Negociación

Cuando hace ya nueve meses se inició eso que mal llamamos el "proceso de paz" las intenciones del Gobierno y lo que había que hacer parecían evidentes. Las intenciones eran acabar con la violencia etarra, a cambio de una generosa oferta en la aplicación de las leyes penales y una suavización de la ley de Partidos, de tal forma que los miembros del entramado etarra pudieran integrarse y participar en la vida pública. Era evidente, ya hace nueve meses, que el proceso iba a repugnar a las víctimas directas y a sus familiares, que no iba a gustar a aquellos que han mantenido el tipo en el País Vasco durante tanto tiempo, y no era compartido totalmente por millones de españoles por lo que suponía de cesión ante la barbarie. Pero creo que, con algunos gestos públicos, todos estos grupos lo hubieran aceptado y esos millones de españoles, yo entre ellos, hubiéramos buscado razones para el pragmatismo. Lo que no era evidente es que el Gobierno fuera a cometer tantos errores de negociación y que la situación, nueve meses después, esté peor que al principio. 

Un primer error ha sido, en mi opinión, la elección de los negociadores. Y es que las conversaciones con ETA no la pueden llevar solos los socialistas vascos, porque no pueden hablar por el conjunto y porque han sido parte afectada. Alguno de ellos debe estar entre los negociadores, pero no pueden ser los únicos, ni los principales. Un par de pesos pesados del PSOE hubieran sido más útiles. 

El segundo error ha sido el de no marcar los límites. Y es que una declaración de que "no se pagará precio político" es tan ambigua como para que pueda caber cualquier cosa. Y es que hubiera sido mejor decir que ni se va hablar de autodeterminación, ni de territorialidad, ni de reforma de la Constitución. De lo único de lo que se puede hablar es de cómo integrar en la vida política, para que defiendan lo que quieran, a los etarras de baja intensidad, a los que salgan de la cárcel y a los que abandonen las armas. 

El tercer error ha consistido en dejar que la otra parte lleve la iniciativa poniendo encima de la mesa más asuntos para hablar (violencia callejera, huelga de hambre, robo de pistolas, disparos). Si ante la más mínima provocación se hacen declaraciones de firmeza, que es la estrategia que están siguiendo ellos, ETA tiene que ir cediendo, porque romper las negociaciones con un atentado sería desperdiciar la oportunidad que es Zapatero dependiendo de los nacionalistas. 

El cuarto error ha sido aceptar metodologías de negociación como la de las dos mesas. La única mesa ha de ser la de "violencia por participación"; la otra, la mesa de partidos, si se hace, supondría una cesión tan grave, al sustituir y prostituir el sistema institucional y constitucional por la voluntad no institucional, ni representativa, de unos cuantos, que dudo que el PSOE pudiera salir indemne en las muchas próximas elecciones de ese despropósito. 

El quinto error ha sido de comunicación. Y es que es una estupidez comunicar machaconamente que el "proceso iba a ser largo y difícil", porque "largo y difícil" es un proceso policial, y es que si se intenta la negociación es para el fin de la violencia esté "cerca y sea sencillo". 

Como ha sido una tontería no contar con la gente del Partido Popular, y hubiera sido un buen y útil gesto el que tanto el Gobierno como el PP hubieran pactado uno de los negociadores, porque así se hubiera llevado el tema con más discreción y sin debate entre ellos, haciendo más fuerte su posición negociadora, compartiendo el éxito si existe y el desgaste si se fracasa. 

Mal, muy mal se está llevando el proceso. Tanto que parece que el Gobierno está más perdido en él, que el héroe de Kafka, el ciudadano K., en el suyo. Y lo peor es que está provocando en millones de ciudadanos K. una sensación de angustia y desorientación como sólo puede producirla un proceso... kafkiano. 

11 de diciembre de 2006 

Progresividad

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la presión fiscal en España, lo que pagamos de impuestos sobre el total del PIB, es del 35,6%. O lo que es lo mismo, el ciudadano paga a las Administraciones Públicas 35,59 euros de cada 100 euros que produce. El problema es que esto es una media y, como todas las medias, es sólo una media verdad, porque no todos pagan lo mismo. La otra media verdad sobre nuestro sistema fiscal, la que está en la sombra y que tiene que ver con la forma en la que se distribuye la carga por niveles de renta, la podemos intuir a poco que nos fijemos en qué impuestos son los que más recaudan. Y es que de esos 35,6 euros, 12,49 los pagamos a través del IVA, otros 12,35 a través de las Cotizaciones Sociales y sólo 6,68 a través del IRPF. El IVA y las Cotizaciones, impuestos regresivos, son, así, los impuestos "estrella" de nuestro sistema fiscal porque suponen el 69,23% de la recaudación, mientras que el IRPF, un impuesto progresivo, es sólo el 18,7%. Y quiero subrayar que estos impuestos los pagamos los ciudadanos, porque el IVA y las Cotizaciones Sociales se pagan incluidos en el precio de los productos, por lo que las empresas, al igual que con el IRPF, sólo son recaudadores. Pero, ¿cómo se reparten estos impuestos según la renta de las familias? Con un ejemplo simple con números aproximados, que es imposible aquí por la complejidad del IRPF, podemos hacernos una idea. Supongamos una familia cuya renta bruta es de 6.000 euros al año.

Supongamos que paga de IRPF, según las tablas del año pasado, 543 euros (el 9,06% de su renta bruta) y que consume el resto de lo que ingresa. Pagará 780 euros de IVA, que es el 12,9% del valor de lo que consume, a los que hay que sumar (con un nivel de asalarización del 60% y unas cotizaciones efectivas del 25%) otros 654 euros de las Cotizaciones sociales incluidas en el precio, lo que supone otro 10,9% de su renta total. Al final paga 1.977 euros de impuestos, lo que supone casi el 32,95% del total de la renta bruta.

Hagamos ahora las cuentas para una familia de clase media que ingresa 24.000 euros de renta bruta (cuatro veces la renta de la familia pobre) y que también lo consume todo. Paga 3840 euros de IRPF, el 16%, mientras que consume por valor de 20.160 euros, cantidad a través de la que paga 5.241 euros de IVA más Cotizaciones sociales, o sea, el 21,84% de su renta bruta. Al final, paga 9.081 euros que supone el 37,84% de su renta original.

Supongamos, finalmente, una familia de clase media alta que ingrese 96.000 (4 veces la renta de la familia media y 16 veces la más pobre). Paga de IRPF 26.090 euros, lo que supone el 27,17% de su renta. Supongamos ahora que de los 69.910 euros, ahorra 19.910 y consume 50.000 euros. Por este consumo paga 6.895 de IVA, el 7,18% de su renta bruta, mientras que de Cotizaciones Sociales paga 6.000 euros, el 6,25% de su renta bruta, con lo que, en total, paga 39.805 euros lo que supone el 42,6% de su renta total.

Obsérvese cómo los impuestos más importantes, el IVA y las Cotizaciones sociales, pasan a suponer del 23,8% de la renta de la familia pobre a ser el 13,43 de la familia rica y disminuyen con la renta. Así mismo es llamativo que una renta un 1.500% superior sólo pague un 10% más que la menor. De donde podemos deducir que la progresividad de nuestro sistema es muy escasa. Dicho en plata: todos contribuyen a la carga fiscal, pero la proporción de la carga no crece al mismo ritmo que la renta. Incluso en niveles muy altos de renta la tasa real impositiva es menor. Otro día reflexionaremos sobre los efectos dinámicos de esta situación sobre el crecimiento y sobre la distribución de la renta. Baste por hoy el concluir que puestos a hacer una reforma fiscal, como la que ha propuesto el Gobierno estos días para el año próximo, bien se podría haber pensado en algo más progresivo y progresista que rebajar los tramos y el tipo máximo. Bajar los impuestos puede que sea de izquierdas, pero desde luego no lo es bajar la progresividad.

27 de noviembre de 2006

Territorios y beneficiarios

Una de las peores consecuencias que está teniendo el nacionalismo fundamentalista es el de intentar referir todo hecho social a las unidades territoriales menores que componen una economía. Es la absurda moda de territorializar (horroroso verbo, por cierto). Últimamente, cuando se analiza cualquier aspecto de nuestra economía o de nuestra sociedad, los datos no sólo se dan en un nivel de agregación nacional, sino que también se refieren a las comunidades autónomas. Y esto, que puede ser relevante para analizar algunas variables, es, en la mayoría de los casos y especialmente en el caso de los gastos públicos, poco relevante. Una irrelevancia que llega al absurdo, desde el punto de vista de conocer la realidad, pero que tiene una gran importancia porque los políticos toman decisiones basados en estos análisis. Y de ahí viene el que muchas políticas no sólo no resuelvan determinados problemas, sino que los perpetúen. 

Esta irrelevancia está contagiando el análisis de las políticas públicas de tal forma que cuando analizan el gasto social, el sanitario o el educativo, nuestros políticos se fijan siempre en la comparación del gasto correspondiente con otras economías o comunidades para llegar a la conclusión de que gastamos poco, deduciendo, inmediatamente, que la solución es aumentar el gasto, sin reflexionar sobre si el gasto que se realiza beneficia a los que tiene que beneficiar o si hay ineficiencias en la forma de gestión del gasto. 

