Europa en la crisis

En la crisis económica que estamos viviendo, que pronto se convertirá en social y política, Europa es la gran ausente. Y digo bien y precisamente lo que quiero decir: Europa está ausente. Porque Europa, la idea de una Europa federal, unida y con voz en el mundo, está secuestrada por la política de los países europeos y de sus relaciones multilaterales. La economía europea crece, en conjunto, más lentamente que la del resto del planeta y tiene convulsiones monetarias no porque no tenga capacidad para salir de la crisis o porque tenga más dañados sus sistemas, sino porque no percibe su propia crisis política y económica. Europa no está haciendo nada como conjunto, con lo que se alarga la crisis de sus economías y el resultado final será profundizar su propia crisis política, condenándola a una eterna irrelevancia, ya que no a su desaparición. 

Europa, como idea y como conjunto, está ausente de la crisis, en primer lugar, porque los europeos, tras el fracaso de la Constitución europea, hemos mantenido unas estructuras de toma de decisiones obsoletas. La estructura de un Consejo Europeo en el que se representan los intereses de los países y se forman coaliciones de interés, una Comisión Europea con sólo poderes limitados y sin responsabilidad directa ante la ciudadanía y un Parlamento cementerio de elefantes lleno de políticos amortizados no es viable para tomar decisiones relevantes en una situación como la que vivimos y al ritmo de actividad del mundo del siglo XXI. Europa necesita, en primer lugar, no un retoque al muerto Tratado de Lisboa, Europa necesita realmente una Constitución que determine nuevas estructuras de gobierno. 

Pero aún con estas estructuras caducas, Europa hubiera podido funcionar, como hizo con otras peores en el pasado, si al frente de ellas y de los distintos gobiernos hubiera líderes reales con ideales europeístas. La distancia que hay entre Delors y Barroso es sideral, como lo es la que separa a Kohl de Merkel, a Mitterrand de Sarkozy o a Zapatero de Felipe González. Hoy estamos gobernados por mediocres en cuyo programa no hay una clara idea de Europa. 

Parte del problema viene, y es la tercera causa de la incapacidad de Europa ante la crisis, de que la política europea se enfoca, en no pocos países, desde una perspectiva nacionalista miope: Europa es un lugar en que hay que ir a "sacar algo", en el que se "sirven mejor los intereses de cada país" no construyendo Europa, sino con las cortas miras de quedar en algo mejor ahora. Fue Thatcher la que empezó con esta miopía en los ochenta, pero la enfermedad se contagió de tal modo que hubo un tiempo, el anterior a este que vivimos, en que políticos miopes como Chirac o Aznar profundizaron en esta visión, criticando cada cesión en la construcción europea y justificando ésta no por los beneficios a largo plazo de ser unos Estados Unidos de Europa, sino por los resultados a corto plazo para su país. Aznar se comportó en Europa, curiosamente, con la misma lógica que los nacionalistas periféricos españoles: territorializando todo, mirando miopemente sus intereses, negando Europa. En el fondo, existe el problema de que en Europa no hay europeístas, sino pseudo-europeos que se "conllevan". 

Si no tenemos estructuras para el conjunto, si tenemos líderes mediocres y una percepción de Europa miope, mal puede tener Europa conciencia de que la crisis es propia, como mal puede articular una política económica coherente ante ella. Por eso Europa está ausente y reacciona mal y tarde ante los problemas. 

En esta crisis Europa está en la encrucijada. Porque existe la oportunidad de que consideremos a Europa como la vía de salida de la crisis como lo fue en la de los setenta y profundicemos en Europa. Pero también existe el peligro de que veamos a nuestros socios europeos como una carga. El primer camino lleva a una nueva Europa, el segundo a la mera irrelevancia. 

Sistema educativo

En esta semana pasada se ha vuelto a publicar el informe PISA. Y sus resultados, tanto para el conjunto de España como para nuestra comunidad, han vuelto a ser desastrosos. Nuestro sistema educativo básico, comparativamente con los de nuestros socios de la OCDE, funciona mal. Y es un hecho objetivo que exige, en mi opinión, un análisis no sólo más profundo, sino más diverso del que se ha producido. 

Para empezar, es necesario considerar que la educación, la trasmisión de conocimiento y valores, especialmente a la generación siguiente, se puede tratar de muchas formas, porque tiene dimensiones psicológicas, ideológicas, políticas, sociales y económicas. Unas dimensiones que no mide PISA, pues este estudio (véase en www.pisa.oecd.org) sólo dice, esencialmente, qué habilidades lectoras tienen nuestros adolescentes y qué nivel de conocimientos de matemáticas y de ciencias han adquirido. Unos campos que están relacionados, pues sin saber leer difícilmente se puede haber aprendido algo sobre ciencias. PISA mide, del conjunto de la educación, unos aspectos importantes y claves, pero no todos. Como los mide sólo en un momento temporal del proceso educativo, la adolescencia. Afirmando la importancia del informe, creo, sin embargo, que para analizar una actividad tan nuclear como la educación son necesarios muchos más datos, estudios más longitudinales (en distintos momentos educativos), con muestras más homogéneas. Sólo así tendríamos una visión más clara de cómo es nuestra educación. 

Más aún, hay un aspecto en el que el análisis es poco consistente, y es que no se considera la educación como el resultado de un proceso complejo en el que actúan más elementos que la escuela y algunos difusos elementos sociales. En mi opinión, hay tres sistemas que nos educan a lo largo de nuestra vida, participando más o menos intensamente en cada momento: la familia, la escuela y el entorno social (la "calle"). La familia es el primer agente educador que, a medida que vamos creciendo, va perdiendo importancia para transferirla, primero, a la escuela y, después, a la "calle". En los primeros quince años de nuestra vida, la educación no es sólo responsabilidad de la escuela, sino más determinantemente de la familia. Como en los siguientes quince siguientes tiene la escuela (Instituto, Universidad) un papel mucho más importante que la familia, al tiempo que el entorno social (amigos, medios de comunicación, trabajo, etc.) va adquiriendo protagonismo. Así pues, analizar los resultados PISA como resultados de la escuela y sus elementos (profesorado, organización, leyes, etc.) y no introducir a las familias como corresponsables de estos resultados es hacer un pobre análisis. Y basta un razonamiento sencillo: para que un joven de 15 años comprenda lo que lee ha debido de aprender a leer en la escuela, pero ha debido entrenar esa habilidad, no sólo en la escuela, sino en su tiempo en familia. En una familia en la que no hay libros, en la que los padres no leen, en la que los niños nunca leen un cuento en voz alta o no se valoran los conocimientos adquiridos en los libros, es mucho más probable que sus hijos adolescentes de 15 años no tengan la habilidad de la lectura comprensiva que en un entorno familiar justo al contrario. Dicho de otra forma, si, a igualdad de horas de lectura en clase, unos leen y otros no, lo más probable es que el problema, además de las diferencias personales, esté en el entorno familiar. Y más en un entorno familiar dimisionario en esta tarea educativa, pues su parte de responsabilidad se la suele ceder al otro agente educador: el entorno social. Un entorno social que, en edades tempranas, se reduce a la televisión y a las consolas. No, no educa sólo la escuela. También educa la familia y la sociedad en su conjunto. Si el informe PISA nos habla de desastre, mucho me temo que hay que buscar responsabilidades no sólo en la escuela, sino más allá de la escuela. O no resolveremos nunca la triste realidad que nos refleja. 

No somos Grecia, ni Irlanda, pero...

El rescate de Irlanda ha vuelto a poner nerviosos a los inversores internacionales (mal llamados "mercados"), a los Gobiernos y políticos de toda Europa y a la opinión pública. Y hay razones para este nerviosismo que es necesario explicar. 

España se parece a Grecia en su falta de credibilidad de la política fiscal. El gobierno griego mintió a la opinión pública y a sus socios en sus cuentas. Arrastrando una deuda pública gigantesca (más del 110% del PIB), los griegos se permitieron el lujo de hacer obras de infraestructuras poco rentables (casi todas las de las Olimpiadas), darse derechos como reducción de la edad de jubilación, mantener servicios públicos deficitarios o ampliar sus fuerzas armadas. Todo ello con un sistema fiscal insuficiente, con un alto fraude y un sistema administrativo corrupto. Esta situación producía un permanente déficit público que alimentaba más deuda que, a su vez, generaba más deuda. Con la crisis, esta política se hizo insostenible y los inversores desconfiaron de que los griegos pudieran seguir pagando, lo que desató la crisis griega de mayo. 

