio, meras recaudadoras del impuesto. 

De este hecho, que debe ser terriblemente complejo por la persistencia del mito, se pueden extraer tres conclusiones importantes. La primera es que las cotizaciones sociales son un impuesto que penaliza la contratación de trabajadores, el coste del trabajo, por lo que afecta al nivel de empleo a largo plazo. La segunda, es que es que son un impuesto indirecto y, por lo mismo, regresivo, por lo que las personas de menor renta lo pagan en mayor proporción. Y, finalmente, es un impuesto indirecto que grava el trabajo de los trabajadores españoles, disminuyendo la competitividad exterior de nuestros trabajadores frente a los de los países que no las tienen (esto se llama en comercio internacional "dumping social"). Dicho de otra forma, mientras que el IVA (también un impuesto indirecto regresivo recaudado por las empresas y pagado por los consumidores) grava por igual los productos nacionales y a los exteriores, las cotizaciones sociales son un impuesto indirecto que solo grava el trabajo que venden los trabajadores españoles. Y esto, en una economía muy abierta, como la española, es determinante. La gran ventaja de las cotizaciones sociales es que es un impuesto indoloro políticamente, porque la gente no sabe que lo paga. Más aún cree que lo pagan otros, a los que considera ricos, los empresarios. 

Por todo lo anterior, me sorprende la persistencia del tabú. Es cierto que esta bajada aumentaría los beneficios empresariales a corto plazo (porque no creo que las empresas las repercutieran en bajadas de precios), pero, y es más importante, a largo plazo permitiría a la economía española acompasar más rápidamente los costes laborales a la productividad real y mejorar significativamente nuestra competitividad exterior, lo que ayudaría a recomponer nuestra estructura sectorial (industria), al tiempo que permitiría un mayor nivel tendencial de empleo. 

Las cotizaciones sociales son solo una forma antigua de financiar el gasto social. De hecho ya no financian las prestaciones sanitarias en muchos países. No estoy diciendo que se recorte el gasto social, ni las pensiones, solo estoy diciendo que se financie de otra forma, mucho más justa (progresiva) y, desde luego, con menores costes sociales en forma de paro y de pérdida de competitividad. Y no hay que inventar mucho, basta darse una vuelta por Europa. Pero, claro, eso supondría destruir mitos y tabúes tribales y hacer una profunda reforma de nuestro injusto sistema tributario. O sea entrar en el siglo XXI. 

20 de julio de 2009 

lunes, 22 de junio de 2009

Fases de la crisis

Las predicciones a largo plazo en economía y, en general, en ciencias sociales son imposibles. Ya lo demostró Popper en un pequeño ensayo que tituló, respondiendo a Marx, La miseria del historicismo. Su idea es que puesto que la acción humana depende de lo que sabemos, no podemos predecir lo que haremos, porque no sabemos hoy lo que solo sabremos en el futuro. Por eso, todas las predicciones sociales a largo plazo tienen una fiabilidad muy escasa. Sin embargo, es posible hacerse una idea de lo que puede ocurrir, usando modelos econométricos que reproducen los comportamientos de agentes, en el corto plazo. 

Estos modelos econométricos nos dicen que la crisis española está aún en su primera fase, de caída, y que ésta durará, todavía, un par de trimestres. Es decir, que, en los próximos trimestres, la tasa de crecimiento del PIB será también negativa, que se seguirá destruyendo empleo, que seguirá la contención de precios. Aunque el ritmo de deterioro será menor que el que hemos vivido porque lo más duro del ajuste sectorial, el de la construcción, ya se ha producido, pero ahora veremos cómo caen los ingresos por turismo y cómo se terminan de deteriorar otros sectores. 

La segunda fase, de estancamiento, empezará en el invierno, alrededor de las Navidades. La tasa de crecimiento estará, entonces, entre el 0,5 y 1 por ciento, por lo que seguirá aumentando el paro, aunque a un ritmo menor del que ahora lo hace. Los parados superarán los 4,5 millones, con una tasa de paro muy cercana al 20 por ciento. Los precios dejarán de bajar en algunos sectores y la caída en el flujo de crédito se estabilizará. El déficit público alcanzará casi el 10 por ciento del PIB y la deuda pública será superior al 60 por ciento. 

La duración de esta fase, más difícil de predecir que la primera, dependerá de las decisiones que se tomen (o no) en los próximos meses. Si seguimos sin hacer reformas en nuestro mercado de trabajo, sin tocar de verdad nuestra fiscalidad, sin racionalizar nuestro gasto público, sin reestructurar nuestro sistema financiero, esta segunda fase de estancamiento puede alargarse mucho. Más allá de lo que los modelos pueden predecir. Dado el año de retraso que llevamos, la fase de estancamiento durará, como mínimo, hasta el año 2011 incluido. Si el Gobierno espera hasta el año que viene para hacer reformas, seguramente no saldremos de esta situación hasta el año 2013. Pero eso ya es largo plazo y todo lo que se prediga es sencillamente una intuición. 

Este retraso en tomar decisiones es muy llamativo si lo comparamos con lo que están haciendo los norteamericanos. Los norteamericanos, según todos los modelos, empezarán a crecer ya en el año 2010, para en el 2011 estar otra vez por encima del 2. Estos son los "brotes verdes" a los que se refieren los políticos. Lo que nuestros políticos no dicen es que los Estados Unidos tienen una política monetaria muy expansiva desde el año 2007 y que hicieron un plan gigantesco de salvamento de sus bancos y de expansión fiscal hace más de un año. O sea, que solo tardaron seis meses en tomar medidas desde el reconocimiento inmediato de la crisis. La economía americana es, además, diez veces la nuestra, es flexible (tardan menos de una semana en trámites administrativos para crear empresas), tiene unidad de mercado, un alto capital humano y tecnología y un fuerte liderazgo político. Por todo esto su crisis durará mucho menos que la nuestra. Nosotros tendremos que esperar, en el mejor de los casos, dos o tres años, entre otras cosas, porque nuestro Gobierno ha tardado más de un año en reconocer la situación y aún no ha tomado ninguna medida de verdadero impacto. Lo siento, pero tal como vamos, la segunda fase de la crisis será muy larga. Lo que hará que tengamos una larga crisis. Y también esta vez me gustaría mucho, por más de 4,5 millones de razones, equivocarme. 

