Posicionamiento

En estos tiempos líquidos en los que las declaraciones se mudan con tanta facilidad, la ciudadanía ha de estar atenta para interpretar las señales de los políticos so pena de no entender adónde vamos. Si fuera por sus palabras y por sus actos, del señor Sánchez podríamos decir pocas cosas ciertas: que quiere seguir en la Moncloa, que le gustan los eventos internacionales, que no tiene proyecto definido para España como conjunto, que argumenta sosteniendo una cosa y su contraria y, finalmente, que le afea a otros, en un rasgo de absoluta incoherencia, lo que él mismo hizo. De donde se deduce que lo único claro es que quiere ser investido presidente a cualquier precio. 

 

El problema es que, para serlo, está posicionando al PSOE en un lugar difícilmente compatible con su trayectoria y, creo, con sus votantes. Es decir, el presidente Sánchez está llevando a su partido a un lugar ideológico condicionado por las negociaciones para que él sea presidente, no a donde los principios del PSOE y sus militantes han decidido ir. 

 

Los nuevos ejes programáticos del PSOE, definidos por las declaraciones y actos del presidente en funciones, esos que no afloraron en campaña electoral y que se van configurando por las necesidades de ser investido, son dos: un giro a la izquierda en temas económicos y sociales, y un discurso nacionalista. Es decir, el PSOE de Sánchez se está posicionando como un partido de izquierdas clásico por el contagio de Unidas Podemos, y, al mismo tiempo, como un partido nacionalista en aquellas comunidades en las que este eje político existe o se puede explotar, o sea, en Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia, por la necesidad de los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña. 

 

Para ver que el PSOE está entrando en los postulados de Unidas Podemos basta con leer algunas declaraciones de la señora Celaá. Y, aunque de momento no está trascendiendo mucho de las negociaciones con Podemos, mucho me temo que el reparto de carteras ya es toda una señal para la política económica que nos espera. El PSOE está alejándose de sus posiciones de una socialdemocracia moderna de corte alemán (en el que lo instaló Felipe González), para entrar en las de un socialismo estatista de origen francés (Piketty será el autor de cabecera). Lo que augura una política económica más intervencionista y rígida, a pesar de la vicepresidencia de Nadia Calviño, que no es lo que, en principio, necesitamos en estos tiempos, pues es posible hacer una política económica social, pero flexible, y, desde luego, mucho más moderna. 

 

Por otra parte, el PSOE ha aceptado ya los postulados del PSC, de que Cataluña es una «nación» (de donde se deduce, por generalización, que otras comunidades lo son, y que España no es nada, pues una «nación de naciones» no es nada), que lo que se vive allí es un «conflicto político» (supongo que tendrá esa misma calificación la situación en el País Vasco, aunque ahora esté larvado), que la inmersión lingüística en catalán es esencial y que hay que hacer una mesa bilateral entre el Gobierno Central y la Generalitat para reconducir el tema «políticamente», es decir, aceptando de hecho la igualdad entre los Gobiernos (lo mismo que reclamará el Gobierno Vasco). El PSOE está aceptando, nos cuenten lo que nos cuenten, un proceso de negociación para la asociación de Cataluña (y el País Vasco), lo que tendrá consecuencias políticas y económicas para toda España. 

 

No sé si es este posicionamiento coincide con lo que realmente quiere la militancia del PSOE pues no se manifiesta, ni si es realmente el que quiere para su partido el señor Sánchez porque de sus palabras se puede deducir cualquier cosa. Pero es lo que infiere de lo que va trascendiendo. O sea, que el PSOE está dejando de ser un partido de sólidos principios. Y todo por una presidencia precaria para el líquido señor Sánchez. 

 

18 de diciembre de 2019 

 

Palabras

Las palabras son importantes, muy importantes, pues configuran la realidad social y, especialmente, la política. Por eso, tras el comunicado de la negociación entre el PSOE y ERC de la semana pasada, ya sabemos por dónde van a ir los acontecimientos: habrá investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos (a cambio de unos ministros), el PNV y los mininacionalistas (a cambio de dinero), y la abstención de Esquerra (a cambio de un «procès viable» de independencia de Cataluña). Es decir, tendremos un Gobierno para España que será, casi, una edición del Tripartito catalán de Maragall y Montilla, un «Govern d’Entesa», un «Gobierno del Pacto», cuyo objetivo, en temas territoriales, será la evolución de España hacia el Estado plurinacional, esa difusa confederación de la que hablan todos los que van a investir al señor Sánchez, con una Cataluña cuasi-independiente. 

 

Para llegar a esta conclusión basta con analizar la negociación PSOE-ERC. El PSOE ha mandado a negociar a Adriana Lastra, a la que no se le conoce ni formación ni trayectoria, al componedor ministro Ábalos, y a Salvador Illa, el segundo de Iceta en el PSC. Por parte de Esquerra, además de Gabriel Rufián, calculador hasta en sus provocaciones, han ido Marta Vilalta, adjunta a Junqueras, y Josep María Jové, cerebro del procés. Solo la composición nos dice mucho: cuatro catalanes que estuvieron de acuerdo en el fallido Estatuto de 2005 (que definía a Cataluña como «nación») y dos políticos cuya única misión es que su jefe sea investido a cualquier precio. Por si quedaba duda de la actitud del PSOE, el mismo Illa presentó hace poco un documento en el que los socialistas admiten que Cataluña «es una nación» y que España debe ser «un Estado plurinacional». El resultado de esta primera reunión ha sido una rotunda victoria para ERC, pues el PSOE ha aceptado, además, que la situación en Cataluña es un «conflicto político». 

 

Y es la clave, pues al aceptar el PSOE que «Cataluña es una nación» y que la situación de Cataluña es «un conflicto político», está aceptando que hay «dos naciones» que se enfrentan. Más aún, está aceptando el discurso independentista que de que hay un Estado, España, que representa a una nación, que se impone a otra, Cataluña. Es decir, lo que el PSOE aceptó la semana pasada no es solo que Cataluña está enfrentada con España, sino que está oprimida. Sentado esto, y teniendo en cuenta que, en un contexto de relaciones políticas civilizadas, los «conflictos políticos» se resuelven en mesas de negociación, solo hay dos salidas lógicas al «conflicto»: o la modificación del ordenamiento jurídico español que reconozca una situación especial a Cataluña, es decir, un nuevo Estatuto con nueva definición de Cataluña, concierto económico y competencias blindadas, con referéndum de ratificación; o un referéndum de autodeterminación pactado. El resultado de cualquiera de ellas es que Cataluña quedará asociada a España y, a través de ella, a la Unión Europea, pero con una situación privilegiada respecto al resto de autonomías. 

 

Lo demás es ya táctico. En una próxima reunión se hablará de financiación. ERC pedirá un concierto, pero se conformará, este año, con los 5.000 millones extra de los presupuestos fallidos, más otros 1,2 mil millones en inversiones, que para eso ha ido el ministro Ábalos, justificados con el Corredor ferroviario. Y, luego, tras la investidura, se abrirán distintas mesas, con el objetivo de una «solución política» del «conflicto». 

 

A cambio, las cesiones de ERC son pocas: una abstención ahora y ceder en lo del relator. Además, puede vender toda cesión como una victoria en Cataluña y, tras las próximas elecciones allí, presidirá la Generalitat. 

 

No sé si esto lo ha calculado el señor Sánchez, pero es lo que tiene mandar a negociar a alguien que no sabe lo que significan las palabras «nación» y «conflicto» con unos tipos que sí saben cómo rentabilizar un 3,6% de votos y 13 escaños. Y, como otras veces, rezo por estar equivocado. 

 

4 de diciembre de 2019 

 

Gobernabilidad

Con los resultados de las pasadas elecciones en la mano, se puede decir que el panorama político español es muy complicado lo que hace difícil la gobernabilidad. Se han celebrado elecciones y se va a constituir un gobierno, pero eso no significa que se pueda gobernar y, menos aún, gobernar razonablemente el país. Al menos como necesitan ser gobernados los problemas que nos acucian. Mientras tanto, gracias a que tenemos una legislación ordenada, con todas sus incoherencias, y una administración organizada, con todas sus deficiencias, las instituciones funcionan. Y, sobre todo, gracias a que somos una ciudadanía madura, con algunos arrebatos adolescentes, la sociedad funciona. 

 

La primera complicación viene de la inmensa fragmentación política del Congreso. Esta es la primera legislatura en la que hay 16 grupos políticos representados en el Congreso, que, a su vez, están compuestos por más de 20 partidos políticos. Más aún, son las primeras elecciones en las que las que hay 10 fuerzas de representación territorial. El Congreso, por la inoperancia a la que hemos condenado al Senado y una ley electoral obsoleta, se está convirtiendo en una cámara territorial y no de ámbito nacional. Con la particularidad de ir configurando el puzzle de los reinos antiguos del siglo XVII: algo así como Castilla y los demás. Y las cámaras territoriales, está en su lógica, no miran por el interés general, sino por el juego de intereses locales, que no es lo mismo. 

 

La segunda complicación es que el Gobierno es la suma de dos fuerzas que han perdido las elecciones. Es la suma de dos debilidades, no de dos victorias. Es evidente que el gran perdedor de las elecciones ha sido Rivera y, con él, Ciudadanos, pero no es menos cierto que tanto el PSOE como Unidas Podemos han perdido votos y escaños en sólo unos meses, y que no tienen ni siquiera una mayoría potente entre los dos. El resultado del PSOE, aunque gobierne, es uno de los peores de su historia: un 28% de los votantes, habiendo votado menos del 70%, lo que significa que, a pesar de todos los grouchomarxistas principios del señor Sánchez solo 1 de cada 5 electores lo ha votado. Lo mismo se puede decir de Pablo Iglesias (12,84% de los votos, 8,85% de los electores) que solo con su entrada en el Gobierno puede camuflar el pobre resultado que quien iba a «asaltar los cielos». 

 

La tercera complicación viene de la necesidad de contar, además de con Más País, el PNV y Coalición Canaria, con los ultranacionalistas catalanes, no ya para investir Gobierno, sino para cosas tan prosaicas como aprobar presupuestos, salvo improbable ayuda del PP. Improbable porque el marcaje de Vox le impedirá ir mucho más allá de cosas muy elementales por la posible sangría de votos a su derecha. 

 

La cuarta complicación es el caleidoscopio de gobiernos en las distintas autonomías y baste recordar las principales por orden de población: Andalucía en manos de una coalición PP-Ciudadanos con apoyo de Vox; en Cataluña, los independentistas; en Madrid, otra coalición PP-Ciudadanos (más Vox); Valencia en manos del PSOE y Compromís; País Vasco en manos del PNV, etc. así hasta 14 gobiernos de coalición variada. 

 

Y, finalmente, la quinta son los liderazgos en algunas grandes ciudades, empezando por Ada Colau y su coalición en Barcelona. 