También España se ha comportado, en parte, como Grecia. Hemos hecho obras de infraestructuras poco rentables ("olimpiadas" de Madrid, etc.) y con duplicidades; hemos permitido reducción real de la edad de jubilación e incrementando las pensiones; hemos mantenido servicios públicos ineficientes a precios irrisorios y, nosotros, en vez de ejército, hemos multiplicado por 17 los costes en las autonomías, de cuyas cuentas desconfiamos porque hay deuda oculta en la administración paralela. Como tampoco tenemos un sistema fiscal suficiente, estábamos entrando en una espiral de deuda. Lo que nos diferenciaba y diferencia de Grecia en positivo es que nuestro nivel previo de deuda era la mitad que el griego. Lo que ponía nerviosos, sin embargo, a los inversores y a Alemania era el tamaño de nuestra economía: salvar a España (de ser necesario) no era una cuestión de 70.000 millones, sino de 700.000. Por eso se dimensionó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) en esa cantidad y se obligó al Gobierno de España al viraje de política económica. 

El caso irlandés es diferente. La economía irlandesa, también más pequeña, es mucho más productiva que la española. Su sistema público estaba razonablemente dimensionado. El problema irlandés ha sido su banca. Mal regulada y administrada había alimentado una burbuja inmobiliaria gigantesca, captando ahorro exterior (igual que España). Ante la crisis inmobiliaria, su banca ha quebrado y ha necesitado un fondo de rescate público de 100.000 millones. El problema bancario se ha convertido así en un problema fiscal, en un déficit público del ¡30%! del PIB. Un problema que necesita del FEEF, pero que supone un ajuste durísimo con despidos de funcionarios y subida de impuestos. Lo irritante del caso es que los bancos irlandeses en ruina ¡pasaron los exámenes de mayo de la banca europea! 

Las similitudes con España son, en principio, pocas, si no fuera porque en España también hemos tenido una burbuja inmobiliaria, que aún no hemos aflorado en los balances de nuestras instituciones financieras. Una burbuja inmobiliaria que, de reconocerse, quebraría muchas entidades, costando más de 150.000 millones al sector público. O sea, un déficit público extra de casi el ¡15! de nuestro PIB. Y también nuestras instituciones pasaron los exámenes. Por eso son necesarias las fusiones calientes de cajas con despidos y ajuste. 

Por estas similitudes con Grecia e Irlanda es por lo que los inversores y Europa (Alemania especialmente) están preocupados por España. Una preocupación que se agranda por la falta de credibilidad de Zapatero (que no comprende la situación), porque tenemos una tasa de paro del 20% (una particularidad grave) que lastra las cuentas públicas y porque hay una inmensa desconfianza en las cuentas de las Autonomías y de nuestras Cajas. Y la preocupación se agranda por el tamaño de España y la calidad de nuestra clase política. 

No, no somos Grecia, ni Irlanda, pero... tampoco somos, por ejemplo, Alemania. 

Tres dilemas de política económica

En esta crisis la mayoría de los gobiernos se están enfrentando a tres dilemas de política macroeconómica coyuntural de cuya solución está dependiendo la evolución de la crisis. 

Estos tres dilemas son, en primer lugar, el dilema de apoyar o no a la banca y cómo; en segundo lugar, el de qué política fiscal hacer a medio plazo; y, en tercer lugar, el de qué política monetaria implementar y por cuánto tiempo. Tres dilemas cuyas soluciones óptimas dependen de la estructura de cada economía, pero cuyas soluciones reales han dependido de circunstancias políticas. 

Dado el origen financiero de la crisis, el primer dilema que se planteó fue el del salvamento del sistema financiero. Tras la quiebra de Lehman Brothers en el 2008, la mayoría de los gobiernos se decantó por apoyar su sistema financiero, porque la alternativa de una quiebra sistémica cortaba toda posibilidad de reactivación. La cuestión, entonces, fue la forma de esta ayuda. La mayoría de los países con sistemas bancarios abiertos apoyó directamente a sus entidades, reconociendo el daño en el activo y capitalizando el pasivo. 

El resultado, dependiente de la fortaleza del sistema financiero y de la intensidad del daño, ha sido variable, pues mientras el sistema norteamericano se está recuperando, el sistema irlandés está prácticamente quebrado. En España, con un sistema más saneado, pero con una economía con peores fundamentos, se optó, sin embargo, por ganar tiempo, interviniendo lo justo y favoreciendo las "fusiones frías", para no generar una crisis de confianza y no tener que reconocer los errores de gestión de las cajas. 

La decisión, en su momento, no fue mala, pero solo aplazó lo inevitable, pues a lo largo de los próximos meses tendremos ya las "fusiones calientes" y el ajuste del sistema (unos 20.000 puestos de trabajo), al tiempo que seguirá conteniéndose el crédito y la inversión. 

El segundo dilema al que se están enfrentando los gobiernos es el de la política fiscal. Es decir, cuánto déficit público hay que tener, cómo tenerlo y por cuánto tiempo. En muchos países, empezando por Estados Unidos, se pensó, siguiendo al viejo Keynes, que había que tener el déficit público que hubiera que tener hasta que se activara la economía. 

Se esperaba que unos fuertes estímulos fiscales (bajada de impuestos y aumento del gasto) reactivarían el crecimiento. El problema es que ha pasado el tiempo y, como es el caso de España, la economía no solo no se ha reactivado, sino que el déficit está generando una deuda insostenible y una expectativa de subida de impuestos y un efecto "crowding out" que desanima la inversión. 

Una situación que se agrava cuando el ahorro interno no es suficiente para hacer frente a las necesidades de financiación y hay que acudir a los mercados internacionales. Ahora ya no se trata, pues, de si hay que tener déficit y por cuanto tiempo, sino de cómo se puede disminuir en poco tiempo. El problema es que reducirlo por la vía del gasto corriente genera un problema político (y en parte social), mientras que si se opta, como se ha hecho en España, por la reducción de la inversión se compromete del crecimiento a medio plazo. 

El tercer dilema está siendo el de cuánto estímulo monetario y por cuánto tiempo. Y también en esto se tiró de manual keynesiano decidiéndose una expansión monetaria ilimitada. El problema es que esta expansión está embalsando una inmensa cantidad de disponible, por lo que se está cociendo una inflación en el medio plazo. 

Si tenemos en cuenta que se ha salvado el sistema financiero mundial (pero no se está reformando en profundidad), que estamos entrando en una espiral de deuda pública (equivalente a la de deuda privada origen de esta crisis) y que estamos repitiendo los errores de una expansión monetaria para financiar esa deuda (como la del 2001-04), no es difícil deducir que de esta crisis saldremos... solo por un tiempo y para caer en la siguiente. 

 

Una crisis larga y profunda

La pregunta de la duración de la crisis es una constante en toda conversación con economistas. ¿Cuánto va a durar la crisis? La ciudadanía insiste como un niño pequeño con la cantinela del "cuánto falta", mientras que el Gobierno miente como un padre con un permanente "ya llegamos". La pregunta es lógica y relevante, como lo es la respuesta: los ciudadanos quieren formar expectativas sobre el futuro, el Gobierno quiere acelerar la salida de la crisis haciendo creer que ésta está más cerca. El problema es que ya nadie cree en la respuesta. ¿Cuándo vamos a "salir de la crisis"? "Salir de la crisis" es una expresión demasiado ambigua para un economista. Sensu estricto, "salir de la crisis" es volver a tasas de crecimiento superiores al 2,5%, que el paro baje a tasas menores del 15%, que el déficit público sea inferior al 3%, que los precios suban alrededor del 1% y que el déficit exterior tienda a cero. Pues bien, estas circunstancias no se darán, probablemente, en la economía española en, al menos, cuatro o cinco años. Dicho de otro modo: seguramente tendremos tasas de crecimiento positivo a finales del 2011, pero no reduciremos significativamente la tasa de paro hasta dentro de tres o cuatro años, y no reequilibraremos nuestro déficit hasta 2013 o 2014. Es decir, que, como mínimo, nuestra crisis será larga. Y lo será porque es profunda. Algo que no se arregla mágicamente, ni se conjura con unas simples elecciones. Las razones que me llevan a esta conclusión son muchas, variadas e interrelacionadas. 

En primer lugar, nuestra crisis será larga porque es parte de una crisis mundial en la que la posición de nuestra economía es comparativamente más débil por nuestra estructura productiva, nuestro menor tamaño, nuestro alto endeudamiento externo y por la falta de credibilidad de nuestro Gobierno. Es decir, que la crisis nos afecta más porque comparativamente tenemos una economía peor. 