22 de junio de 2009 

lunes, 8 de junio de 2009

Política y crisis

Por las crisis anteriores sabemos que la tardanza en tomar las medidas necesarias para adaptar la estructura productiva alarga la situación y hace más costosa, en paro, renta y tiempo, la salida. O sea, que cuanto más se tarde en abordar las reformas que necesitamos, más duro será el ajuste. ¿Por qué, entonces, ni el Gobierno, ni la oposición, parecen que tienen el más mínimo interés en hacer o proponer estas reformas? ¿Por qué no son posibles hoy unos nuevos Pactos de la Moncloa? La respuesta está en la política, en sus intereses electorales. 

El Gobierno conoce las reformas que habría que hacer. Sabe que tiene que hacer una profunda reforma laboral; que hay que ordenar el gasto y reducir competencias de las autonomías que rompen la unidad del mercado; que hay que modificar el sistema impositivo y hacer una reestructuración bancaria. Pero va a intentar aplazar todas estas medidas porque la reforma laboral le llevaría a enfrentarse a los sindicatos, perdiendo parte de sus votos de la izquierda obrerista, dándole algún fuelle a la exhausta IU. Tampoco va a reordenar las competencias y el gasto de las autonomías porque tendría que reconocer el fracaso de la política autonómica anterior, y perdería el voto filonacionalista de muchas regiones, especialmente en Cataluña, dándole una oportunidad a CiU en el año 10. Propondrá, como ya ha hecho, soluciones fiscales parciales que le vayan compensando las pérdidas de votos que le produce la evolución de la crisis, y, eso sí, hará una inevitable reestructuración bancaria con mucho dinero público para minimizar el coste político. Intentará pasar así este año y negociar concesiones en los presupuestos para el año que viene. En el año 2010 espera no tener que hacer ninguna reforma porque intentará capitalizar en votos algún éxito de política exterior en la presidencia europea del primer semestre, y porque confía, ilusamente, que la esperada recuperación americana, prevista para inicios de año, recupere nuestras tasas de crecimiento en la segunda mitad de ese año. Con estos "brotes verdes" , y contando con las clásicas torpezas del PP, esperan no perder las elecciones catalanas de finales del año 10, para intentar el empate en las municipales del año 11 y jugarse las elecciones generales del año 12 en la campaña. De hecho, si ganan las catalanas y logran casi empatar en las municipales, es muy probable que convoquen elecciones para el otoño del año 11. El PP, por su parte, tampoco va a proponer nada importante por parecidas razones que el Gobierno. No puede hablar de reforma laboral porque quiere rentabilizar el descontento que provoca el paro. Como tampoco quiere ahondar en el tema autonómico, porque quiere poder hablar con los nacionalistas, ahora que están enfrentados al PSOE. Tampoco pueden proponer una reforma fiscal profunda porque les llevaría a reconocer sus errores del pasado y a perder parte del voto de las clases medias-altas. 

El PP cree, con razón, que la crisis será larga y que el Gobierno se presentará a las municipales del año 11, con no menos de 3,5 millones de parados, muchos de ellos sin prestaciones, lo que podría llevarles de nuevo al poder en las siguientes elecciones. 

Ninguno, pues, de los dos grandes partidos, tiene ningún incentivo para poner en marcha una política económica de reformas. Ambos nos venderán retórica reformista, pero la nada más absoluta. Más aún, tampoco tienen ningún interés en un pacto: el PSOE porque perdería votos por la izquierda, el PP porque no se fía y sabe que Zapatero rentabilizaría mejor su mera firma. 

Esta vez los españoles hemos tenido mala suerte: tenemos la peor situación política posible, con dos partidos casi empatados, muy polarizados y sin puentes entre ellos. Por eso, creo que la crisis será más larga y costosa de lo que debiera de ser. Aunque, esta vez y sin que sirva de precedente, me gustaría mucho equivocarme. 

8 de junio de 2009 

lunes, 25 de mayo de 2009

Política económica superficial

La política española es asombrosamente superficial, casi infantil. Nuestros políticos mantienen debates de adolescentes, y se dirigen a la opinión pública como si fuéramos una multitud de niños ignorantes e inmaduros. Y el debate sobre política económica, del que el del Estado de la Nación ha sido solo un hito, es un perfecto ejemplo de esta superficialidad. 

El conjunto de medidas que viene proponiendo el Gobierno, y que concretó en el Debate sobre el Estado de la Nación, tiene tres graves problemas: parte de un diagnóstico superficial, es incompleto y es ineficaz. 

Es un diagnóstico superficial porque el Gobierno aún no sabe que lo que ha fallado en nuestra economía es la manera en la que hemos ahorrado, nos hemos endeudado y hemos invertido. Y para hacer eso lo primero es reconocer que nos hemos estado financiando con ahorro externo (tenemos una deuda externa del 80% del PIB), y que ese ahorro externo que hemos captado lo hemos invertido mal. Además, arrastramos un viejo problema de productividad sectorial y de capital humano. Tan superficial es el análisis del presidente Zapatero que las dos medidas que propuso que afectan al capital humano pasman por su simpleza. ¿Realmente cree que el problema de nuestra educación básica se resuelve con ordenadores para niños de 9 años? ¿Qué sesudo asesor cree que el problema de formación de nuestros parados, la mayoría no universitarios, se resuelve con másters universitarios a los que solo pueden acceder los universitarios? Dos botones de simple ignorancia y demagogia electoral. 

El paquete es incompleto porque nada se dijo de reforma fiscal profunda, pues, aunque van en la dirección correcta las propuestas sobre el impuesto de sociedades y la deducción por vivienda, no tocan el problema de fondo de nuestro sistema fiscal: los impuestos sobre el trabajo y progresividad del sistema. También es incompleto porque, bajo el mantra de "diálogo social", nada se dijo de importancia sobre las reformas que necesita nuestro mercado de trabajo. Como es incompleto en sus medidas de recorte del gasto al no exigir recortes serios en las autonomías. Desde el punto de vista sectorial debería haber dicho mucho sobre la importante reestructuración que se avecina en nuestro sistema financiero, y haber planteado un paquete de incentivos temporales a sectores emergentes. Demasiadas lagunas, demasiados olvidos. 

