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miércoles, 20 de junio de 2018

El Gobierno Sánchez

Reconozco que Pedro Sánchez me ha sorprendido favorablemente, pues la primera decisión importante que ha tomado, formar Gobierno, ha sido, al menos en mi opinión, muy inteligente. Más aún, hasta uno de los pocos errores que cometió le ha salido, por una casualidad, bien, pues Guirao es mucho más ministro que Huerta. 
 
La formación de Gobierno es realmente la gran decisión de un presidente, pues con ella, además de hacer una declaración de intenciones y mandar mensajes a la ciudadanía, constituye el equipo con el que puede ejercer el poder. 
 
Un análisis somero del Gobierno a partir de los curricula públicos de sus miembros (y basta una hoja de cálculo) nos da muchas pistas de los objetivos del presidente Sánchez. 
 
En primer lugar, es claro que este es el primer Gobierno español montado para ganar unas elecciones a medio plazo, no para gobernar ahora. Y este objetivo está claro pues este Gobierno está hecho para marcar la agenda política, para traer al debate público otros temas que no son la crisis económica (que se da por superada y en el que tendría ventaja el PP) y que preocupan especialmente a la clase media, urbana, de edad mediana o joven. Este es un Gobierno en el que los temas que se quieren tratar son los que han escogido a los ministros, un Gobierno trending-topic, montado por un equipo experto en perfiles psicológicos a partir de las tendencias sociales que se manifiestan en las redes. Este Gobierno, con 11 mujeres, no es explicable sin el éxito de la movilización del 8 de marzo, sin el intento de ganar el voto femenino. 
 
Como este Gobierno no es explicable sin Cataluña: Borrell no hubiera sido, a sus 71 años, ministro de Exteriores sin el discurso de la manifestación del 8 de octubre del pasado año. Como Carmen Calvo no hubiera sido vicepresidenta si no hubiera sido la negociadora con Soraya Sainz de Santamaría la aplicación del artículo 155. Ni es explicable Batet sin el intento de arañar votos en Cataluña. Ni es explicable este Gobierno sin la tendencia ecológica que se manifiesta en los nombramientos de Reyes Maroto y Teresa Rivera, junto con el mismo Borrell. Como no sería explicable la presencia de tres juristas (dos jueces y una fiscal) si no hubiera encuestas que señalan que los jueces son uno de los colectivos con mayor credibilidad ante la ciudadanía. Como Pedro Duque es ministro, y lo fue Màxim Huerta, por sus posicionamientos públicos, no porque tenga experiencia en gestión de ciencia o de universidades. 
 
Y, junto a las tendencias líquidas, la política sólida, de siempre. Con el nombramiento de Nadia Calviño y de Luis Planas (y Borrell), se manda un mensaje de tranquilidad a Europa y se le dice que se va a mantener la política de consolidación fiscal y de reformas. De la misma forma, con el nombramiento de Celaá y de Monzón se vuelve a posiciones ideológicas en los campos de la educación y la sanidad. Como con el nombramiento de Montero se lanza un mensaje al mismo PSOE, especialmente al andaluz, de suficiencia. Un mensaje que se le ha reforzado a los barones y cuadros del PSOE con los nombramientos de independientes, diciendo que el que se movió no «saldrá en la foto», salvo que haga méritos ahora. 
 
Pero más allá de lo que nos dice la composición del Gobierno, este es un Gobierno para unas elecciones, porque cambiados los temas de la agenda política, el segundo objetivo del Gobierno será encarar las elecciones municipales y autonómicas, primer test serio de las posibilidades de un nuevo Gobierno Sánchez. Y es que con 85 diputados de 350 diputados (24%) y 62 senadores de 266 (23%), un presupuesto aprobado para el año que viene y tres partidos en la oposición, este Gobierno no está pensado para gobernar, sino para calentar las primeras elecciones post-crisis y tener posibilidades de ganarlas allá por el otoño del año que viene. Durar más allá, sería un milagro. 
 