La segunda razón, más importante, por la que nuestra crisis será más larga es por la debilidad de nuestro viejo modelo de crecimiento. Cambiar un modelo de crecimiento basado en la demanda interna, asentado en la construcción y el turismo, con creación de empleos de baja cualificación y baja productividad, financiado con altos niveles de deuda privada exterior y con fuerte expansión del empleo público no es tarea de un año. Es tarea de casi una década. Tardaremos años porque estamos destruyendo tejido productivo empresarial, tenemos una tasa de paro de larga duración muy elevada, hemos generado un déficit público estructural (gastos públicos rígidos e impuestos insuficientes), no hemos terminado de ajustar ningún sector productivo ("pseudofusiones" en la banca, incoherencias en el energético, etc.), tenemos exceso de viviendas y recogeremos los años de caos educativo y de baja inversión en I+D. 

En tercer lugar, la crisis será larga porque no hemos tomado, salvo alguna excepción (impuesta), ninguna medida de política económica coherente: no aprovechamos la política monetaria porque no hemos ajustado bien nuestro sistema financiero; no tenemos una política fiscal razonable porque reducimos inversión y mantenemos los gastos redundantes de los miniestados autonómicos; porque no estamos haciendo la reforma laboral que las circunstancias demandan. Sin ideas, sin objetivos, el Gobierno ha perdido dos años y, con su incoherencia, solo ha hecho más profunda la crisis. 

Finalmente, la crisis será larga porque tenemos un sistema político que no escoge bien a los líderes, que genera redes clientelares que distorsionan la competencia e incuba corrupción, que mantiene un debate político burdo desde posiciones identitarias preilustradas. Y un sistema político que no hace buenas leyes, trata a la ciudadanía como idiotas, que se deslegitima todos los días es más una rémora que una solución para una salida de la crisis. Más aún, es un peligro. 

Realmente siento el pesimismo que estas líneas trasmiten. En mi descargo quiero que conste que llevo años intentando equivocarme en mis previsiones. Algo que, por desgracia, consigo pocas veces. 

Guerra de divisas

En una crisis mundial como la que estamos sufriendo, uno de los pocos frentes en los que parecía que todo iba bien era el de los mercados de divisas. Y digo que todo parecía ir bien porque sus fluctuaciones normales no se habían visto alteradas por la histeria financiera, ni por las diferencias de la crisis en cada economía, ni por las diferencias en la política económica de cada gobierno. Esta ausencia de problemas graves en los mercados de divisas ha ayudado a no agravar la crisis porque graves fluctuaciones en estos mercados, además de distorsionar los precios mundiales, nos hubieran hecho perder a todos, a largo plazo, las ventajas de la globalización (crecimiento, aumento de la eficiencia, baja inflación). 

Cuatro han sido las causas de este comportamiento: en primer lugar, la existencia de pocas monedas actuantes en el mercado, pues entre el dólar USA, el euro (alemán, desde luego), el yuan chino, el yen japonés, la libra esterlina británica y el franco suizo se reparten más del 95% del total de las transacciones financieras mundiales; en segundo lugar, el acuerdo de caballeros en el seno del G-20 de evitar dañar el comercio mundial; en tercer lugar, la coordinación de políticas monetarias entre los grandes países, especialmente entre Estados Unidos y Europa; y, finalmente, el miedo de los inversores mundiales al mercado más complejo y dinámico. El resultado ha sido que, a pesar de algunos episodios menores, las apreciaciones de las distintas monedas se estaban produciendo de una forma previsible, ordenada y sin grandes fluctuaciones, reaccionando, primero, al momento y profundidad relativa en el que cada país notaba la crisis y, después, según las diferentes expectativas de salida de la crisis. Por eso, el dólar se devaluó y luego se ha apreciado frente al euro en dos ciclos, mientras que ambas monedas se depreciaban respecto al yuan chino. 

Este buen comportamiento, esta previsibilidad en los mercados de divisas era, sin embargo, superficial, pues no estaba resolviendo un grave problema de fondo de la economía mundial: el de los desequilibrios comerciales de los Estados Unidos (negativo) y de China (positivo). Más aún, se estaba manteniendo la paradoja financiera y cambiaria de la economía mundial: un país pobre (China) es financiador neto de un país rico (Estados Unidos), y, además, un país con mayores tasas de crecimiento potencial y superávit en la Balanza de Pagos no aprecia su moneda frente el exterior. Estas contradicciones de fondo son las que empiezan a aflorar estos días, y son la causa de tensiones en los mercados de divisas que pueden desembocar en una guerra de divisas. Los norteamericanos quieren que los chinos dejen fluctuar su moneda para que el yuan se aprecie rápidamente. Esto ayudaría a un crecimiento más equilibrado de los Estados Unidos, a una menor emisión de dólares y a una mejoría en su financiación por menor dependencia exterior. Los chinos, por su parte, quieren una apreciación controlada de su moneda para mantener su superávit comercial y no ver devaluados sus activos de 2,6 billones en dólares. Además, quieren evitar la penetración occidental de productos con más tecnología para evitar la dependencia exterior. Los europeos, fieles a la doctrina Bundesbank de no intervenir en los mercados de divisas porque se generan ineficiencias, ven, sin embargo, con preocupación esta situación, porque daña la confianza, distorsiona los precios mundiales y afecta a la balanza de pagos alemana, motor de la economía europea. Hay, pues, intereses contrapuestos que, además, se agravan por la coyuntura política norteamericana (baja popularidad de Obama con elecciones legislativas próximas) y los miedos del gobierno chino a la crisis mundial por la posibilidad de inestabilidad política. 

No sé si habrá una guerra de divisas seria, lo que sí sé es que, además de volver a crecer, tendremos es que ir resolviendo los desequilibrios mundiales (incluidos los de renta), pues ellos son los detonantes de todas las guerras. Y algunas más cruentas que las de dinero. 

Presupuestos de la nada

Parece que la política española se ha instalado en la más absoluta superficialidad, en la más pura irrelevancia, en la nada. Y digo esto porque ningún líder político plantea ninguna idea significativa que ataje la apatía de la crisis o ayude con los viejos problemas. El Gobierno no tiene pulso ninguno para actuar en ningún frente, como tampoco la oposición muestra un atisbo de capacidad. Los problemas no solo no se afrontan, sino que se enquistan. Los españoles dejamos pasar el tiempo en medio de la nada. Nuestra política exterior anda sin pulso; la política territorial se ha dejado a la deriva de la pataleta catalana; la política económica es un error detrás de otro; la política social se ha abandonado (¿qué fue de la financiación de la ley de dependencia?); nada se sabe de la política de sostenibilidad y cambio de modelo productivo; la política educativa anda a rebufo de grandes declaraciones, recortes presupuestarios y la dinámica de cada comunidad; la de I+D+i es una mentira detrás de otra (pues se declaran sucesivos aumentos de presupuesto, para luego recortar su gasto hasta llegar a los mismas cifras de hace cinco años). Solo la política antiterrorista genera éxitos. Tan irrelevante es la política española que una huelga, supuestamente general, como la del día 29, ya está olvidada, quizás porque solo fue una pantomima de protesta cuya única utilidad ha sido escenificar que los sindicatos existen, algo de lo que se empezaba a dudar, perdidos como llevan años en su pura burbuja burocrática y como apéndices, uno más, de las administraciones públicas. 

En este contexto de superficialidad e irrelevancia, y con la insustancialidad que arrastra la ministra Salgado, se han presentado los Presupuestos Generales del Estado. En teoría, la ley anual más importante, pues ha de reflejar las opciones de política que plantea el Gobierno. Y digo en teoría, porque los presupuestos para el año que viene solo reflejan la misma irrelevancia y superficialidad de la que adolece la política española. 

Desde el Gobierno se nos dice que son unos presupuestos austeros, sociales y reformistas. Y es cierto que son austeros, pero no porque el Gobierno lo quiera y porque con esta austeridad el Gobierno persiga un objetivo real de política económica, sino porque este es el precio que hay que pagar ahora por todos los dislates presupuestarios que este mismo Gobierno ha cometido en los años pasados. Los presupuestos son austeros hoy, no porque la austeridad sea un valor en sí mismo para este Gobierno, sino porque así nos lo exigen nuestros prestamistas. Más aún, es una austeridad de maquillaje, pues en ellos no se incluye una reforma de la estructura del gasto que nos llevara a eliminar duplicidades administrativas, organismos redundantes, administraciones inútiles. 