De los dos problemas anteriores se puede deducir fácilmente que el paquete de medidas, como las anteriores, será sencillamente ineficaz. La economía española se estabilizará en tasas de crecimiento en el entorno del cero, a finales de año o principios del que viene, pero no será gracias a las medidas del Gobierno, sino a pesar de él. Empezar a crecer será ya otra cosa. 

La oposición, por desgracia para España, tampoco está mucho mejor. Rajoy presentó un diagnóstico correcto, pero también superficial. Y, después, ni siquiera se atrevió a enunciar un plan coherente, seguramente porque no lo tiene o por razones electorales. El hecho es que la "hoja de ruta" del PP tampoco es un plan de política económica. En mi opinión, mal enfocan la reforma fiscal (con rebajas de IVA, cuando el problema son las cotizaciones sociales), poco dicen de la reforma del mercado de trabajo y no se atreven a sugerir medidas sectoriales. Miedo me dan si toda la economía que saben es la que nos quiere vender Aznar en su libro, porque es una simple reactualización de ideas norteamericanas de los cincuenta. Mal anda también el PP de análisis y de ideas, tanto como de liderazgo. 

Superficial, terriblemente superficial, es esta clase política que tenemos. Tan superficial me parece que propongo que las noticias sobre sus actuaciones y declaraciones las den las revistas y programas del corazón, y dejen de ocupar espacios en los medios serios. Así al menos su superficialidad estaría donde corresponde y, ¿quién sabe?, igual ganan en glamur. 

25 de mayo de 2009 

lunes, 11 de mayo de 2009

Distribución personal de la renta

Desde hace años vengo proponiendo que, entre las variables económicas que deben definir la situación de una economía, debiera figurar algunos índices que reflejen la distribución de la renta y su evolución. Más aún, propongo que cada vez que se tome alguna medida de política económica, macro o micro, se explicite también a quién afecta y en qué medida mejora o empeora la distribución de la renta. Y cuando hablo de distribución de la renta no me refiero a esa idea de la distribución territorial de la renta (que da lugar, por ejemplo, a engendros intelectuales como las "balanzas fiscales"), sino a la distribución personal o familiar de la renta que es la base para explicar la pobreza y la estructura social. 

La propuesta tiene un fundamento casi evidente: la renta la producen y se distribuye entre las personas. Es decir, los pobres o ricos son personas. Por otra parte, hay un principio en buena estadística según el cual, después de calculada la media, el segundo parámetro que describe un conjunto de datos es alguna medida de dispersión. Más aún, en la moderna economía, y esto se está ya reconociendo con modelos de agentes heterogéneos, se sabe que el comportamiento de dos economías, con la misma renta per capita, pero diferente distribución, es también diferente. La distribución influye en el crecimiento a largo plazo, y los mecanismos de redistribución determinan el desempeño de una economía. Sabemos, incluso, por la conjetura de Kuznets, que distribuciones muy desiguales de la renta son una rémora para el crecimiento. 

Hay mecanismos "naturales" de distribución del crecimiento. Así, una disminución de la tasa de paro supone, normalmente, una mejora de la distribución, como también una transformación sectorial (pasar de la agricultura a la industria, por ejemplo). Hay veces que una política, sin saberlo, tiene mejoras en la igualdad a largo plazo; como las políticas educativas de mejora de la educación básica. Pero también hay veces que políticas, pensadas en principio para redistribución de la renta, suponen, a la larga, un empeoramiento de la distribución (como las políticas indiscriminadas de subvenciones). Este ámbito de la evaluación de las políticas públicas desde los aspectos distributivos está aún verde en la literatura económica, pero, cuando se plantea a nivel político y de debate público, el tema está tan contaminado de ideologías y mitos que es un trabajo de Hércules intentar hacerse oír. Y, en España, nuestra prensa y la contaminación nacionalista lo hacen más difícil. Peor aún, ni siquiera queremos saber. Por eso no llega a la opinión pública que, en los últimos diez años, hemos empeorado nuestra distribución de la renta porque se ha deteriorado mucho la distribución de los salarios; o que, tras las tres últimas reformas fiscales, nuestro sistema fiscal ha perdido mucha progresividad. 

Estas ideas, quizás demasiado teóricas, son relevantes en la situación en la que nos encontramos. Demandamos más políticas públicas porque suponemos sus beneficiosos efectos y, sin embargo, los que las proponen no saben sus efectos distributivos. 

Es curioso que uno de los aspectos menos resaltados de la economía keynesiana sea su aspecto distributivo. Las propuestas de Keynes, ahora tan recordadas y mal interpretadas, tenían un fuerte componente distribuidor, aunque Keynes no lo supiera. 

En mi opinión, y sería objeto de muchas más palabras, la economía del siglo XXI será la economía de la distribución o, sencillamente, no será. Posiblemente la solución de la crisis de la economía mundial será ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Algo que se consigue no tanto creciendo como distribuyendo. Me temo que esta crisis encierra muchas paradojas y no es la menor que la avaricia de los ricos nos ha metido en ella, pero solo saldremos con ayuda de los pobres. 

11 de mayo de 2009 

lunes, 27 de abril de 2009

Clases de paro

La semana pasada se publicaron los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año. La cifra de parados sobrepasó los 4 millones, con una tasa de paro del 17,3%. 

Este paro español tiene, como expliqué en un artículo anterior, una parte clásica, o sea, debida al alto coste laboral en relación con nuestra productividad, y otra parte keynesiana, es decir, debida a la debilidad de nuestra demanda de trabajo. A su vez, el paro keynesiano puede ser de dos tipos: un paro keynesiano estructural debido a la falta de tejido productivo (como es, en parte, el paro andaluz); y un paro keynesiano puro causado por falta de demanda efectiva para la capacidad productiva instalada (como es, ahora, parte del paro catalán). Hay, pues, tres grandes causas macroeconómicas del paro, mutuamente interrelacionadas, y que es necesario distinguir porque la clave de su solución está en cuantificar cuánto es de cada clase en cada coyuntura. 

A nivel político estas causas se simplifican ideológicamente. Para los partidos de izquierdas y los sindicatos, casi todo el paro es siempre keynesiano puro; para los partidos de derechas y los empresarios, casi todo el paro es siempre neoclásico. De ahí el debate sobre lo que hay que hacer. 

