Urgencias de la economía española

La economía española se mueve hoy entre dos urgencias que condicionan su evolución, la política económica y su futuro. Estas dos urgencias son el alto nivel de endeudamiento del conjunto de la economía (un 297% del PIB, un 72,6% de ella pública), con la agravante de la dependencia exterior (un 92,1% del PIB), y, en segundo lugar, la insoportable cifra de 5.639.000 parados, que llegará a rozar los 6 millones a finales de año, con las agravantes de que tenemos más de 1,7 millones de hogares con todos sus miembros en paro, un paro juvenil superior al 50% y un paro de larga duración de 2,4 millones de personas. 

Ante estas urgencias, la respuesta evidente es el crecimiento. Es de libro de texto. Porque si la economía volviera a crecer (digamos al 3%), la tasa total de endeudamiento de la economía caería, tendríamos más consumo y más inversión, con lo que aumentaría el empleo y caería la tasa de paro. Entraríamos así en un círculo virtuoso que rompería la situación actual de crisis. 

El problema de esta solución tan evidente (que es posible articular en algunos países) es que no es posible en la España de hoy, porque no tenemos ningún mecanismo keynesiano de corto plazo que nos permita una vuelta rápida al crecimiento. La muy expansiva política monetaria del Banco Central Europeo (tipos de interés al 1%, con inflación del 1,3%) no llega a nuestras familias y empresas porque tenemos un sistema financiero aún dañado, por los abusos de nuestro crecimiento anterior y la ausencia de reformas de calado en los últimos años, y porque tenemos unas malas expectativas de crecimiento por el nivel de endeudamiento y la alta tasa de paro. Una política fiscal expansiva de gasto no es posible porque tenemos unos gastos fijos del sector público muy altos, precisamente porque lo sobredimensionamos en la época de bonanza (tenemos una ratio de empleo público sobre empleo total excesiva), nos dimos un amplio sistema de pensiones (con jubilaciones medias a los 62,3 años) y tenemos un altísimo paro que proteger. Más aún, no podemos expandir más el gasto porque si miramos el déficit público en relación con los ingresos tenemos que el sector público español gasta casi un ¡20%! más de lo que ingresa. Una política fiscal expansiva de ingresos no es tampoco posible porque las familias, en vez de gastar más (como predicen los modelos keynesianos), lo que harían, en el contexto de deudas que tienen y con la incertidumbre en la que viven, sería ahorrar y reducir deuda, con lo que cambiaríamos deuda pública por deuda privada sin activar el crecimiento (como Japón en los noventa). No podemos devaluar, como se hacía en el pasado, para activar la demanda exterior porque pertenecemos a la zona euro y nuestros principales competidores tienen la misma moneda. Como no podemos provocarnos una ligera inflación (del 4 o 5%), para aligerar la carga de la deuda, subiendo los salarios porque hemos perdido todo margen de competitividad (salarios/productividad) y tenemos una tasa de paro de casi el 25%. Finalmente, no podemos esperar ayuda de la Unión Europea en forma de fondos para el crecimiento porque ya no nos corresponden. 

El dilema para España no es pues, como algunos creen, entre crecimiento y deuda. Es que si no baja el volumen de endeudamiento no volveremos a crecer. Sencillamente, porque debemos demasiado. Piénsese que mientras España tiene un 297,3% de deuda sobre PIB (225,3% privada y 72,6% pública) y un 92,1% de ella exterior, Alemania sólo tiene un 209,4 (¡128,2! privada y 81,2% pública) y un ahorro exterior del 36,3% de su gigantesco PIB. Compárense las cifras para ver quién tiene que ajustar y por qué, quién presta a quién y- por qué unos mandan más que otros. 

 Tenemos que ajustar y reformar profundamente la economía española ya. Porque 5.639.000 parados tienen urgencia en encontrar empleo. 

Unas críticas constructivas

La política económica del Gobierno Rajoy tiene ya un número de decisiones suficiente (del que se vanagloria el mismo Gobierno) y ya ha pasado el suficiente tiempo como para poder hacer un juicio de conjunto de su desempeño. 

Lo primero, y más loable, de la política económica del Gobierno Rajoy es el ritmo en el que se están tomando las decisiones. Tras una legislatura en la que las decisiones se aplazaron por dos años y, luego, desde mayo de 2010, se tomaron de forma incompleta y espasmódica, era importante que hubiera un Gobierno capaz de tomar decisiones rápidamente para recuperar credibilidad. Es evidente que la mayoría absoluta y la presión europea han favorecido el ritmo, pero también es evidente que Rajoy ha querido marcar diferencias con Zapatero. Sin embargo, siendo loable el ritmo, incluso las cuestiones que está abordando, el Gobierno no está consiguiendo ganar la credibilidad perdida por dos razones, en mi opinión, claves: una pésima política de comunicación y la superficialidad e inoportunidad de alguna de las medidas. 

La política de comunicación del Gobierno está siendo francamente mala. No puede ser que Rajoy, que en teoría gobierna la política económica y por eso no nombró un vicepresidente económico, no sea capaz de explicar coherentemente qué se está haciendo y por qué. En su lugar, él y la vicepresidenta recurren a mantras que ya no tienen sentido para los analistas y la opinión pública. Apelar a la situación recibida está bien para debatir con la oposición, pero es información inútil por conocida. Sostener la inamovilidad de los objetivos de déficit está bien para trasmitirlo a la opinión pública, pero carece de sentido para los analistas si no se anuncian todas las medidas de una forma coherente. Como no puede ser que los ministros Guindos y Montoro no den una explicación ordenada de un plan de política económica. Peor aún, incluso cuando el Gobierno acierta en las medidas (como con la Reforma Laboral), deja a la oposición que focalice el debate. Lo siento, pero la política de comunicación de este Gobierno es un desastre que está afectando a la eficacia de la misma política económica. 