De igual forma es cierto que los presupuestos incluyen un alto gasto social, pero no porque se amplíe el Estado del Bienestar o se dé contenido a la Ley de Dependencia, sino porque, incapaz de reactivar la economía y con ella el empleo, el Gobierno se conforma con una tasa de paro del 20% y, lógicamente, en año electoral y si quiere evitar un estallido social de verdad, no tendrá más remedio que mantener las prestaciones sociales. 

Finalmente, los presupuestos no son reformistas, porque precisamente lo que más se sacrifica es la inversión que podría cambiar nuestra estructura productiva. Siento de verdad ser tan duro, pero los presupuestos son, en mi opinión, falsamente austeros, obligatoriamente sociales, muy conservadores. Más aún, son irreales porque el cuadro macroeconómico en el que se basan es, dentro de lo posible, el más optimista (crecimiento del 1%, tasa de paro del 19,5%), e inútiles porque no transforman la estructura del gasto, ni la impositiva, y porque no son parte de un plan de política económica que enderece el rumbo de nuestra economía. En definitiva, unos presupuestos irrelevantes porque son los presupuestos de un Gobierno ausente que solo desea llegar a las próximas elecciones. Unos presupuestos para la nada política. 

Electores

El comportamiento electoral, el voto, es, como todas las acciones humanas, relativamente complejo. No hay una única causa que lo explique, aunque es, desde luego, racional. Votamos, en general, según lo que nos interesa y condicionados por una información siempre incompleta. Cada uno de nosotros vota lo que le parece más beneficioso para sí o para el conjunto, sin que esto garantice que el resultado agregado sea lo mejor para todos. Pero de los mecanismos democráticos escribiré otro día. 

Supuesta la racionalidad, se pueden distinguir dos tipos puros de conducta electoral: el votante "ideologizado" y el votante "circunstancial". 

El votante ideologizado tiene, por origen familiar y entorno social, una preferencia hacia la "derecha" o la "izquierda", que se suele concretar electoralmente en un partido con el que se siente más identificado. Esta preferencia le lleva, también, a darle credibilidad a la información publicada sólo en unos medios, con lo que este apoyo genérico se va reforzando continuamente. Así, una persona de origen familiar humilde y/o rural, con antepasados represaliados por el franquismo, educado en colegios públicos, que lea Público, oiga la Ser y vea La Sexta, votará con más probabilidad al PSOE que al PP. Si es una persona de clase media-alta, educada en ambiente católico, lector de La Razón, oyente de la Cope y televidente de Intereconomía, hará lo contrario. Este voto "ideologizado" vota, normalmente, por dos razones: porque le convence la propuesta (electoral y de liderazgo) de "su" partido (por ejemplo, los del PSOE en el 82, 86 y 89; PP en el 93 y 96) o por miedo al contrario, aunque los "suyos" no le convenzan (PSOE en el 2004; PP en el 2008 y próximas). Cuando los "suyos" les defraudan y los "otros" no les "amenazan" se abstienen (PP en el 86 y 89; PSOE en el 2000 y en las próximas si el PP se entera). Ante esto, los partidos movilizan este electorado con estrategias muy burdas: se agita el fantasma del miedo al otro y se procura el enfrentamiento. Por eso, unos y otros, exageran, demonizan, hacen comparaciones absurdas y entran en temas menores. En España, este electorado más "ideologizado", incluyendo el "nacionalista", supone más del 75% de total. Este porcentaje, repartido entre los partidos políticos, es su "suelo electoral", es decir, el porcentaje mínimo que obtendrán, hagan lo que hagan. 

El votante "circunstancial" es más complejo. Tiene, desde luego, ideología (o sea, un conjunto de creencias que dan significado a la realidad), pero no la ve reflejada en un partido, ni en un medio. En España, suelen ser urbanitas, con estudios medios o universitarios, con relaciones personales menos tradicionales y vínculos familiares menos estrechos. Leen uno o varios periódicos de forma crítica, oyen tertulias radiofónicas plurales y hacen zapping de televisión. Una parte de ellos normalmente no vota y solo se moviliza contra el Gobierno por tema grave (contra Aznar en el 2004 o en las próximas contra Zapatero) o, rara vez, por entusiasmo contagiado (con Felipe en el 82). La otra parte vota normalmente, compara al Gobierno y a la oposición, y vota a uno u otra, aunque se desmoviliza si el Gobierno tiene un mal desempeño y, al mismo tiempo, la oposición es incoherente o sin liderazgo (lo que puede castigar a Rajoy en las próximas). No los moviliza una campaña agresiva y suponen algo más del 20% del electorado español (creciendo lentamente). 

La existencia de estos tipos de electores, con grados intermedios, y sus porcentajes relativos en el cuerpo electoral, determina el funcionamiento de nuestra democracia. 

Solo cuando el porcentaje de voto ideológico sea menor o igual que el circunstancial, empezará a cambiar nuestra democracia porque los partidos tendrán que escoger mejor sus candidatos y propuestas, los medios serán más plurales y tendremos una sociedad menos etiquetada. En fin, tendremos una democracia y una sociedad más modernas. Pero eso, por desgracia, nos llevará años, y, por lo que veo, no creo que lo consigamos. 

7 de septiembre de 2010 

Otra oportunidad perdida

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a presentar en las Cortes a mediados de septiembre, son una magnífica oportunidad para que el Gobierno haga un nuevo planteamiento de la política económica. Una nueva oportunidad para que el presidente Zapatero explique lo que pretende hacer para sacar a la economía española de la crisis. La orientación de qué hacer para estabilizar el deterioro de la economía española ya la sabe, porque los mercados y los socios comunitarios le han enseñado qué reformas hacer: hoy el Gobierno sabe que, como mínimo, ha de hacer una consolidación fiscal, una reforma laboral y una reestructuración bancaria. Lo malo es que no está haciendo bien ninguna de las tres y, lo peor, es que aún no sabe que para volver a una buena senda de crecimiento y creación de empleo, además, ha de emprender otras reformas (del sistema educativo, del sector energético y de la política industrial) y contar con un entorno exterior favorable. 

La consolidación fiscal que se inició en mayo está mal hecha, con algún acierto como la bajada del sueldo de los funcionarios, por varias razones. En la vertiente del gasto, porque el ajuste no está tocando la estructura del gasto (en qué se gasta el dinero), mientras que se reduce la inversión. Para hacerlo bien habría que empezar por cuestionar la insostenible estructura administrativa del Estado de las Autonomías, reducir las administraciones paralelas de entes autónomos y empresas públicas (empezando por las televisiones) y por reformar los sistemas de protección social (tanto las pensiones como la protección al desempleo) y racionalizar el gasto en subvenciones a las empresas. Mientras no hagamos esto tendremos un gasto público creciente, imposible de financiar. Reducir o congelar el gasto educativo y la inversión en obra pública, como se ha hecho, es, en mi opinión, peor opción. En la vertiente de los ingresos es necesaria también una profunda reforma fiscal: reducir cotizaciones sociales y sustituirlas por IVA; profundizar el IRPF aumentando la progresividad, eliminando los módulos y los privilegios de las rentas de capital; recuperar el impuesto de patrimonio; y, crear nuevas figuras sobre actividades nocivas o contaminantes. Hay, pues, un amplio margen para una profunda reforma fiscal que haga más justo el reparto de la carga de la consolidación fiscal. 

La reforma laboral, ahora con el trámite parlamentario mejorándose, será poco útil porque sigue sin modificar a fondo los tres problemas graves de nuestra legislación laboral: negociación colectiva, tipos de contratos y costes de despido. Y sin esto, y sin reactivación de la demanda, no crearemos empleo a corto plazo, por lo que sufriremos un largo periodo de alto paro, con paro de larga duración. No bajaremos significativamente la tasa de paro hasta que, mediante congelaciones salariales, adecuemos nuestro nivel salarial nominal a nuestra productividad real y se reactive la demanda. Según mis cálculos, que deseo equivocados, hasta mediados del año 2012. 

Finalmente, la reestructuración bancaria, clave para aprovechar la expansiva política monetaria, también se está haciendo regular porque, a base de fusiones frías para minimizar el impacto laboral, no estamos haciendo entidades más eficientes, sino sólo más grandes. 

