Maldita inflación

Los precios han vuelto a tener, en España, un comportamiento inflacionista. En lo que llevamos de año han crecido el 3,6%, muy por encima del 3% que auguró el nuevo gobierno y del 2% que fijó el antiguo gobierno en los presupuestos generales para este año. Y, sobre todo, muy lejos del 2,1 de nuestros socios y competidores comunitarios. 

Es cierto que parte de la culpa de este comportamiento inflacionista la tiene la subida del precio del petróleo. Es sabido que el precio del petróleo, en dólares, se ha incrementado en lo que va de año un 60%, pero su impacto sobre los precios y sobre el crecimiento de las economías europeas, y entre ellas la española, ha sido menor que el de otras épocas porque tenemos una moneda fuerte frente al dólar. La revalorización del euro, en más de un 20%, nos ha compensado parte de esta subida al mismo tiempo que el grado de desarrollo de las economías europeas, y de la española también, hace que consumamos menos petróleo por cada punto de producción que hace veinte años. El petróleo explica parte de la subida de la inflación, 0,7 puntos, pero no explica la totalidad de la misma y, desde luego, no explica el diferencial que tenemos con las otras economías. 

Las causas de la inflación española hay que buscarlas en otras variables. Es cierto que la política monetaria de la zona euro, de bajos tipos de interés, no favorece el control de los precios. Pero esas mismas circunstancias tienen los demás países europeos y el conjunto de la zona euro, incluyendo a España, tiene un 2,1 de inflación. Es decir, la política monetaria no es la causa de la inflación europea, aunque una subida de tipos ayudaría a controlarla. Como tampoco se puede decir que la política fiscal española sea especialmente inflacionista. Llevamos más de cinco años con práctico equilibrio presupuestario y, si bien es cierto que para el año que viene se espera un crecimiento del gasto social y una menor austeridad pública, este pequeño déficit no generará presiones sobre la demanda. Y, de igual forma, tampoco se puede achacar la inflación española a la presión salarial o a los costes generales de personal. Nuestro mercado de trabajo, a pesar de la retórica laboral y de algunos organismos internacionales, se ha flexibilizado tanto (y este es un tema que merece un buen debate público) que los incrementos salariales reales en los últimos años han sido prácticamente nulos. No, no es en la política macroeconómica (monetaria, fiscal o de rentas) en donde hemos de buscar las causas de la diferencial inflación española. 

La inflación española existe porque los mercados españoles forman inflacionariamente los precios, porque no hay suficiente competencia y, desde luego, porque hay un exceso de regulaciones, especialmente de ámbito regional y local, que dificultan la misma competencia. 

Esta ausencia de competencia, de origen histórico, se debe a que, en realidad, y a pesar de la retórica gubernamental de algunos ministros, no hemos tenido verdaderos procesos de liberalización, por razones electorales, en la mayoría de los mercados, empezando por los servicios. Pero también porque los políticos de algunos ministerios sectoriales, como el ministro Montilla, los de la mayoría de las comunidades autónomas y, desde luego, de los ayuntamientos intervienen con regulaciones que quieren proteger actividades autóctonas y lo que hacen es perjudicar la formación competitiva de los precios. Unas regulaciones contra las que protestan los empresarios con la boca pequeña porque a ellos les favorece la inflación. En definitiva, tenemos inflación porque somos un país que no comprende, desde la sociedad civil y, por lo mismo no exige a sus políticos, una verdadera política de competencia y libertad de mercado. Y lo curioso y preocupante es que hayamos aceptado la competencia en el mercado laboral y no seamos capaces de exigir libertad y competencia en los demás mercados. Quizás porque, en el fondo, somos un país de socialistas conservadores o de conservadores socialistas. Los liberales son (somos) minoría. 

Presupuestos: Más de lo mismo

Estos días pasados se ha producido el debate de los Presupuestos Generales en el Congreso de los Diputados. Este debate es el más importante de cada año, porque en los presupuestos se manifiesta, por parte del Gobierno, su visión de la situación actual y futura de la economía española, sus preferencias políticas para el corto plazo y sus propuestas para resolver los problemas planteados. El debate de presupuestos, especialmente el protagonizado por Solbes y Rajoy, ha sido muy suave, focalizado en un par de puntos políticos y sin entrar en los fundamentos económicos, quizás porque ellos mismos perciben la continuidad en la política económica. Y por esta suavidad, y porque la actualidad informativa ha estado en la campaña electoral americana, en la firma de la Constitución Europea y en las maragalladas habituales, un debate tan importante ha pasado desapercibido a la opinión pública. 

Hay cuatro similitudes claras entre este presupuesto y los anteriores que me llevan a la conclusión de que hay pocos cambios en la política económica de los últimos años, de que, como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. 

En primer lugar, sigue habiendo el mismo voluntarismo para mirar el entorno económico y para hacer previsiones económicas que con el equipo del Partido Popular. Y es que Solbes, como su antecesor, Rodrigo Rato, ha elaborado un cuadro macroeconómico de partida que, aunque coherente, no es del todo creíble. Y no es creíble porque el petróleo no estará por debajo de los 40 dólares en los próximos seis o nueve meses, lo que influye negativamente en nuestras importaciones; porque la guerra de Irak determina un profundo déficit público norteamericano y una mayor fortaleza del euro, lo que nos beneficia con las importaciones, pero perjudica nuestras exportaciones y las de las economías de las que dependemos (Francia y Alemania, especialmente); porque estos ajustes en nuestro sector exterior, ponen en peligro el objetivo de crecimiento del 3%. Máxime si no se manifiesta ninguna voluntad real de lucha contra la inflación, lo que afecta directamente a nuestra competitividad exterior. Rato hacía voluntarismo con la inflación, siempre para él en ese 2% que nunca se alcanzaba, mientras que Solbes hace voluntarismo en el crecimiento, siempre en el entorno del 3%, cuando sabemos que lo alcanzaremos con dificultad. 

En segundo lugar, el modelo de crecimiento de la economía española que subyace en los presupuestos es el de siempre: fuerte crecimiento interno, una inversión volcada en la construcción, déficit de la balanza de pagos. Es cierto que se prevé una moderación en el ritmo de la construcción, contradictorio, por cierto, con las propuestas del Ministerio de la Vivienda, y una mejora en la inversión en bienes de equipo. Pero, a pesar de la retórica de la productividad y la investigación, tan cacareada en la campaña electoral, el hecho es que la productividad crecerá muy poco y no se ponen los cimientos para que crezca. 

En tercer lugar, para el año que viene seguimos con la misma orientación de la política fiscal. A pesar de los matices que se están introduciendo en el debate, el equilibrio presupuestario se ha convertido, también para los socialistas, en un dogma. Pero el hecho es que incluso se ha copiado la retórica tramposa del PP de negar la evidencia de que la presión fiscal total sube unas décimas, pero sube. O de subrayar la evidencia, que lo es desde los ochenta, de que el gasto social es la parte más importante del presupuesto. 

Y, por último, sobre los presupuestos sigue habiendo una sombra de que hay decisiones políticas con implicaciones económicas que no se recogen. Con el PP, era la Ley de Acompañamiento la que proyectaba sombras y dudas por recoger en una ley económica modificaciones de otras leyes. Con el PSOE, los pactos ocultos con los independentistas catalanes son los oscuros. En definitiva, el mismo voluntarismo, la misma retórica, las mismas carencias y los mismos aciertos. La política económica española es, pues, continuista. O sea, más de lo mismo.