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martes, 23 de julio de 2013

Explicaciones, ya

La democracia no es solo un conjunto de derechos individuales inalienables y la posibilidad de elegir a aquellos que nos gobiernan. Es también un proceso de toma de decisiones y de rendición de cuentas. De ahí que el nivel de democracia de un sistema político, su calidad democrática, se mida por el número y profundidad de los derechos que se ejercen realmente, por las posibilidades reales de cada uno de los ciudadanos de ser elegido para un cargo, por la transparencia y participación con la que se toman las decisiones, se rinden cuentas y se asumen responsabilidades. Una democracia, como la española, en la que los derechos se ejercen con mucha dificultad (y siempre desigualmente), los partidos sustraen la posibilidad real de ser elegido y no hay transparencia ni en la toma de decisiones, ni en la rendición de cuentas, es, siento decirlo, de muy baja calidad. 

Una calidad democrática que se deteriora cada día un poco más por la actitud del presidente Rajoy de despreciar uno de los más elementales principios democráticos: la rendición de cuentas, pública y continua ante la opinión a través de los medios, y en sede parlamentaria ante los representantes del pueblo. Es un desprecio a la democracia que un presidente no conceda ruedas de prensa (salvo cuando viene un mandatario extranjero), que no admita preguntas, que no responda a lo que se le pregunta y, lo que es peor, que no quiera ir, y se le consienta no ir, a las Cortes para darle cuentas a los representantes legítimos del pueblo español. En Estados Unidos, por ejemplo, las comunicaciones del presidente Obama a la nación son semanales y, solo el año pasado, dio 42 ruedas de prensa sometiéndose a todo tipo de preguntas. En Inglaterra, el primer ministro Cameron dio el pasado año 30 ruedas de prensa y se sometió a más de 200 interpelaciones parlamentarias. En Alemania, la canciller Merkel dio 23 ruedas de prensa... 

Pero no es solo que el presidente no quiera dar explicaciones, es que, encima, la vicepresidenta Sáez de Santamaría nos dice a los españoles que las dará "cuando y como él considere oportuno". Con lo que el Gobierno nos trata como si fuéramos niños chicos a los que se les puede decir qué pueden preguntar, qué es importante y qué no, y cuándo han de preguntarlo. Parece como si el presidente del Gobierno fuera una especie de "jefe" de los españoles y la ciudadanía pobres súbditos que hemos de expresar lealtades incondicionales. Y, lo siento, pero en una democracia el "jefe" es la ciudadanía, no el presidente. No votamos un "dictador benevolente" cada cuatro años. Y este ciudadano que soy quiere explicaciones. 

Las explicaciones que quiero hoy no se refieren a la "flor de invernadero del crecimiento", sino a si el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. Como quiero saber si esta financiación dio ventajas en las licitaciones públicas a determinadas empresas. Como quiero saber qué empresas y particulares fueron los que dieron el dinero, a quién lo dieron y qué consiguieron con ello. Y quiero saber si el presidente Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular cobraron sueldos en negro defraudando a Hacienda. Sencillamente, quiero explicaciones. Y estoy en mi derecho de quererlas ya. 

Y quiero explicaciones porque quiero formarme una opinión sobre el perfil moral de quienes me gobiernan, sobre la credibilidad de sus palabras, sobre su grado de hipocresía y cinismo. Quiero hacerme una idea de la podredumbre de nuestra vida pública. Quiero saber en qué grado de mentira hemos estado viviendo. 

Por eso exijo explicaciones del presidente del Gobierno ya. Y exijo que pidan esas explicaciones los parlamentarios del Partido Popular que nos representan en Madrid y que, de momento, no las piden por disciplina de partido. Y digo exijo, y no ruego, porque soy un ciudadano, no un súbdito… y ya estoy harto de que se me trate como a un inferior. 

lunes, 8 de julio de 2013

Un informe prescindible

Esta semana pasada se han presentado dos documentos importantes. El primero, un informe FAES, el think tank del PP que preside José María Aznar, se titula "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo", y en 218 páginas pretende orientar la reforma fiscal que se avecina; el segundo, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE, se llama "Hacia una estructura federal del Estado", y en 24 páginas nos dice cómo propone el PSOE reformar la Constitución. Como el primero marcará la próxima reforma fiscal, será el que analice hoy. 

El documento que presentó Aznar el martes pasado se articula en un prólogo, siete capítulos y unas conclusiones. Y ya desde el mismo índice se ve el hilo argumental del documento, pues el primer capítulo se dedica a los "costes de la imposición"; el segundo a la relación entre "impuestos y crecimiento económico"; el tercero a la "reforma del IRPF"; el cuarto a los rendimientos del "capital"; el quinto a la fiscalidad "empresarial"; el sexto, a la "imposición indirecta", y, el séptimo a la "imposición de la riqueza". O sea, que desde el principio, el informe, que se pretende "científico", está orientado a sostener las ideas bajo las que se encargó: que pagar impuestos es "malo"; que si se pagan impuestos se ralentiza el crecimiento; que el IRPF hay que simplificarlo; que hay que reducir la fiscalidad al capital y a las empresas; que hay que aumentar la imposición indirecta (con el hallazgo de que es ¡progresiva!); que hay que eliminar los impuestos que gravan la riqueza, porque invitan a una "vida desenfrenada" (pág.201). Es decir, el informe FAES dice lo que Aznar y Esperanza Aguirre vienen diciendo desde hace años en un ejercicio de escolasticismo pseudocientífico. Un informe prescindible, con una desproporción asombrosa en el análisis de los impuestos que pagan las familias que poseen capital frente a las que solo viven de su salario (mayoritarias en España); incompleto, porque no hay un capítulo para las cotizaciones sociales, cuando tienen una incidencia evidente en el empleo y suponen el 38% de la recaudación; y muy parcial, porque no hay ninguna referencia al gasto público que es la causa última de la imposición. 

Una lectura reposada del informe nos lleva a encontrar perlas asombrosas. Así, el primer capítulo, tras 30 páginas de cientifismo económico, solo llega a la conclusión, de manual de microeconomía de primero, que pagar impuestos genera costes y distorsiona el comportamiento de los agentes. El segundo se esfuerza en documentar que los impuestos directos tienen más influencia en el comportamiento económico que los indirectos, lo que es también evidente porque los directos los percibimos claramente y gravan la totalidad de la renta generada y los indirectos no, para llegar a la conclusión de que hay que subir la imposición indirecta (en lo que ya se aplica el ministro Montoro). 

De los otros capítulos, dos son los más reseñables, por la importancia relativa de los impuestos, y contienen ideas incalificables, especialmente respecto a la progresividad o distribución de la carga impositiva. Así, en el capítulo sobre el impuesto de la renta, se despacha el tema de la progresividad con un par de párrafos (pág. 93) y el aserto de que la redistribución de la renta ha de hacerse a través del gasto público (cuando hay evidencia en lo contrario). Mientras que en el capítulo sobre la imposición indirecta se llega a afirmar, en la página 180, sin pudor ninguno, que los impuestos indirectos en el caso español son ¡"ligeramente progresivos"! De la suma de las dos ideas, se puede deducir que la progresividad del sistema no les importa. En definitiva, el informe FAES son 218 páginas de cháchara que solo buscan justificar lo que, a priori, quería el que mandó hacer el informe. Lo malo es que con estas páginas de cháchara el Gobierno hará una reforma fiscal que afectará negativamente al crecimiento, al empleo y, más grave, a la cohesión social española.