 

Si uno lo piensa, se podría decir que los españoles hemos logrado el ideal: que nos gobiernen todas las ideologías al mismo tiempo. Así, por ejemplo, los cordobeses estaremos gobernados por el PSOE más Unidas Podemos, Más País, el PNV, Coalición Canaria, Revilla y los independentistas (eso como mínimo) desde el Gobierno central; por el PP, Ciudadanos y Vox desde el Gobierno autonómico; y, para compensar el peso de los primeros, por el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento. O sea, un lujo. 

 

Lo que no sé es si es un lujo que nos podemos permitir con 3,2 millones de parados y una economía resfriándose. 

 

20 de noviembre de 2019

Universidades y totalitarismo

Tengo por norma no opinar de aquellos temas en los que mis palabras pudieran malinterpretarse. Por eso, en los casi veinte años que llevo escribiendo esta columna, es raro un artículo sobre universidades. Pero lo que está ocurriendo en las universidades catalanas es necesario denunciarlo. 

 

La violencia desatada por un grupo, controlado o no, de independentistas con la excusa de la sentencia del Tribunal Supremo es inadmisible, y sólo posible por la dejación de funciones de los que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos básicos de la ciudadanía: en primer lugar, la Generalitat de Cataluña y, subsidiariamente, el Gobierno central. En cualquier democracia se garantiza el derecho a la libertad de expresión y el de ejercicio pacífico de manifestación, pero no el ejercicio irrestricto de ambos: ni es posible decir cualquier cosa, pues el límite es el honor, la imagen o las creencias de otros; ni el derecho de manifestación se puede consentir si se vulnera el derecho de los demás a la libre circulación o al trabajo, si se atenta contra la autoridad o las propiedades ajenas. 

 

Y si la violencia consentida por la Generalitat es inadmisible, lo que está ocurriendo en las universidades catalanas es, sencillamente, vergonzoso. 

 

De vergüenza, en primer lugar, para esos estudiantes que boicotean las clases por lo que implica de cerrazón totalitaria. Los estudiantes encapuchados de la Pompeu o de la Universidad de Barcelona son tan totalitarios como el general Millán Astray que dicen que gritó, en el otoño del 36, aquel «¡Viva la muerte!» en Salamanca, con el que quería glorificar la violencia frente a la razón, pues los estudiantes independentistas, con sus hechos, están gritando «¡Viva la ignorancia!» como si sus ideas políticas justificaran la estupidez. De ahí a la quema de libros como la que organizaron los estudiantes nazis en 1933 hay sólo un paso. 

 

En segundo lugar, debería darles vergüenza a los profesores y profesionales de aquellas universidades que están consintiendo hacer de ellas instrumentos al servicio del independentismo, sin pensar que la Universidad es un espacio de conocimiento, de debate abierto y de libertad, en el que todas las ideas se pueden exponer, pero según unas reglas racionales, y nunca bajo la presión de la violencia o la coacción. La aceptación por parte de una mayoría de los profesionales de las universidades catalanas del uso al que les están sometiendo los independentistas es tan vergonzoso como el manifiesto de los científicos alemanes de 1914, o el silencio ante las purgas de profesores judíos en la Alemania nazi. De este silencio a una «ciencia catalana» y a la pureza política para las provisiones de plazas hay también sólo un paso. 

 

Es de vergüenza, en tercer lugar, la actuación de los órganos de gobierno de las universidades públicas catalanas rebajando las condiciones académicas para que los estudiantes puedan ejercer de violentos. Es una irresponsabilidad, pues supone convalidar la expresión de un derecho, el de manifestación, por la adquisición de competencias y conocimientos. Es, además, irracional, pues ¿alguien podría su vida en manos de un médico que hubiera cursado anatomía en una protesta? Más aún, ¿qué mensaje educativo se está lanzando a los estudiantes si sus decisiones no tienen consecuencias? En el mundo real, cuando se hace una huelga, no se cobra el sueldo. De ahí a que sea mérito académico haber estado en una barricada para obtener un título hay sólo un paso. 

 

Y, finalmente, es de vergüenza la actuación de los rectores de las universidades públicas catalanas que están consintiendo todo esto con negociaciones con los violentos y medias palabras, olvidando que su primera obligación es garantizar los derechos de los que sí quieren ser universitarios. 

 

El problema de Cataluña como sociedad es una enfermedad grave que se llama nacionalismo. Una enfermedad que, en su momento actual, empieza a cursar en su forma más mortal para la democracia: el totalitarismo. Un totalitarismo vergonzoso ante el que no caben medias tintas. 

 

6 de noviembre de 2019

Rupturas

Al margen de que se exhume a Franco (una típica cortina de humo de campaña electoral), lo más noticioso de estos días son las violentas protestas en Cataluña y el enésimo embrollo del brexit. Dos hechos que, además de noticiosos, nos están dejando lecciones para el futuro que no deberíamos desdeñar. 

 

La primera lección que se podría extraer del brexit es muy simple: no es bueno dirimir en un referéndum situaciones complejas, porque no es posible sintetizar en una pregunta dicotómica (de sí o no) esa complejidad. Y menos si la situación se plantea en términos emocionales y con mentiras. La irresponsabilidad de Cameron de plantear un referéndum de permanencia en la UE es tanta, como la de los políticos nacionalistas catalanes de pretender dirimir la convivencia en el conjunto de España en términos de un referéndum. Y es irresponsable porque el mero hecho de preguntar no es inocente, pues genera una ruptura entre aquellos a los que se le plantea. La inmensa mayoría de los británicos no se estaban cuestionando la permanencia a la Unión Europea cuando Cameron los invitó a hacerlo unos meses antes de su referéndum. Como nadie en Cataluña, salvo ERC, se planteaba la pertenencia a España hasta que a los nacionalistas de CiU no les valió con un nuevo Estatuto y quisieron un sistema de financiación propio que les favoreciera. Ahora, las dos sociedades, la británica y la catalana, están divididas y difíciles de gobernar, pues contar con el apoyo de unos es tener a los otros en contra. Y como la división es emocional, no hay forma de ganarse a la otra parte, ni con buena gestión: las emociones se viven, se cultivan, no se razonan. Uno puede cambiar de opinión razonando, pero nadie puede abrazar lo que emocionalmente se rechaza. Las rupturas emocionales generan una desconfianza que sólo la voluntad de superarla, el tiempo y, muchas veces, el silencio, puede restañar. Por eso, tengo la certeza de que las rupturas que ya se han producido en ambos casos, tanto en el interior de sus sociedades, como con los demás a los que algunos quieren dejar, tardarán mucho tiempo en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacen. 

 

La segunda lección es que las relaciones entre sociedades son mucho más profundas y complejas de lo que pretenden los que propugnan las rupturas. Sobre todo si se ha compartido una historia y hay lazos culturales, económicos y políticos. Formalizar una separación entre la sociedad de un territorio y otro no es solo una cuestión de hacer una declaración, es establecer las condiciones de ciudadanía, dirimir la jurisdicción sobre todos los ámbitos, determinar una separación de derechos y obligaciones, etc. Dicho de otra forma, responder a preguntas tales como ¿quién es nacional de cada país? ¿qué derechos tienen los nacionales de un país en el otro? ¿cómo pueden operar y a quién han de pagar los impuestos las empresas de cada país cuando operan en el otro? ¿cómo se reparten los inmuebles públicos? ¿y los funcionarios? ¿quién se hace cargo de la deuda pública emitida? ¿quién paga las pensiones de los nacionales del otro país que radiquen en el contrario? Y así hasta casi el infinito, pues las rupturas sociales, y más en las que las sociedades llevan siglos unidas tienen muchos más pasos que una declaración y una ley de desconexión como la que intentaron hace dos años. 

 

La tercera lección es que toda ruptura tiene un coste. Y no sólo el emocional. Tiene un coste en términos de PIB, de empleo, de ineficiencia de mercado y de prestación de servicios, de pérdida de competitividad. Un coste que es proporcionalmente mayor para la parte menor que se separe. 

 

Estas son sólo tres lecciones de lo que pasa. Habría más, pero no merece la pena extraerlas, pues no creo que nadie esté dispuesto a cambiar de opinión sobre el tema del brexit o de Cataluña por mucho que se intente razonar. 

 

Es lo que tienen las rupturas. 

 

23 de octubre 2019

Enfriamiento

Las señales que va dando la economía española en este inicio de otoño son de enfriamiento. El PIB está creciendo al 2% interanual, lo que supone la tasa de crecimiento más baja desde 2015. Un crecimiento que se debe más al crecimiento de los gastos de la administración pública y de las exportaciones que al del consumo privado y la inversión, lo que genera no pocas incertidumbres, pues el límite de las administraciones públicas lo determinan los impuestos y el de las exportaciones la competitividad exterior. Un enfriamiento que se empieza a notar en todos los indicios de los que nos servimos los economistas: la contratación se está reduciendo respecto al mismo mes del año 2018, como se están reduciendo las ventas de turismos, como está cayendo el consumo de energía eléctrica o la producción industrial. 

 

Las causas de este enfriamiento son conocidas y se venían anunciado. El modelo de crecimiento de salida de la crisis ha sido un modelo basado en la demanda externa y la competitividad exterior, en un contexto de política monetaria muy expansiva (tipos de interés cercanos al cero) y fiscal también expansiva (déficits públicos del 3%). Puesto que parte de la burbuja de crecimiento de la economía española se había debido a un crecimiento de las rentas salariales superior al crecimiento de la productividad, financiado desde el exterior, la corrección de estos desequilibrios solo podía producirse mediante la dieta de devaluación salarial a la que se ha sometido la economía española. Esta dieta, más dura que la de nuestros competidores, ha dado como resultado un modelo de crecimiento basado en el turismo y las exportaciones, por un lado, y el consumo y la inversión, por otro. Los dos primeros por la mejoría relativa de competitividad frente al exterior y los dos segundos por las políticas monetarias y fiscal expansivas. 

 

Pero estas bases están llegando a su fin. En primer lugar, porque las principales economías de las que depende la economía española, para la colocación de sus bienes (coches, bienes de equipo, etc.) y servicios (turismo), como para su financiación, se están enfriando: Alemania está al borde de la recesión, lo que implica menos exportaciones y menos turismo; Francia está en situación de estancamiento y el Reino Unido e Italia están sumidas en profundas incertidumbres que debilitan nuestra economía. En segundo lugar, porque los competidores de nuestros principales productos, empezando por el turismo, están volviendo a ser competitivos: Grecia, Turquía, Túnez, etc., vuelven a competir en los mercados turísticos. Y, finalmente, y en tercer lugar, porque el margen de las políticas expansivas se estrecha con el tiempo, pues no es posible mantener una política monetaria de tipos de interés cero durante tiempo indefinido sin poner en peligro el mismo sistema financiero, como no es posible una política fiscal de déficits públicos estructurales de casi el 3% del PIB con deudas públicas cercanas al 100% del PIB sin poner en peligro la misma economía. 

