El Banco de España y la crisis

El prestigio del Banco de España se empezó a cimentar en los sesenta, bajo mandato de Navarro Rubio y con Joan Sardá al frente del Servicio de Estudios. Pero no sería hasta la crisis de los setenta cuando llegó a establecerse el mito del Banco de España como entidad rigurosa y creíble. 

Un mito que se basó en tres pilares esenciales: en una política monetaria ortodoxa de lucha contra la inflación de los setenta; en una política de regulación e inspección financiera pragmática y decidida que permitió hacer frente a una crisis bancaria mucho más grave, en términos relativos y nacionales, que la actual; y, finalmente, en la inmensa reputación de su Servicio de Estudios. El acierto de la ley 30/1980 de órganos de gobierno del banco, inspirada en el Bundesbank, por la que los cargos del banco eran independientes del poder político, y el buen hacer, el prestigio personal de sus gobernadores, así como la forma en que Álvarez Rendueles y Mariano Rubio gestionaron la crisis bancaria de los ochenta o el desempeño de Rojo en el Servicio de Estudios y en las crisis monetarias de principios de los noventa son hechos clave por los que el banco se ganó su reputación mundial. 

Cedida la política monetaria al Banco Central Europeo a partir del año 2000, el Banco de España tiene como misión fundamental, además de ser parte del mismo Banco Central Europeo y ejecutar en nuestro país la política decidida en Frankfurt, la regulación y supervisión del sistema financiero español. Y si en la regulación estuvo acertado hasta que la Ley de Cajas del año 2000 abrió una fisura, en la supervisión, especialmente en los últimos años, no solo no ha acertado, sino que ha fracasado estrepitosamente, pues, si esta supervisión no hubiera fracasado no tendríamos ahora a la mitad de nuestro sistema financiero, la práctica totalidad de las cajas, al borde de la quiebra. 

La responsabilidad de la situación de las cajas es, indudablemente, de las mismas cajas por asumir riesgos excesivos. Pero hay una responsabilidad subsidiaria del Banco de España por ejercer mal su deber de supervisión. Una mala gestión que se ha debido, en mi opinión, a tres factores. En primer lugar, porque los dos últimos gobernadores (Caruana y Fernández Ordóñez), especialmente, el actual, MAFO, no han olvidado quién los nombra y han gestionado mirando de soslayo al Gobierno. Mientras que Rendueles, Rubio y Rojo eran gente "de la casa", con la distancia de una élite, Caruana y MAFO, siendo buenos economistas y financieros, no tenían la independencia de aquellos. MAFO, además, no ha sabido gestionar un equipo potente, pues ha ido perdiendo a algunos de sus mejores colaboradores como Miguel Martín (AEB) o José Viñals (FMI). De esta sutil pérdida de independencia y equipo se deriva el segundo factor: la cesión al Gobierno y a las comunidades autónomas del poder de regulación sobre parte del sistema, las cajas de ahorro. Y, por último, la tercera causa de la mala gestión de la supervisión ha sido la locura de dejar que sea un gobierno incompetente el que defina la política sobre el sistema financiero, con vaivenes que van desde la intervención de CMM y Cajasur, pasando por las fusiones frías, hasta las nuevas exigencias, con cambio de definiciones de ratios, sobre las nuevas entidades. 

Las consecuencias económicas de esta mala gestión del Banco de España no son solo que tenemos una crisis bancaria profunda que costará empleos directos y actividad en el sector, sino que la economía española no está aprovechando como debe la política monetaria del BCE, al no fluir el crédito a nuestras empresas, asfixiándolas y alargando la crisis. 

Siento escribir este artículo, porque para mí el Banco de España era un mito de joven economista que se me ha derrumbado. Lo que no sé es si en esto tienen también que ver, además, los años que voy cumpliendo. 

Transición y crisis

Las transiciones o las revoluciones son, en política, como las crisis en economía: un periodo de tiempo, más o menos largo, en el que se producen cambios rápidos en la realidad social. El resultado es una realidad distinta. La profundidad y rapidez del cambio depende de la naturaleza y fuerza de sus causas. 

Las causas de los cambios sociales rápidos (los de transformación social son más complejos) suelen ser, en una primera aproximación, relativamente sencillas: el pueblo se manifiesta, más o menos violentamente, ante una situación insoportable de injusticia política o de deterioro económico. Suele ser ésta última la causa de la mayoría de las revoluciones y transiciones políticas, pues la injusticia política solo suele concretarse contra individuos y minorías, se puede silenciar y su percepción puede distorsionarse para la mayoría. Sin embargo, una situación de crisis económica, con carestía de bienes básicos, subidas de precios, paro, la corrupción, etcétera, no es posible silenciarla, pues es el conjunto de la ciudadanía el que la percibe y vive. Por eso, la mayoría de las revoluciones y transiciones han tenido, a lo largo de la historia, un componente económico. Las revoluciones francesa y norteamericana del siglo XVIII, las revoluciones burguesas del XIX, revolución rusa de 1917, las transiciones del Mediterráneo en los 70, las transiciones del Este y de Corea del Sur o Taiwán en los 90, las revueltas en el Magreb de estos días, todas ellas tienen un componente económico. El complementario de esta idea es evidente: una sociedad con crecimiento económico, sin paro, con mecanismos de distribución, no es revolucionaria, ni suele reclamar una transición, aunque tenga un régimen político autoritario (China es un buen ejemplo). En estos casos, la transición, cuando se produce, lo hace como evolución de la sociedad: emergencia de la clase media, cambio generacional y cultural, cambio económico. 

El éxito de una transición, hacia una sociedad más abierta y democrática, depende de muchos factores. Tres son, en mi opinión, los factores críticos de éxito de una transición: la existencia de una clase media relativamente consolidada o la creación de esa clase media en el periodo de transición; la existencia de un pacto político que cree una coalición amplia (política y social) en pos del cambio, y cuyo contenido sea la transformación rápida de las instituciones políticas; y, finalmente, lograr un éxito relativamente rápido contra el origen de la crisis. Dicho de otro modo, que haya un sustrato social para la transición, que haya un grupo amplio que manifieste su voluntad de cambio y, por último, que este cambio se legitime resolviendo el problema original. Traducido a nuestra historia: el desarrollo de los 60, los Pactos de la Moncloa (y el apoyo de occidente) y la creación del Estado del bienestar (y la apertura a Europa). 

Teniendo esto en cuenta (y recomiendo releer a Przewosky) podemos explicar lo que está ocurriendo en cada uno de los países del Magreb. Así, en Túnez la clave va a estar en la capacidad que tenga la muy poco estructurada oposición en legitimarse ante las masas, pactando al mismo tiempo con lo que queda del régimen de Ben Alí (fundamentalmente el ejército). En Egipto, por el contrario, la situación es mucho más compleja, porque no llega a tener una clase media amplia, la oposición está dividida por posiciones casi irreconciliables (los Hermanos Musulmanes y la oposición laica tienen visiones diferentes del futuro), es difícil el pacto con lo que queda del régimen de Mubarak (éste no quiere irse) y la situación económica es más grave que en Túnez. En estos contextos, la ayuda internacional, tanto de los países ricos, como de los vecinos y aliados, es clave. Por eso, Europa y Estados Unidos deben volcarse en la consecución del pacto de transición y en ayuda económica para empezar a legitimar al nuevo régimen. 

Quiera Alá que esto se produzca, porque en el Magreb está el flanco sur de Europa.