Tenemos la idea de que el gasto público en educación o en sanidad es igualitarista porque beneficia a todos los ciudadanos (jóvenes o enfermos) por igual y así lo recoge la ley. Pero con un ejemplo podemos ver que esto no es así. Supongamos cien niños y niñas de la misma edad en dos barrios diferentes (por ejemplo, Poniente y el Polígono del Guadalquivir) que inician su vida escolar. Tienen la posibilidad de cubrir todo su proceso de formación hasta terminar con un título universitario en la enseñanza pública. Cuando cumplan dieciséis años habrán terminado la ESO casi la totalidad de los niños y niñas de Poniente, mientras que unos 15 de los del Polígono del Guadalquivir no lo habrán conseguido. De los de Poniente cerca de 70 iniciarán el Bachillerato, mientras que unos 45 del Polígono continuarán los estudios. Finalmente, alrededor de 60 de Poniente llegarán a la Universidad, de los que terminarán con un título unos 45 (25 mujeres y 20 hombres), mientras que de los 50 del Polígono sólo habrán accedido a la Universidad unos 20, terminando sus estudios sólo 13 (8 mujeres y 5 varones). Si nos preguntamos el porqué de estas diferencias, es evidente que hay muchos factores que las explican, pero no es menos obvio que las diferencias de renta familiar condicionan la probabilidad de obtener un título universitario. Con lo que podemos llegar a concluir que el gasto educativo público favorece, al final, más a las clases más altas que a las más bajas porque el total recibido por los cien niños de Poniente cuando llegan a los 23 años es mucho mayor que el total de gasto recibido por los cien niños del Guadalquivir. Lo que generalizado al conjunto del sistema nos lleva a concluir que el Estado del Bienestar público a quien realmente beneficia no es a los marginados o a los más pobres, sino especialmente a las clases medias y altas que pueden acceder a sus servicios. 

Dicho de otro modo, siendo importante saber que los alumnos universitarios catalanes reciben alrededor de un 20% más que los andaluces, es, en mi opinión, mucho más relevante saber, que a la universidad, en ninguno de los dos sitios, llega a acceder ni un 5% de jóvenes de los barrios marginales, mientras que los jóvenes de clase media acceden en una proporción superior al 50%. 

Y son estas las cosas que tendrían que saber los políticos que se dicen de izquierdas si no se hubieran puesto las opacas gafas nacionalistas. 

13 de noviembre de 2006 

Prejuicios

Hay algunos prejuicios muy curiosos sobre lo público y lo privado que, de puro repetidos, se creen como dogmas de fe, siendo, sencillamente, eso, prejuicios. 

Uno de estos prejuicios, típico de neoliberales, es aquel que dice que lo público siempre funciona mal, frente a una supuesta eficacia de lo privado. 

Y eso, que es cierto en algunos casos, no se puede generalizar porque hay, por ejemplo, bienes públicos que son indivisibles, cuya prestación es más eficaz si se prestan para un conjunto amplio de población por un monopolio público, que si se hace desde un atomizado sector privado. La seguridad o las infraestructuras, y esto ya lo argumentaba Adam Smith, son servicios mucho más eficientes prestados por el sector público que por el sector privado. Un policía protege a todo el mundo, mientras que un guardia de seguridad solo protege al que le paga. Por eso esa tendencia de los últimos años de privatizar la seguridad ha sido, en no poca medida, una de las causantes del aumento de la delincuencia en nuestras ciudades. Y de forma similar ha ocurrido en otros países. Y esto que ocurre con la seguridad, ocurre con las infraestructuras o con los sistemas de Seguridad Social, pues cuanta más gente pueda participar mayores son los rendimientos y menores los costes unitarios. Lo público no siempre es necesariamente ineficaz en la prestación de determinados servicios, mientras que lo privado no es siempre necesariamente unitariamente menos costoso. 

Otro de los prejuicios, esta vez típico de transnochados stalinistas, es ese que supone que todo lo que sea de iniciativa privada tiene un interés económico, una búsqueda del máximo beneficio. Es decir, que lo privado no puede, casi por definición, tener un carácter social (si entendemos por carácter social la atención a marginados o desfavorecidos por cualquier causa). Y para desmontar este prejuicio solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver que, además de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas, hay cientos de miles de instituciones que constituyen el tejido de la sociedad civil que tienen un carácter social, por su propia naturaleza y por la de los servicios que prestan, que las hacen imprescindibles. Y es que, por muy amplio que sea, el Estado del Bienestar no llega, por ejemplo, a todas las situaciones de marginación. 

Por eso, para atender a estas necesidades, han surgido, a lo largo de la historia, iniciativas, de carácter religioso en un principio y civil posteriormente, que se pueden llamar de muchas formas (Instituciones de caridad, ONGs, Asociaciones de lo que sea, etcétera), y siendo de naturaleza privada tienen un carácter social, llegando más allá de la acción de los poderes públicos. Y la prueba de su eficacia en las prestaciones sociales es el mismo reconocimiento y apoyo económico que reciben de estos poderes públicos. ¿O es que Cáritas, Manos Unidas, la Asociación contra el Cáncer o Córdoba Acoge son antisociales por ser instituciones no públicas o tener algunas de ellas un carácter religioso? ¿Es que Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón-Oxfam o Transparency International no cumplen una función social porque no son administraciones públicas? ¿Acaso no cumplen ninguna función social las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro? O, ¿no son privadas las cooperativas de toda naturaleza? Identificar lo privado con las sociedades mercantiles con ánimo de lucro es hacer una simplificación de la realidad social que solo puede ser expresión de un prejuicio. 

Como es también un prejuicio (cuyo análisis merece un artículo completo) el sostener que los servicios públicos (por ejemplo, los sanitarios o educativos) son gratuitos y benefician a todo el mundo por igual, porque eso es desconocer quién los financia y quiénes son los que se benefician de ellos. Y expresar opinión sin conocimiento es solo expresar prejuicios. 

Y ya se sabe, los prejuicios son solo reflejo de la ignorancia. Aunque, también pueden ser reflejo de la estupidez. 

30 de octubre de 2006 

Política elemental

Las leyes existen porque son necesarias para la vida en sociedad. Y es que las leyes son solo un conjunto de principios que regulan el funcionamiento de las relaciones entre los seres humanos pues, al prohibir determinadas acciones o al obligar a realizar otras, evitan conflictos, aumentan la libertad del conjunto, ordenan la sociedad. Podemos decir que el orden social, el orden de las acciones de las personas en su vida con otros, es fruto del grado de cumplimiento de un conjunto de las normas. De ahí que una sociedad "bien ordenada" es aquella en la que, teniendo un conjunto de normas coherentes con los principios de la mayoría, estas normas se cumplen. Una sociedad sin normas, sin leyes, o con normas o leyes que no se cumplen es una sociedad desordenada. Los súbditos, los sujetos de la relación política, acatan las leyes y las normas por una mezcla compleja de tres razones: en primer lugar, porque pueden estar convencidos de que deben cumplirlas o que es bueno su cumplimiento concreto; en segundo lugar, porque cumpliendo la ley se benefician de alguna forma o evitan un perjuicio, y, finalmente, por coacción, porque los pueden sancionar de alguna forma. Es evidente que una sociedad puede estar bien ordenada por la coacción, pero hay una evidencia empírica de que los países democráticos son, en general, sociedades bien ordenadas, pues las leyes responden a los principios de una mayoría de la población y, además, el resto acepta la legitimidad de las leyes, aunque no compartan sus principios. De igual forma, se sabe que las democracias son, en general, sociedades ordenadas con menos coacción que las sociedades no democráticas. 

En una democracia, las leyes son elaboradas por el poder legislativo, que representa al conjunto de los ciudadanos, y aprobadas por unas reglas de mayoría; se han de hacer cumplir por el poder ejecutivo, que dirige la administración y los instrumentos de coacción; y el incumplimiento de las normas ha de ser determinado por un poder judicial independiente de los otros poderes para evitar así la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones. Los gobiernos, pues, sean del nivel que sean, tienen la misión primigenia de hacer cumplir la ley, de hacer que lo que está prohibido no se produzca y de que lo que es obligatorio se cumpla. Si no lo hacen así caen en una irresponsable dejación de funciones que hacen a las sociedades desordenadas e injustas, pues prima entonces la ley del más fuerte o la de aquellos individuos más inciviles. 

Estos párrafos anteriores, que son lo más elemental de la política desde hace ya más de dos siglos, parece que se está olvidando por parte de todos los gobiernos que sufrimos. Parece como si, por un estúpido complejo, el uso de la ley y, en su caso, de la fuerza, fuera una acción antidemocrática. Cuando lo realmente antidemocrático, porque va en contra ese primer pilar de cualquier democracia que es el Estado de Derecho, es la dejación de funciones en el cumplimiento de la ley. Y esto lo digo porque es antidemocrático que se negocie con una banda terrorista algo más que la dejación de las armas, y menos una mesa de partidos al margen de la representación parlamentaria legítima, porque con ello se prima a los violentos. Como es antidemocrático que se suspenda un Consejo de Ministros de la Vivienda en Barcelona por "prudencia" en una clara claudicación del Estado ante unos centenares de ciudadanos inadaptados. Como es antidemocrático que un Ayuntamiento como el de Córdoba haga una dejación de funciones tan asombrosa, y durante tanto tiempo, con los parcelistas y con alguna constructora de cuyo nombre no quiero acordarme. Como es antidemocrática la llamada a la desobediencia civil de la ley del botellón de un parlamentario andaluz de IU. Y es que democracia es mucho más que elecciones. Es también cumplimiento de las leyes. Como bien sabrían nuestros políticos si supieran la más elemental política. 

16 de octubre de 2006 

Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, presentados la semana pasada, tienen, al menos en sus grandes cifras, tres características esenciales: en primer lugar, son, desde una perspectiva macroeconómica, suavemente restrictivos, muy en la línea con los de los últimos diez años; en segundo lugar, son productivistas, con un cierto cambio de orientación en las políticas de oferta; y, finalmente, desde un punto de vista político, son muy superficiales, especialmente por la forma en la que han sido presentados a la opinión pública por algunos responsables políticos y por la que, previsiblemente, tendrá su debate. 

Desde un punto de vista macroeconómico, los Presupuestos reflejan una opción de política macroeconómica ortodoxa y esencialmente correcta para el funcionamiento de nuestra economía. Y es que una economía cuyo patrón de crecimiento viene determinado por el fuerte impulso de la demanda interna, especialmente por un sostenido crecimiento del consumo privado y la inversión residencial; que, además, presenta problemas estructurales en el frente de la inflación, con altos diferenciales con respecto a sus competidores; y tiene un fuerte y correlativo desequilibrio en la balanza de pagos, necesita unos presupuestos de corte restrictivo, con superávit, para no acentuar los desequilibrios. En ese sentido, los presupuestos son, además, prudentes, pues, con la significativa reducción de la deuda pública hasta niveles históricamente bajos del 37,7%, hay margen de maniobra en el futuro para poder hacer una política más expansiva, si se suavizara el ritmo de crecimiento. Desde un punto de vista macroeconómico, pues, y a grandes rasgos, poco hay que objetar a estos Presupuestos. Máxime cuando este año las previsiones macroeconómicas y de precios internacionales son mucho más creíbles. 