 

La economía española se está enfriando, pues, en un contexto de políticas instrumentales muy expansivo que no se puede mantener en el tiempo. Dicho de otra forma, y de una forma más cruda: el crecimiento de la economía española puede ser cercano al cero en los próximos trimestres, lo que traerá una disminución de la creación de empleo y una contracción de las expectativas sobre el futuro de nuestra economía, sin que tengamos mucho margen de maniobra. Esto supondrá que empecemos a hablar nuevamente de crisis. Una crisis que, esta vez, no se puede edulcorar con más gasto público, ni se va a resolver con más expansión monetaria. 

 

Y porque esta crisis va a llegar y le va a tocar al próximo gobierno, me gustaría, si no fuera mucha molestia, que en la campaña electoral se hablara seriamente de economía. El problema es que mucho me temo que ninguno de los candidatos tiene ni idea de qué es eso. Empezando por uno que dicen que es doctor en la materia. 

 

9 de octubre de 2019

Novatadas

Vamos a las cuartas elecciones en cuatro años. Y vamos, además de por el cálculo electoral que hizo en julio el señor Sánchez, por los errores de estrategia que han cometido el señor Iglesias y el señor Rivera. 

 

El error de estrategia de Iglesias empezó cuando, tras su éxito electoral en las generales de 2015, y ante la debilidad del PSOE, creyó que podía desbancarlo en el liderazgo de la izquierda. No tuvo en cuenta entonces, y no tiene en cuenta ahora, que el PSOE es un partido de poder y con poder. Es decir, el PSOE es un partido organizado con una cultura política interna clara, con orientaciones ambiguas en algunos temas, pero con mensajes comunes, especialmente en época de elecciones. Así mismo, es un partido de implantación nacional, tanto en el medio urbano como rural, que cuenta, desde el inicio de la democracia, con poder autonómico y local, lo que le ha dado presupuesto y cuadros, que tienen incentivos personales para mantener su poder. Por eso, el PSOE tiene un suelo electoral resistente a los errores de sus gobiernos e inmunes a sus escándalos, un suelo electoral del 20-22% de los votos, lo que significa que uno de cada cinco votantes, como mínimo, opta por el PSOE en las elecciones generales. Y la prueba es que, aun en el peor momento del PSOE, en 2011, éste consiguió el 28% de los votos, y que ya con Podemos como estrella ascendente, en las elecciones de 2015 y 2016, retuvo el 22% de los votos, precisamente con Pedro Sánchez de candidato. Un resultado que se elevó al 28% en la cita de abril de este año y al 29,2% en las municipales. Frente a eso, Unidas Podemos es un movimiento desorganizado, con muchas voces, demasiadas ocurrencias, escasa implantación territorial, sin experiencia de poder, sin cuadros, cuyas únicas ventajas iniciales fueron el hartazgo social por la crisis (el 15-M), un potente discurso populista y el mejor manejo de las redes y medios. Ventajas que no han compensado sus carencias, pues sus resultados electorales se han quedado siempre entre 10 y 14 puntos del PSOE, lo que refleja la imposibilidad de la estrategia de Pablo Iglesias. Ante esto, la mejor opción de influir en la política nacional no pasaba, en el verano, por una negociación desde una postura de máximos, sino de mínimos, de tal manera que se anclara al electorado de extrema izquierda y aparecer como partido necesario. Por eso, hace dos meses me pareció irracional su táctica. Una táctica que, en mi opinión, le hará perder votos, porcentaje y escaños. Y, quién sabe, si el liderazgo. 

 

El mismo error de Pablo Iglesias es el que ha cometido Albert Rivera con el PP. Es cierto que la distancia de votos (200.000) entre Ciudadanos y PP en las elecciones de abril fue muy escasa, pero en las municipales de mayo, el PP le sacó más de 13 puntos (más de 3 millones de votos de diferencia), lo que habla de la debilidad orgánica y territorial de Ciudadanos y de la fortaleza de un partido, también de poder y con poder, como es el Partido Popular. Más aún, el abandono de sus bases en Cataluña y el movimiento hacia Madrid, así como la pérdida de su enfoque de partido bisagra, un partido que puede pactar con unos y con otros, que le ha alejado a buenos cuadros, le provocará una sangría de votos en las próximas elecciones, que se acentuará porque el veto a Sánchez fue tan tajante que le obliga a competir por el electorado del PP, cuando éste tiene ventaja. 

 

Iglesias y Rivera son dos líderes potentes que, al menos en mi opinión, han cometido el profundo error de considerar que la política en España va de liderazgos, cuando lo es, también, y más, de partidos. Y, por supuesto, de historia. Quizás porque vamos siendo un país de viejos con una democracia de más de 40 años. 

 

25 de septiembre de 2019

‘Brexit’ lento

La situación de la política británica puede parecer, tras las votaciones de la última semana, kafkiana. Y, sin embargo, es muy simple. 

 

Lo que el Parlamento británico ha votado es darle un mandato imperativo al primer ministro Johnson para que o bien llegue a un nuevo acuerdo de salida o bien pida una prórroga para negociarlo. Y los parlamentarios saben que, hoy, el único acuerdo de salida que hay encima de la mesa de los británicos es el que alcanzó la señora May, y que ellos rechazaron, por lo que la primera opción, es decir, que el primer ministro Johnson consiga en poco más de un mes negociar mejoras en ese documento, ya votado, además, por los 27 socios restantes, es imposible. Así pues, la única opción que tiene es pedir una prórroga para ver si se puede negociar otro acuerdo. Una prórroga que es posible, pero que no serviría para alcanzar un nuevo acuerdo, pues ni los socios europeos están dispuestos a cambiar las líneas rojas del acuerdo ya alcanzado (la frontera blanda irlandesa, los derechos de los residentes, etc.), ni el Reino Unido puede hacer otra cosa que amenazar con un brexit abrupto, algo increíble, puesto que el mismo Parlamento ha votado una ley que impide que sea así, y que, con la prórroga, se diluye. Los parlamentarios británicos han conseguido dos cosas: más tiempo para un brexit que llegará y deshacer el juego planteado por el señor Johnson. 

 

Desde que los británicos votaron por la salida han pasado ya dos años, a los que se podría sumar un tercero con la prórroga, de tal forma, que, en caso de salida sin acuerdo, los británicos (y los europeos) habrán tenido tiempo para adaptarse a la nueva situación. Las empresas habrán acomodado sus stocks, buscado nuevos proveedores, recalculado precios, ajustado salarios, mientras que los ciudadanos se habrán desecho de parte de sus activos exteriores y se habrán adaptado a la nueva situación. La administración pública también se habrá reestructurado. Fruto de esto, que ya está en marcha, y de los ajustes financieros, la libra se ha depreciado hasta 1,1 euros y, con esa debilidad, los británicos mantienen su competitividad exterior, reajustando sus precios interiores, que crecen décimas por encima de los europeos. El resultado de esta ganancia de tiempo es que impacto final del brexit sobre la economía británica será menor al anunciado, y los parlamentarios, muchos de ellos euroescépticos, se podrán presentar ante su electorado como representantes pragmáticos que han salvaguardado los intereses de su ciudadanía, pero que, al mismo tiempo, han cumplido el mandato de la salida. Los parlamentarios, y el Partido Laborista a la cabeza, lo que están pensando no es cómo resolver el brexit o el posbrexit, sino en cómo ganar las próximas y cercanas elecciones, teniendo en cuenta la salida. 

 

Y, para eso, necesitaban destrozar la estrategia del señor Johnson. El juego de Boris Johnson tenía un eje central: la de plantear a la Unión Europea un «juego del gallina (game of chicken)», pues al fijar una fecha tope de salida en octubre, sin la atadura del Parlamento, obligaba a la Unión Europea a reabrir el preacuerdo o arriesgarse a una salida abrupta con grandes pérdidas. Si la Unión Europea abría el acuerdo, Johnson se presentaba al electorado como el líder del nuevo Reino Unido «libre», con posibilidades de una mayoría absoluta. Si no lo lograba, la culpa la tendría, la pérfida Unión Europea, con lo que también tendría posibilidades. La clave, pues, de la estrategia de Johnson no era cumplir con el brexit, sino qué hacer con él para ganar las siguientes elecciones. Y, para esta estrategia, necesitaba suspender el Parlamento. La clave, pues, para entender lo que ha ocurrido es sencillo: todo es cálculo electoral. La política británica es, como todas, muy simple, pues debajo de los discursos lo que late es la ambición del poder. O sea, las próximas elecciones. Y si no, pregúntenle a Pedro Sánchez. 

 

11 de septiembre de 2019

‘Trumpez’

La economía norteamericana está funcionando razonablemente bien, dentro del modelo único que tiene en el mundo: crece al 2,3% (más del doble que la zona euro), tiene una tasa de paro del 3,7% (la mitad que la zona euro) y una inflación anualizada del 2% (ligeramente superior a la nuestra, justo en el ideal). Como siempre, mantiene sus dos «twin deficits», sus déficits gemelos, con un déficit público del -4,7% del PIB y un saldo exterior negativo por cuenta corriente del -2,4%, que financia con un mecanismo excepcional en el mundo: las economías exteriores con superávit en los Estados Unidos (básicamente Alemania y China) transforman su beneficio allí obtenido en bonos norteamericanos, que dan una rentabilidad mayor (el 1,7%) que la de los países de origen (el -0,6% en el caso de Alemania y el 2,9% con riesgo de tipo de cambio en el caso de China), lo que financia el déficit público. Por eso, los mayores tenedores de bonos norteamericanos, después del sistema bancario norteamericano (incluyendo la Reserva Federal), son los sistemas bancarios europeo y chino (especialmente éste). La Reserva Federal, además, actúa como un preciso regulador del mecanismo, pues compra y vende bonos monetizando (emitiendo dinero) los déficits y regulando los tipos de interés. Dicho de otra forma, la economía norteamericana funciona como lo viene haciendo en su relación con el mundo desde hace más de sesenta años, es decir, como una economía dominante con capacidad de «seigniorage», pues emite una moneda, el dólar, con valor en todo el mundo, ya que es aceptado en todos los mercados. Una economía que es la cúspide de la globalizada economía mundial, el motor de ella: las demás economías del planeta dependen, en gran medida, del crecimiento de la economía norteamericana, al tiempo que ella depende de la financiación de los demás. Una financiación casi sin coste, ni riesgo de quiebra, pues el volumen total de dólares emitidos es aún pequeño en relación al monto total de transacciones de la economía mundial. Los Estados Unidos son, como economía, en el mundo globalizado, lo que un banco central a una economía normal: únicos. 