El debate de Presupuestos debiera ser una oportunidad para que el Gobierno plantee, de una vez por todas, un plan de política económica coherente. O para que la oposición responda con una alternativa razonable. Mucho me temo, sin embargo, que ninguno de los dos hará nada de esto, que será otra oportunidad perdida. Perdida por el Gobierno porque su proyecto está ya muerto y se conformará con sacar adelante los presupuestos para pasar el año. Y por el PP porque sólo piensa en su ventaja en las encuestas y, posiblemente, porque tampoco tiene alternativa. Mientras, vamos por el tercer año de crisis, tenemos problemas fiscales y de deuda externa, la enésima guerra catalana, una preocupación por Cuba y una campaña en Marruecos. O sea, que tras estar en el siglo XX, nuestros políticos nos llevan al XIX. 

Malos políticos

Cuando medio país anda de vacaciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas divulga los resultados de su Barómetro político en los que refleja cómo el Partido Popular va tomando ventaja (de 6,3 puntos) sobre el PSOE en el apoyo popular. Un dato que, siendo importante, me parece menos relevante que otro del mismo estudio: todos los políticos suspenden en la valoración de los ciudadanos (de 0 a 10 solo Rubalcaba se acerca al 4,5), mientras que un ¡78,9%! no confía en Zapatero y un ¡84,6%! no lo hace en Rajoy. 

Me temo que debajo de esta pésima valoración lo que subyace no es solo la crisis económica (y de la culpa de los políticos en ella hablaremos otro día) sino que los ciudadanos perciben, aunque no lo expresen claramente, que nuestros políticos son malos profesionales, que no están haciendo lo que tienen que hacer y, por eso, les retiran su confianza. Y los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer, en mi opinión, porque nuestra clase política ha olvidado que su razón de ser no es ganar unas elecciones, sino la producción de orden político y social, y, consiguiéndolo, concitar el apoyo de los ciudadanos. Es decir, los políticos ya no saben que están para producir leyes y gestionar recursos que nos den bienestar económico, bienes públicos (seguridad, justicia, educación, sanidad, infraestructuras, etc.), igualdad de oportunidades, etc., no para tener ocurrencias populistas con el dinero de todos, como hace el Gobierno, o para alegrase de los errores del contrario (que empeoran la situación de todos) como hace el Partido Popular. 

La producción de orden político y social, que es lo sustantivo del poder político, está estancada en nuestro país por varias razones. La primera es que debaten más sobre quién es el sujeto administrativo que tiene que proveerlo que sobre la provisión en sí misma del bien. Así, llevan más tiempo determinando si es la Administración central o la autonómica la que debe hacer qué, que analizando cuál de las dos sería más eficaz en su provisión. De hecho, el criterio de eficacia nunca ha estado en las discusiones sobre las competencias transferidas. En el tema, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña nunca estuvo presente, sino que se fue a dotar a la Generalitat de todas las competencias de un miniestado, sin tener en cuenta, no ya si era posible jurídicamente o no, sino si era factible económicamente para el conjunto de España. 

La segunda razón por la que la producción de servicios públicos y sociales está estancada es por la mala gestión, mejores que los públicos de otros países, pero, en general, despilfarradores. Entre otras cosas porque no tenemos profesionales entrenados al frente de los mismos, sino cargos políticos de confianza (o sea, del partido del que gobierna). 

Finalmente, la tercera razón por la que la producción de bienes sociales está estancada es, indudablemente, por la crisis: menos recursos, peor provisión. 

Si nuestros políticos supieran para qué les pagamos estarían dirimiendo de una vez por todas (al menos por muchos años) la arquitectura institucional de nuestra administración, estarían preocupados por el crecimiento de la violencia de género, los robos, el fracaso escolar y los problemas económicos y buscarían formas de gestión más eficientes para nuestros hospitales, escuelas, cajas de ahorros, instituciones, etc. Estarían haciendo política económica de verdad para intentar salir cuanto antes de la crisis. En vez de esto viven en un mundo irreal de personalismos, corruptelas, declaraciones y poses que nada interesa a la ciudadanía. Y porque viven en un mundo irreal es por lo que ésta, que sí sufre la realidad y la paga, los suspende. De hecho, hasta los consideran el tercer problema del país. Por eso lo importante del Barómetro del CIS no es si el PP ganaría unas hipotéticas elecciones al PSOE, sino que todos los políticos están suspendiendo. Lo malo es que el sistema de partidos español produce malos políticos. Lo que nos condena a sufrirlos eternamente.

Prueba de esfuerzo bancaria

La semana pasada, justo el viernes, se publicaron los resultados de los test de estrés, pruebas de resistencia, de la banca europea y, por supuesto, española. 91 entidades financieras europeas, de las que 27 han sido las españolas, se han sometido a las pruebas de las que una mayoría ha salido airosa. España ha sometido casi el 90% de su sistema financiero al examen, mientras que el resto de economías grandes no ha examinado ni el 50% de sus entidades. Los resultados son muy buenos para el conjunto del sistema financiero español: solo cinco grupos pequeños de cajas no han pasado las pruebas, mientras que nuestros grandes bancos las han superado con holgura. Una buena noticia que es necesario contextualizar para valorarla. 

¿Qué son estas pruebas de resistencia? Sencillamente simulaciones de las ratios básicas del balance de las entidades ante los posibles impactos sobre ellas de malos datos macroeconómicos. Es decir, es responder a preguntas como, por ejemplo, ¿estaría en quiebra el banco tal o la caja cual, y por tanto habría que intervenirlo, si cae el PIB un 3%, caen los precios de los pisos un 28% y, además, el paro aumenta en 5 puntos? ¿Qué pasaría? Sobre los datos reales de la entidad a diciembre de 2009 se han proyectado dos escenarios diferentes, o sea, dos conjuntos de distintas posibilidades. El primero, con una probabilidad media y una cierta dosis de realismo, es el que se ha llamado de referencia: caída moderada de la actividad bancaria por estancamiento de la actividad, incremento de la morosidad por aumento del paro o alargamiento de éste, problemas de déficit público en la mayoría de los países, caída del precio de los pisos de alrededor de un 25%, etc. El segundo, mucho más improbable, es mucho más dramático, pues todas las hipótesis son más negativas. Los resultados proyectados sobre los ejercicios de 2010 y 2011 nos dicen, sencillamente, que las entidades españolas, con la salvedad de cinco pequeños grupos de cajas, soportarían sin problemas de balance estos escenarios, incluso el más improbable. Tenemos, pues, un sistema sólido en su conjunto, algo que ya sabíamos, pero que estas pruebas vienen a corroborar. Para el lector interesado: en la página web del Banco de España se puede leer toda la metodología y los resultados. La importancia de estas pruebas radica en eliminar, al menos en el próximo año, los rumores y tontadas que no pocos analistas internacionales (algunos de ellos de bancos con intereses en publicar malos datos del sistema) y periodistas de medios antes prestigiosos (hoy de la misma altura que la prensa del corazón) han publicado sobre la solvencia del sistema financiero español, lo que redundará en la facilidad para mejorar la financiación de nuestras entidades. De la misma forma, ha sido un buen instrumento para hacer comparaciones con nuestros competidores europeos y alejar algunos fantasmas sobre nuestra economía. 

De cualquier forma, tampoco hay que sacralizar los resultados. Los problemas de financiación de la economía española, como ya escribí hace dos semanas, no están precisamente en nuestro sistema financiero. Como tampoco los problemas de nuestro sistema financiero están en las ratios básicas del balance, especialmente después de las fusiones y de las ayudas públicas del FROB. En absoluto. El problema de nuestro sistema financiero es de exceso de capacidad, de tamaño de algunas entidades, de viabilidad económica de su cuenta de resultados, de sostenibilidad a largo plazo. El problema de nuestro sistema financiero es el de un sistema que no cumple hoy, porque no puede, con su misión básica de financiar el crecimiento de la economía española. 

Quizás la simulación habría que hacerla ahora en otra dirección, es decir, ¿puede soportar la economía española un sistema financiero que solo mantiene buenas ratios de balance, pero que no posibilita financiación? 

Dicho de otra forma, estas pruebas de estrés lo que nos han dicho es que nuestro cardiólogo está, este año, bien; lo que no nos dicen es si pasa consulta. 

Deudas españolas

Por las declaraciones de nuestros políticos, los análisis de algunos opinantes y las preguntas que me han hecho mis estudiantes en Alemania, donde se sigue este tema con más interés que en España, creo que hay un cierto desconocimiento sobre la preocupante situación financiera de la economía española. Un desconocimiento que impide un discurso coherente a algunos y una opinión razonable a otros. 