Desde una perspectiva microeconómica, desde el comportamiento de los agentes, los Presupuestos Generales para 2007 suponen un esfuerzo, ligero aunque loable, por cambiar la concepción de la política económica desde una perspectiva sectorial a una perspectiva de economía de oferta. Y es que la vieja concepción, que todavía persiste fuertemente en los actuales y en los presupuestos de la mayoría de las administraciones, de fomentar o proteger determinadas actividades y sectores, empieza a dejar paso, en estos presupuestos, a una forma de asignar los gastos públicos más moderna, en la que lo importante es el crecimiento de la productividad de la economía. En este sentido, el incremento del gasto en educación, en investigación y desarrollo y en infraestructuras son decisiones necesarias para un intentar un cambio en nuestro modelo de crecimiento económico. El problema es que, sin cambios en la forma de gestión del gasto y sin unos criterios de eficacia y calidad, este esfuerzo puede ser baldío. Es decir, carece de sentido asignar más presupuesto a nuestras universidades, por ejemplo, si éstas viven obsesionadas con los ladrillos, los claustros son endogámicos, no hay exigencia a los alumnos y la producción científica es de escasa calidad. 

Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado son, políticamente, superficiales, porque se van a aprobar tras un debate absurdo. Y es que están territorializando (atroz verbo) hasta gastos indivisibles por naturaleza. Se obvian, por el contrario, debates de más calado como serían, por ejemplo, ese sobre la forma en la que se distribuye la carga fiscal por niveles de renta, o ese otro sobre la manera en la que se distribuyen, marginando siempre a los marginados, los gastos mal llamados sociales o aquel en que se discutiera, de una vez por todas, los problemas de financiación de nuestros ayuntamientos, una de las causas de la generalizada corrupción de nuestra vida pública. Pero ya se sabe que el virus nacionalista genera una infección intelectual generalizada que se convierte en enfermedades políticas como el victimismo, el infantilismo, etcétera. Menos mal que, al menos, este Gobierno tiene a Solbes. 

2 de octubre de 2006 

Selección de personal

Unas de las razones por las que el mundo funciona mal es porque los asuntos públicos, esos que nos atañen a todos, están, demasiadas veces, gestionados por gente realmente incompetente. Y esta incompetencia tiene mucho que ver con la forma en la que las sociedades políticas seleccionan a las personas en las que depositan la responsabilidad del poder. 

Así, en los regímenes autoritarios, la selección de los que mandan se hace según el viejo principio del reino animal de que tiene el poder el macho más fuerte. Muchos de los dictadores de la historia llegaron al poder precisamente porque fueron los más despiadados en su camino hacia él, de la misma forma que no pocos de los dictadores que todavía perduran se mantienen porque no les tiembla la mano a la hora de aplastar cualquier forma de oposición. En los países democráticos, sin embargo, la selección se hace según una gama más amplia de criterios, siendo el principal el criterio que podemos llamar de la mediocridad en dos etapas. Este criterio consiste en que, en una primera etapa, los partidos políticos presentan como candidatos a aquellos miembros de la burocracia del partido que mejor manejan los resortes de poder dentro de él, no al más idóneo desde el punto de vista de su preparación, de su trayectoria personal, o de su capacidad creativa. Sobre esta base, los ciudadanos eligen, en la segunda etapa, entre muy pocas opciones y siguen un criterio de similitud, de cercanía vital, es decir, que escogen a aquel que tiene más características comunes con los votantes, al más normal (en sentido estadístico), al más medio. El resultado final es que los ciudadanos, en las democracias, al tener limitadas sus opciones, no pueden escoger a los, a priori, más idóneos para el cargo. Y hay multitud de ejemplos de cómo con este sistema se quedan en el camino magníficos posibles candidatos, teniendo los ciudadanos que conformarse con los Bush, Chirac, Putin o Chaves en los que están depositados muchos de los asuntos del mundo. 

Pero el problema, además, se complica cuando estas mediocres personas tienen que escoger a su vez a aquellas otras que han de gestionar el día a día de la política y, bajo el manto de la "debida confianza", escogen según criterios de amistad, favores debidos, equilibrios de género, territorialidad o, diga algún ex ministro lo que diga, puro partidismo. El resultado, y tenemos un ejemplo muy reciente en el sucesor del ministro Montilla , es que un señor cuyos méritos son ser catalán (lo que es un mérito muy relevante para ser ministro de industria a tenor de lo visto en nuestra historia reciente), anestesista, miembro del PSC y alcalde de Barcelona posee, según nuestro presidente Zapatero, el perfil idóneo para dirigir el ministerio que tiene la responsabilidad de gestionar las normas que afectan a más del 40% del PIB de la décima potencia industrial y de la tercera potencia turística del mundo. Es cierto que en el mundo de las empresas también se siguen criterios de selección irracionales, pero, normalmente, la gente de finanzas son gente que sabe de contabilidad, se suele nombrar jefe de marketing a quien sabe de mercados, es responsable de una fábrica un ingeniero industrial o es director de hotel una persona que conoce este sector. Quizás por eso, a pesar de todos los pesares, las empresas suelen estar mucho mejor gestionadas que las administraciones públicas. Y, a lo mejor, es por eso por lo que las empresas bien gestionadas, como E.On, le ganan la partida a ministros sin bagaje alguno como Montilla. 

De cualquier forma, parece que a los ciudadanos no nos preocupa la idoneidad de los que nos gobiernan, sean presidentes o ministros, quizás porque lo público no nos parece importante, y, sin embargo, mucho me temo que no dejaríamos que un médico nos gestionara nuestra cuenta corriente, ni dejaríamos que nos operara un ojo el director de nuestro banco. Igual porque el dinero y la salud no los queremos poner en manos de incompetentes. 

18 de septiembre de 2014 

Educación y economía

La renta per cápita de una comunidad depende, esencialmente, de la productividad de su fuerza laboral y del funcionamiento de su mercado de trabajo. Suponiendo que el mercado de trabajo arroja una tasa de paro mayor o menor según diversas circunstancias, es un hecho que la renta per cápita de un país dependerá, entonces, de la productividad y esta está en relación directa con una variable clave: el capital humano. Y es que el principal activo de un país, contrariamente a lo que mucha gente cree, no son los recursos naturales, sino el grado de conocimiento y de organización que ese país tenga. Francia, con unos recursos naturales muy inferiores a los del Congo, tiene una renta per cápita que es más de 200 veces la del país africano. O, por ser más gráficos, Suiza no es un país rico porque tenga ningún recurso natural, sino por lo que saben los suizos, como Nigeria es un país pobre a pesar de todo el petróleo que tiene porque no tiene capital humano y organizativo. Parte del atraso económico de España respecto a nuestros vecinos fue que no tuvimos un sistema educativo que obligaba a la enseñanza hasta los 14 años hasta 1970 (con un retraso de más de un siglo respecto a los países más ilustrados) o que hemos sido uno de los últimos países de la OCDE en ampliar la enseñanza obligatoria a los 16 años. De esta idea, que está en esencia ampliamente corroborada por la literatura económica, se deduce que, a largo plazo, el crecimiento de la renta per cápita de una sociedad dependerá, en gran medida, de lo que crezca el capital humano; es decir, de la inversión que se haga en que el conjunto de las personas sepan más o tengan más conocimientos útiles. En otras palabras, del esfuerzo que se haga en la educación del conjunto de la sociedad. De ahí que la educación sea, además de un bien social en sí mismo, una inversión desde un punto de vista económico. Una inversión que ha de rentar en el futuro. 

Pero esta inversión en capital humano, ese gasto educativo, ha de hacerse de una forma eficaz y coherente. Y he aquí donde cometen errores no pocos de nuestros gestores educativos y, entre ellos, algunos ministros, bastantes consejeros, muchos ínclitos rectores, reconocidos catedráticos de políticas públicas y no pocos sindicalistas, porque sólo han comprendido el párrafo anterior y se quedan con la comparativa respecto a los países europeos de gasto total sobre PIB, creyendo que una mejor educación se consigue sencillamente con más gasto, cuando si este gasto se organiza mal, sobre presupuestos pedagógicos erróneos y con personal poco o nada formado y motivado, ni más ordenadores, ni más libros, ni más hermosos edificios consiguen más resultados de la investigación o mejor preparación de los alumnos. España tiene en el epígrafe de royalties y patentes de la balanza de pagos (es decir, el que recoge lo que pagamos por el uso de tecnología que otros han inventado) un gran déficit que refleja el fracaso de nuestro sistema universitario, no sólo porque invierte poco en investigación, sino porque invierte mal. Como el informe PISA, por mucho que lo neguemos, es un buen indicador del fracaso de nuestro sistema educativo. Y no fracasan nuestros alumnos en los tests de lectura, matemáticas o inglés porque no tengan suficientes libros, fotocopias, profesores (oficiales y particulares), horas de clase, aulas, polideportivos u ordenadores, sino porque sencillamente tenemos una política educativa equivocada, unos sistemas pedagógicos anticuados (y cómo enseñamos idiomas es un paradigma de esto) y una pésima gestión de los recursos educativos. 

La cantidad de los hallazgos y descubrimientos en investigación y la calidad de nuestra enseñanza, medida por lo que la gente realmente sabe y no por las ratios de recursos como esa tontada de dos ordenadores por alumno, son los verdaderos indicadores de la rentabilidad de la inversión en capital humano. Y es que para que el gasto educativo sea útil, para que sea rentable la inversión en capital humano, no sólo hemos de invertir más, sino que hemos de invertir mejor. 