Este modelo económico que, con sus problemas de desigualdad y de sostenibilidad a largo plazo, pero con su creatividad y pujanza, funciona, es la que está poniendo en peligro el Presidente Trump con sus ocurrencias. La economía norteamericana, como cualquier economía, no se puede permitir la incertidumbre que genera el Presidente en su política exterior (crisis en Oriente Próximo, amenazas a China). Como no se puede permitir a largo plazo la paralización de los flujos migratorios, por la necesidad de mano de obra, ni una guerra comercial con el resto del mundo, dando marcha atrás a la globalización, ya que una subida arancelaria, lejos de resolver el déficit comercial norteamericano lo único que va a lograr es una recesión mundial. Una recesión mundial con efectos directos sobre la economía norteamericana, porque una parte importante de los activos y de las rentas de las familias norteamericanas y de sus pensiones dependen de los rendimientos de sus fondos en el exterior. 

Está claro que el Presidente Trump no sabe más economía que la de un especulador inmobiliario, un sector clásico sin competencia exterior y con poca innovación que se dinamiza con la incertidumbre, porque es refugio, y al que le interesan tipos de interés bajos e inflación alta. Por sus hechos y sus tuits se ve que no comprende cómo funciona la economía que gobierna. 

Define el Diccionario de la Real Academia que «estupidez» es la «torpeza notable en comprender las cosas». Quizás, después de que el Presidente Trump logre provocar una recesión mundial, y va camino de ello, haya que incluir una nueva palabra en nuestro vocabulario: «trumpez», cuya definición sería algo así como «torpeza notable en comprender la realidad, con tendencia a la mentira, pero con capacidad para beneficiarse personalmente». Pero eso nos obligaría a poblar nuestro diccionario de palabras como «bolsonarez», «johnsonez», «salvinez», o... 

28 de agosto de 2019 

Cálculo electoral

Después de lo visto en la sesión de investidura, mucho me temo que vamos a elecciones en el otoño. Por simple cálculo electoral. Un cálculo que es muy simple.

Para ser investido presidente y poder gobernar, lo importante no son los millones de votos que respalden a un partido, sino el número de escaños en el Congreso de los Diputados. Un número de escaños que depende del porcentaje de votos válidos que se obtengan y, cosa importante, si el partido fue de los dos primeros, porque el sistema electoral D’Hont recompensa a los primeros en cada circunscripción. Si el sistema fuera proporcional puro un 1% de los votos equivaldría a 3,5 escaños en el Congreso. Sin embargo, en las tres últimas elecciones (2019, 2016 y 2015), un 1% de los votos de los dos primeros partidos (PSOE y PP) se transformaron en 3,9-4,2 escaños. Es decir, los primeros partidos en las elecciones consiguen por cada punto un escaño más, que, lógicamente, pierden los otros partidos, nacionalistas aparte. Así, el 28,7% de los votos del PSOE en las últimas elecciones le han dado 123 escaños (multiplica por 4,3), mientras que el 16,7% del PP le ha dado 66 (multiplica por 3,95), mientras que, por ejemplo, el 14,3% de Podemos solo le ha dado 42 (multiplica por 2,9), mientras que Vox con un 10,3% solo tiene 24 escaños (multiplica por 2,3). Y esto se repite en las anteriores elecciones con bastante aproximación.

Desde esta perspectiva, y sabiendo que el PSOE está en condiciones de volver a ser la fuerza más votada y el PP la segunda, a ambos les interesa ir a elecciones en el otoño. Al PSOE porque sabe que, al margen de la abstención por hartazgo, que afectaría a todos los partidos, puede mejorar su porcentaje por el desgaste de Podemos y de Ciudadanos. Solo con una mejora del 2-3% se iría a 135-138 escaños, a 40 de la mayoría absoluta, que son con los que gobernó Rajoy. Con lo que tendría más fácil una coalición en otoño, pues Podemos no tendría tantas exigencias e incluso Ciudadanos podría entender su papel de partido bisagra si bajara de los 50 diputados. Y podría no depender de los independentistas. Por otra parte, sabe que la distancia de 12 puntos que tiene con el PP hace que este no pueda ser el partido más votado, ni formar gobierno.

Al PP también le interesan las elecciones en otoño. La corrupción y el cambio de liderazgo ya se pagaron en las elecciones anteriores, y Casado y el nuevo aparato han madurado para unas elecciones con más garantías. Mejoría su porcentaje por la bajada de Ciudadanos y, sobre todo, de Vox, con lo que podría ganar un 3% que serían unos 10-12 escaños hasta llegar a los 78 escaños.

Curiosamente los dos partidos que más podrían perder con una nueva convocatoria, Ciudadanos y Podemos (Vox aparte), aquellos cuyos factores de multiplicación electoral es inferior al 3,5 por su posición relativa en las últimas elecciones, son los que más han hecho por ir a ella. A Ciudadanos una pérdida de un 3%, algo posible por la estrategia de Rivera, le llevaría a perder 8-10 escaños. Tendría menos de 50 escaños, lo que permitiría una rectificación y aceptar una coalición con el PSOE (con ministerios) o apoyo externo, como hizo con Rajoy. Podemos, por su parte, también perdería con nuevas elecciones, ya que una caída de 2-3 puntos le haría perder entre 6-8 escaños. Máxime si Errejón lanza su plataforma. Por eso, si la estrategia de Rivera es incomprensible, la de Iglesias es irracional.

A Pedro Sánchez, además, no le interesa ahora una coalición con Podemos, por la desconfianza generada, por la incertidumbre de la sentencia del procés y porque el verano mejora las variables económicas. Así pues, para Pedro Sánchez lo mejor es paciencia y elecciones, salvo que Rivera rectifique (que lo dudo). Y conste que no me llamo Iván Redondo.

31 de julio de 2019

La próxima crisis

Entre las muchas noticias que nos asedian todos los días, una de las más recurrentes en la prensa económica es el anuncio de una inminente nueva crisis. Una crisis más profunda que la anterior y que nos llevaría al borde del colapso económico. Parece que vista la fortuna que hizo Roubini con sus predicciones hay toda una multitud de discípulos regalando análisis sobre el futuro.

Que en algún momento del futuro puede haber una crisis de crecimiento en cualquier economía del planeta es un hecho seguro, pues no existe la economía perfecta de crecimiento infinito sin desequilibrios, como no existe la máquina del movimiento perpetuo. Como es seguro que se producirá una crisis de la economía global a poco que la sufra cualquiera de las grandes economías, pues la economía global es la suma de economías y mercados imperfectos. Las crisis, las disminuciones de crecimiento, incluso las profundas que cursan con una recesión y desequilibrios profundos como aumento del paro, los déficits o la inflación, son inevitables en todos los sistemas económicos, estén más o menos regulados. Y no, como erróneamente se cree, porque ocurrieron en el pasado, sino por la lógica del comportamiento humano: en las economías de mercado por los «fallos del mercado» (por el comportamiento «manada» de agentes racionales), y, en las reguladas, por los «fallos de sobreinversión» que son incluso más graves (pregúntesele a los rusos). Más aún, que vamos a tener una crisis de crecimiento global en el futuro es seguro, aunque solo fuera por la maldición malthusiana de que el crecimiento de la población mundial llevará al agotamiento de algunos recursos naturales básicos, dada la tecnología actual, si no es que llega antes el colapso medioambiental, que también tiene graves consecuencias económicas. Así pues, no tiene ningún mérito predecir genéricamente una crisis económica para el futuro, pues es lo mismo que predecir que todos los seres humanos que hoy estamos vivos en algún momento del futuro moriremos. La clave, entonces, no está en predecir una crisis, pues los altibajos en el crecimiento, como las enfermedades, son inevitables, sino en sortearla el mayor tiempo posible interpretando correctamente las señales de debilidad y los peligros, y actuando contra ellos, y, en el caso de que llegue, ejecutando políticas para que dure lo menos posible y sea lo menos maligna socialmente.

Precisamente porque es algo inevitable que tarde o temprano pasa, la economía española va a vivir una disminución de su tasa de crecimiento que, de conjurarse con algunos peligros que están en el horizonte, sí la podrían llevar a una nueva crisis, de menor intensidad que la anterior, sin que esto signifique que vaya a ocurrir el año que viene. Una disminución del crecimiento cuyo origen estará en la saturación del sector turístico, pues se están batiendo récords y se empieza a activar la competencia en otros destinos; en la incertidumbre que rodea al sector automovilístico por las nuevas regulaciones medioambientales y el alto coste de cambiar sus plantas; en el estancamiento de las exportaciones por las guerras comerciales y la ralentización china; en la saturación de la construcción de viviendas, pues aún hay un stock de casi 460.000 sin vender y el número de hogares crece lentamente; y, finalmente, en la ralentización del crecimiento del sector público, porque se está alcanzando el límite de lo sostenible de deuda pública. Así, pues en cuanto la mitad de los motores de nuestro actual crecimiento (turismo, automóvil y exportaciones, construcción y sector público) empiecen a alcanzar el punto de saturación, la disminución de la tasa de crecimiento (lo que algunos llamarían la crisis sin serlo), será un hecho. Que podría agravarse si amenazas como la crisis italiana o la crisis bancaria alemana (más que el Brexit) se materializan.

Una crisis que podríamos mitigar, incluso evitar, con una política de reforma estructural que empieza a ser inaplazable. Algo que no creo que sepa, ni pueda hacer, el hipotético Gobierno del señor Sánchez.

18 de julio de 2019

Economía sin gobierno

Los datos de la economía española de los dos últimos años no son malos. Seguimos creciendo por encima del 2% (2,4% para ser exactos en el último dato intertrimestral), se crean puestos de trabajo a razón de casi medio millón al año (en términos equivalentes, es decir, como si todos los contratos fueran por tiempo indefinido y 37 horas/semana), los precios están en el entorno del cero (por debajo del 2%) y la balanza de pagos por cuenta corriente y capital está en equilibrio (los ingresos son prácticamente iguales a los pagos).

Unas cifras para felicitarse si no fuera porque tienen sus sombras en cinco grandes debilidades de la economía española: la primera, y es una enfermedad crónica de nuestra economía, es una tasa de paro del 14,7%, casi el doble que la media de la Unión Europea y más de cuatro veces la de Alemania, y fuente de nuestras desigualdades de renta y entre territorios; en segundo lugar, seguimos siendo uno de los países más endeudados del mundo desarrollado, con una deuda global de más del 360% del PIB, de los cuales 260 puntos son de deuda privada (empresas y familias) y 100 puntos de deuda pública; en tercer lugar, tenemos una presión fiscal cercana al 40%, con un sistema fiscal poco progresivo, y un gasto público por encima del 40% con muchas ineficiencias; en cuarto lugar, tenemos una economía sectorialmente desequilibrada, pues el peso de la construcción y del turismo son excesivos, y son muy débiles los sectores y las empresas de tecnología y servicios avanzados; y, finalmente, fruto del crecimiento del empleo en el sector público y en sectores no industriales, la productividad media española, que había crecido en los últimos años, está disminuyendo en 0,4%, mientras crecen los costes laborales unitarios un 2,1% interanual.