Para empezar digamos que el monto total de deuda bruta, de todos los agentes de la economía española (hogares, empresas no financieras, administraciones públicas y bancos), según datos de diversos organismos internacionales, es de alrededor del 343% del PIB. En porcentaje de PIB, o sea, en términos relativos, es la tercera deuda más grande del mundo, después de la de el Reino Unido y Japón, y muy alejada, por ejemplo, de la de Estados Unidos (290% del PIB) o Alemania (273%). En euros, el cálculo es relativamente fácil si se tiene en cuenta que el PIB español es de alrededor de 1 billón de euros. De ahí podemos deducir que los españoles tenemos deudas por valor de casi 3,5 billones de euros, mientras que la deuda norteamericana es de casi 27 billones de euros. Tenemos una de las deudas más importantes del mundo, aunque, por nuestro tamaño, no sea de las más mayores en términos absolutos. 

Esta deuda se reparte, aproximadamente, de la siguiente forma: las familias deben 85 puntos de los 343; las empresas no financieras, 140; las Administraciones públicas, 55; mientras que la banca tiene deudas de 63 puntos. En términos absolutos, se puede hacer el cálculo de la misma forma que antes. Sobre esta distribución es necesario hacer cuatro comentarios: la deuda de los hogares es demasiado alta; la de las empresas no financieras es excesiva; la deuda del sector público es, aún, relativamente pequeña; y, finalmente, nuestro sistema financiero no plantea problemas de deuda. Por tamaño, el problema no es el sector público, como se ha venido señalando los últimos meses, sino la gran deuda de las familias, lo que impide el crecimiento del consumo, y de las empresas, lo que impide el crecimiento de la inversión. 

Sin embargo, mientras que las deudas de las familias y empresas plantean problemas de tamaño, es el crecimiento de la deuda del sector público lo que nos preocupa por la rapidez con la que se está acumulando. Y debe preocuparnos más porque el crecimiento de la deuda del Estado depende de muy pocos agentes decisores. Dicho de otra forma, que esos 55 puntos se van a convertir en casi 65 solo en este año por las decisiones erróneas de nuestro Gobierno. Y, previsiblemente, crezcan otros 5 o 6 puntos el año que viene, con lo que solo en dos años, nuestros gobiernos (también los autonómicos) serán los responsables del crecimiento global de la deuda en casi 15 puntos. De la deuda de los bancos, lo preocupante no es el tamaño, sino su inmediatez y que está ligada a la de familias y empresas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que una parte grande de esta deuda global es deuda externa, especialmente con países europeos. En total les debemos el 172,3% de nuestro PIB, siendo el tercer país del mundo por deuda externa global. Una deuda externa que seguirá creciendo porque ni las familias, ni las empresas, ni el Gobierno ahorran lo suficiente. 

Porque tenemos una deuda total relativa gigantesca, las familias y empresas están muy endeudadas y solo con años se bajará ese nivel de deuda, porque nuestro sector público ha sido muy irresponsable y ha perdido la credibilidad, porque nuestro sistema financiero tiene que hacer un ajuste inevitable y porque necesitamos el ahorro extranjero, es por lo que los mercados, esos "entes diabólicos", nos piden más interés y planes creíbles para prestarnos dinero. Nuestro crecimiento se hizo acumulando deuda. Mientras no la bajemos no volveremos a crecer. Por eso sabemos que la crisis será muy larga. Y esto es lo que hay. 

Grecia (I)

La crisis griega tiene tantos matices y planos que, en mi opinión, es necesario desbrozar el mucho ruido que está teniendo en los medios para hacernos una idea de lo que ocurre y sus implicaciones en nuestro futuro. Porque en la solución de la crisis griega los europeos nos jugamos mucho, como agentes económicos y como ciudadanos. 

La situación de la economía griega es de extrema gravedad. La economía griega tuvo en 2009 unas cifras de infarto: -3,1% de caída del PI B, una inflación del 1,3%, un déficit público del 11,3%, con una deuda pública del 115% del PIB. Solo la tasa de paro, del 9,4%, suponía un punto positivo. Para 2010, la situación se está agravando: la caída del PIB se espera que sea del -5%; la inflación está prevista en el 3,9%, el déficit público tiene una inercia que, sin profundos recortes de gastos y subidas de impuestos, llegaría al 15%, mientras que el paro está subiendo alarmantemente. La deuda pública llegará este año a ser superior al 125% del PIB. 

En esta situación, lo más urgente es controlar la explosiva situación de las finanzas públicas. Con una deuda pública del 125% y unos tipos de interés del 8%, los griegos han de destinar el 10% de su PIB, o sea, el 25% de sus impuestos, a pagar los intereses de la deuda que han acumulado. Dado que tienen, además, un déficit público no financiero del 5%, los griegos han de encontrar la forma de reducir su déficit al 5% máximo, so pena de no salir nunca del estancamiento. Tres líneas básicas de política fiscal son las que van a seguir. La primera es un profundo recorte de los gastos públicos, empezando por las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Junto a este recorte de las transferencias y del consumo público, hay un durísimo plan de austeridad que implica la congelación de prácticamente todas las inversiones públicas. En segundo lugar, el Gobierno griego va a hacer un profundo ajuste fiscal con subidas generalizadas de impuestos. Y, finalmente, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea van a canjear deuda pública griega actual por deuda garantizada de tal forma que los intereses a pagar por los griegos, por la mayor garantía que ahora se aporta, sean mucho menores que aquellos que tendrían si esta ayuda no se produjera. El que tanto el FMI como la UE exijan un duro ajuste fiscal no sólo es para garantizarse el pago, es para reforzar la credibilidad del gobierno griego en las dos primeras líneas de actuación política, lo que reduce, a su vez, el coste de la deuda griega no incluida en la ayuda, generando así un ahorro para los ciudadanos tanto griegos como europeos. El resultado de estas políticas es, indudablemente, un empobrecimiento de los griegos. Y, lo siento, pero no queda más remedio, porque han vivido demasiado tiempo por encima de sus posibilidades, haciendo obras faraónicas (para las olimpiadas, por ejemplo) que no han tenido rentabilidad, consintiendo un alto nivel de fraude fiscal, con derechos crecientes, reivindicaciones crecientes y... una montaña de mentiras sobre sus finanzas públicas que ahora pasan factura. 

Esta situación sería solo un problema griego si Grecia no fuera parte de la Unión Europea y del euro. Porque, al serlo, debilita la situación de todos los demás. Más aún, al ser los europeos, especialmente los bancos alemanes, los principales acreedores del Gobierno griego, la caída de la economía griega puede retrasar la salida de la crisis europea. Además, al no poder expulsar a los griegos de la moneda única, ni hacer una devaluación parcial, Europa se encuentra en una encrucijada política y económica: o da los pasos hacia adelante que la unión monetaria exige, o da el paso atrás de su desintegración. Grecia es la clave. Pero estas implicaciones se merecen un análisis más detallado que será objeto de un próximo artículo. 

4 de mayo de 2010 

Corrupción

Una de las lacras políticas y económicas más nefastas es, sin duda, la de la corrupción. De hecho, la mera existencia de la corrupción es un problema grave porque supone siempre la vulneración de los derechos de alguien, la materialización de una injusticia. Cuando un político favorece a una determinada empresa o un funcionario da ventaja a un ciudadano sobre otro, no sólo beneficia a unos pocos, es que perjudica con su acción a todos los demás. Las alteraciones corruptas de un plan de ordenación urbana, por ejemplo, enriquecen a unos pocos perjudicando a muchos. Y la costa española está llena de pruebas. La corrupción es, pues y sobre todo, una inmensa injusticia. 

Pero es, también, un problema político porque tiene como consecuencia una permanente desconfianza de los ciudadanos en su administración y en su clase política. Esta pérdida de confianza implica una seria pérdida de legitimidad del sistema, la desafección de los ciudadanos del debate político y de la participación ("¿para qué votar si todos son iguales"?), la pérdida de posibles candidatos que no quieren manchar su imagen (con lo que no siempre se puede escoger entre los mejores), la inestabilidad política y, a la postre, el deterioro de todo el sistema democrático. La correlación entre corrupción e inestabilidad social y política es clara; como lo es entre grado de democracia y transparencia. 

Así mismo, la corrupción tiene, también, y aunque algunos no lo vean, consecuencias económicas, no sólo distributivas. Una administración corrupta es una rémora para el crecimiento porque supone sobrecostes, pérdida de participantes, ineficiencia, etc. La corrupción es, en no pocas ocasiones, una de las causas de pérdida de inversiones por la inseguridad jurídica que genera. La desconfianza en la administración pública es, sin duda, una de las principales causas de atraso económico. 

