Una de las peores consecuencias que está teniendo el nacionalismo fundamentalista es el de intentar referir todo hecho social a las unidades territoriales menores que componen una economía. Es la absurda moda de territorializar (horroroso verbo, por cierto). Últimamente, cuando se analiza cualquier aspecto de nuestra economía o de nuestra sociedad, los datos no sólo se dan en un nivel de agregación nacional, sino que también se refieren a las comunidades autónomas. Y esto, que puede ser relevante para analizar algunas variables, es, en la mayoría de los casos y especialmente en el caso de los gastos públicos, poco relevante. Una irrelevancia que llega al absurdo, desde el punto de vista de conocer la realidad, pero que tiene una gran importancia porque los políticos toman decisiones basados en estos análisis. Y de ahí viene el que muchas políticas no sólo no resuelvan determinados problemas, sino que los perpetúen.
Esta irrelevancia está contagiando el análisis de las políticas públicas de tal forma que cuando analizan el gasto social, el sanitario o el educativo, nuestros políticos se fijan siempre en la comparación del gasto correspondiente con otras economías o comunidades para llegar a la conclusión de que gastamos poco, deduciendo, inmediatamente, que la solución es aumentar el gasto, sin reflexionar sobre si el gasto que se realiza beneficia a los que tiene que beneficiar o si hay ineficiencias en la forma de gestión del gasto.
Tenemos la idea de que el gasto público en educación o en sanidad es igualitarista porque beneficia a todos los ciudadanos (jóvenes o enfermos) por igual y así lo recoge la ley. Pero con un ejemplo podemos ver que esto no es así. Supongamos cien niños y niñas de la misma edad en dos barrios diferentes (por ejemplo, Poniente y el Polígono del Guadalquivir) que inician su vida escolar. Tienen la posibilidad de cubrir todo su proceso de formación hasta terminar con un título universitario en la enseñanza pública. Cuando cumplan dieciséis años habrán terminado la ESO casi la totalidad de los niños y niñas de Poniente, mientras que unos 15 de los del Polígono del Guadalquivir no lo habrán conseguido. De los de Poniente cerca de 70 iniciarán el Bachillerato, mientras que unos 45 del Polígono continuarán los estudios. Finalmente, alrededor de 60 de Poniente llegarán a la Universidad, de los que terminarán con un título unos 45 (25 mujeres y 20 hombres), mientras que de los 50 del Polígono sólo habrán accedido a la Universidad unos 20, terminando sus estudios sólo 13 (8 mujeres y 5 varones). Si nos preguntamos el porqué de estas diferencias, es evidente que hay muchos factores que las explican, pero no es menos obvio que las diferencias de renta familiar condicionan la probabilidad de obtener un título universitario. Con lo que podemos llegar a concluir que el gasto educativo público favorece, al final, más a las clases más altas que a las más bajas porque el total recibido por los cien niños de Poniente cuando llegan a los 23 años es mucho mayor que el total de gasto recibido por los cien niños del Guadalquivir. Lo que generalizado al conjunto del sistema nos lleva a concluir que el Estado del Bienestar público a quien realmente beneficia no es a los marginados o a los más pobres, sino especialmente a las clases medias y altas que pueden acceder a sus servicios.
Dicho de otro modo, siendo importante saber que los alumnos universitarios catalanes reciben alrededor de un 20% más que los andaluces, es, en mi opinión, mucho más relevante saber, que a la universidad, en ninguno de los dos sitios, llega a acceder ni un 5% de jóvenes de los barrios marginales, mientras que los jóvenes de clase media acceden en una proporción superior al 50%.
Y son estas las cosas que tendrían que saber los políticos que se dicen de izquierdas si no se hubieran puesto las opacas gafas nacionalistas.
13 de noviembre de 2006
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