Para unos, los keynesianos puros, basta un estímulo fiscal de gasto público para que se "cebe la bomba", en expresión de Keynes, funcionen los multiplicadores de la renta y vuelva el crecimiento y la creación de empleo. Y no se dan cuenta de que, como nuestro paro es también estructural porque no hay empresas y clásico porque los salarios son altos, el estímulo de demanda crea puestos de trabajo en otra economía, pero no en la española. Por su parte, para los neoliberales lo esencial es el permanente ajuste de costes laborales de tal forma que las empresas acompasen salarios reales a productividad, lo que hace que la recuperación de la competitividad perdida impulse una senda de alto crecimiento. Pero éstos no se dan cuenta de que sin expectativas de crecimiento de la renta y de la demanda (como ahora) no hay inversión y, por lo mismo, crecimiento. 

Una política keynesiana mantiene, a corto plazo, la renta de las familias, evita deterioros profundos del tejido productivo y suele concitar el apoyo popular. Como contrapartida genera altos déficits insostenibles en el tiempo; en condiciones normales (no en las actuales), inflación; y, en economías abiertas con paro estructural, déficit exterior. Más aún, su eficacia depende mucho de cómo se articulen y en qué se gaste el dinero y, en economías pequeñas y abiertas como la española, es muy limitada. Por eso, las políticas keynesianas de estímulo de la demanda han de ser limitadas en el tiempo y estar más orientadas a luchar contra el paro estructural reforzando el tejido productivo que a los consumidores finales. En una economía como la española y en la coyuntura actual, seguir una política keynesiana pura (como la que se está haciendo) es necesario, pero no es suficiente. 

Por su parte, las políticas neoliberales de ajuste duro tienen la virtud de que adaptan el coste real a la productividad, permitiendo purgar los excesos y equilibrando el crecimiento a largo plazo. Pero generan tres problemas graves: paro con riesgo de profundizar en la recesión; desigualdades en la distribución de la renta; e inestabilidad política. Por esto, si se sigue esta política, aunque imprescindible por los excesos anteriores, hay que articularla con cuidado, compensando sus efectos negativos, y siempre acompañada de políticas keynesianas, porque tampoco son suficientes. 

Porque nuestro paro tiene los tres orígenes (no siempre en la misma proporción y no siempre establemente) es por lo que, para resolverlo, es necesario combinar pragmáticamente medidas de política de uno y otro signo y hacerlo con claridad y decisión. Lo siento, pero para mí, analizar el paro es una cuestión de hechos empíricos, no de ideología, y es demasiado seria como para frivolizarlo en un debate cargado de calificativos. 

27 de abril de 2009 

lunes, 13 de abril de 2009

Salarios y paro

Según los últimos datos publicados, los salarios medios en España siguen creciendo por encima del 2%. Los datos de convenios fijan, para este año, una subida salarial del 2,7%, por lo que el coste laboral, que incluye también las cotizaciones y deslizamientos, tendrá una subida superior al 3%. Como la inflación interanual está en el entorno del 0%, estas cifras suponen que los costes laborales medios están subiendo, en términos reales, por encima del 3%. Unas subidas pactadas que son una de las causas de parte del paro que ya tenemos y del que vamos a generar este año. Con estas subidas salariales es probable que sobrepasemos la cifra de los 4 millones largos de parados y, lo que es peor, que este paro se enquiste. 

Esta subida salarial, muy por encima de la inflación prevista, es fruto de un juego en el que participan los sindicatos y las organizaciones empresariales. Un juego que vienen jugando desde 1980, que nos ha dado una de las mayores tasas de paro de los países desarrollados. Un juego en el que los sindicatos, con bajas tasas de afiliación y baja representatividad real, piden subidas salariales por encima de la inflación con la justificación del aumento de la productividad y bajo la amenaza de conflicto laboral. Los empresarios, por su parte, aceptan la subida de los salarios medios, pero, para mantener el coste laboral total controlado, contratan menos gente o, en situación de contracción de la demanda como la actual, despiden a parte de la plantilla. Los dos jugadores consiguen lo que querían: los sindicatos, la subida salarial para los trabajadores a los que representan (normalmente fijos indefinidos con altas indemnizaciones); los empresarios, la paz social y el control de los costes laborales, aumentando la productividad media de los que se quedan en la empresa a posteriori. Este es el juego que produce nuestro paro neoclásico. Un paro que crece entre 150.000 y 180.000 parados más por cada punto de coste laboral superior a la inflación. O sea, que al ritmo que vamos los convenios colectivos van a ser culpables de casi medio millón de parados más. Este juego perverso tiene, además, tres efectos colaterales muy graves. En primer lugar, hace más difícil la salida de la crisis, pues, en contra de lo que dicen algunos libros viejos de macroeconomía, la subida de salarios medios, al menos en España, no favorece el crecimiento del consumo, pues los trabajadores que mantienen sus puestos de trabajo tienen una propensión marginal a consumir menos que los que lo pierden. Además, dado que en otros países hay congelación salarial, esta subida hace perder competitividad a nuestros productos. En segundo lugar, este juego acentúa la dualización de nuestro mercado de trabajo, es decir, separa a los trabajadores entre aquellos que están protegidos por convenios y contratos antiguos (con altas indemnizaciones) de los recién contratados, por lo que el paro se ceba en jóvenes, mujeres e inmigrantes que son los que han llegado más tarde al mercado laboral. Y, finalmente, y es un efecto raramente subrayado, acentúa los problemas distributivos de la renta: el paro distribuye peor la renta personal y, al concentrarse en determinados territorios, también empeora la distribución territorial. 

Si realmente la nueva ministra de Economía quiere luchar contra el paro, lo primero que tiene que hacer es lanzar un mensaje de congelación salarial (empezando por los funcionarios) y sentarse a reformar profundamente las instituciones de nuestro mercado laboral, superando viejas ideologías y trasnochadas teorías económicas. Más adelante, podrá demostrar que sus políticas de reactivación van más allá del fracasado miniplan de obritas municipales. Lo siento, pero me temo que para luchar contra una tasa de paro que se acercará al 20% el año que viene no valen esta vez recetas fáciles llenas de retórica, gasto e infraestructuras, sino unas reformas dolorosas políticamente. Pero eso es gobernar en tiempos difíciles y no lo que se viene haciendo. 