4 de septiembre de 2006 

Confesión

Günther Grass es, al menos en Alemania, un referente. No solo por ser uno de sus literatos vivos más premiados, sino porque la reflexión sobre la etapa nazi es el eje de su obra y ha contribuido, así, a conformar la imagen que los alemanes tienen sobre esa parte de su historia. Lo ha hecho, además, desde una actitud ética impecable, y al introducir en su trabajo elementos autobiográficos, sus opiniones adquieren legitimidad y se convierten en parte de la conciencia de Alemania. Günther Grass ha sido, así, uno de los autores que han contribuido a la superación del pasado nazi, porque, desde la asunción de su responsabilidad en ese tiempo, ha seguido viviendo con el compromiso de denunciar todo lo que pudiera llevar a la sociedad alemana a repetir aquel horror. El hecho de que haya reconocido su pertenencia a las Wafen-SS ahora, levantando una polémica ética, no desmerece su vida de virtud pública. Grass es un referente intelectual y moral porque ha sido la voz de todos aquellos que, con menos coraje moral, han aceptado su permanente confesión como si fuera propia. Grass, como afirma Juan Cruz, no ha hecho otra cosa que confesarse. Un viejo ejercicio que consiste en reconocer los hechos, juzgar su maldad, aceptarlos públicamente y, al hacerlo así, pedir perdón comprometiéndose a no volver a repetirlos. Alcanzar el perdón depende, entonces, de la magnanimidad de las víctimas, pero se obtiene la paz de conciencia. Confesar se convierte así, en una liberación, un método que permite vivir y aceptarse, ser mejor. Un camino que ha seguido Grass que le ha convertido en un referente moral. Un camino que ha seguido Alemania, a través de intelectuales como él y de gestos institucionales, convirtiéndola en un referente de democracia. 

El proceso a nuestro pasado franquista que, a instancias del Gobierno y de algunos grupos mediáticos, hemos iniciado recientemente es, si lo comparamos con el seguido por Alemania, una liturgia vacía que ni nos libera, ni nos mejora. En primer lugar, porque nadie está conociendo, y mucho menos reconociendo, lo que ocurrió. Estamos recordando estos días los acontecimientos de aquellos años, pero sólo estamos recordando las atrocidades de los que se levantaron contra la legalidad republicana, obviándose de una forma interesada lo que hicieron aquellos que decían defender esa legitimidad. Es cierto que ahora se recupera una parte anteriormente silenciada de la historia, pero no es la única parte. El conocimiento de los hechos ha de ser completo, sin maniqueísmos interesados. En segundo lugar, ha de haber un juicio moral de lo que ocurrió. Es cierto que las atrocidades del bando vencedor fueron de mayor magnitud, pero eso no atenúa las del otro bando. Como es cierto que los perdedores sufrieron infinitamente más, pero certificarlo no compensa este sufrimiento: nadie puede devolver a los muertos, ni los años perdidos en la cárcel, ni el dolor del exilio. Como tampoco los juicios atroces de la postguerra compensaron, por su carga política y de venganza, a todos los del bando vencedor. Y, en tercer lugar, del reconocimiento de los hechos y de su juicio moral no se pueden sacar réditos políticos de ningún tipo porque nadie es responsable de los actos de otro y, menos, de actos de sus antepasados. No es más demócrata Zapatero porque su abuelo fuera leal a la República, como no tiene un pecado original Bono porque su padre fuera falangista. 

Por estas tres razones, porque no queremos saber todo lo ocurrido, porque juzgamos según adcripciones tribales, porque algunos pretenden obtener ventajas políticas por lo que hicieron sus antepasados o las siglas de su partido, es por lo que a nosotros no nos mejorará este proceso de la memoria histórica, ni nos liberará de nuestro pasado, ni nos ayudará en nuestro futuro. 

De todas las heridas sociales de la guerra una de las más difíciles de curar ha sido la pérdida de intelectuales. Quizás de ahí se derive parte de nuestro problema, que no hemos tenido referentes como Günther Grass. 

21 de agosto de 2014 

La diversidad española

Este último mes de julio he estado dando un curso sobre comunidades autónomas en una universidad alemana. Un curso en el que los alumnos, además de estudiar los fundamentos jurídicos y políticos de nuestro Estado de las Autonomías, han de estudiar su diversidad geográfica, económica y política. Un curso éste que solo es posible en las flexibles universidades centroeuropeas y es impensable en las nuestras. 

En una de las últimas sesiones, uno de los alumnos, Sebastian Jacobs, me hizo una pregunta que me ha suscitado no pocas reflexiones en los últimos días. ¿Diría usted, me preguntó, que España es más diversa que Alemania? Porque para los nativos de un país es un hecho que el suyo les parece más diverso. Y eso es lógico porque conocemos mejor aquello que podemos distinguir más nítidamente. De ahí que conocer bien un país, especialmente si es tan rico culturalmente como cualquiera de los dos que consideramos, implique hacerse una idea de sus diferentes partes, de las diferencias entre las distintas comunidades que lo pueblan. 

Mi primera respuesta ante una pregunta tan elaborada fue un "no lo sé". Y es que, en primer lugar, para poder hacer una comparación intersubjetivamente convincente es necesario conocer con similar profundidad las dos culturas que comparamos, y yo, a pesar de mis diez años de cursos en Alemania, conozco mejor la cultura española. Y, en segundo lugar, para poder decir que dos cosas son diferentes tendríamos que ponernos respecto a qué términos hacemos la comparación. Porque es evidente que geográficamente, en cuanto al medio físico, hay una mayor diversidad en España que en Alemania, por la sencilla razón de que hay una mayor diferencia entre la España verde del País Vasco y la España desértica de Almería o Lanzarote o porque eso que llamamos España tiene una parte de su territorio en África. Y lo mismo ocurre en aspectos culturales porque, a pesar de los dialectos alemanes (hay una inmensa diferencia entre el bávaro y el alemán estándar), ellos no tienen lenguas tan dispares como el euskera y el castellano. En lo que no estoy seguro es de que los españoles seamos, en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento, tan diversos como ellos, porque los españoles tenemos, en realidad, muchos rasgos comunes que nos homogenizan. 

Pero al margen de esto, Alemania, a pesar de toda esa diversidad que sorprende al que la disfruta y vive, a pesar de las diferencias entre los Alpes y los canales de Hamburgo, entre el padre Rhin y "la" Danubio, entre el rico Oeste y el pobre Este, entre la católica y conservadora sociedad rural de la Baviera y la urbana y protestante de Berlín, entre los obreros industriales del Ruhr y los ejecutivos de Frankfort o entre las fiestas de cerveza en el sur y las del vino en el oeste, a pesar de todo Alemania es menos diversa que España porque los alemanes, desde antes de que se unificara en 1870, subrayan lo que les une, tienen instituciones (por ejemplo las universidades) y hacen proyectos de cooperación que les hacen conocerse y trabajar juntos, sin que nadie renuncie a su idiosincrasia. Y eso que una parte importante de la historia alemana fue una historia de guerras entre ellos. Por el contrario, los españoles llevamos años, especialmente en los últimos, subrayando lo que nos separa, construyendo instituciones exclusivistas y redundantes, compitiendo en el exterior unos con otros, mostrándonos profundamente insolidarios. Y eso que nosotros tenemos una larga historia de éxitos comunes y de sufrimientos comunes y hace mucho tiempo que no ha habido una guerra entre territorios en España. 

No sé, realmente, cuál de los dos países es más diverso hoy, pero sí sé cual de los dos será más diverso en una generación. Y es que, así que pasen veinte años, España será tan diversa que posiblemente esa diversidad, conscientemente subrayada, tendrá un resultado que no deseamos: que no tengamos sujeto que comparar con Alemania. 

7 de agosto de 2006 

Cataluña y el País Vasco

La actividad política es, al menos en mi opinión, una actividad esencialmente racional, en la que la comprensión de los procesos y de sus consecuencias es básica para poder formarse una opinión razonable y actuar en consecuencia.

Creo que era razonable que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quisiera abordar la reforma del Estado de las Autonomías. Es un hecho que el diseño de 1978 era un diseño abierto que, veinticinco años después, había que replantearse, tanto en el tema de las competencias como de la financiación. Incluso puedo llegar a entender, con un cierto esfuerzo, que Zapatero y Maragall quisieran emular a Suárez y Tarradellas con la recuperación de no pocos símbolos e memorias de la República. Pero no puedo quedarme conforme, por las consecuencias que tendrán, con dos resultados del proceso que se han producido sin haberse debatido abiertamente. Y es que, en el fondo, se han dilucidado dos cuestiones claves de nuestra arquitectura constitucional: la primera es que una parte de España, un territorio, puede alterar el pacto constitucional, o hacer que se altere, sin que lo discuta o decida el resto de los firmantes de aquel pacto; y, segunda, se ha decidido que el Estado español no sea federal puro, sino esa contradicción que supone ser "federal asimétrico", es decir, que unos territorios tendrán más competencias, y financiación que otros, con lo que, en la práctica, se ha acentuado la asimetría que tenía el sistema de origen, por la existencia de los Fueros navarro y vascos, y que se había corregido en parte con el referéndum andaluz y el famoso "café para todos". Se abre, así, la posibilidad de una separación a largo plazo de las comunidades con mayorías nacionalistas (que responden a sentimientos identitarios). Lo que explica el proceso que estamos viviendo en el País Vasco.

Porque, sentadas estas dos cuestiones, la Constitución, a la que curiosamente no nombró el Presidente en su discurso que certificaba el inicio del diálogo, deja de ser intocable en su contenido, aunque no se toque su letra por lo garantista de su reforma, y puede ser desbordada para amparar una mayor autonomía de algún territorio. Una mayor autonomía que puede llegar a ser la independencia, siempre que se haga desde un cierto respeto a los procedimientos y se haga con discreción. Y esto puede hacerse a iniciativa de un Parlamento, siendo el proceso catalán el precedente. Así pues, a partir de septiembre se hablará de una mesa de partidos en el País Vasco, bordeando los procedimientos democráticos, y, después de las municipales del año que viene y con HB legalizada, Ibarretxe, amparado por una nueva mayoría, planteará una reforma del Estatuto que habrá llevado a las elecciones, cuyo referéndum, después de las generales de 2008, serán un plebiscito de independencia. Eso sí, se nos dirá que esto es democrático, aunque a los demás no se nos consulte, y se invocará a Quebec y a Montenegro, y se argumentará que se ha producido en ausencia de violencia. Con lo que al fin del proceso, los terroristas de ETA habrán conseguido lo que querían, la independencia del País Vasco, a cambio de renunciar a las armas y, al menos a corto plazo, a Navarra.