Además, estas cifras se producen en un contexto de políticas instrumentales muy favorable, pues tenemos una política fiscal expansiva (un déficit público del 3% es expansivo, máxime cuando no hemos logrado contener el déficit estructural) y una política monetaria de tipos de interés en el entorno del cero, pues el bono a diez años tiene una rentabilidad por debajo del 1% y los tipos de interés interbancarios son negativos, algo nunca visto. Y en medio de dos olas de tendencia que hay que tener siempre en cuenta: el declive demográfico y los retos medioambientales.

Este es el panorama económico al que tiene que hacer frente el próximo gobierno del señor Sánchez. Un panorama que no es fácil de gestionar, pues la debilidad de su apoyo parlamentario, unida a la atrasada visión de la economía de sus socios preferentes (salvo cambio de opinión de Ciudadanos) y a sus urgencias políticas hacen muy improbable una sólida política económica que afronte de verdad los retos que tenemos planteados. Una sólida política económica que habría que articular en distintos ejes y al mismo tiempo: para abordar el problema del paro y del declive demográfico y, consecuentemente, los problemas de desigualdad, de productividad y de sostenibilidad de las pensiones es necesaria una profunda reforma del mercado laboral en un tono mucho más liberal y, al mismo tiempo, social, del que el PSOE y Podemos están dispuestos a pensar (pues piensan en categorías laborales decimonónicas); para ir desinflando la burbuja de deuda pública, enfocar el tema medioambiental y garantizar un sistema público de pensiones es necesaria una reforma fiscal en profundidad, como es necesaria una reestructuración de nuestro sector público para cerrar las brechas de desigualdad, dos reformas que no hay partido en España que esté dispuesto a abordar; para cambiar la dinámica sectorial es necesaria una reforma educativa que necesita de un consenso imposible...

La economía española, pues, anda bien. Pero está andando con problemas de fondo para los que se necesita un gobierno. La mala noticia es que el Gobierno que se vislumbra no parece el más adecuado para abordarlos. Máxime si toda la economía que sabe es la que cabe en una pésima tesis doctoral.

3 de julio de 2019

Entorno político

A tenor de los resultados de las elecciones de este año y del comportamiento postelectoral de nuestros políticos, mucho me temo que el entorno político no va a mejorar significativamente. Y entiendo por entorno político el conjunto de decisiones de las instituciones y de las distintas administraciones para resolver los problemas de la ciudadanía, mediante el ejercicio de su potestad legislativa y el uso de los recursos y capacidades públicas. 

 

Y digo que no va a mejorar significativamente el entorno político porque, en el plano europeo, la fragmentación tras las elecciones europeas, el brexit, el permanente desafío de los países del Este y la crisis política italiana, así como la ausencia de un liderazgo claro (¿realmente creen Macron y Sánchez que pueden liderar la Unión Europea sin contar con Alemania?) darán como resultado una parálisis que notaremos poco a corto plazo, pues hay un generalizado desconocimiento de la ciudadanía europea del funcionamiento de la Unión y la política europea no es seguida en nuestro país. Pero el hecho es que la política europea, salvo sorpresa, mantendrá su catatónico funcionamiento, alejada de los problemas a los que tendría que enfrentarse. Poco podemos esperar de Europa que nos ayude a resolver los graves problemas medioambientales, los de descenso demográfico o los de derechos de los inmigrantes a los que nos enfrentamos. 

 

Tampoco parece que vaya a mejorar el entorno político español, pues el Gobierno del señor Sánchez, con un respaldo popular del 28,68% de los votos y 123 diputados, no tiene apoyos suficientes para abordar un proyecto de país, ni de sociedad, ni de economía, más allá de gestos como los de los viernes sociales. El novedoso «Gobierno de cooperación» que parece que finalmente tendrá con Podemos y los independentistas, no garantiza, tampoco, ni los apoyos, ni la estabilidad suficiente, pues habría muchas concesiones a los independentistas que difícilmente podría explicar, como habría contradicciones en su política económica, ya que no hay demasiada coincidencia entre los intereses del empresariado vasco y las posiciones ideológicas de Podemos. Me temo que, en el plano español, los tiempos políticos que se avecinan, lejos de ser de debates y decisiones meditadas sobre nuestros problemas de paro, deuda pública, demografía, violencia machista, desigualdad, corrupción, educación, envejecimiento, unidad territorial, etc. serán de debates estériles y decisiones simples. 

 

Finalmente, no creo que vaya a mejorar mucho la situación política en el nivel autonómico, porque aún quedan demasiadas inercias del pasado, no hay un proyecto político unitario entre PP y Ciudadanos (más allá del desalojo del PSOE), les está costando mucho mover una burocracia ineficaz y Vox perturba en demasía a unos y a otros. No creo que el entorno político en el que la ciudadanía desarrolla su vida cotidiana, que la situación política, vaya a mejorar en los próximos meses, pues las capas que lo componen (y a las anteriores tendríamos que añadir las administraciones locales) son muy poco eficientes para abordar los problemas a los que nos enfrentamos y las soluciones que proponen los políticos que hemos escogido son muy fragmentarias o parciales. Y, para comprobarlo, bastaría con analizar en cuantas veces se habla de paro, de violencia machista (con Pacto de Estado incluido), de desigualdad o medio ambiente y cuál es el resultado de todas las soluciones que aportan. 

 

Peor aún, mucho me temo que la mayoría de los políticos de casi todos los niveles andan ocupados en nimiedades que no resuelven los problemas de la gente, ni los cotidianos y más acuciantes (el paro, la pensión, los alquileres, la educación, los mayores, etc), ni los que tenemos planteados a largo plazo como sociedad y como parte de la Humanidad (el medio ambiente, la desigualdad, los flujos migratorios masivos, los ataques a la libertad a partir de la tecnología, etc). 

 

No, no creo que el entorno esté hoy mejor que antes de las elecciones y no creo que mejoremos. Lo que me lleva a la inquietante pregunta de ¿es la ciudadanía como sujeto colectivo racional? 

 

19 de junio de 2019

Centro

En tiempos de Trumps, Bolsonaros, Faranges o Salvinis cualquieras; en tiempos de Maduros, Ortegas, Erdogans o Putins; en tiempos de cosmologías subjetivas e ideologías simples hechas a base de tuits y de fake news; en estos tiempos de neo-neoromanticismo en los que lo cierto se confunde con lo emocionante y la razón se sustituye por los sentimientos; en estos tiempos de bloques, blancos y negros, rojos y azules; en tiempos de tribus y de identidades definidas... es necesario que haya personas moderadas, gentes de centro cuya ideología sea el acuerdo. Porque, salvo algunas cosas fundamentales, en la vida y en la política, ni lo cierto, ni lo bueno está siempre del mismo lado, aunque sí está siempre en la verdad y en el respeto a la individualidad de cada uno. 

 

En tiempos de dispersión de voto, en los que el partido que más obtiene no llega al 30% del total de los votos (lo que hace que no tenga más apoyo que el 22,5% de los llamados a urnas), en los que los siguientes no alcanzan el 20% y los que más vociferan apenas rozan el 10%... es necesario que haya algún partido de centro cuyo papel sea el de moderar el discurso de unos y de otros, de ser puente entre un bloque y otro, entre una tribu y otra. Porque, salvo en algunas cosas fundamentales, tales como Europa, la Constitución, la integridad territorial y las libertades básicas, lo demás es posible discutirlo y modificarlo siguiendo un procedimiento democrático. 

 

En tiempos de enfrentamiento y conflicto, de polarización y de personalismos, es necesario, por el bien de cualquier sociedad, que haya personas, instituciones y partidos que no aspiren a conformar y llegar a una mayoría, sino que, siendo una minoría, sirvan a todos. Porque en tiempos de polarización, en los que los extremos agrupan las mayorías, es necesario que haya personas, instituciones y partidos que mantengan la posibilidad del diálogo, aunque los extremistas de uno y otro lado no se lo reconozcan. 

 

Y porque vivimos en tiempos convulsos, de dispersión de voto, de enfrentamiento y polarización es por lo que creo que en nuestro sistema político es necesario hoy un partido como Ciudadanos. Un partido que fue capaz de votar a favor para que Mariano Rajoy conformara Gobierno (como se abstuvo la parte más moderada del PSOE), al tiempo que llegaba a acuerdos con el PSOE en Andalucía. Una posición que, en mi opinión, tenía la coherencia de buscar la gobernabilidad y la convivencia. 

 

Por eso no entiendo la estrategia del señor Rivera en los últimos meses. En mi condición de andaluz entiendo la coalición de gobierno con el PP en Andalucía, pues desalojar al PSOE de la Junta era un ejercicio de higiene política y democrática necesario para romper un sistema que había llegado a convertirse en un régimen político. Lo que no entiendo, ni lo entendí en la campaña electoral, es el veto de Ciudadanos al señor Sánchez, pues, aunque me parezca un presidente inconsistente, ha ganado las elecciones y es el llamado a conformar gobierno. Máxime cuando un Gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos sería bien visto por una mayoría de la ciudadanía más amplia que la que reflejan los votos obtenidos por cada uno de ellos en las generales. Por eso tampoco entiendo la dificultad que tienen en la geometría de apoyos en distintas autonomías y grandes municipios. Para mí, que Ciudadanos apoye en algunos casos al PP y en otros al PSOE, lejos de parecerme una incoherencia, creo que es la esencia política de lo que debe ser un partido de centro. Es decir, la esencia de su función de partido de centro y el servicio que han de prestar a la ciudadanía. 

 

El problema es que estar en el medio no es ni cómodo, ni fácil. Pero, en los tiempos en los que vivimos, es una función necesaria. Y para ello, y aunque parezca una contradicción, hay que aspirar a ser siempre minoría. 

 

5 de junio de 2019

Europa necesaria

Es cierto que no termina de funcionar bien. Es una máquina complicada, pesada y, en muchos casos, poco eficaz, para lo que podría ser. Y, sin embargo, es necesaria porque, en estos tiempos que corren, sin ella los viejos Estados que una vez gobernaron el mundo, hoy no serían nada más que pequeñas marionetas en manos de los nuevos amos del mundo. 

No termina de funcionar bien como democracia, pues hay aún muchas reminiscencias estatales e instituciones poco electivas. Pero, al mismo tiempo, es la garantía de que un conjunto básico de derechos políticos, el otro pilar de la democracia, no puede ser vulnerado sin costes importantes. Europa no es una democracia, ni puede serlo, porque no es un Estado, pero es un espacio político en el que los derechos democráticos elementales, aquellos que configuran la base de cualquier democracia (opinión, reunión, elección, etc.), están garantizados. Europa no es una democracia, pero es más que eso, pues es la garantía de que todos los Estados que pertenezcan a ella sean democracias. Y, aunque solo fuera por eso, Europa es necesaria en los tiempos de populismos y nacionalismos totalitarios que corren. 