13 de abril de 2009 

lunes, 30 de marzo de 2009

Fallos de sistemas

A estas alturas de la crisis, es de sobra conocido que uno de los mecanismos que han fallado más estrepitosamente es el sistema financiero, tanto los mercados como los agentes dentro de él. Por supuesto, el fallo no ha sido el mismo en todos los países, ni dentro de cada economía todos los agentes se han portado de la misma forma. Pero, al fallar el sistema financiero, lo que ha fallado en todos las economías es la forma en la que el ahorro se canaliza hacia la inversión. Por eso sabemos que la crisis va a ser larga. 

El fallo de nuestro sistema financiero ha sido doble: por una parte, de los bancos y cajas por sí mismos; y, por otra parte, del sistema en su conjunto. Los bancos y cajas han fallado en la asunción de riesgo también por partida doble, porque no han calculado bien su inversión y porque no ha coordinado correctamente su financiación con esta inversión. Y, como conjunto, el error ha ido más allá, porque macroeconómicamente lo que ha fracasado ha sido la excesiva concentración de la inversión en un sector, la construcción, sin que los reguladores del sistema hayan detectado que no había inversión en otros sectores clave. Los reguladores, el Banco de España y el Gobierno (y no sólo el de Zapatero), porque mientras el primero es el responsable del sistema financiero, el segundo lo es de que binomio ahorro-inversión funcione. La crisis financiera y económica en la que nos encontramos es, pues, fruto de la suma de los errores de los bancos y de los reguladores. Como lo fueron otras crisis anteriores. 

Para saber lo que habría que hacer, la crisis de los setenta es, en este sentido, mucho mejor ejemplo para aprender, especialmente en el caso de España, que el de la de los veinte, que España no la vivió de la misma forma que los Estados Unidos. La crisis de los setenta tuvo uno de sus orígenes en un exceso de inversión en industria básica. Unas de las obsesiones del régimen franquista fue el crecimiento industrial, por eso España llegó a tener algunas de las producciones mayores del mundo en algunos subsectores como astilleros, acero, química básica, etc. Para apoyar y financiar estos sectores, el Gobierno no sólo tenía el Instituto Nacional de Industria, sino un grupo de bancos públicos especializados y, además, asignaba a las cajas de ahorros y a la banca coeficientes de inversión obligatoria en estos sectores. El resultado fueron unos sectores industriales sobredimensionados y poco competitivos. Por eso, cuando la crisis se hizo más cruda, no solo se llevó parte de nuestra industria, sino al sector bancario español. Sólo una decidida reconversión industrial, conocida por todos, y una profunda reconversión bancaria, mucho menos conocida, reordenaron nuestra economía para salir de la crisis. De aquella experiencia, con fusiones y quiebras de bancos y cajas, viene la solidez de nuestro sistema financiero. Lo que no supimos hacer tan bien después fue la política industrial que se dejó de lado. 

De esta crisis podríamos extraer muchas enseñanzas. Una es que la inversión total hay que vigilarla para tener crecimientos equilibrados, evitando subvenciones excesivamente largas para un sector (como hemos hecho, por ejemplo, con la vivienda en propiedad o con la agricultura). Otra es que tan mala es intervención excesiva como la ausencia de regulaciones claras y coherentes. Una más es que para salir de cualquier crisis de exceso de inversión en un sector, es necesaria una reordenación de la estructura productiva. Otra más es que para hacer esta reordenación se necesita, además de un buen diagnóstico, un plan de política, tanto macro como microeconómica. Y, por encima de todo, es importante liderazgo político. Algo que a Felipe González y a Miguel Boyer les sobraba y que ahora brilla por su ausencia. 

30 de marzo de 2009 

lunes, 16 de marzo de 2009

La maldición del paro

El paro es el principal problema económico causado por la crisis y, al mismo tiempo, es y será una de las causas de la duración de la crisis. Un paro, el nuestro, que es siempre elevado, el más elevado de los países industrializados y, al mismo tiempo, el que más rápidamente crece ante cualquier deterioro de la situación. Tanto que parece que la economía española tiene una especie de maldición con su paro. 

La explicación de porqué el paro ha crecido tanto últimamente, y crecerá más este año es muy sencilla. Puesto que el sector que más mano de obra ha absorbido en los últimos años ha sido la construcción y sus contratos son, normalmente, temporales, la paralización de la actividad ha puesto en la calle a casi un millón de ocupados en el sector. Si, además, tenemos en cuenta que el otro sector estrella de nuestra economía es el turismo y que este año, por la crisis internacional y la cotización de la libra, se espera una menor afluencia de visitantes, la contratación en el sector turístico será muy inferior a lo normal. Dado el efecto multiplicador de estos mercados en otros que dependen de ellos se deduce que veremos incrementarse significativamente la tasa de paro en los próximos meses. Casi con seguridad rozaremos los cuatro millones de parados a finales de este año, con una tasa de paro superior al 18%. O sea, en menos de dos años habremos destruido casi 2 millones de puestos de trabajo. 

Las razones de porqué nuestra tasa de paro es siempre más alta que la media de los países desarrollados es mucho más compleja. Nuestro paro es, desde hace años, dual. Tiene una parte keynesiana, es decir, debida a la debilidad de nuestra demanda y de nuestro tejido productivo (falta de empresas) ante una oferta de trabajadores creciente, y otra parte clásica, o sea, debida al alto coste laboral en relación con nuestra productividad. Dicho de otra forma, hay una parte del paro, casi dos millones de personas, que lo están porque no hay crecimiento, pero hay otros dos millones, los que teníamos parados antes de la crisis, que lo están porque no teníamos empresas competitivas a los salarios medios corrientes. Más grave aún, una parte importante de estos cuatro millones de parados son personas con bajo nivel de cualificación y con baja movilidad geográfica por lo que sus posibilidades de colocación son escasas. Aquellos territorios en los que el tejido empresarial sea más débil y tengan un nivel de formación más bajo serán, como Andalucía, los que concentren una mayor parte de los parados. 

Ante esta situación, que merece una más extensa y matizada explicación, no hay políticas sencillas, ni de corto plazo. Por eso, hay que actuar en muchos frentes a la vez: en primer lugar, reactivando la inversión empresarial en nuevos sectores productivos con incentivos fiscales y desregulación de sectores de servicios e industriales; en segundo lugar, acoplando el coste laboral a la productividad real de nuestras empresas, con bajadas de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas y congelando salarios (mientras haya caída de actividad y estabilidad de precios); en tercer lugar, haciendo una reforma en profundidad de nuestro sistema educativo, especialmente intensa en la Formación Profesional; y, finalmente, reformando el marco legal de nuestro mercado de trabajo de tal forma que permita a nuestras empresas tener a los trabajadores más productivos (aspecto este del que me ocuparé más extensamente en otro artículo). 