Yo voté socialista en las elecciones de 2004. Y en estas mismas páginas expuse, en un ejercicio de salud democrática, las razones de ese voto. Creí, entonces, que el PSOE iba a tratar la reforma del Estado de las Autonomías con más sentido federal (el que siempre tuvo por su historia) y con más ponderación (pensé que era un partido no nacionalista). No ha sido así y, a pesar de que valoro algunas de sus iniciativas de gobierno, este gobierno ya no puede contar con mi voto. Y como no me lo puede devolver, ni se va a volver atrás en su política, mucho me temo que lo ha perdido para las próximas muchas elecciones. Mi problema, ahora, será buscar a quién dárselo. Porque el PSOE lo ha perdido, pero el PP aún no lo ha ganado.

17 de julio de 2006

¿Más democracia?

En el momento en el que escribo estas líneas aún no se ha celebrado el referéndum para la aprobación del Estatuto de Cataluña, pero cuando se lean ya se habrá celebrado. Con lo que se habrá cerrado el primer acto del proceso de reforma del Estado. El debate estatutario, celebrado el referéndum catalán, ya se está terminando, incluso en las Comunidades que lo tienen, aún, en marcha. Hoy solo queda aceptar el resultado de las urnas, valorar su significado político y terminar el proceso con la aprobación de los demás. Un proceso que ha sido impecablemente democrático, pero que, al menos en mi opinión, no ha reforzado la democracia en España por un par de razones de peso. 

Y creo que no lo ha hecho, en primer lugar, porque el proceso de reforma estatutaria se ha construido sobre la idea de marginar al Partido Popular, restándose posibilidades a una alternancia efectiva. El PSOE se ha aprovechado de leyes que cambian la distribución del poder, los Estatutos, para hacer más difícil la posibilidad de alternancia. En este juego le ha ayudado la cerril y dogmática estrategia del PP que, en vez de hacer propuestas inteligentes, se ha automarginado radicalizando su discurso y cayendo en el tremendismo. El resultado es que el viraje de los socialistas hacia posiciones nacionalistas les será electoralmente rentable. A partir de ahora, el PP o gana por mayoría absoluta o tendría un gobierno inestable y en permanente conflicto con las dos Comunidades Autónomas más pobladas. Zapatero , pues, se ha mostrado como un magnífico Secretario General de PSOE (y el PSC un fuerte ariete de esta estrategia de "ir contra el PP"), lo que posiblemente lleve a su partido a mantenerse en el poder en distintas instancias, pero está siendo, desde este punto de vista, un mal presidente del Gobierno, porque esta ruptura de ese acuerdo elemental de la democracia por el que se acepta que el otro tiene buena voluntad y es parte de la comunidad, daña nuestra convivencia democrática al eliminar posibilidades de alternancia. No ha ganado, pues, nuestra democracia por la forma del proceso. 

Es cierto, en segundo lugar, que después de 25 años de funcionamiento, la descentralización política del Estado necesitaba una reforma que ordenara las competencias, permitiera un margen de libertad y adaptación a la evolución de cada autonomía y cambiara el sistema de financiación. Pero el proceso se ha deslegitimado, desde la lógica organizativa más elemental, cuando, en vez de proponerse un pacto general a partir de criterios de eficacia en la prestación de servicios y ámbitos políticos adaptados a las comunidades, el criterio de qué espacio ocupa cada administración se ha decidido por una parte. Dicho de otra forma, en un proceso lógico de reforma del Estado se debieran de haber pronunciado primero las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado, sobre qué competencias deberían tener las Comunidades Autónomas (y, en su caso, haber propuesto una reforma constitucional) y si todas han de tener o no las mismas. Pero al hacerse desde una de las Comunidades, ahora se obliga al resto a ir a las competencias aprobadas para ésta con el fin de que el sistema tenga coherencia. Al final, el edificio del Estado será lo que la clase política catalana ha querido que sea porque al celebrarse el debate como se ha hecho no hemos debatido conceptos básicos como eficiencia o federalismo. Y, más grave aún, la posibilidad de rectificación en el futuro será prácticamente imposible, dada la distribución del poder al que se ha llegado y la ausencia de mecanismos de retrocesión. 

Porque en el proceso que ayer cerró se ha marginado a una parte importante de los españoles y porque el proceso está condicionado por uno de los protagonistas de tal forma que no ha habido un debate igualitario entre todos, creo que lo que estamos haciendo no beneficia la democracia en España. Más aún, posiblemente desde hoy tengamos menos democracia que la que teníamos.

Latinoamérica

Latinoamérica está viviendo un interesante momento político y económico. Un momento histórico que viene, en parte determinado porque este año 2006 es año electoral en las cinco grandes potencias económicas y políticas de la región: Colombia, Perú, México, Argentina y Brasil. Cinco elecciones presidenciales a las que hay que sumar la reciente victoria de Evo Morales en Bolivia, el primer año de mandato de Oscar Tavarez en Uruguay, los elementos ya conocidos de la retórica populista de Chaves en Venezuela y el fin de ciclo, por cuestiones puramente naturales, de la dictadura cubana. 

En Latinoamérica están madurando tres procesos que se iniciaron hace ya algo más de una década: un proceso de crecimiento económico, un proceso de consolidación de instituciones democráticas, y, finalmente, un proceso de caída de la tutela norteamericana. 

Latinoamérica crece. Según informes de organismos internacionales, la economía latinoamericana ha venido creciendo en los últimos años a un ritmo medio de casi el 5%. Y hay países, por ejemplo Argentina, cuyo crecimiento ronda el 8% y no es un país petrolero. Su deuda externa global se ha reducido significativamente (México, Brasil y Argentina, otrora en suspensión de pagos, han resuelto parte de sus problemas e incluso han saldado sus deudas con el FMI), y todo ello con una cierta disciplina fiscal, sin una inflación de dos dígitos y con un cierto equilibrio en sus cuentas exteriores. La macroeconomía financiera funciona sin problemas siguiendo la receta del FMI. El problema es que todo esto se está produciendo con altas tasas de paro y salarios de miseria lo que fuerza a la emigración de una parte de la población, precisamente parte de su fuerza laboral joven y más preparada. Si a esto le sumamos que muchos de estos países han dilapidado parte de sus recursos naturales, el resultado es la persistencia de no pocos problemas económicos estructurales que generan problemas sociales y políticos, dando la imagen de que no se avanza, de que Latinoamérica vive estancada. Y es que, y lo he aprendido allí, las prescripciones de política económica del FMI sirven para convertir a un país en un buen deudor que crece y paga, pero ese crecimiento no es sinónimo de desarrollo. 

En segundo lugar, la democracia, a pesar de todo, se ha ido consolidando y hay países en los que funciona sin tentaciones caudillistas. Hoy es impensable un golpe militar en Chile, Argentina, Brasil o Uruguay, como era impensable hace unos años que en estos países gobernaran administraciones de izquierda o centro izquierda. Y de igual forma, nadie puede pensar en una vuelta al Priísmo en México, como empiezan a alejarse los fantasmas de las largas guerras civiles en Centroamérica. Los casos de Chaves o las tentaciones de Evo Morales son excepcionales, pero no dejan de ser, en parte, resultados perversos del mismo proceso democrático. La cultura democrática se está asentando en Latinoamérica. Con no pocas dificultades, puesto que defrauda a veces las expectativas, al no alcanzar suficientes mecanismos de justicia. Y es que, y también se puede aprender allí, democracia no es sólo tener derecho al voto, sino que haya también la posibilidad de ejercicio efectivo de derechos. 

Y, curiosamente, estos procesos coinciden con el momento en el que los Estados Unidos han dejado de priorizarla en su política exterior, pues se están concentrando en el agujero de Oriente Próximo (lleno, por cierto, de petróleo) y ante el reto estratégico de China, y están dejando de intervenir activa y directamente en sus asuntos. Hay datos, pues, esperanzadores de cambio en esta zona del planeta especialmente querida para nosotros. Un continente que necesita ayuda, pero no salvadores iluminados, ni internos ni externos. Un continente que necesita comprensión y no recetas milagrosas. Y esto también lo he aprendido estudiando el otro lado del Atlántico. 

Productividad II

La productividad por hora del factor trabajo, es decir, la cantidad de renta real que cada uno de los ocupados produce por hora, es una de las variables determinantes de la renta de cualquier colectivo humano. De hecho, para explicar las diferencias de renta entre países, entre comunidades autónomas, entre sectores o entre trabajadores, el primer análisis a realizar es el de la productividad. Así, la diferencia de más de un diez por ciento entre la renta per cápita de España y la media de la vieja Europa (la UE de los 15), se debe, además de a nuestra menor tasa de actividad, a nuestra menor productividad por hora, que no son compensadas ni siquiera con la más larga jornada laboral de los españoles. Por su parte, la diferencia de renta entre Andalucía y la media española, cercana al 15%, está especialmente influida, además de por las diferencias de paro, por las de productividad por hora, mucho más que por las diferencias de jornada, pues los andaluces trabajamos más horas al año que el resto de los españoles, o la cercana tasa de actividad. De donde se deduce que si los andaluces queremos alcanzar la renta per cápita de los europeos hemos de buscar la forma de reducir más firmemente nuestro paro, además de ser más productivos por hora trabajada, toda vez que, en el corto plazo de unos años, no podemos modificar muy sustancialmente la tasa de actividad, ni es razonable esperar que vayamos a aumentar, sino más bien al contrario, el número de horas trabajadas por año. En un primer análisis descriptivo se puede afirmar que la productividad media de una economía está relacionada con dos factores esenciales: la composición sectorial de la economía (y, consecuentemente, del empleo), y con el tamaño relativo de las empresas dentro de cada sector. De ahí, por ejemplo, que una primera explicación del atraso relativo de Andalucía respecto a Madrid o Cataluña nos permite afirmar que Andalucía tiene una menor renta per cápita porque tiene un sector industrial y de servicios avanzados más débil que los de las otras comunidades. Dicho de otra forma, Andalucía no alcanzará a la media española ni europea si sus motores de crecimiento son, como son ahora, la construcción y el turismo masivo, y una parte de los recursos que recibe los destina a la agricultura tradicional. Además, Andalucía necesita empresas medianas y grandes radicadas en la región. Y es que el tamaño está muy correlacionado con la inversión en I+D+i que es la fuente primaria del crecimiento de la productividad y con criterios eficientes de gestión: las empresas pequeñas, y más las de los sectores que nosotros tenemos, no invierten en ningún tipo de tecnología y muchas de ellas son ineficientes. De ahí que sea necesaria una apuesta decidida por las empresas medianas regionales, y por la atracción o creación de empresas grandes que sean, al mismo tiempo, foco de infección de la innovación en las empresas pequeñas y medianas de su mismo sector. La política microeconómica, pues, debe olvidar la clasificación sectorial tradicional y la protección de la ineficiencia para primar sencillamente las actividades empresariales que vayan en pos de una mejor utilización de los recursos productivos, se realicen en el sector productivo que se realicen. Una política microeconómica que debe ser completada, para tener éxito, con una fuerte inversión en capital humano. Pues sin gente preparada para trabajar en empresas innovadoras de cualquier sector todo esfuerzo que se haga se agotará en sí mismo. 