Tampoco termina de funcionar bien como potencia, pues su política exterior es débil. Demasiado condicionada por los complejos del pasado colonial, por la estrategia comercial de Alemania y por la dependencia militar de los Estados Unidos. Pero no deja de ser un actor clave en la diplomacia económica mundial y la primera potencia comercial del mundo. Como no deja de ser el primer donante mundial de ayuda y tiene un papel moderador en la mayoría de los conflictos. Europa no tiene una política exterior unificada, pero a los Estados europeos les iría mucho peor en sus relaciones con Rusia, Turquía y otras potencias, así como en los conflictos al otro lado de sus fronteras, sin esa imperfecta política exterior común. Y, aunque sólo fuera por los acuerdos comerciales y porque el mercado europeo es mucho más que la suma de los mercados de los 27 (+1), Europa es necesaria en los tiempos de superpotencias económicas que andan a la gresca y quieren modificar según sus intereses las reglas del juego. 

Realmente no termina de funcionar como mercado único de bienes y servicios, ni como mercado laboral, ni como espacio de conocimiento e innovación. Pero, ni los países ricos como Alemania o Francia, ni los más pobres como España o Portugal, hubieran alcanzado el nivel de renta que tienen sin el Mercado Único: los ricos porque no hubieran tenido mercado para sus bienes y sus inversiones; los pobres porque no hubieran recibido las transferencias de inversión, rentas y tecnología que han recibido. No es perfecto, pero Alemania no sería lo rica que es, ni España tendría la renta que genera, sin el modelo de crecimiento de integración con ayudas. Europa, el mercado europeo, así como los fondos europeos, son necesarios para cada una de las economías europeas en estos tiempos de economías de escala y de hiperglobalización. Como es necesario el euro y sus reglas porque es la clave de bóveda de este modelo. Y, aunque sólo fuera porque nos hace más competitivos, Europa es necesaria. 

Desde luego, no termina de funcionar como mecanismo de cohesión social y de distribución de renta, como no termina de ser tierra de acogida para los que huyen del conflicto y la pobreza, pero esto, lejos de ser culpa suya, lo es de los Estados que no son capaces de transferir competencias impositivas y sociales a Europa, y no piensan en términos de una ciudadanía europea, ni de derechos humanos. Europa no es más social, ni reequilibra las deficiencias de la distribución de las distintas economías, porque, lejos de querer construirla más potente, los Estados andan a la caza de ventajas de corto plazo. 

No, ciertamente, no termina de funcionar como a los viejos europeístas nos gustaría. Pero no perdemos la esperanza, porque Europa es, para nuestra democracia, nuestro papel en el mundo, nuestra economía y nuestro futuro, sencillamente, necesaria. 

23 de mayo de 2019

Algo debemos estar haciendo mal...

El pasado 29 de abril el Instituto Nacional de Estadística, una de las pocas instituciones (todavía) fiables de este país, publicó la estadística regional de España desde el año 2000 hasta el 2018. Entre las cifras más relevantes, la de la renta per cápita española y de las distintas comunidades autónomas. El resultado no podía ser más desalentador para la economía andaluza. Y bastan unos datos y unos simples cálculos para que nos hagamos una idea cabal. 

Para empezar, la renta per cápita española en el año 2000 fue de 15.935 euros, mientras que en el año 2018 fue de 25.854 euros, es decir, un crecimiento del 62% en términos nominales. La renta per cápita andaluza fue, en el año 2000, de 11.823 euros, siendo en 2018 de 19.132 euros, lo que supone un crecimiento del 61,8%. O lo que es lo mismo, la renta per cápita andaluza creció en los últimos 18 años al mismo ritmo que la media española. Lo que significa, en términos relativos, que los andaluces tenemos una renta per cápita que era del 74,2% de la media nacional y es hoy del ¡74%! de la media nacional. Es decir, que en 18 años no hemos convergido nada, o sea, que estamos en términos relativos donde estábamos. 

El problema es que cuando se hace una comparación de un todo con una parte se pierde perspectiva, pues la media española es más baja precisamente porque incluye a Andalucía, que, además, es una región relativamente grande en el conjunto nacional. Veamos qué pasa si hacemos la comparación con la comunidad autónoma con mayor nivel de renta, Madrid, y con otra de similar tamaño poblacional que Andalucía, Cataluña. Pues que el resultado es más descorazonador. Madrid tenía en el año 2000 un nivel de renta per cápita de 21.333 euros o lo que es lo mismo una renta per cápita un ¡80%! mayor que la andaluza. O si se quiere de otra forma, Andalucía tenía en el año 2000 solo el 55,4% de la renta per cápita madrileña. El problema es que 18 años después no solo no nos hemos acercado a la renta madrileña, sino que seguimos lentamente alejándonos: hoy ellos tienen el ¡82,5%! más de renta que nosotros, o lo que es lo mismo, nosotros no llegamos ni siquiera al 55% de la renta per cápita madrileña. Y la comparación con Cataluña no es mucho mejor: si en el año 2000 los catalanes tenían un 64% más de renta que nosotros, hoy solo tienen un 61%. Es decir, que nuestra renta per cápita era el 61% de la catalana del año 2000 y hoy es del 64%, lo que supone la extraordinaria mejoría de ¡tres puntos en 18 años! 

El simple análisis de los datos anteriores nos indica que la economía andaluza no converge. Es decir, que, si sigue como va, no alcanzará nunca la media española, que tampoco alcanzará a la madrileña, y que, a este ritmo, tardará solo 216 años en converger con Cataluña. Realmente todo un logro. 

Y la constatación del hecho de que la economía andaluza no converge nos debería llevar a una también simple reflexión. Si el entorno macroeconómico en el que se desenvuelven las economías andaluzas, madrileña y catalana es, desde hace más de cuarenta años, el mismo, y el institucional (Constitución, autogobierno, regulaciones básicas, etc.) es también el mismo, algo debemos estar haciendo mal dentro de nuestra Comunidad para que no converjamos. Más aún, algo debemos llevar haciendo mal desde hace mucho tiempo, desde hace casi 40 años, para que ni con los Fondos de Compensación Interterritorial (que inyectan dinero para las Comunidades con menores niveles de renta), ni con los Fondos Europeos (Feder, Fondo Social Europeo) que llevan otros tantos, y que hemos recibido los andaluces y no los madrileños y catalanes, no hayamos podido reducir la diferencia. Algo debemos estar haciendo mal, seguramente muy mal, y haríamos bien en analizarlo. 

8 de mayo de 2019 

Minicurso de economía pública (2)

Lección sexta. Todos los impuestos los pagan los ciudadanos, las personas físicas. No los pagan ni las personas jurídicas, ni las empresas. Aunque así esté en la legislación, las personas jurídicas y las empresas no pagan realmente impuestos, solo los recaudan. Y la razón es que, para ellas, los impuestos son solo costes: el IVA es un sobrecoste incluido en los precios de los bienes y servicios que pagan los consumidores y recaudan las empresas; las Cotizaciones Sociales son un sobrecoste a la mano de obra que las empresas repercuten en los precios finales, por lo que son pagadas también por los consumidores y recaudadas por las empresas; y, finalmente, el Impuesto de Sociedades es un impuesto variable que grava el beneficio contable de las empresas, pero, como supone disminución de la rentabilidad de la inversión, se tiene en cuenta cuando ésta se realiza, y se repercute en los precios de los productos que las empresas comercializan, pues las empresas son entidades cuyo objetivo primario es ganar dinero para aquellos que invirtieron en ellas. Sobre las proposiciones anteriores hay literatura abundante. Toda subida de impuestos, aunque sea a las «grandes» empresas, tiene, pues, como resultado una mayor carga fiscal sobre la ciudadanía. Como complemento recomiendo repasar conceptos básicos de finanzas y algunos artículos de Modigliani y Miller de los 70. 

Lección séptima. Todos los impuestos afectan a la distribución final de la renta, tanto o más que el gasto público. Los impuestos pueden ser progresivos, es decir, que pagan más en proporción los que más tienen, o regresivos, que son lo contrario. El único impuesto del Sistema Impositivo español genuinamente progresivo es el IRPF. El IVA, las Cotizaciones Sociales y el Impuesto de Sociedades son regresivos, es decir, los pagan en mayor proporción las personas de menor renta, porque están en los precios de los productos que consumen. El Sistema Impositivo español en su conjunto es imperfectamente progresivo: la relativa progresividad del IRPF compensa la regresividad de todos los demás impuestos, pero iguales niveles de renta no pagan lo mismo. Para hacer más progresivo el sistema la clave es una profunda reforma del IRPF, haciéndolo mucho más general, y rebajar los impuestos indirectos (Cotizaciones Sociales). Para una lectura sencilla: José Víctor Sevilla (2003), Notas para una nueva política tributaria, Claves de la Razón Práctica. Para evidencia empírica, las reformas tributarias danesas a partir de 1987. 

Lección octava. Todos los impuestos tienen efectos sobre el crecimiento económico y el empleo. Dependiendo de según qué se grave y cómo, las familias aumentan o disminuyen su consumo, su inversión o... su deuda. Y las empresas existentes que no pueden repercutir los impuestos, en caso de subida, cierran. Por eso, todos los impuestos tienen algún efecto secundario indeseado, tanto más grave cuando más delicado sea el momento del ciclo: subir los impuestos con una economía en desaceleración provoca crisis y, a medio plazo, paro. La literatura sobre el tema es inmensa. 

Lección novena. La media de impuestos que una familia española paga es el 37% de lo que produce. El mínimo que paga una familia española es del 28% (IVA, Cotizaciones, etc.). Las rentas medias del trabajo pagan más del 55% del total de su renta, mientras que las rentas medias empresariales y las muy altas no llegan al 45%. La presión fiscal en España es similar al de los países de su nivel de renta, pues la comparación hay que hacerla sin trampas sobre las medias. La carga no es baja, lo que está es muy mal repartida. 

Lección décima. Todo exceso de gasto sobre los impuestos hay que financiarlo con deuda pública. Toda deuda pública acumulada mayor que un límite (alrededor del 80% del PIB y estamos en el 103%) implica, a medio plazo, una subida de impuestos o una reducción del gasto. Es la «equivalencia ricardiana», se conoce desde antes de Marx, y los griegos y los portugueses la han sufrido. 

24 de abril de 2019 

Minicurso de economía pública (1)

Lección primera. El Estado, un Estado de Derecho, es esencial para una economía y su crecimiento a largo plazo. Y es esencial en su función básica de seguridad física y jurídica, pues sin ellas no hay posibilidad de inversión y, por lo mismo, de acumulación de capital, ni físico ni humano. Un Estado de Derecho con mecanismos de redistribución de la renta a través de impuestos y gastos públicos es, incluso, mejor. Y lo es tanto para los ricos como para los pobres. Lo primero ya se sabía desde Adam Smith (especialmente el capítulo 1 del libro V), lo segundo desde los trabajos de Keynes y Simon Kuznets. La evidencia empírica del siglo pasado es abrumadora. 