Las políticas para luchar contra el paro han de responder a un plan general más amplio porque no hay salida al paro si no se vuelve a crecer, pero no se vuelve a crecer si no logramos ocupar a más gente. El problema es que este plan "ni está, ni se le espera". Por lo que seguiremos sufriendo por muchos años la maldición del paro. 

16 de marzo de 2009 

lunes, 2 de marzo de 2009

Una propuesta de política fiscal

En los últimos meses se viene usando la política fiscal, en su doble vertiente de incremento del gasto y de reducción de impuestos, para combatir la crisis. En algunos países es la única política que se está implementando, incluso a tientas como es el caso de España, mientras que en otros acompaña a las operaciones de salvamento del sistema financiero y a políticas monetarias muy expansivas, como por ejemplo en los Estados Unidos. La política fiscal es la estrella de las políticas anticrisis por muchas razones, pero para articularla de una forma razonable es necesario tener propuestas claras para debatir. Algo que no parece que tengan ni nuestro Gobierno, ni nuestra oposición. 

En España, una política fiscal expansiva, con un déficit público en el entorno del 5% este año y alrededor del 4% en los próximos, no es, per se, negativa. Eso sí, hay que saber que no se pueden sostener déficits más profundos durante muchos años porque llegaríamos a sobrepasar el 65-70% de deuda pública sobre el PIB, y eso haría que la política fiscal perdiera su eficacia. Peor aún, entraríamos en espirales de deuda pública que serían insostenibles. Hay que usar, pues, la política fiscal, pero sabiendo que es un instrumento temporalmente limitado. 

En la vertiente del gasto hay que evitar, como se viene haciendo, gastar por gastar. El gasto, en sí mismo, no es eficaz contra la crisis. Para articular una política de gasto público eficiente habría que orientar el gasto en tres direcciones: en primer lugar, hay que ser austeros en los gastos administrativos generales, pues ni crean empleo estable, ni mejoran el crecimiento de la economía; en segundo lugar, hay que mantener durante un tiempo las transferencias de renta a las familias o las subvenciones a determinados sectores, pero no más allá de un tiempo tasado, porque impiden el normal ajuste de los mercados de bienes y factores de producción (de la locura de ampliar el tiempo del desempleo escribiré otro día); y, finalmente, hay que ampliar la inversión en infraestructuras y educación. Austeridad administrativa, ayudas temporales e inversión pública componen, en mi opinión, una política de gasto prudente. Ir más allá nos llevaría a un gasto público insostenible a largo plazo y a serias ineficiencias en el funcionamiento de las administraciones y de la economía productiva. El crecimiento del gasto debe ser contenido, porque los multiplicadores del gasto, siguiendo estudios empíricos recientes, son menores que los de los impuestos en las economías desarrolladas. 

La opción más eficiente es, entonces, la reducción de impuestos. En este sentido, habría que hacer tres reformas de calado, sin perder de vista ni los efectos recaudadores, ni los distributivos (tan olvidados en las últimas reformas): en primer lugar, hay que reformar el IRPF, dotándolo de mayor progresividad y equiparando todas las fuentes de renta, ajustando la reforma para que fuera casi neutral desde el punto de vista de la recaudación; en segundo lugar, habría que hacer una reducción significativa de las cotizaciones sociales porque son un impuesto que grava el trabajo y distorsiona los costes laborales unitarios relativos frente a nuestros competidores (esto se debería de plantear junto con la reforma del mercado de trabajo de la que escribiré próximamente); y, finalmente, hay que hacer reducciones selectivas del Impuesto de Sociedades porque aumentarían las expectativas de rentabilidad a largo plazo de las inversiones. El IVA es, a pesar de su regresividad y por su efecto recaudador, mejor no tocarlo ahora. El objetivo de estas líneas de reforma es la de reforzar el tejido productivo y relanzar la inversión, porque, ante un enfriamiento, los estímulos al consumo son eficaces, pero para luchar contra una recesión hay que estimular la inversión. Lo anterior es solo una propuesta para simular y debatir serenamente. Algo que ya debieran haber hecho nuestros políticos si les diera, por una vez, un simple ataque de sensatez. 

2 de marzo de 2009 

lunes, 16 de febrero de 2009

Un esquema de política económica

A fecha de hoy, ni el Gobierno ni la oposición están planteando un plan coherente de política económica que permita abordar la grave situación económica en la que nos encontramos. El diagnóstico de la situación es claro y conocido, los objetivos también. Para completar un plan hay que saber qué hacer y, tras debatirlo, implementarlo. Por si sirve, ahí va un esquema de lo que se tendría, en mi opinión, que hacer. 

Para empezar hay que tener en cuenta que la economía española del 2009 es una economía globalizada, integrada y abierta, lo que implica que ya no es posible buscar soluciones sin tener en cuenta la actuación de otros gobiernos. Por eso, es importante estar en los foros internacionales (el G-20 por ejemplo) abogando por la reforma de las instituciones financieras internacionales, velando por la estabilidad en los mercados mundiales y participando en los planes de desarrollo mundial, pues la estabilidad de los mercados y la mejora de las expectativas de desarrollo de las economías más pobres, al tiempo que elimina incertidumbres, contribuye al crecimiento. 

Más activamente hay que participar en Europa. En el primer semestre del 2010, le corresponde a España la presidencia de la Unión Europea por lo que el Gobierno español tiene la obligación, por el bien de Europa y de España, de plantear un plan de reforma del marco institucional para coordinar las políticas económicas de la Unión. Junto a esto hay que relanzar la Estrategia de Lisboa y abandonar, a pesar del coste político, las viejas políticas sectoriales. Europa, para salir de la crisis, necesita más integración monetaria (la de la libra, por ejemplo), acelerar los planes de infraestructuras transfronterizas, integrar decididamente sus sistemas educativos y tecnológicos, tener reglas comunes de supervisión bancaria, liberar la prestación de servicios y sentar las bases de una armonización fiscal para las empresas. Lograr que Europa funcione es parte de la solución de los problemas de cada una de sus economías porque, dada su interrelación, solo es posible salir de la crisis si Europa funciona, si se abren nuevas oportunidades en la, teóricamente, segunda economía más grande del planeta. 