Lo escrito más arriba choca con lo establecido en nuestra sociedad de pequeñas y medianas empresas que se dedican a los sectores tradicionales, pero ¿es que no nos hemos aún dado cuenta de que apostando (en el sentido literal de término) como dicen nuestros políticos, siempre por lo mismo seguimos, también como siempre, a la cola de la renta per cápita europea? 

Productividad I

En los círculos económicos, tanto académicos como políticos, está de moda hablar de productividad. Y es más que bueno que este concepto esencial sea uno de los ejes de la reflexión de la política económica para el largo plazo. El problema es que no está llegando a la opinión pública, al tiempo que no se están explorando todas sus implicaciones económicas, ni el potencial que tiene para orientar la acción pública, tanto en el nivel macro como en el microeconómico. 

La productividad física de un factor de producción (trabajo, capital, tierra, etcétera) es, sencillamente, la cantidad de producto que se puede obtener de una unidad de ese factor de producción en una unidad de tiempo. Así, la productividad de un trabajador, de una máquina, de una hectárea, es la cantidad de bienes y servicios que produce, normalmente en un año, un trabajador, una máquina, una hectárea. Para transformar esta productividad física en productividad monetaria sólo habrá que multiplicar la productividad física por el precio de mercado de los bienes y servicios producidos. 

Tanto desde el punto de vista del conjunto de la economía, como desde el punto de vista de una empresa, el concepto de productividad más importante es el de la productividad de las personas que participan en el proceso de producción. Y se puede calcular fácilmente sin más que dividir el PIB (en realidad, el valor añadido bruto), el VAB de un sector o los ingresos totales de una empresa entre el número medio de trabajadores ocupados en la economía, en el sector o en la empresa. Es evidente que la productividad/hora del factor trabajo en una economía, un sector o una empresa se puede calcular a partir del anterior sin más que dividirlo entre la jornada laboral media anual medida en horas. Se obtienen así, para una economía, un sector o una empresa, dos ratios importantes, la productividad por trabajador y la productividad por hora. Y ambas ratios son esenciales en el análisis económico de cualquier nivel. 

Desde un punto de vista macroeconómico, la productividad aparente del factor trabajo es esencial. Y lo es porque la renta per capita de una economía es igual a la productividad aparente del factor trabajo multiplicada por la tasa de empleo y por la tasa de actividad. De donde se deduce que la renta per capita de un país crece cuando lo hace su productividad por hora, cuando crece su jornada laboral, cuando disminuye la tasa de paro o cuando crece su población activa. Por lo que toda política económica que lleve al crecimiento de la productividad será una política que aumentará la renta per capita. 

Pero la productividad aparente del factor trabajo es, además, importante, porque los salarios reales que se pagan en una economía y en cada uno de los sectores están íntimamente ligados a ella. Y es que, en una economía de mercado, no es posible pagar salarios reales mayores que la productividad porque, entonces, las empresas entran en pérdidas y cierran. Por eso el salario medio de una economía guarda una relación muy estrecha con la productividad aparente del factor trabajo, como el salario que recibe cada uno de los ocupados está estrechamente relacionado con su productividad. De ahí que se produzcan diferencias salariales entre los sectores de una economía: los trabajadores del sector industrial, por ejemplo, cobran más que los de la agricultura porque tienen una mayor productividad. Como es esta una de las causas por la que se producen las diferencias de rentas salariales entre trabajadores. Y, por eso, y sirva de corolario, una economía con una composición sectorial basada en la agricultura tradicional, en el turismo y en la construcción, a igualdad de paro y de población activa, tendrá siempre menos renta per capita que otra basada en la industria y los servicios avanzados. 

Llegados a este punto surgen dos preguntas obvias: ¿en qué situación está la productividad de nuestra economía?, ¿qué políticas se pueden articular para aumentar la productividad? Las respuestas, en estas mismas páginas, en catorce días. 

8 de mayo de 2006 

Débiles debates

Llevamos unos años, demasiados en mi opinión, en los que el debate político en España, y es un mal también de otras sociedades democráticas, se está deteriorando. En un tiempo en el que tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de información y de conocimientos, los políticos sustituyen el debate político racional, por una esgrima verbal que sólo busca titulares. 

Las causas genéricas de este deterioro del debate político son múltiples. La crisis de las grandes ideologías, sustentadas todas ellas sobre teorías omnicomprensivas de la realidad social, así como la ausencia de los intelectuales de los debates, víctimas de su propio relativismo, o la inmediatez en los medios de comunicación puedan ser tres de las causas profundas de este problema. Pero es un hecho, para mí indudable, que el debate político está perdiendo fuerza, nivel intelectual, racionalidad. Y cualquiera que haya seguido la reciente campaña en Italia o los debates sobre el nuevo contrato laboral francés coincidirán conmigo en este deterioro del debate político. El problema es que el ejemplo español no es más edificante. 

Es cierto que, en España, el declive de la calidad de nuestro debate político empezó cuando Aznar desplazó a los socialistas del poder a base de repetir cuatro frases manidas. Pero es también cierto que con el gobierno de Zapatero no ha mejorado la situación de la calidad del debate político porque nuestro debate político (tanto en la selección de los temas, como en los argumentos) se está dirimiendo, huérfanos nuestros partidos de teorías y de intelectuales, en el plano de los sentimientos, no en el de la razón. Cuando Maragall , y con él los nacionalistas y socialistas catalanes, presentaron las razones por las que había que hacer un nuevo estatuto, no argumentaron desde criterios de eficiencia en la gestión de los servicios públicos (con un buen estudio previo de esta eficiencia) o desde un criterio de ampliación de los derechos de los individuos (que podrían ser generalizables al conjunto de los ciudadanos de España a través del grupo parlamentario socialista), sino desde el recuerdo (mítico muchas veces) del pasado, mal llamado memoria histórica, y desde la identidad. Es decir, desde dos razones que pertenecen al ámbito de lo privado, de lo subjetivo: porque la Historia es la que es, pero cada uno tiene sus mitos de ella, por lo que es sencillamente absurdo legislar o gestionar el presente condicionado por ella; y la identidad (hermosa palabra que significa igual) es inobservable y, por lo mismo, no debe pertenecer al ámbito de lo democrático por desigualitario. Los nacionalistas, pues, y aquellos que los siguen en estos temas, sencillamente no argumentan, no dan razones comprensibles, no razonan. De ahí que el debate con ellos sólo se pueda producir en su mismo plano de irracionalidad (como hace, muy maleducadamente, por ejemplo, Jiménez Losantos ). Nuestro debate político se ha contagiado, pues, de una debilidad historicista y de una debilidad nacionalista. Dos debilidades que no sólo marcan la argumentación, sino los mismos temas: nuestro debate político es tan débil que a asuntos de enorme calado presente o futuro (la inmigración, la pobreza, la investigación, la construcción europea, la emergencia asiática o la dependencia energética) apenas se les dedica atención, cuando no están también contaminados por estas mismas debilidades historicistas y nacionalistas. Hasta el mero paso del tiempo y un 14 de abril actúa como razón para suscitar viejos debates en los que nada nos va. 

De esta debilidad de nuestro debate político, tanto en la selección de los temas, como en la argumentación, y esto es lo que me preocupa, no sólo no estamos obteniendo soluciones a los problemas de siempre, sino que estamos obteniendo malas soluciones a los problemas de hoy, al tiempo que, de seguir por este camino, nos vamos a encontrar con nuevos y, en algún caso, con viejos e irresolubles problemas.

Corrupción urbanística

No creo que a nadie le haya sorprendido la noticia de la corrupción en Marbella. Y no lo creo porque cualquiera medianamente informado de los asuntos públicos, especialmente de los municipales, sabe de la generalizada corrupción en la que se mueve la política urbanística. ¿Sólo Marbella? ¿Es que no ha habido corrupción en Ayamonte, en Gibraleón o en Punta Umbría? ¿Es que nadie se está enriqueciendo con la especulación del Parque Natural en Barbate? ¿Es que ningún responsable político viaja entre Algeciras y Estepona? ¿Es que con el hotel en el Cabo de Gata nadie gana dinero con él? Y no sólo en la costa andaluza o murciana o canaria o cántabra o valenciana hay corrupción. Hay corrupción, inmensa y de diverso calado, en casi todas nuestras ciudades. ¿O es que no hay corrupción, grande y con todas sus letras y pequeñas corruptelas, en los pueblos del Aljarafe sevillano, o en Granada, en Orihuela, en las ciudades dormitorio de Madrid o Barcelona o en nuestra misma Córdoba? Tanta corrupción tenemos en el sector de la construcción que urbanismo es sinónimo de corrupción desde el lado de los poderes públicos, como es sinónimo de fraude fiscal y de dinero negro desde el lado de los ciudadanos. Y esto es de todos conocido. Lo sorprendente no es que haya salido ahora lo de Marbella, lo raro es que se haya tardado tanto y que no haya noticias de detenciones todos los días en cualquier lugar de España. 