Lección segunda. Toda política supone un gasto, bien directo (una transferencia o una subvención), bien indirecto (recursos humanos e infraestructuras para llevarla a cabo). Más aún, sería bueno que los políticos, antes de hacer alguna propuesta, revisaran su necesidad, pues no es posible aumentar ilimitadamente los ámbitos de gasto, como no es posible aumentar todos los gastos existentes. El Gasto Público no es la solución a todos los problemas. Más aún, llegado a un límite (y España lo está rozando), todo incremento del gasto público tiene un efecto contraproducente sobre el crecimiento (los multiplicadores no llegan a 1) y, por lo mismo, sobre la distribución. También de esto hay una larga evidencia empírica, que, por ejemplo, llevó a los países escandinavos y a Alemania a reformas en sus Estados del bienestar hace ya años. 

Lección tercera. No todos los gastos públicos benefician a todos. Eso sólo ocurre con los bienes públicos «puros», como Justicia e Interior, Defensa, infraestructuras básicas, Sanidad. Los bienes públicos «mixtos» benefician directamente a los que los disfrutan e, indirectamente, a la sociedad, como las infraestructuras o la Educación Superior. Finalmente, hay bienes y servicios públicos que solo benefician a los que los reciben como las subvenciones y transferencias. Y no se debe confundir el derecho a recibir un bien público con la prestación del bien público. En España tenemos ejemplos de bienes públicos prestados por entidades privadas tales como las compañías sanitarias que tienen como afiliados a funcionarios públicos, los colegios concertados, etc. Ni la prestación pública hace más igualitario el derecho, ni la prestación privada del derecho lo hace necesariamente más eficiente. 

Lección cuarta. No todos los gastos públicos hacen más igualitaria la distribución de la renta total que perciben los ciudadanos/as. Hay gastos que benefician más a las clases medias y medias altas que a las humildes (los aeropuertos, el AVE, los museos o la Educación Superior, son ejemplos) y no porque nadie les limite el derecho a estos, sino porque o bien tienen un precio de entrada (aunque esté subvencionado o implican otros costes), bien tienen una condición de acceso que una mayoría de personas humildes no cumple (tener bachillerato, por ejemplo). De hecho, la mayoría del gasto público va destinado a las clases medias: las clases más humildes reciben menores y peores prestaciones públicas, y las clases pudientes no usan la mayoría de los servicios públicos. Y basta con analizar cualquier barriada humilde de nuestras ciudades o las zonas rurales y comparar sus viales, alumbrado, escuelas, servicios sanitarios, seguridad, etc. así como el monto total de transferencias que reciben, para tener suficiente evidencia empírica. Por eso, la función de redistribución de la renta tiene que recaer también en los impuestos.

Lección quinta. Todo gasto público hay que financiarlo. Es decir, toda promesa electoral la paga la ciudadanía presente, en forma de impuestos, o futura, en forma de intereses y amortización de deuda. El Estado, necesario para el funcionamiento de la economía y esencial para crecimiento y la cohesión social, puede llegar a ser, si se sobrepasa el límite de eficiencia del Gasto, un riesgo para el bienestar. Y Grecia es un ejemplo cercano.

(Continuará. Aunque, seguramente, no sirva para mucho.)

10 de abril de 2019

Ruido y nueva política

En esta campaña electoral, más que en ninguna hasta ahora, hay demasiado ruido, demasiadas luces, demasiadas distracciones. Los medios de comunicación tradicionales, las televisiones, las redes sociales (con la complicidad de todos), hasta los mismos actos a los que nos convocan, todo es luces y ruido. Luces destellantes y ruido que nos ciega y ensordece. El procés, Cataluña, los decretos de última hora, el brexit, Venezuela, las encuestas, el último suceso de violencia machista, una manifestación en defensa de algo, los fichajes políticos de última hora, los exabruptos de Vox, la vuelta de Pablo Iglesias, las encuestas, etc... Y, en medio de todo, lo de siempre, la Semana Santa, la primavera, y, para nosotros, el mayo cordobés. Hay ya tanto ruido, vamos a tener tanto ruido, que no oímos nuestros propios pensamientos. 

Quizás por eso, porque la política y la sociedad actual generan tanto ruido, es por lo que la «nueva política» es como es. Quizás la nueva política sea tan simple y simplificadora, tan sin argumentación, porque en medio del ruido y las luces fuertes lo único que se puede decir es sí o no con la cabeza, distinguir entre el blanco y el negro. Quizás esa tendencia a que todo se vuelva rojo o azul, de izquierda o de derecha, sí o no, es fruto del ruido, del exceso de información irrelevante que estamos continuamente recibiendo. Quizás por eso la nueva política va auscultando más las «sensaciones» de la ciudadanía que sus «razones». Quizás por eso va de no tener matices, va de suponer más lo que ocurre a partir de cuatro experiencias, que de saber tras analizar los hechos. Quizás la nueva política va más de agitar que de serenar, de romper más que de unir. Y, quizás porque la esfera pública es una feria, tienen más éxito los que más llaman la atención, los que más chillan, los que más se mueven, los que más se prodigan, los que dan con el slogan más provocador. 

Basta mirar lo que ha ocurrido en los últimos años en muchos países para saber que la «nueva política» va de eso. Trump ganó, como Salvini en Italia y Bolsonaro en Brasil, haciendo una «nueva política» de mensajes simples, falsos y exagerados, generando mucho ruido y haciendo propuestas elementales sobre los que pidió el acuerdo o el desacuerdo. La misma estrategia con la que ganó el brexit. La misma estrategia con la que se querían independizar a Cataluña los políticos encausados. 

Esta es la «nueva política» que nos espera en la campaña electoral y, lo que es peor, después. Una «nueva política» que ya ha empezado por la simplicidad con que todos andan etiquetando a los demás como de «izquierdas» o de «derechas» (como si poner una etiqueta fuera un argumento), haciendo metáforas exageradas («los fascistas están a las puertas del Congreso» dicen unos; «los rojos van a dividir España», dicen otros) y gracietas tontas y displicentes. Y, cuando nos tengan ya alineados, nos presentarán unas propuestas simples, claras, meridianas, seguras, rotundas. Propuestas para todo, especialmente de lo no importante. Y nos pondrán en medio de la disyuntiva de «estás conmigo o contra mí». Para que asintamos o deneguemos con la cabeza. 

Nos darán respuestas sin habernos dicho nada, sin un análisis de la situación política geoestratégica o económica, como si viviéramos en un mundo sin otros países. Nos darán respuestas simples de blanco o negro sin datos contrastados de paro, deuda pública, presión fiscal, pensiones, desigualdad, inmigración, deterioro medioambiental, etc. Harán debates broncos llenos de insultos. Y, después, nos forzarán a elegir como si fuera un combate, sin matices, ni palabras. Porque nos darán a escoger un sí o un no, un simple color. Vivimos tiempos de ruido y en ellos hay una «nueva política». Una política de feria, lejos de la ciudad, sin contacto con los problemas. Y luego querremos que las decisiones que se tomen los solucionen. Lo siento, pero será que no. 

27 de marzo de 2019 

Reformas laborales urgentes

Desde el mismo momento de su toma de posesión, el Gobierno Sánchez ha intentado reformar la legislación laboral, con el objetivo de «revertir» la reforma laboral del Gobierno Rajoy. Y en ese empeño se ha aplicado a pesar de no contar con el respaldo de los agentes sociales (condición que se autoimpuso) y no tener mayoría suficiente en el Congreso. Lo último ha sido el decreto del pasado viernes que, con el rimbombante nombre de «Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección social e incentivos al empleo», contiene un conjunto parcial de medidas de alguna incidencia (subsidio para mayores de 52 años), otras de escasa relevancia (los contratos en el sector agrario) y otras que refleja lo poco que el Gobierno conoce el mercado de trabajo actual (el control de las horas extra). Finalmente, el Gobierno anunció, también con carácter urgente, la constitución de un grupo de expertos para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, el Gobierno, lejos de enfocar el problema como debía, constituyendo hace meses el grupo de expertos para reformar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, parchea con demagogia para las elecciones. 

 

Porque una parte importante de los problemas que tenemos en nuestro mercado laboral, principalmente el paro y la dualidad laboral, tienen que ver con el mal funcionamiento del marco institucional y legislativo en el que se fundamenta. El Estatuto de los Trabajadores, piedra angular de este marco, es el primer culpable del paro diferencial que sufrimos. Dicho de otra forma, si realmente queremos reducir significativamente la tasa de paro, la dualidad laboral (que perjudica a los jóvenes) y la desigualdad, mejorando los salarios, necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como una nueva Ley de Libertad Sindical. Un nuevo marco jurídico que regule de una forma mucho más eficiente las relaciones laborales en España. 

 

Para ello sería conveniente que el tema se abordara desde la realidad de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores que tenemos vigente, a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho, es de 1980, y es fruto de la estructura económica de entonces, de la situación política y de la legislación laboral franquista (de la que quedan reminiscencias). Es decir, el Estatuto de los Trabajadores se hizo para una economía poco desarrollada, cerrada e intervencionista. Exactamente todo lo contrario que la economía que se nos avecina. Mas aún, no sólo los empleos de entonces eran diferentes a los actuales, es que también los trabajadores de entonces tenían una cualificación y unas expectativas diferentes. La economía española ha cambiado tanto, y el cambio que se avecina en el mercado laboral en los próximos decenios es tan profundo, que haríamos bien en enfocar la legislación laboral para facilitar los cambios, evitando los efectos indeseables que pudieran producirse, no volviendo a legislaciones atrasadas que sólo generan paro y desigualdad. 

 

Un criterio que debiera orientar toda reforma laboral, además de la justicia y equilibrio en las relaciones entre las partes, es el de la flexibilidad, lo que implica la posibilidad de adaptar las condiciones laborales a las condiciones económicas en las que se desenvuelve la actividad. Un criterio que tiene una fuerte base empírica, pues los mercados laborales más flexibles son los que tienen, dado un nivel de renta, menores tasas de paro y de precariedad, así como mejores salarios. Ha sido precisamente la flexibilidad laboral de la reforma Rajoy, no completa, la que ha posibilitado la creación de puestos de trabajo a partir de tasas de crecimiento inferiores al 3%. 

 

Precisamente por eso, porque la flexibilidad laboral es esencial en los empleos actuales y en la creación de empleos del futuro, no entiendo medidas que consideran que el trabajo del siglo XXI es como el del siglo XIX. Me temo que el Gobierno, por la prisa de redactar decretos, lo hace después de ver Novecento y no de estudiar economía laboral. 