Las causas de la corrupción son muchas. La ausencia del concepto del servicio público, la pérdida de valores, la permisividad social, etc. Pero, sobre todo, y como con la mayoría de las leyes, la corrupción es fruto de la posibilidad de impunidad. Dicho de otra forma, de los controles que se realicen y de las sanciones que se apliquen. Un sistema que no se controla y/o unas sanciones muy escasas implican un alto nivel de corrupción. Si Roldán sólo ha estado unos años en la cárcel o todo el lío de Marbella se salda con 10 o 12 años de cárcel después de todo el daño causado, la corrupción no sólo no se erradicará, sino que se enquistará permanentemente en nuestros partidos, en nuestra administración, en todo nuestro sistema democrático. 

Teniendo todo esto en cuenta no entiendo la actuación de Mariano Rajoy y del Partido Popular en el caso "Gürtel". Máxime si recuerdo cómo la corrupción, que salpicó al PSOE en los 90, fue una de las causas de la victoria de Aznar. No he seguido con detalle el caso, porque me aburre esa manera de dosificar las noticias que tienen los periódicos, pero tengo claro, al margen de lo que digan después los tribunales, que hubo una mafia empresarial que, a cambio de regalos para algunos y de financiación para el partido, se enriqueció con contratos públicos en los que había sobrecoste. Ante esto, la actuación de Rajoy y de su partido ha sido la de siempre: negar los hechos, desviar la atención, atacar al PSOE, armar un embrollo jurídico, para, finalmente, acusar a la policía con juegos de palabras absurdas. Todo, menos lo que había que hacer: expulsar a los corruptos inmediatamente (Camps, Bárcenas y compañía), colaborar lealmente con la Justicia y rechazar estas prácticas mafiosas. O sea, que me temo que Rajoy ha actuado ante este problema con la misma falta de liderazgo y de ideas que él achaca a Zapatero ante la crisis. Zapatero perdió mi apoyo hace años, Rajoy todavía no lo ha ganado. Y por el camino que va, dudo mucho que lo gane. 

20 de abril de 2010 

Reconversión bancaria

Unas de las medidas más urgentes de política económica que ha de tomarse es la reconversión del sistema financiero. Y ha de hacerse porque sin un sistema financiero eficiente no es posible canalizar los flujos de ahorro hacia la inversión y el consumo, y, sin crecimiento de la inversión y del consumo, no se puede crecer y crear empleo. Necesitamos, pues ajustar nuestro sistema financiero, reequilibrando sus balances y mejorando su eficiencia, y hemos de hacerlo ahora porque dentro de unos meses, cuando cambien las condiciones de la política monetaria (que cambiarán poco después del verano en cuanto terminen los ajuste de sistemas financieros que resistieron peor los primeros embates de la crisis), nos encontraremos con que hemos perdido la oportunidad de los impulsos de la política monetaria de bajos tipos de interés y facilidades de financiación al sistema. 

Las razones por las que el sistema financiero español necesita una profunda reconversión es que, aun siendo en su conjunto relativamente fuerte, está muy sobredimensionado, al tiempo que tiene la debilidad de necesitar una fuerte financiación exterior a corto plazo con que recomponer sus balances. Es decir, dado el volumen de actividad que va a tener en los próximos años (nada que ver con la alegría de los años 2004 a 2006), la estrechez de márgenes por los bajos tipos de interés y la ineficiencia de algunas entidades, es necesario reajustar la capacidad productiva. Esta reducción de capacidad productiva, con reducción de costes, es necesaria porque las entidades financieras han de tener beneficios, pues en caso contrario no pueden acceder a la financiación de su pasivo en los mercados financieros. No debemos olvidar, y se suele olvidar, que una institución financiera capta recursos a muy corto plazo (nadie hace un depósito a más de tres años) y los presta a muy largo plazo (las hipotecas son de hasta 50 años), por lo que un banco o una caja siempre necesitan tener la posibilidad de endeudarse. Algo que solo es posible si los agentes tienen la seguridad de que la entidad va a poder hacer frente a los pagos, que tiene beneficios y que sus activos son sólidos. Por eso, un banco o caja no puede tener pérdidas so pena de tener que ser intervenida o quebrada. 

El problema es que, dado que la capacidad productiva de una entidad financiera es el personal, la reconversión bancaria implica, necesariamente, la reducción de oficinas y, correlativamente, la pérdida de puestos de trabajo. Más aún, dado que la eficiencia media de todas las entidades no es la misma, han de desaparecer las menos eficientes. En este sentido, se calcula que el ajuste supondrá, sobre las cifras que había en 2007, el cierre de unas 3.000 oficinas, la pérdida de entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo y la desaparición de alrededor de 15 entidades. Un ajuste que algunas entidades, especialmente los grandes bancos empezaron a hacer hace meses, y que otras, especialmente las cajas que más lo necesitan, ni siquiera han comenzado. 

El retraso en hacer el ajuste ha sido motivado por dos hechos importantes: por una parte, porque se prefirió (en mi opinión, correctamente) aplazarlo para ir diluyendo en varios ejercicios los problemas de balance de las entidades; y, por otra, (en mi opinión, errónea) porque, aunque el Banco de España es el regulador del sistema, las cajas de ahorros, las entidades que deben hacer frente al grueso del ajuste, dependen de las Comunidades Autónomas, y éstas están atrasándolo, por razones políticas, buscando salidas poco lógicas como las "fusiones frías". Lo siento, pero no es posible tener un sistema financiero eficiente que nos ayude a salir de la crisis si no aceptamos ahora su ajuste, exactamente como se ha aceptado el ajuste en otros sectores, empezando por la construcción. 

Algo que también se hizo en los primeros años ochenta. Claro que, entonces, el Banco de España era el Banco de España y no el de una confederación de mini-estados. 

6 de abril de 2010 

Consolidación fiscal

La economía española tiene una profunda crisis fiscal. Con un déficit público para el conjunto de las administraciones públicas en el entorno del 10% para el año pasado y de alrededor del 7% para el año actual, con todas las administraciones alargando descaradamente los tiempos de pagos, con empresas públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas (gobernadas por uno y por otros) que se endeudan por encima de lo legal, es imposible negar la necesidad de una consolidación fiscal en los próximos años. Las finanzas públicas españolas necesitan una profunda reforma, sencillamente porque su situación es insostenible: hay que gastar menos y gastar mejor y, también, hay que recaudar más y más justamente. 

Para hacer lo primero, gastar menos y mejor, hay que seguir, en mi opinión, tres líneas claras de actuación. En primer lugar, plantear el debate sobre la distribución de competencias entre administraciones. Esto supone cuestionar la deriva descentralizadora de los nuevos estatutos, pero es que, en mi opinión, y no es sólo una cuestión de gasto público, no podemos permitirnos el Estado de las Autonomías que se vislumbra al final de los nuevos estatutos. De cualquier forma, y a falta de una nueva distribución de competencias, casi imposible por razones casi obvias, el camino más lógico es el que la semana pasada abrieron el Ministerio de Sanidad y las comunidades con los acuerdos sobre gasto sanitario. En segundo lugar, es necesaria una profunda reordenación de las transferencias sociales y a las empresas. No podemos seguir teniendo un sistema de protección social que incentive el paro de largo duración (y esto es un tema lo suficientemente complejo como para que lo aborde en otro artículo), como no podemos tener un sistema de subvenciones a las empresas por el que sectores enteros dependen de la ayuda pública, no teniendo ningún incentivo ni para la innovación, ni para la competitividad. Y, finalmente, y en tercer lugar, es necesaria una gestión de las cuentas públicas desde una presupuestación de "base cero", es decir, hay que enfrentar las partidas de gasto según la idea de que todo gasto es prescindible y hay que tener razones importantes para mantenerlo. Si esto se hiciera con rigidez, mucho del gasto duplicado e inflado desaparecería, al tiempo que pondrían en evidencia los abusos que se han dado de las finanzas de todos. 

Para recaudar más y más justamente es necesaria una importante reforma fiscal que ha de empezar por simplificar y subir el IRPF para las rentas más altas (los ricos no tienen paro y no se desincentiva el consumo), sustituir tramos de Cotizaciones Sociales (un impuesto indirecto y regresivo que penaliza el empleo interior) por IVA, recuperar el Impuesto de Patrimonio y, desde luego, subir los impuestos especiales porque no son regresivos y son altamente recaudadores. 