Pero hay también mucho que hacer dentro de España. Además de continuar con las medidas de inyección de liquidez a la banca y las empresas (dejándose de demagogia y "miniobritas" municipales) hay, en mi opinión, cinco reformas esenciales que es necesario abordar sin dilación y con valentía política. En primer lugar, es necesario aligerar nuestros procedimientos mercantiles y hacer funcionar a la justicia para hacer lo más rápidamente posible el ajuste sectorial. En segundo lugar, es necesario hacer una reforma profunda del mercado de trabajo (cambiando desde los sistemas de negociación colectiva hasta las formas contractuales). En tercer lugar, hay que replantearse el sistema fiscal reduciendo cotizaciones sociales y el impuesto de sociedades, y profundizando en los impuestos personales. En cuarto lugar, hay que reformar el sistema educativo para mejorar sus niveles de calidad y la cualificación profesional de los egresados. Y, finalmente, hay que racionalizar el gasto público ordenando las competencias de cada nivel administrativo, evitando las duplicidades y la descoordinación, pues no nos podemos permitir 17 mini Estados con diferentes regulaciones. Las infraestructuras, una política energética valiente, una decidida apuesta por la tecnología y el medio ambiente no son eficaces si los marcos regulatorios son complejos, inestables y costosos. 

Para desarrollar el esquema anterior, solo un esquema de 600 palabras, solo es necesario un poco de sentido común, una pizca de conocimiento económico, una dosis de visión política y un mucho de liderazgo. Como se tuvo en 1977, en 1983 y en 1993. El problema es que Solbes no es Fuentes Quintana, ni Miguel Boyer. Ni siquiera el Solbes del 94. 

16 de febrero de 2009 

martes, 3 de febrero de 2009

El mercado de trabajo es la clave

La clave de la evolución de la crisis está en el mercado de trabajo. De cuánto paro se produzca, de sus características y de qué medidas tome el Gobierno para resolverlo depende la duración y la profundidad de la crisis. Si llegamos al 19% de paro, que llegaremos a finales de este año, y las medidas son sólo la protección social y las obritas municipales, podemos prepararnos para una larga, larguísima crisis. 

Hagamos un simple ejercicio de economía comparada. Algo tiene que pasar dentro del mercado de trabajo español cuando convierte una caída del -1,7% del PIB en 5,4 puntos más de paro, mientras que en el mercado norteamericano, con su sistema financiero en quiebra, una recesión del -1,9%, sólo produce un paro añadido de 2 puntos. Algo tiene que pasar cuando una recesión en el Reino Unido de -2,8% sólo ha incrementado su paro en 3 puntos, mientras que en Francia una caída del -1,9% sólo ha hecho crecer el paro en 1 punto o en Alemania una caída del 2,5% la ha dejado constante. ¿Qué pasa en nuestro mercado de trabajo que multiplica por tres la caída del PIB? 

La respuesta es demasiado compleja como para despacharla en cuatrocientas palabras, pero se puede esbozar. Frente a los mercados de trabajo anglosajones (USA y Reino Unido) nuestro mercado de trabajo es infinitamente más rígido; frente a los mercados de trabajo europeos nuestra estructura económica es infinitamente más débil. 

Nuestro mercado de trabajo, a pesar de la desregulación de los últimos años, es, aún, rígido. Para empezar, tenemos una escasa movilidad territorial (entre otras razones, por la vivienda en propiedad) y una escasísima movilidad sectorial y funcional, por las leyes que regulan profesiones y los convenios que sacralizan categorías y funciones. A esto, típicamente español, hay que añadir una legislación laboral que impide el ajuste rápido de plantillas, lo que hace que el tiempo del ajuste económico sea más largo. Por otra parte, la protección social desincentiva la búsqueda activa de empleo por lo que los trabajadores prefieren, en algunos casos, estar en paro antes que aceptar un puesto de trabajo de menor salario. Además, los altos costes de despido de los contratos antiguos frente a los recientes hacen que las empresas prefieran o despidos masivos para reestructurarse o despedir a los trabajadores menos costosos, en términos de indemnización, y no a los trabajadores menos productivos, y, desde luego, no querer contratar. Y a todo esto hay que añadir el erróneo proceso de negociación colectiva de los salarios, vinculados a subidas de precios y no de productividad, y los altos costes laborales implícitos por las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que penalizan el uso del factor trabajo. Nuestro mercado laboral necesita una revolución normativa profunda, un replanteamiento serio de la protección social y de la financiación de la Seguridad Social y una profunda reforma de nuestro sistema educativo, sólo para que la alta tasa de paro no se enquiste. 

Pero aún con esto no resolveríamos el problema, porque también tenemos una gran debilidad estructural. Frente a Alemania o Francia, también poco flexibles, lo que nos diferencia es que tenemos una economía basada en la construcción, el turismo y las industrias asociadas. No hemos tenido política industrial y energética seria, ni una política de concentración de empresas para ganar tamaño. Peor aún, tampoco hemos tenido una política educativa que articule un buen sistema de I+D+i y dote nos dote de capital humano. Ahora vamos a pagar esas políticas educativas más centradas en los edificios que en los claustros, más preocupadas por la pureza nacionalista que por la exigencia. 

Llevan razón los sindicatos cuando dicen que esta crisis no está originada en el mercado laboral, de lo que sí va a ser culpable es de la magnitud y de la duración de la crisis. 

2 de febrero de 2009 

martes, 20 de enero de 2009

Certificado de crisis

Por fin, la semana pasada el Gobierno se enteró de que estamos en crisis. Somos un país tan formalista que parece que la realidad no existe hasta que está impresa en el BOE. Ahora, con una caída del PIB prevista por el Gobierno del 1,6% y un déficit público del 5,8% (Solbes no hizo ninguna referencia al paro, aunque sí a la de inflación), estamos definitivamente en crisis. 