20 de junio de 2018

lunes, 4 de junio de 2018

Elecciones, por favor

Aunque sea recurrible, la sentencia del caso Gürtel no deja lugar a dudas: el Partido Popular se financió ilegalmente con prácticas corruptas; bastantes y muy relevantes personas se enriquecieron ilícitamente; y otras, especialmente los que tuvieron cargos en el partido, entre ellos el anterior presidente, el señor Aznar, y el actual presidente del partido, Mariano Rajoy, o lo consintieron o, en el mejor de los casos, no establecieron los mecanismos de control, como era su obligación, para que no ocurriera. Como, además, todo esto se ha investigado y conocido mientras el PP ha estado en el Gobierno, su política de negación, inacción, obstrucción e intoxicación, lejos de minimizar los efectos de esta corrupción, los amplifica. En definitiva, el PP se ha demostrado un partido que no es digno de confianza (y lo siento por los cuadros y afiliados que sí lo son), como no lo es el señor Rajoy, ni la mayoría de los cuadros del partido en la dirección nacional. Además, no han mostrado la diligencia debida para poner en conocimiento de la opinión pública lo ocurrido, pues, ni han hecho un informe de auditoría transparente, ni han aportado datos en la Comisión parlamentaria, ni han colaborado con la Justicia (y el caso de los discos duros es llamativo). Tampoco han mostrado arrepentimiento, ni repugnancia, ni la eficacia exigible para reconocer los hechos, repudiarlos y atajarlos, por lo que, en conclusión, no eran dignos de seguir gobernando. Más aún, no eran dignos de seguir gobernando porque ni siquiera son conscientes, a tenor de sus declaraciones (algunas de malos leguleyos como las de la secretaria general, la señora Cospedal) de lo que significa la sentencia. 

Una sentencia así, en cualquier democracia saludable (si es que queda alguna), que establece la corrupción del partido del Gobierno e involucra al presidente del partido y del Gobierno, hubiera tenido, como primera consecuencia, una declaración pública de explicaciones, y, a continuación, una dimisión inmediata. Una dimisión inmediata y convocatoria de elecciones, pues las elecciones sirven esencialmente para saber en quién deposita la ciudadanía su confianza. Sin embargo, el señor Rajoy, en un acto reflejo, se enrocó. Lo que ha aprovechado un oportunista como Pedro Sánchez para ser presidente. 

La legitimidad del señor Sánchez para ser presidente es indudable, pues ha tenido la mayoría de la Cámara, pero eso no es lo mismo que tener la confianza de una mayoría de los ciudadanos. El señor Sánchez no ha sido investido presidente del Gobierno porque haya concitado el apoyo de una mayoría, sino porque, en el sistema de moción de censura (lo de constructiva habría que verlo) el presidente Rajoy ha concitado más oposición. Estar en contra de algo solo implica apoyar lo contrario si no hay nada más que una alternativa. Es evidente que el señor Sánchez presentó su moción con un claro cálculo electoral: gana la visibilidad que no tiene por no ser líder de la oposición (y que le estaba arrebatando el señor Rivera) y tiene la posibilidad de llevar iniciativas que refuercen su discurso, al tiempo que refuerza el apoyo dentro de su propio partido, pues nada une más que el poder. Más aún, en caso de que perdiera las próximas elecciones, la posibilidad de tener mejor resultado que en las anteriores y no verse superado por Podemos le garantiza la continuidad en la Secretaría General del PSOE. El señor Sánchez tiene ahora oportunidades personales que hace un mes las encuestas no le daban. Por eso es presidente del Gobierno. 

Pero es un presidente que no fue el más votado en las urnas. Un presidente que tuvo el 22,6% de los votos y que cuenta con solo 85 diputados. Por eso, en cualquier democracia decente (si es que queda alguna), el presidente Sánchez se sometería al veredicto de las elecciones de tal forma que la ciudadanía pueda darle su confianza. Necesitamos, pues, elecciones cuanto antes. Llegar a ser una democracia decente lo reclama, por favor.

4 de junio de 2018