Me temo que ante la gravedad de la situación, proponer sólo voluntaristas recortes de gasto y una tímida y extemporánea subida del IVA, como está proponiendo el Gobierno, es tan ineficaz como las airadas y genéricas llamadas a recortes de gasto y bajadas de impuestos que propone el Partido Popular. El Gobierno no se ha dado cuenta de que la estrategia que se siguió en los noventa no sirve ahora porque esta crisis es mucho más profunda, mientras que la oposición sigue leyendo viejos manuales de Hacienda Pública en los que todavía existe la curva de Laffer, según la cual una bajada de impuestos aumentaría la recaudación. Me temo que ni unos ni otros se han dado cuenta de lo muy grave de la situación de las finanzas públicas y de que los españoles, por lo privado o lo público, tenemos una de las deudas más altas de los países desarrollados. Una deuda que nos vence en los próximos años y que lastrará nuestro crecimiento. Una deuda que agostará los escasos brotes verdes de nuestra economía. Una deuda creciente si no hacemos una responsable consolidación fiscal. 

23 de marzo de 2010 

Gobierno y oposición

La semana pasada se celebró, tras el parón de las vacaciones parlamentarias, el esperado debate sobre política económica. Un debate en el que el Gobierno certificó su incompetencia, pero que retrató una oposición no menos incapaz. 

El Gobierno volvió a demostrar que está desbordado por la situación. Sigue sin hacer un análisis serio de nuestra crisis diferencial, posiblemente porque se conforma con someros estudios; es incapaz de hacer autocrítica; no tiene una idea clara de lo que significa, cuantitativamente, la expresión "salir de la crisis" o "cambio de modelo"; no puede, lógicamente, proponer objetivos razonables y alcanzables; y, desde luego, no es capaz de articular un catálogo de medidas que sean eficaces para lograr esos objetivos. Zapatero no tiene un método de trabajo para articular la política económica, ni siquiera cuatro ideas claras y, por eso, improvisa continuamente. La ocurrencia del miércoles pasado fue la de la comisión para pensar y pactar medidas sobre la crisis. Algo tan evidente como que los ministros que tienen que ver con la crisis se reúnan para coordinarse, y que se intente llegar a acuerdos con la oposición se convierte, por el arte de la impostación de ZP, ¡en una medida de política económica! Porque tampoco es una medida de política económica un pacto por sí mismo. Llegar a un pacto entre las fuerzas políticas solo es hacer más creíble el contenido, si el pacto carece de él, no genera, per se, confianza. Las demás ideas que se aportaron no dejan de ser la enésima cortina de humo de un Gobierno que no sabe adónde va. La oposición del PP fue igualmente decepcionante. Personalizar la crisis en Zapatero es una estrategia política demagógica que insulta la inteligencia: el que se vaya Zapatero no resuelve la crisis, solo produciría un cambio de Gobierno. La crisis se resuelve con medidas de política económica. Y medidas de política económica no son genéricas y ambiguas frases mantra como "reducir el gasto improductivo", "bajar los impuestos" o "reformar el mercado de trabajo", sino con propuestas concretas y articuladas. Una oposición seria habría ido al debate con un diagnóstico ponderado y no catastrofista, unos objetivos claros y un catálogo de propuestas concretas de proposiciones de ley para debatir, demostrando así que tiene capacidad de análisis, ideas y liderazgo. Hacer oposición no es negar, ridiculizar o atacar todo lo que hace el Gobierno, es también, y especialmente cuanto éste es incompetente, arriesgarse a proponer medidas realizables, argumentar y convencer a los demás grupos y a la opinión pública. En definitiva, es mostrar la capacidad de gobernar y ser alternativa. Sé que puede parecer ingenuo, pero, en mi opinión, ser alternativa por la incompetencia del otro y no por los propios méritos es de mediocres. Una mediocridad que mostró Rajoy en casi toda su intervención. 

Los grupos minoritarios fueron, en mi opinión, mucho más coherentes consigo mismos. CiU, fiel a su origen, propone llegar a un pacto con el PSOE como sea con tal de ningunear el resultado, si fuera adverso como presumen, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Recuperándose poco a poco de la pérdida del poder en el País Vasco, el PNV estuvo mucho más contundente. Izquierda Unida fue el grupo con mayor coherencia al fijar al Gobierno los límites de sus ideas para los posibles pactos. Mientras que Rosa Díez sólo habló de política. 

En definitiva, el debate de política económica de la semana pasada, historia ya al ritmo que se suceden los cambios, vino a corroborar la incapacidad de nuestra clase política para hablar educadamente, para debatir ideas de forma inteligente, para analizar los problemas con profundidad, para proponer leyes y tomar decisiones... o sea, gobernarnos. Me temo que si siguen así, no solo no saldremos pronto de la crisis económica y social que ya tenemos, sino que agravarán la crisis política que arrastramos y que nos impide tomar sensatas decisiones colectivas. 

23 de febrero de 2010 

Réquiem por Haití

El terremoto que ha devastado Haití se ha llevado por delante el país. Y digo país porque, mientras que una población es sólo un conjunto de individuos, un país es esa población con un conjunto de relaciones, capacidades e instituciones. O sea, con un Estado organizado, con unas instituciones sociales en funcionamiento, con unas instituciones económicas productivas. Es cierto que en el caso de Haití todo esto funcionaba mal, pero, al menos, las tenían. Hoy ni siquiera eso. En una catástrofe como la que han vivido, a la desgracia de perder a los seres queridos, de sufrir heridas, de perder los bienes que se poseen, ha de sumarse la pérdida de las instituciones, el dislocamiento del orden social, la devastación del capital físico que permitía que el país, mal que bien, existiera. 

Por eso ayudar a Haití no puede ser sólo resolver la urgencia de la catástrofe. No se trata sólo de intentar, en las primeras dos semanas, salvar al mayor número de personas de debajo de los escombros, de atender a los heridos, de dar agua potable y comida a los sanos, se trata de que, a continuación, se empiece la reconstrucción de lo perdido. Y para eso se necesita mucha, muchísima ayuda, porque Haití no es sólo un país pobre, hoy es un país paupérrimo que prácticamente no existe. 

Las pérdidas han sido inmensas. En un población de 8,7 millones de personas han fallecido unos 100.000. Seguramente están heridos otros 250.000. Esto implica que Haití ha perdido casi el 1,2% de su población en unos días y tiene otro 2,9% de heridos o enfermos. Para hacernos una idea de estas pérdidas es como si en España se hubieran muerto unas 500.000 personas y tuviéramos que hacer frente a 1,3 millones de heridos. Y eso en un país que es ¡diez! veces más pobre que nosotros. A estas pérdidas hay que sumar además el capital humano e institucional destruido. Dado que la mayoría de la destrucción se ha centrado en la capital, donde se concentraba la parte más importante de las instituciones administrativas, sociales y económicas, así como de sus infraestructuras, se puede decir que el terremoto ha tenido un impacto mayor sobre el país que el que ha producido sobre su población. Una somera cuantificación nos lleva a la cifra de entre unos 9 y 12.000 millones de dólares en pérdidas, lo que equivale al 65-70% del PIB del país. En términos españoles esta cantidad supondría unos 600.000 millones de euros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ayuda que necesita Haití en los próximos tres o cuatro años es de 12.000 a 14.000 millones de dólares (unos 3.500 millones por año como mínimo). Si este volumen de ayuda no llega, Haití no se recuperará ni alcanzará en mucho tiempo los bajísimos niveles de antes del terremoto. Peor aún, si esta ayuda no llega con reforzamiento de sus instituciones (una especie de protectorado deferente) el país desaparecerá. Porque empezarán las migraciones (ya lo han hecho), se descapitalizará, se instalará la ley del más fuerte, la corrupción se adueñará de la ayuda y, al desastre del terremoto, se sumará el desastre de un país fallido. 

O sea, que, en mi opinión, hemos asistido a la muerte de Haití, y no porque sea un pesimista antropológico, sino porque la ayuda que salvaría a Haití depende de las promesas de los políticos que nosotros, los ricos, elegimos. Y éstos no han cumplido nunca las promesas de ayuda que han hecho a los pobres (la prueba son las miles de millones de promesas incumplidas para África, Afganistán, Palestina, Centroamérica, etcétera). Peor aún, ni siquiera son capaces de cumplir las promesas que nos hacen, cada cuatro años, a los que los votamos. 

Lo siento, pero debajo de los escombros de Puerto Príncipe está enterrado un país pobre al que nosotros los ricos dejaremos morir, aunque la causa oficial de la muerte sea un simple y terrorífico desastre natural. Descanse en paz. 

26 de enero de 2010