El segundo problema es la superficialidad y la inoportunidad de algunas de las líneas de política económica, especialmente en política fiscal. Puedo comprender que el Gobierno no haya tenido a punto los Presupuestos Generales del Estado en tres meses, y que necesitara, antes de terminarlos, determinar las necesidades de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Como puedo comprender que subiera las retenciones del IRPF. Pero no puedo comprender que improvise una inmoral amnistía fiscal (¡qué error!) cuando lo que tiene que hacer es perseguir el fraude, no se tocan los fundamentos legales por los que algunos pagan menos (módulos y tratamiento de las rentas de capital en el IRPF, etcétera), se tienen ocurrencias como la del copago progresivo de medicamentos y no se atisba la reforma fiscal (subida de IVA, bajada de cotizaciones, reforma del IRPF, etcétera) que debieran de haber tenido a punto. Como tampoco puedo comprender que no tengan un discurso sobre qué partidas de gasto eliminar o recortar y se tengan ocurrencias como las de Esperanza Aguirre sobre el modelo de Estado, se anuncien recortes en sanidad y educación en dos fases y se considere un tabú las prestaciones por desempleo. Creo que la política fiscal se sigue diseñando en este país a base de ocurrencias y da la sensación de que el Gobierno no tiene aún unas líneas de actuación creíbles para reducir el déficit. 

Gestionando mal la comunicación, no explicando sus decisiones, consintiendo que algunas de sus bases más carcas cuelen sus intereses (amnistía fiscal) y haciendo de los presupuestos un bazar de ocurrencias, me temo que el Gobierno tiene muy difícil ganar la credibilidad que perdimos con Zapatero. 

Y lo digo ahora, que aún es tiempo, porque, luego, con la desesperación, las ocurrencias se multiplican. 

Huelga política, lectura política

La huelga general de la semana pasada ha sido, como todas las huelgas generales, una huelga política. Y, como casi todo en política, es un juego comunicativo, porque la huelga general significa lo que cada uno que opine sobre ella quiere que signifique. 

Una huelga no es la forma de manifestar una voluntad colectiva porque, además de ser una acción negativa (no trabajar), no hay manera de saber lo que se sostiene (de ahí los mensajes simples), ni el grado en el que se prefiere. Desde un punto de vista democrático es sólo el ejercicio de un derecho, pero no es la manifestación de una voluntad popular. De ahí que no pueda compararse, ni por asomo, con unas elecciones libres en la que concurren, tras un periodo electoral, distintas opciones que plantean diversas posibilidades, y se ejerce el derecho al voto libre y secretamente. 

En una huelga general, no todos pueden ejercer su derecho al trabajo si, por ejemplo, se paran los transportes; el ejercicio del derecho es dual (o se está de huelga o no); y el ejercicio del derecho no es secreto (ni puede serlo) con lo que la presión de un grupo, sus amenazas o, sencillamente, no señalarse como diferente condicionan claramente su ejercicio. Teniendo esto en cuenta, decir que una huelga general es un ejercicio de democracia es tener en muy poco lo que es la democracia. Porque la democracia, además de derechos y su ejercicio (entre ellos el de huelga), es un conjunto de procedimientos para la conformación de la voluntad popular a partir del voto igualitario y libre de cada uno. 

Precisamente porque una huelga general es un procedimiento escasamente democrático (aunque sea el ejercicio de un derecho democrático) es por lo que el significado político de la huelga depende de lo que se diga de la huelga, de la percepción que se forme el Gobierno y si ésta le hace cambiar de opinión. De ahí, también, que el éxito o el fracaso de una huelga no se pueda medir el día que se produce, sino después y según sus consecuencias. 

Una huelga, por muy seguida que sea, y la de la semana pasada no lo fue, que no cambie nada es un fracaso para los que la convocan y un éxito de aquel contra el que se convocaba (el Gobierno). Una huelga escasa que se amplifique y a la que el Gobierno atienda será un éxito porque logra influir en éste. El éxito de una huelga general, pues, no depende tanto (que también) de su seguimiento, sino de si el Gobierno deja que sea un éxito. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y sin entrar en valorar las razones de la huelga, en mi opinión, el Gobierno se equivocaría si convierte la huelga general del día 29 en un éxito para los sindicatos. Es decir, creo que el presidente Rajoy se equivocaría si consiente que una huelga tenga una legitimidad similar que unas elecciones generales celebradas hace escasamente cuatro meses. Si presta más atención a unos sindicatos dudosamente representativos que a los mismos partidos políticos de la oposición. Si deja que las leyes se puedan reformar desde la calle. 

Más aún, creo que se equivocaría en mucho si modifica la reforma laboral emprendida porque, si hay un mercado que necesita un profundísimo cambio en su regulación, es el mercado de trabajo español que ha producido la tasa de paro más alta de los países desarrollados, y la reforma, aunque incompleta en no pocos aspectos, va en la buena dirección. Y, desde luego, si cede supondría, no sólo un error político, sino un error político con consecuencias económicas porque supondría una inmensa pérdida de credibilidad de un gobierno que goza, además, de una amplia mayoría absoluta ganada en las urnas. 

Por todas estas razones espero que el Gobierno no ceda ni un ápice. El problema, entonces, lo tendrán los sindicatos. Lo que no estaría mal, para variar.