Malos políticos

Cuando medio país anda de vacaciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas divulga los resultados de su Barómetro político en los que refleja cómo el Partido Popular va tomando ventaja (de 6,3 puntos) sobre el PSOE en el apoyo popular. Un dato que, siendo importante, me parece menos relevante que otro del mismo estudio: todos los políticos suspenden en la valoración de los ciudadanos (de 0 a 10 solo Rubalcaba se acerca al 4,5), mientras que un ¡78,9%! no confía en Zapatero y un ¡84,6%! no lo hace en Rajoy. 

Me temo que debajo de esta pésima valoración lo que subyace no es solo la crisis económica (y de la culpa de los políticos en ella hablaremos otro día) sino que los ciudadanos perciben, aunque no lo expresen claramente, que nuestros políticos son malos profesionales, que no están haciendo lo que tienen que hacer y, por eso, les retiran su confianza. Y los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer, en mi opinión, porque nuestra clase política ha olvidado que su razón de ser no es ganar unas elecciones, sino la producción de orden político y social, y, consiguiéndolo, concitar el apoyo de los ciudadanos. Es decir, los políticos ya no saben que están para producir leyes y gestionar recursos que nos den bienestar económico, bienes públicos (seguridad, justicia, educación, sanidad, infraestructuras, etc.), igualdad de oportunidades, etc., no para tener ocurrencias populistas con el dinero de todos, como hace el Gobierno, o para alegrase de los errores del contrario (que empeoran la situación de todos) como hace el Partido Popular. 

La producción de orden político y social, que es lo sustantivo del poder político, está estancada en nuestro país por varias razones. La primera es que debaten más sobre quién es el sujeto administrativo que tiene que proveerlo que sobre la provisión en sí misma del bien. Así, llevan más tiempo determinando si es la Administración central o la autonómica la que debe hacer qué, que analizando cuál de las dos sería más eficaz en su provisión. De hecho, el criterio de eficacia nunca ha estado en las discusiones sobre las competencias transferidas. En el tema, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña nunca estuvo presente, sino que se fue a dotar a la Generalitat de todas las competencias de un miniestado, sin tener en cuenta, no ya si era posible jurídicamente o no, sino si era factible económicamente para el conjunto de España. 

La segunda razón por la que la producción de servicios públicos y sociales está estancada es por la mala gestión, mejores que los públicos de otros países, pero, en general, despilfarradores. Entre otras cosas porque no tenemos profesionales entrenados al frente de los mismos, sino cargos políticos de confianza (o sea, del partido del que gobierna). 

Finalmente, la tercera razón por la que la producción de bienes sociales está estancada es, indudablemente, por la crisis: menos recursos, peor provisión. 

Si nuestros políticos supieran para qué les pagamos estarían dirimiendo de una vez por todas (al menos por muchos años) la arquitectura institucional de nuestra administración, estarían preocupados por el crecimiento de la violencia de género, los robos, el fracaso escolar y los problemas económicos y buscarían formas de gestión más eficientes para nuestros hospitales, escuelas, cajas de ahorros, instituciones, etc. Estarían haciendo política económica de verdad para intentar salir cuanto antes de la crisis. En vez de esto viven en un mundo irreal de personalismos, corruptelas, declaraciones y poses que nada interesa a la ciudadanía. Y porque viven en un mundo irreal es por lo que ésta, que sí sufre la realidad y la paga, los suspende. De hecho, hasta los consideran el tercer problema del país. Por eso lo importante del Barómetro del CIS no es si el PP ganaría unas hipotéticas elecciones al PSOE, sino que todos los políticos están suspendiendo. Lo malo es que el sistema de partidos español produce malos políticos. Lo que nos condena a sufrirlos eternamente.