La corrupción que tenemos en el urbanismo es un grave problema cuyos cimientos son la discrecionalidad en la aplicación de la ley, la falta de transparencia en los procedimientos públicos y la posibilidad de beneficios extraordinarios. Y es que la primera causa de la corrupción viene determinada porque, en realidad, vivimos en una sociedad tan regulada que para hacer cualquier cosa es necesario el permiso político o administrativo de un poder público. 

En España, y es un tópico que no deja de ser cierto, todo lo que no está expresamente autorizado está prohibido, justo al contrario que en las sociedades liberales en las que todo está autorizado salvo que esté expresamente prohibido. De este intervencionismo público y administrativo es del que nace toda corrupción, porque siempre hay algún político o algún funcionario del que depende el permiso último para que una actividad esté conforme a la ley. En este exceso de reglamentación y casuística, contraria a las leyes de grandes principios y a la autonomía personal, es donde se afirma, en primer lugar, la corrupción. 

El segundo pilar de la corrupción es la falta de transparencia de los procedimientos públicos, la lentitud de la administración y la ausencia de mecanismos de control. Y es que la corrupción urbanística sólo es posible si hay la posibilidad de construir sin que nadie pida explicaciones y si nadie actúa ante el incumplimiento. 

La corrupción urbanística sólo es posible si los poderes públicos, entre ellos la administración de justicia, hace la vista gorda o actúa tan lentamente que carece de sentido su actuación. Y, finalmente, la corrupción urbanística es posible porque las plusvalías y los beneficios son extraordinarios, gigantescos. Unos beneficios para todos menos para el ciudadano. 

Pero la corrupción tiene en nuestro país, además de unos cimientos sólidos, una tierra firme sobre la que se asienta: esa ausencia de civilidad que tenemos, que nos lleva a considerar como normal esta situación y a no rechazar a los políticos corruptos, a los empresarios corruptores, a los juristas (abogados, notarios, jueces) que son colaboradores necesarios. Una tierra profunda como nuestra estupidez, porque, al final, lo que ganan los corruptos lo pagamos todos. 

Un nuevo panorama

Tras el anuncio de "alto el fuego permanente" por parte de ETA, se abre un nuevo panorama que puede llevar, en un tiempo no lejano, al fin del terrorismo. Un panorama que va a estar determinado por lo que hagan, principalmente, tanto el Gobierno como la banda terrorista, pues los demás actores son secundarios. 

Los objetivos actuales de ETA son claros y permanentes desde hace años: la constitución de un Estado independiente en un País Vasco mítico, tanto territorial como socialmente, porque incluiría las tres provincias actuales, más Navarra y el País Vasco francés. La novedad es que ahora eso lo quiere conseguir mediante un referéndum y no mediante la violencia (aunque nada dicen de entrega de armas o de disolución), por lo que pide a cambio que se paralicen las acciones policiales contra ellos y se inicie un diálogo que desemboque en una especie de nuevo Plan Ibarretxe . ETA nada cambia en sus objetivos, cambia sólo la forma de conseguirlos, al tiempo que intenta resolver la situación de su gente. Y quiere esto ahora porque tiene problemas de reclutamiento, financiación y logística por las acciones que inició el juez Garzón y que secundó el gobierno Aznar; porque la media de edad de los etarras va creciendo y la vida en la clandestinidad o en la cárcel quema mucho; porque tras la desaparición del IRA y de otros grupos revolucionarios de los sesenta, ETA es un anacronismo ideológico ante el moderno terrorismo religioso y multinacional; porque va perdiendo apoyo social y ya no moviliza a la gente; y, finalmente, porque tras el estatuto de Cataluña y con el talante de Zapatero , la vía "québécoise" hacia la independencia es considerada por los nacionalistas como posible. En estas circunstancias, los etarras han pensado que es ahora cuando pueden conseguir algo, tanto en el plano político como personal, pues dada su tendencia, el paso del tiempo juega en su contra: ETA se ha convencido de su decadencia. Sin que esto signifique que no pudieran causar aún mucho sufrimiento. 

El objetivo del Gobierno y, con él, el de la inmensa mayoría de los españoles, es también conocido y permanente: la desaparición de la coacción terrorista. Y para conseguirlo ha de discernir primero lo que puede y lo que no puede hacer, lo que debe y lo que no debe hacer. En primer lugar, no debe tener prisa, porque mientras los etarras no coloquen bombas, ni extorsionen, ya se está consiguiendo, de hecho, terminar con el terrorismo y aumentar las posibilidades de que sea irreversible. En segundo lugar, debe manifestar inequívocamente que hay temas (por ejemplo, Navarra o la autodeterminación) de los que no es posible hablar, como hay principios democráticos y del Estado de Derecho que no puede vulnerar. En tercer lugar, debe ir fijando condiciones para dar determinados pasos: los retoques a la ley de Partidos para que Batasuna pueda participar en las próximas citas electorales, las medidas de acercamiento (nunca hasta el extremo de llevarlos al País Vasco), los indultos parciales o los permisos de repatriación (siempre que no haya delitos de sangre) o la relajación en la persecución de los delitos antiguos y fuera de la Unión Europea, se pueden negociar en el tiempo a cambio de las armas, la disolución, la condena reiterada del "agotamiento de la vía de la lucha armada" y la comprobación de que ETA no deriva, como el IRA, en una mafia. Si esto se va haciendo, con tiempo, sentido común, unidad y discreción, el resultado puede ser que el terrorismo etarra sea cosa del pasado, y que no se haya pagado "ningún precio político". Sólo quedará compensar, en la medida de lo posible, a las víctimas y que la historia certifique la victoria de los demócratas. 

Irán nuclear

Posiblemente una de las mayores amenazas que tiene la ya de por sí inestable situación política internacional sea la pretensión iraní de dotarse con armamento nuclear. Una pretensión que esconde una lógica geopolítica aplastante. 

Irán quiere armamento nuclear por cuatro razones casi evidentes. En primer lugar, porque tiene las segundas reservas de petróleo del mundo y no quiere correr el riesgo de verse atacado, a largo plazo, por ese petróleo. Y esta tentación la pueden tener no sólo los norteamericanos, sino también los rusos, los chinos e incluso los europeos que somos frontera con ellos a través de la aliada Turquía. En segundo lugar, porque, más a corto plazo, en casi todos los países fronterizos con Irán (Turquía, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e Irak) hay muchos soldados norteamericanos. Y la flota americana del Golfo es la más importante de toda la región. Además, la administración Bush incluyó a Irán en el "eje del mal", lo que supone una clara y permanente amenaza, e Irán sabe que si Irak, como Corea del Norte, hubiera tenido realmente armas de destrucción masiva nunca hubiera sido atacado. En tercer lugar, porque las dos potencias nucleares de la zona, Israel y Pakistán, tienen divergencias profundas con Irán, pero hay una regla no escrita que sostiene que dos potencias nucleares sólo tienen conflictos de baja intensidad por las terribles consecuencias de un conflicto abierto, con lo que dotándose de armamento nuclear, la amenaza israelí se conjura, así como la pakistaní, evitándose así la tentación, que también pueden tener las potencias, de reeditar una segunda guerra contra Irán con país interpuesto como fue la irano-iraquí de los ochenta. Y, finalmente, Irán quiere armamento nuclear porque la historia demuestra que los mecanismos multilaterales de seguridad, empezando por las Naciones Unidas, no funcionan. 

E Irán quiere las armas nucleares hoy por otras razones igualmente importantes: en primer término, porque en los próximos dos años, que son los que necesita para completar su primera generación de armas, los norteamericanos no pueden involucrarse en otra guerra por evidentes razones de capacidad y de oportunidad política. En segundo término, porque estando el petróleo cerca de los 60 dólares, la amenaza a Irán puede provocar una verdadera crisis económica en el mundo. En tercer término, porque en estos momentos en los que la propaganda anti-occidental, a cuenta de las caricaturas, está radicalizando a la población de los países musulmanes, no sería fácil la imposición de sanciones, ya de por sí difíciles por la cuestión del petróleo, so pena de intensificar la escalada de victimismo que sólo favorece a los radicales. Y, finalmente, porque en estos momentos, primer año de mandato del presidente Ahmadineyad, éste está buscando una amenaza exterior para unir a su pueblo, dado que su ascenso al poder fue sorpresivo y generó no pocas resistencias en el seno de la clase media y urbana iraní. 

Las ocho razones anteriores, de necesidad y de oportunidad, explican el hecho de que Irán se va a convertir en los próximos meses en una potencia nuclear. Y este escenario es peligroso porque Irán se convertirá en la primera potencia del Golfo, lo que puede hacerla especialmente agresiva en su política regional, especialmente en Irak, con mayoría chií, y ante las presiones norteamericanas. Porque puede tener la tentación de usar Hezbolá u otro grupo terrorista para imponer sus políticas en la zona, e incluso amenazar a Occidente. Porque la cercanía de bombas nucleares y los mayores yacimientos de petróleo del mundo produce escalofríos en una economía mundial basada en el petróleo. Mucho me temo que este hecho es sólo una manifestación más de que el mundo islámico, con toda su variedad, es un importante actor en la escena internacional. Un actor con el que habrá que saber tratar. Algo que, desde luego, no hemos sabido en los últimos meses. 

Caricaturas

Para una convivencia pacífica en cualquier comunidad son necesarias unas dosis de sentido común y otras de moderación. O lo que es lo mismo, un poco de respeto y, desde luego, una completa ausencia de radicalismo. Y ambas cosas son las que han faltado en la malhadada "crisis de las caricaturas". 

