El primer problema sobre el que el Gobierno está haciendo mucho hincapié es que la economía española necesita, por urgencia y porque condiciona la solución de todos los demás problemas, resolver su situación financiera. Es decir, reducir el exceso de deuda que tiene el conjunto de la economía y la dependencia que tiene de la financiación exterior. Un exceso de deuda sobre nuestro PIB que implica que, para resolverlo, es necesario o bien reducir esa deuda, o bien que el PIB nominal (incluyendo la inflación) crezca, o bien una mezcla de ambas cosas. Puesto que las expectativas de crecimiento de nuestra economía son muy negativas en los próximos años (en términos reales decreceremos unas décimas y en términos nominales creceremos otras décimas), y las familias y empresas ya están haciendo su particular ajuste financiero, el Gobierno ha puesto en marcha una política drástica de ajuste fiscal, subiendo los impuestos y recortando los gastos. Y digo drástica porque si sumamos las decisiones de política fiscal tomadas por el Gobierno Zapatero, más las del Gobierno Rajoy y le añadimos las tomadas por las Comunidades Autónomas, nos encontramos que, en los dos últimos años, se ha paralizado prácticamente la obra pública y la inversión en I+D, se han subido el IVA y el IRPF, se ha recortado el sueldo de los funcionarios, se están recortando los gastos sanitarios y educativos y se van aplazando los pagos hasta el infinito, todo ello al tiempo que suben todos los impuestos menores y aumenta la voracidad recaudatoria de las sanciones.
El resultado final de esta política generalizada de todas las administraciones es que la economía española está sufriendo una política fiscal doblemente restrictiva, que afecta, a corto plazo, negativamente al crecimiento económico (y al paro), sin que tengamos claro que esta política vaya a mejorar el crecimiento a medio plazo o a la eficiencia de la administración. Y es ahí donde radica el problema, porque la política fiscal que está haciendo este Gobierno, en la línea con el anterior, es de un ajuste necesario en las grandes cifras de déficit (lo que macroeconómicamente es correcto), pero no está ni siquiera anunciando una reforma profunda de la estructura administrativa y fiscal española que la haga más eficiente en términos de resultados sobre el crecimiento y sostenibilidad económica. Dicho de otra forma, los recortes que estamos haciendo no tienen más efectos que el de aminorar la deuda a corto plazo, lo que es necesario, pero no hacen más eficiente la administración, ni son útiles para el crecimiento, que es el objetivo que realmente tendrían que tener los ajustes.
La economía española necesita, para que el sacrificio sea útil, una profunda reforma de sus administraciones con una clarificación de su reparto competencial, una simplificación de los trámites y procedimientos, una nueva forma de gestión y de relación con la ciudadanía, una más equilibrada financiación en todos los niveles, una más justa carga fiscal y una más amplia rendición de cuentas. Mantener la misma estructura administrativa con duplicidades, recortar linealmente todas las partidas (¡qué inmenso error el recorte en I+D!), no tocar los obsoletos sistemas de subvenciones, mantener administraciones paralelas o no ir más allá que la mera declaración de intenciones en la lucha contra el fraude fiscal, es hacer una política tan miope como la que venía haciendo el anterior Gobierno. Ajustar los presupuestos para alcanzar unas cifras de déficit y no reformar la estructura de gasto y de ingresos es desaprovechar una oportunidad de reforma que la mayoría absoluta posibilita a este Gobierno.
Por eso, mejor haría el ministro Montoro en trabajar en un plan de reforma de las administraciones públicas y del sistema tributario que andar con declaraciones inoportunas y ocurrencias, como la de reformar el Código Penal para meter en la cárcel a los que se pasen del presupuesto. Entre otras cosas, porque el ministro de Justicia solo se salvaría por la irretroactividad de nuestras leyes penales.
