Por fin, la semana pasada el Gobierno se enteró de que estamos en crisis. Somos un país tan formalista que parece que la realidad no existe hasta que está impresa en el BOE. Ahora, con una caída del PIB prevista por el Gobierno del 1,6% y un déficit público del 5,8% (Solbes no hizo ninguna referencia al paro, aunque sí a la de inflación), estamos definitivamente en crisis.
Una crisis que es mucho más profunda y grave de lo que las cifras pueden dar a entender, pues si con una expansión fiscal del 5,8% del PIB y unos tipos de interés del Banco Central del 2% se prevé una caída del PIB superior al 1,6%, ¿qué caída tendríamos sin estas medidas? Seguramente de entre un 3,5 y un 4%, ya que una parte del déficit se debe a un menor ingreso por la caída del consumo y del empleo, pero otra se debe a un mayor gasto por las medidas de expansión de las administraciones públicas. Dicho de otra forma, si el crecimiento de un componente del PIB, el consumo público, crece como para generar una parte importante de ese déficit del 5,8% y, aun así, el crecimiento del conjunto del PIB cae, eso solo puede significar que los demás componentes del PIB (consumo privado e inversión) están cayendo mucho más que ese 1,6%. Luego la crisis en el sector privado de la economía es mucho más profunda de lo que las cifras reflejan. Esto, además, es grave, porque del nivel de daño de nuestro tejido productivo privado, de la situación real de nuestras empresas, depende el nivel de empleo y, con él, el nivel de actividad económica en los años sucesivos.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha decidido, en el campo de la política macroeconómica que depende de él, la política fiscal, hacer una política muy expansiva como lo manda la ortodoxia keynesiana. El problema es que, mezclado con la expansiva política monetaria que está haciendo el Banco Central Europeo, esta política fiscal solo se puede mantener unos pocos años porque, con el tiempo, se produce una incompatibilidad entre las dos políticas. Una economía que mantiene un alto déficit público y una caída de la actividad ve crecer su deuda pública en la misma cuantía que la suma de ambas tasas. En el caso español, nuestra deuda pública crecerá este año un 7,4% del PIB, con lo que llegaremos al 50% del PIB (después de haber estado por debajo del 40% hace solo un par de años). Esta situación hace que el sector público absorba una parte creciente del ahorro de la economía, detrayéndolo de la financiación para el sector privado y encareciendo los tipos de interés para los proyectos de inversión, lo que hace más difícil la vuelta a una senda de crecimiento. Más aún, y es un peligro que ahora no nos preocupa pero sobre el que siempre hay que estar vigilantes, las políticas expansivas de corte keynesiano llevan normalmente aparejadas inflación en el medio plazo. Por ambas razones, por la relación entre deuda y tipos de interés (al que los economistas llamamos "efecto crowding out") y por las posibles tensiones inflacionistas, altos déficits públicos y bajos tipos de interés son incompatibles en el largo plazo, por lo que haríamos bien en empezar a pensar en otras alternativas de política económica que nos lleven a menos déficit.
El Gobierno ha certificado, por fin, que estamos en crisis y ha tomado, macroeconómicamente, las medidas que había que tomar. Ahora solo falta que haga una política microeconómica que empiece a atajar, de verdad, la crisis, porque mucho me temo que si solo hace lo que está haciendo la situación se prolongue otro par de años como mínimo. Aunque, sinceramente, dudo que sea capaz de reaccionar antes de final de año, sobre todo si tengo en cuenta que para reconocer la evidencia ha necesitado casi año y medio.
19 de enero de 2009