 

13 de marzo de 2019

Votantes o ‘hooligans’

Ya estamos metidos en tiempo electoral. En realidad, no hemos salido de él en los últimos años. Con el «no debate» de presupuestos, y digo «no-debate», porque nadie, ni la ministra, habló de economía, se ha abierto oficialmente el ciclo electoral. O sea, el peor momento para hablar de política. Porque, lejos de ser un tiempo en el que la ciudadanía trate a la política con respeto, en el que los políticos apelen a los votantes con propuestas que se debatan racionalmente y se presenten candidatos/as, las campañas electorales se están convirtiendo en un tiempo de ruido en el que la competición electoral es la excusa para el exceso, un tiempo en que los políticos, lejos de apelar respetuosamente a los/las votantes, quieren convertirlos en bandas de hooligans, de fanáticos idiotas. 

 

Para ello, los principales partidos cuentan con profesionales que segmentan la población por características (los «target»), establecen los slogans que apelan a lo más elemental y visceral («claim»), buscando el impacto («led») y la aceptación («likes»). Ya no existen grupos de trabajo en los partidos que hayan estudiado los temas, piensen propuestas coherentes con la situación real y con su ideología, e intenten convencer a una mayoría. Lo que hay son profesionales de la propaganda que movilizan a los afiliados y simpatizantes dándoles frases para debates, tuits para circular, videos para viralizar. Además, se tienen, más o menos en nómina, opinadores profesionales que simplifican los temas, hacen metáforas exageradas, y califican a los otros como de «izquierdas» o de «derechas», como si un calificativo fuera en sí mismo un argumento. En vez de partidos con ideas que se debaten, lo que hay son marcas que hay que diferenciar obligatoriamente en la «competencia electoral». Marcas que se compran, que identifican al que se acerca a ellas. Identidades que sirven para calificar o descalificar lo que se diga según la marca del que lo diga. Lo importante en la lógica electoral actual, no es de qué se hable (da lo mismo hablar de igualdad, de paro o de política exterior), ni la racionalidad de lo dicho, lo importante es ser de algún grupo, que seas de «los nuestros». Parece que, en política, va pasando como en el fútbol, que lo importante no es si te gusta el juego o lo entiendes, sino si eres de un equipo o de otro. Y, por supuesto, si ese equipo gana. 

 

Y cuando la ciudadanía entra en este juego, al que incitan los expertos y los políticos, cuando lo importante no es el juego, sino tener unos colores, todo se polariza, se construyen los «nosotros» frente a los «ellos». Se entra en la lógica política del conflicto, de la guerra. La lógica del teórico nazi Carl Schmitt. Desaparece el debate racional, no hay diálogo porque no se habla de nada ideal o concreto, ni posibilidad de acuerdo, solo posiciones extremas que nada dicen, descalificaciones, ruido y furia. La democracia se simplifica en el recuento de seguidores, desaparece lo común, lo que nos une, para subrayar lo que nos separa, lo que nos diferencia. Y, en estos contextos, es cuando aparecen Podemos y Vox, Trumps y Maduros. Para los partidos lo importante, entonces, no es convencer a los otros, a los que opinan diferente, lo importante es movilizar a los propios. 

 

Frente a esta dinámica, una «dinámica Mouriño», solo hay tres soluciones en la ciudadanía: la denuncia permanente de la estupidez de no pocos debates, el silencio educado o el ruego a los políticos de que vuelvan a hacer y hablar de política seriamente. 

 

No. No es solo el crecimiento de la desigualdad en la crisis lo que está generando el deterioro de la democracia y la eclosión de los populismos, pues más desigualdad había en los primeros años de la democracia. Lo que deteriora nuestra democracia son esos políticos que no respetan a la ciudadanía y quieren ponerle una camiseta, haciendo de cada votante un hooligan. 

 

No lo permitamos. 

 

27 de febrero de 2019

Los tres problemas del presidente Sánchez

El gobierno del presidente Sánchez lleva en Moncloa ocho meses y, sin embargo, está ya tan desgastado como si llevara ocho años. Un desgaste que tiene, en mi opinión, mucho que ver con tres problemas que no puede o no sabe resolver y que le van a abocar a unas elecciones en este año. 

 

El primer problema del Gobierno del presidente Sánchez es que nació débil, porque fue fruto de un pacto anti-Rajoy, con los podemitas y los nacionalistas catalanes y vascos, socios poco fiables donde los haya, y por contar con solo 85 diputados sobre 350, además de minoría en la Mesa del Congreso y en Senado. A esto hay que sumar que no tiene ni siquiera una buena base territorial, pues hoy el PSOE no gobierna ni Andalucía, ni Cataluña, ni Madrid, ni las grandes ciudades (salvo Sevilla). El presidente tiene poco poder de maniobra, máxime si en las elecciones de mayo se sigue llevando sorpresas como la de Andalucía. 

 

El segundo problema que tiene el Gobierno, con diferencia el más grave, es que no tiene un proyecto para la legislatura, no sabe qué hacer. En gran medida, porque el relato de la moción de censura fue desalojar a un gobierno manchado por la corrupción y convocar elecciones (algo que no hizo). Sin embargo, está pretendiendo gobernar a partir de trending-topics de fin de semana, como si toda la ciudadanía estuviera conectada a las redes, lo que le lleva a cometer muchos errores, con anuncios que luego desmiente. Errores como los que afectan al mercado de trabajo, pues las medidas que proponen son fruto de una fijación ideológica antigua, de dos supuestos falsos (que el Estatuto de los Trabajadores de 1981 es una buena ley y que el mercado laboral de 2025 necesitara volver al marco regulatorio de 2008) y de un pésimo análisis del paro español. Errores como los anuncios de transición energética. Errores como los del ministro Ábalos de mandar a las Comunidades Autónomas el tema del taxi y las VTC. Errores como la exhumación de Franco, que ha creado un problema donde no existía, pues los jóvenes se están posicionando sobre su figura (y no siempre en contra), con el peligro de convertirlo en un mito y transformando su tumba privada en un lugar de peregrinación, cuando en el Valle se controlaba por el Estado. Errores como la negociación con los independentistas, y no solo por la cantidad de cesiones simbólicas que se han hecho, empezando por aquel Consejo de Ministros en Barcelona de diciembre, sino por las tangibles que se están planteando a cambio de su voto a los presupuestos, empezando por las inversiones en infraestructuras. Por otra parte, la actitud presidencial de pensar que España es una república presidencialista, pues no sabe usar a la Casa Real, y gestionar el Gobierno como un grupo de ejecutivos le está pasando factura. 

 

El tercer problema del presidente Sánchez es que está desconectado de su partido. Parece no saber en qué situación está su militancia, especialmente en Andalucía, como parece no importarle lo que se juegan sus cuadros en las próximas elecciones. Una gran parte del PSOE no se siente representado en el Gobierno y ha dejado de ser su conexión con la realidad social. Y no ayuda a reconectarlo propuestas como la de la candidatura de Pepu Hernández en Madrid. Es como si pensara que puede ganar las generales sin su partido, que puede llegar directamente a los votantes, o que desea que algunos de sus candidatos pierdan en mayo para remodelar el PSOE a su imagen. 

 

Con estos tres problemas, me temo que la voluntad del presidente Sánchez de «agotar la legislatura» se me antoja ciencia-ficción. Como veo difícil el que tenga un buen resultado electoral, pues, lejos de haber convocado elecciones al rebufo de la salida de Rajoy, se va a ver abocado a hacerlo por su debilidad, sus errores y sin apoyo de su partido. 

 

13 de febrero de 2019

El nuevo Gobierno

Desde la semana pasada tenemos nuevo Gobierno en Andalucía, lo que ha levantado no pocas expectativas, positivas en algunos casos, alarmistas en otros. El hecho es que no lo va a tener fácil. Más bien al contrario, va a tener muy complicado armar siquiera una línea clara de gestión, lo que no quiere decir que sea imposible, pues hay, en mi opinión, dificultades objetivas que el mismo Gobierno debería tener en cuenta para poder enfrentarlas. 

 

La primera dificultad del nuevo Gobierno andaluz es la misma forma en la que se ha configurado: una coalición minoritaria. Una coalición de dos partidos que necesitan el apoyo de un tercero, Vox, que está ideológicamente en el extremo de uno de ellos, lo que hace imposible una acción de gobierno coordinada. Es, como lo fue el del presidente Sánchez, más un gobierno «anti» que un gobierno «pro». Es decir, lo que une a los votantes y, por extensión, a los partidos en el Gobierno, no ha sido un proyecto común, que no lo tienen el PP, Ciudadanos y Vox, sino el hartazgo de la utilización de la Junta por parte del PSOE. Desalojado el PSOE han de encontrar un relato común que se concrete en aquellas medidas que conciten la mayoría en el Parlamento. 

 

La segunda dificultad es el momento en el que se ha producido el cambio, pues ha sido el resultado de las primeras elecciones de un ciclo electoral en el que los tres partidos cuasi-coaligados compiten. No va a ser fácil para el presidente Moreno y el vicepresidente Marín mantener la buena sintonía en los próximos meses compitiendo sus candidatos por las principales ciudades de España, y siendo conscientes de que, para gobernar muchas de ellas, tendrán que llegar a acuerdos. Como no va a ser fácil mantener el Gobierno en campaña para unas generales. 

 

La tercera dificultad es la misma Junta y la cultura política que ha instaurado el PSOE en Andalucía tras sus 36 años de Gobierno. La Junta, como todas las administraciones públicas regionales grandes con un partido dominante (Cataluña, País Vasco, Galicia) ha desarrollado un entramado institucional y una cultura político-administrativa que no es fácil de gestionar sino por inercia, especialmente sin cuadros medianamente preparados. No es solo, como se cree comúnmente, el problema de la «administración paralela», son también las relaciones personales y las dependencias económicas que la Administración andaluza ha ido tejiendo a lo largo de los años. La Junta de Andalucía es casi el 20% del PIB andaluz, lo que habla no solo de la debilidad relativa del sector privado, sino de la dependencia que ha tenido la actividad económica privada de la actividad de la Junta, de la cercanía al PSOE. Y, junto a la dependencia, la discrecionalidad en los modos y procedimientos de la Junta. Una discrecionalidad amparada en el convencimiento de que nadie podía enfrentarse a las decisiones de la Junta, pues el coste del enfrentamiento siempre ha corrido en contra de la ciudadanía. Cambiar esta cultura tampoco va a ser fácil. 

 

La cuarta dificultad va a ser la escasez de cuadros. Es cierto que el PP, partido estructurado y grande, tiene número suficiente de cuadros con experiencia en la Administración central y local. Pero no todos están disponibles. Por su parte, Ciudadanos no cuenta con tantos de confianza como para armar una administración en poco tiempo, máxime cuando una parte de ellos los tiene que presentar a las próximas elecciones para expandir su poder local, de ahí que necesite independientes. 

 

Y, finalmente, la última dificultad la va a plantear la oposición del PSOE. Una oposición que será dura y poco limpia (se vio en la investidura), porque no se esperaba perder el poder, porque hay ajustes de cuentas internos que solo se pueden acallar con una victoria en las municipales que prepare los votos para las generales. 

 

No, no lo va a tener fácil el nuevo Gobierno. Así que al menos puedo desearle suerte. 

 

31 de enero de 2019