Una crisis que es mucho más profunda y grave de lo que las cifras pueden dar a entender, pues si con una expansión fiscal del 5,8% del PIB y unos tipos de interés del Banco Central del 2% se prevé una caída del PIB superior al 1,6%, ¿qué caída tendríamos sin estas medidas? Seguramente de entre un 3,5 y un 4%, ya que una parte del déficit se debe a un menor ingreso por la caída del consumo y del empleo, pero otra se debe a un mayor gasto por las medidas de expansión de las administraciones públicas. Dicho de otra forma, si el crecimiento de un componente del PIB, el consumo público, crece como para generar una parte importante de ese déficit del 5,8% y, aun así, el crecimiento del conjunto del PIB cae, eso solo puede significar que los demás componentes del PIB (consumo privado e inversión) están cayendo mucho más que ese 1,6%. Luego la crisis en el sector privado de la economía es mucho más profunda de lo que las cifras reflejan. Esto, además, es grave, porque del nivel de daño de nuestro tejido productivo privado, de la situación real de nuestras empresas, depende el nivel de empleo y, con él, el nivel de actividad económica en los años sucesivos. 

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha decidido, en el campo de la política macroeconómica que depende de él, la política fiscal, hacer una política muy expansiva como lo manda la ortodoxia keynesiana. El problema es que, mezclado con la expansiva política monetaria que está haciendo el Banco Central Europeo, esta política fiscal solo se puede mantener unos pocos años porque, con el tiempo, se produce una incompatibilidad entre las dos políticas. Una economía que mantiene un alto déficit público y una caída de la actividad ve crecer su deuda pública en la misma cuantía que la suma de ambas tasas. En el caso español, nuestra deuda pública crecerá este año un 7,4% del PIB, con lo que llegaremos al 50% del PIB (después de haber estado por debajo del 40% hace solo un par de años). Esta situación hace que el sector público absorba una parte creciente del ahorro de la economía, detrayéndolo de la financiación para el sector privado y encareciendo los tipos de interés para los proyectos de inversión, lo que hace más difícil la vuelta a una senda de crecimiento. Más aún, y es un peligro que ahora no nos preocupa pero sobre el que siempre hay que estar vigilantes, las políticas expansivas de corte keynesiano llevan normalmente aparejadas inflación en el medio plazo. Por ambas razones, por la relación entre deuda y tipos de interés (al que los economistas llamamos "efecto crowding out") y por las posibles tensiones inflacionistas, altos déficits públicos y bajos tipos de interés son incompatibles en el largo plazo, por lo que haríamos bien en empezar a pensar en otras alternativas de política económica que nos lleven a menos déficit. 

El Gobierno ha certificado, por fin, que estamos en crisis y ha tomado, macroeconómicamente, las medidas que había que tomar. Ahora solo falta que haga una política microeconómica que empiece a atajar, de verdad, la crisis, porque mucho me temo que si solo hace lo que está haciendo la situación se prolongue otro par de años como mínimo. Aunque, sinceramente, dudo que sea capaz de reaccionar antes de final de año, sobre todo si tengo en cuenta que para reconocer la evidencia ha necesitado casi año y medio. 

19 de enero de 2009 


lunes, 5 de enero de 2009

2009, un año de crisis

Que el año 2009 va a ser un año muy complicado para la economía española es algo ya sabido. Según todos los modelos econométricos, la tasa de crecimiento del año que ya hemos empezado será negativa entre uno y dos puntos, aunque algunos vaticinan una caída mayor, y el Gobierno, siempre optimista, solo prevé unas décimas de caída. Por componentes del PIB, el consumo privado, la inversión y el saldo exterior tendrán comportamientos negativos, mientras que el consumo público será el único que crezca significativamente. Por el lado de la oferta, la inmensa mayoría de los sectores vivirán caídas muy importantes, siendo la construcción, como ya es conocido, el sector que vivirá el peor ajuste, seguido por la industria. Solo algunos sectores de servicios, como los públicos (educación, sanidad, etc.) o personales, mantendrán moderadas tasas de crecimiento positivo, mientras que los demás subsectores tendrán graves dificultades. 

Desde la perspectiva de los equilibrios, la economía española tendrá una inflación muy moderada (por debajo del 3), por la caída de la demanda y mientras sigan los problemas en la economía mundial que mantengan barato el petróleo. Pero será el único equilibrio que tendremos relativamente controlado, pues los demás irán a peor: el déficit público para el conjunto de las administraciones, ya en el entorno del 2,5 por ciento para el año 2008, llegará a más del 5 por ciento este año, tanto por la caída de ingresos como por el aumento del gasto; el saldo exterior, siempre desequilibrado, mantendrá su aportación negativa a nuestro crecimiento; finalmente, y es el desequilibrio más grave por sus implicaciones económicas y sociales, en el año 2009 veremos volver tasas de paro superiores al 15 por ciento (otra vez casi el doble de la media de las economías más desarrolladas), o lo que es lo mismo en cifras absolutas, más de tres millones de parados. 

No, no va a ser el año 2009 un buen año para la economía española. Y casi nada de lo que se haga en los próximos meses puede ya resolverlo, porque los problemas de la economía española son tan profundos que ni una política monetaria muy expansiva (como previsiblemente será) ni una política fiscal tan laxa como la que se vislumbra en los presupuestos de nuestras administraciones públicas harán que vuelvan las altas tasas de crecimiento de los últimos años. Para volver a crecer, habría que empezar por pensar como adultos y reconocer que nuestro problema económico es un problema de productividad y competitividad exterior, de tamaño y organización de nuestras empresas, de inversión en I+D+i, de reforma educativa en serio y sin demagogias, de flexibilidad en el mercado de trabajo y de mejores (y no más) regulaciones en nuestros mercados de bienes, de eficacia en el gasto público (y no de clientelismo) y de progresividad en la recaudación de impuestos. Problemas que no se resuelven en tres meses, ni en un año. 

No es solo que el año 2009 vaya a ser malo. Lo malo es que no tenemos una política económica coherente, por lo que es posible, incluso, que sea peor. Este Gobierno, más preocupado por los equilibrios políticos estatutarios con los socio-nacionalistas catalanes que por la crisis, no tiene más política económica que un conjunto inconexo de medidas a corto plazo. Más aún, sigue pensando, como los niños del eterno Peter Pan, que basta con desear una cosa fuertemente para que ocurra. O sea, que cree que gobierna el País de Nunca Jamás. Un país en el que la oposición es, además, Wendy. 

5 de enero de 2009