Otra oportunidad perdida

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a presentar en las Cortes a mediados de septiembre, son una magnífica oportunidad para que el Gobierno haga un nuevo planteamiento de la política económica. Una nueva oportunidad para que el presidente Zapatero explique lo que pretende hacer para sacar a la economía española de la crisis. La orientación de qué hacer para estabilizar el deterioro de la economía española ya la sabe, porque los mercados y los socios comunitarios le han enseñado qué reformas hacer: hoy el Gobierno sabe que, como mínimo, ha de hacer una consolidación fiscal, una reforma laboral y una reestructuración bancaria. Lo malo es que no está haciendo bien ninguna de las tres y, lo peor, es que aún no sabe que para volver a una buena senda de crecimiento y creación de empleo, además, ha de emprender otras reformas (del sistema educativo, del sector energético y de la política industrial) y contar con un entorno exterior favorable. 

La consolidación fiscal que se inició en mayo está mal hecha, con algún acierto como la bajada del sueldo de los funcionarios, por varias razones. En la vertiente del gasto, porque el ajuste no está tocando la estructura del gasto (en qué se gasta el dinero), mientras que se reduce la inversión. Para hacerlo bien habría que empezar por cuestionar la insostenible estructura administrativa del Estado de las Autonomías, reducir las administraciones paralelas de entes autónomos y empresas públicas (empezando por las televisiones) y por reformar los sistemas de protección social (tanto las pensiones como la protección al desempleo) y racionalizar el gasto en subvenciones a las empresas. Mientras no hagamos esto tendremos un gasto público creciente, imposible de financiar. Reducir o congelar el gasto educativo y la inversión en obra pública, como se ha hecho, es, en mi opinión, peor opción. En la vertiente de los ingresos es necesaria también una profunda reforma fiscal: reducir cotizaciones sociales y sustituirlas por IVA; profundizar el IRPF aumentando la progresividad, eliminando los módulos y los privilegios de las rentas de capital; recuperar el impuesto de patrimonio; y, crear nuevas figuras sobre actividades nocivas o contaminantes. Hay, pues, un amplio margen para una profunda reforma fiscal que haga más justo el reparto de la carga de la consolidación fiscal. 

La reforma laboral, ahora con el trámite parlamentario mejorándose, será poco útil porque sigue sin modificar a fondo los tres problemas graves de nuestra legislación laboral: negociación colectiva, tipos de contratos y costes de despido. Y sin esto, y sin reactivación de la demanda, no crearemos empleo a corto plazo, por lo que sufriremos un largo periodo de alto paro, con paro de larga duración. No bajaremos significativamente la tasa de paro hasta que, mediante congelaciones salariales, adecuemos nuestro nivel salarial nominal a nuestra productividad real y se reactive la demanda. Según mis cálculos, que deseo equivocados, hasta mediados del año 2012. 

Finalmente, la reestructuración bancaria, clave para aprovechar la expansiva política monetaria, también se está haciendo regular porque, a base de fusiones frías para minimizar el impacto laboral, no estamos haciendo entidades más eficientes, sino sólo más grandes. 

El debate de Presupuestos debiera ser una oportunidad para que el Gobierno plantee, de una vez por todas, un plan de política económica coherente. O para que la oposición responda con una alternativa razonable. Mucho me temo, sin embargo, que ninguno de los dos hará nada de esto, que será otra oportunidad perdida. Perdida por el Gobierno porque su proyecto está ya muerto y se conformará con sacar adelante los presupuestos para pasar el año. Y por el PP porque sólo piensa en su ventaja en las encuestas y, posiblemente, porque tampoco tiene alternativa. Mientras, vamos por el tercer año de crisis, tenemos problemas fiscales y de deuda externa, la enésima guerra catalana, una preocupación por Cuba y una campaña en Marruecos. O sea, que tras estar en el siglo XX, nuestros políticos nos llevan al XIX. 

Malos políticos

Cuando medio país anda de vacaciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas divulga los resultados de su Barómetro político en los que refleja cómo el Partido Popular va tomando ventaja (de 6,3 puntos) sobre el PSOE en el apoyo popular. Un dato que, siendo importante, me parece menos relevante que otro del mismo estudio: todos los políticos suspenden en la valoración de los ciudadanos (de 0 a 10 solo Rubalcaba se acerca al 4,5), mientras que un ¡78,9%! no confía en Zapatero y un ¡84,6%! no lo hace en Rajoy. 

Me temo que debajo de esta pésima valoración lo que subyace no es solo la crisis económica (y de la culpa de los políticos en ella hablaremos otro día) sino que los ciudadanos perciben, aunque no lo expresen claramente, que nuestros políticos son malos profesionales, que no están haciendo lo que tienen que hacer y, por eso, les retiran su confianza. Y los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer, en mi opinión, porque nuestra clase política ha olvidado que su razón de ser no es ganar unas elecciones, sino la producción de orden político y social, y, consiguiéndolo, concitar el apoyo de los ciudadanos. Es decir, los políticos ya no saben que están para producir leyes y gestionar recursos que nos den bienestar económico, bienes públicos (seguridad, justicia, educación, sanidad, infraestructuras, etc.), igualdad de oportunidades, etc., no para tener ocurrencias populistas con el dinero de todos, como hace el Gobierno, o para alegrase de los errores del contrario (que empeoran la situación de todos) como hace el Partido Popular. 

La producción de orden político y social, que es lo sustantivo del poder político, está estancada en nuestro país por varias razones. La primera es que debaten más sobre quién es el sujeto administrativo que tiene que proveerlo que sobre la provisión en sí misma del bien. Así, llevan más tiempo determinando si es la Administración central o la autonómica la que debe hacer qué, que analizando cuál de las dos sería más eficaz en su provisión. De hecho, el criterio de eficacia nunca ha estado en las discusiones sobre las competencias transferidas. En el tema, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña nunca estuvo presente, sino que se fue a dotar a la Generalitat de todas las competencias de un miniestado, sin tener en cuenta, no ya si era posible jurídicamente o no, sino si era factible económicamente para el conjunto de España. 

La segunda razón por la que la producción de servicios públicos y sociales está estancada es por la mala gestión, mejores que los públicos de otros países, pero, en general, despilfarradores. Entre otras cosas porque no tenemos profesionales entrenados al frente de los mismos, sino cargos políticos de confianza (o sea, del partido del que gobierna). 

Finalmente, la tercera razón por la que la producción de bienes sociales está estancada es, indudablemente, por la crisis: menos recursos, peor provisión. 

Si nuestros políticos supieran para qué les pagamos estarían dirimiendo de una vez por todas (al menos por muchos años) la arquitectura institucional de nuestra administración, estarían preocupados por el crecimiento de la violencia de género, los robos, el fracaso escolar y los problemas económicos y buscarían formas de gestión más eficientes para nuestros hospitales, escuelas, cajas de ahorros, instituciones, etc. Estarían haciendo política económica de verdad para intentar salir cuanto antes de la crisis. En vez de esto viven en un mundo irreal de personalismos, corruptelas, declaraciones y poses que nada interesa a la ciudadanía. Y porque viven en un mundo irreal es por lo que ésta, que sí sufre la realidad y la paga, los suspende. De hecho, hasta los consideran el tercer problema del país. Por eso lo importante del Barómetro del CIS no es si el PP ganaría unas hipotéticas elecciones al PSOE, sino que todos los políticos están suspendiendo. Lo malo es que el sistema de partidos español produce malos políticos. Lo que nos condena a sufrirlos eternamente.