Faltó sentido común y respeto en el diario noruego que hace unos meses publicó las caricaturas de Mahoma. Como ha faltado en el sensacionalista periódico danés o en el semanario francés que las han vuelto a publicar. Y ha faltado el más elemental sentido común y cultura política porque la libertad de expresión, como casi todas las libertades, la tenemos regulada, y ha faltado el más elemental respeto porque las caricaturas se refieren a símbolos de otra cultura. Y es que la libertad de expresión, en todas las sociedades democráticas, termina donde empieza la derecho de considerar sagrado, en un sentido no exclusivamente religioso, un conjunto de bienes morales tales como el honor o el buen nombre, la verdad, la religión o la misma convivencia. Por esos derechos que reconocemos no permitimos que se publiquen fotos de caras de niños, la publicación de mentiras, la mofa de nuestros propios símbolos religiosos o la apología del terrorismo. Y, por eso, los directores de los medios debieron tener en cuenta que, aplicada y aceptada esta norma en nuestra sociedad, tanto más cuidado debieran haber tenido con caricaturas referidas a otra cultura, no a nuestros propios valores que la misma ley protege. Los medios han sido, pues, sencillamente estúpidos. 

Pero dicho esto, también está faltando en la crisis cultura política, sentido común y mesura en la reacción en muchos países islámicos. Una reacción que es inaceptable porque los medios en cuestión se han disculpado (no haciéndolo, en mi opinión con buen criterio, el Gobierno danés en una demostración de exquisito respeto a la autonomía y responsabilidad de los medios de comunicación); porque la primera publicación se produjo hace casi tres meses y el tiempo transcurrido hace dudar de la sinceridad de la reacción; y, finalmente, porque la reacción ha sido anormalmente violenta y más en países que tienen suficientes mecanismos de control de su propia población como para que no hubiera ocurrido así. Y es precisamente esta conversión de un error, todo lo importante que se quiera, en un conflicto político lo que convierte a la reacción por parte de Irán (para justificar su armamento nuclear como necesario para la defensa de la fe) o Siria (para negociar su implicación en el asesinato de Hariri) en una reacción bastarda. 

La crisis de las caricaturas retrata, además, dos preocupantes problemas de fondo. El primer problema es constatar que algunos gobiernos son una caricatura política trazada por el fundamentalismo. Porque si tuvieran sentido de la civilización hubieran protestado diplomáticamente a los embajadores, hubieran aceptado las disculpas y hubieran buscado una solución al problema, aprovechando el arrepentimiento, mediante compensaciones políticas (en forma de permisos y visibilidad de los inmigrantes y de las minorías musulmanas en los países involucrados) y económicas. En vez de esto han preferido la confrontación. 

El segundo problema es la caricatura de Europa unida que hemos percibido. Porque una Europa fuerte y unida hubiera reaccionado deplorando los hechos, ofreciendo una mayor colaboración multicultural, pero rechazando la utilización política de las publicaciones, exigiendo el cese de toda violencia y manifestando la voluntad de defender la libertad de expresión en unos términos justos. En vez de esto, los gobiernos europeos han preferido el silencio, las palabras tibias y la desunión. Muchos conflictos en la historia se iniciaron por hechos nimios o torpes. O por el fundamentalismo de unos y la debilidad blanda de otros. Por caricaturas de gobiernos. 

Un acuerdo surrealista

El acuerdo de la semana pasada entre el PSOE, el tripartito y CiU, que tan profusamente se ha fotografiado y tantas loas ha tenido, es, por lo que conocemos de su articulado, un conjunto de ambigüedades, medias palabras y temas importantes sin cerrar tan grande que, en la práctica, estamos casi como al principio. Sin embargo, sólo con los artículos publicados sobre financiación ya podemos hacernos una idea del surrealismo de la propuesta. Un surrealismo que supera los límites de la democracia y de los conceptos políticos y económicos básicos. 

Y es que en el pacto alcanzado (disposición adicional novena bis) se contemplan los porcentajes de cesión del IRPF, del IVA y los impuestos especiales a Cataluña, pero este acuerdo, que afecta a la financiación de las Comunidades Autónomas del Régimen General, se debe tomar en el Consejo Económico y Financiero en el que están todas representadas, por lo que el PSOE está rompiendo un principio básico y vulnera principios democráticos al ningunear a las demás comunidades. Ya se sabe, en temas de financiación, lo que cuenta es lo que opine la Generalitat. 

Pero la cosa va más allá, hasta llegar al límite del absurdo, en la disposición adicional séptima que regula la inversión del Estado en Cataluña en los próximos siete años. En primer lugar, porque el Estatuto ataría a otra ley, la de Presupuestos Generales del Estado, que es anual, con lo que se le quita flexibilidad a la política de inversiones y soberanía a los representantes que escojamos en la próximas elecciones. En segundo lugar, porque si se territorializa con un criterio fijo la inversión del Estado es como si esta inversión ya no fuera del Estado, sino de las comunidades. Y, finalmente, porque el criterio de territorialización por PIB regional es, desde la racionalidad económica, una soberana estupidez, ya que el objeto de la inversión pública es hacer crecer la renta, el PIB, y hacer disminuir las diferencias regionales, por lo que, si se supone un rendimiento de la inversión constante en todo el territorio nacional, este criterio de inversión dejaría, en el mejor de los casos, las diferencias de renta tal y como están, y, en el peor, las agrandaría. En otras palabras, con esta disposición, reforzada por el artículo 208.5, Cataluña se garantiza que Extremadura y Andalucía nunca tendrán su nivel de renta. 

El resto de los artículos que se han dado a conocer son del mismo tenor de cercanía a las tesis del tripartito, que ha conseguido su Agencia Tributaria en dos años (art. 205), el que se llegue a la cesión de todos los impuestos, salvo las Cotizaciones Sociales y el Impuesto de Sociedades (art. 208.2), que siempre estén protestando según el falaz criterio del "esfuerzo fiscal" (art. 208.3), la bilateralidad en las negociaciones con la Administración Central (art. 214) e, incluso, el que tengan que ir a negociar a Bruselas con el gobierno, pues se les cede la capacidad normativa en el IVA minorista, un impuesto que hoy no existe (disposición adicional undécima). Por eso uno no sabe qué ha negociado Zapatero, de qué se queja ERC y, desde luego, no entiende la satisfacción de Ibarra, Bono o Chaves en el Comité Federal del PSOE. Es decir, sólo en los artículos sobre financiación, la Generalitat ha conseguido todo lo que pretendía, sólo que se le ha puesto un cierto plazo para hacerlo más llevadero a los demás. Si el resto del proyecto se ha pactado con la misma lógica, mucho me temo que el Estatuto sigue siendo lo mismo que al principio: una Constitución de un nuevo Estado a medio plazo y un Tratado de dominación de Cataluña sobre el conjunto de España. 

Lo mismo de todos los años

Posiblemente de todos los problemas que tiene la economía española, que los tiene, sea la inflación el más persistente. La inflación española se debe, y en esto estamos una mayoría de economistas de acuerdo, a un exceso de demanda global sobre una oferta que no se adapta. La demanda crece más deprisa de lo que crece la oferta. Un crecimiento de la demanda que se debe, esencialmente, a tres causas: el crecimiento del número de familias por la inmigración; el crecimiento de la renta familiar media por la disminución del paro (más salarios por familia, no mejores salarios unitarios); y, finalmente, el crecimiento del nivel de endeudamiento de las familias por efecto de la creencia, que comparten los bancos, de que, dados los precios de la vivienda, el patrimonio inmobiliario tiene un alto valor y va ser igualmente alto en el futuro. Las familias españolas, que confían en unos tipos de interés relativamente moderados, no tienen ningún incentivo, ni siquiera en un horizonte lejano, para ahorrar. Dicho de otra forma, los españoles consumimos porque nos endeudamos, y lo hacemos porque confiamos en el futuro. 

El problema no es de demanda, el problema es que la oferta española de bienes y servicios no se ha adaptado a su demanda. De ahí vienen no sólo los problemas de inflación, sino los que tenemos de balanza de pagos y los que seguimos teniendo en el mercado de trabajo. Y el problema que tenemos en nuestros mercados es, esencialmente, un problema de competencia. En gran medida, porque ni la sociedad civil, ni, desde luego, nuestros responsables políticos, saben qué es la competencia. 

La competencia es una situación de relación social en la que dos o más sujetos aspiran a obtener una misma cosa. Una misma cosa que, en el caso de un mercado, es que un consumidor compre un bien determinado y no el producido por otro. Así pues, la competencia es una característica que ha de percibir el consumidor, por lo que es necesario que le lleguen varias ofertas que sean comparables. El grado de competencia no está relacionado, pues, directamente, como cree una mayoría de gente, con el número de empresas que producen un determinado bien, sino con las que concurren por el conjunto de los consumidores. De hecho, hay mercados con muchas empresas que mal compiten porque tienen el mercado segmentado por zonas, mientras que hay mercados con pocas empresas con una competencia feroz. Y el antiguo mercado de la cerveza es paradigmático de estos mini-monopolios de facto: en Córdoba sólo se podía beber Aguila, en Sevilla Cruzcampo y en Madrid Mahou. Por el contrario, el mercado de la telefonía móvil con sólo tres operadores es un buen ejemplo de un mercado competitivo. 

Las condiciones de competencia, por otro lado, condicionan las características de las empresas. Así, mercados muy competitivos fuerzan a las empresas a una constante innovación, bien para añadir valor o calidad a los productos, bien para abaratar los costes de producción. Y eso lleva, en muchos mercados, a que las empresas tengan que adquirir un tamaño determinado para poder competir o a que busquen constantemente la innovación. Con lo que llegamos al meollo de la cuestión de porqué tenemos una oferta inadecuada a la creciente demanda española. Y es que puesto que no hemos creado condiciones de competencia en muchos de nuestros mercados, tenemos muchas empresas débiles de puro pequeñas y atrasadas. Empresas que no son capaces de competir no sólo en los mercados exteriores, sino que están perdiendo el partido incluso en casa. Empresas que no creen en la innovación. Empresas que sólo acuden a la administración para pedir subvenciones y no para aprovechar las oportunidades de expansión que ésta les brinda. Empresas pequeñas, débiles y poco arriesgadas que configuran nuestro tejido productivo. Y, aunque hay excepciones, es esto lo que hace vulnerable a la economía española: su tejido productivo. Y siento ser tan duro, pero creo que es necesario ser políticamente incorrecto de vez en cuando. Aunque sólo sea para no que tener que repetir todos los años un artículo sobre inflación.