Un discurso perfecto

El atentado del 11 de Marzo en Madrid es, sin duda, el acontecimiento político más importante de este año. Como, también sin ningún género de duda, el discurso de la semana pasada de Pilar Manjón, la portavoz de las víctimas del atentado, ha sido el mejor de los discursos políticos que se han pronunciado este año en nuestro país. Un discurso a la medida del acontecimiento que se está investigando, pues si el 11-M marca un antes y un después en la vida política española, era necesario un discurso como el de oímos, para cargar de sentido y de significado lo ocurrido. El discurso fue, por eso, una pieza perfecta de oratoria política, tanto en la forma como en el fondo. 

Las palabras de Pilar Manjón fueron perfectas en la forma porque expresó clara y sencillamente sus pensamientos y sentimientos, porque la estructura rítmica y creciente de su texto, hablando, primero, desde su situación de víctima y, después, desde su condición de ciudadana, describiendo sentimientos y aduciendo razones de sentido común, citando nombres de víctimas y olvidando el nombre de los políticos, argumentando desde los hechos hasta exigir acciones concretas, hizo que nadie pudiera responderle más que pidiendo perdón y suscribiendo todas sus palabras. Hasta la puesta en escena, el luto por su hijo y las demás víctimas, la voz firme y emocionada, la mirada serena y dolorida, fue perfecta. Pocas veces se tiene la ocasión de asistir a un acto político tan auténtico y tan hermoso como el del miércoles pasado en el Congreso. 

Pero si en la forma el discurso fue perfecto, en el fondo no lo fue menos. Pilar Manjón puso en cuestión, a partir del caso concreto de la actuación pública el 11-M y de la comisión que lo investiga, la realidad de nuestro sistema político, la realidad de nuestra democracia. En su discurso dejó al desnudo el funcionamiento de nuestro parlamento y las relaciones entre los partidos, el funcionamiento del gobierno y sus responsabilidades, el funcionamiento de nuestro sistema judicial, el funcionamiento del cuarto poder, el de la prensa. Y dejó patente porqué los ciudadanos desconfían de los políticos, de los partidos, de los jueces y de los medios de comunicación. Pero, fue más allá, pues Pilar Manjón nos hizo ver los problemas de fondo de nuestras instituciones políticas: una democracia de partidos derivada en partitocracia, con políticos que viven en una realidad virtual por ellos fabricada que nada tiene que ver con la realidad de los ciudadanos. Una democracia en la que las ocurrencias de los líderes políticos son los temas a tratar y no las necesidades reales de la ciudadanía. Una democracia en la que lo público se confunde con lo mediático, y en la que el discurso político es un conjunto de titulares, no una reflexión matizada. Una democracia de hooligans más de que responsables hombres y mujeres con sentido de lo común y de lo público. Una democracia virtual en la que los políticos no saben ya distinguir la realidad de la realidad que ellos se fabrican, y en la que carecen de sentido palabras como verdad, dignidad o responsabilidad. Pilar Manjón cuestionó el desvirtuado y virtual funcionamiento de nuestra democracia y nos mostró a todos la desnuda realidad de nuestro sistema. 

El perfecto discurso de Pilar Manjón, en nombre de las víctimas, es también el discurso de los ciudadanos. Y, por eso, por reflejar el sentir de los comunes ante el bochornoso espectáculo al que asistimos cotidianamente, es por lo que es un discurso con corazón y con razón. Un discurso digno y memorable porque constata que hay vida política inteligente fuera de nuestro parlamento, en nuestra sociedad civil, entre nosotros. Gracias, Pilar, por un perfecto discurso. 

Prisas, bronca y tiempo

En España, vivimos tiempos políticos turbulentos. Tiempos de prisas y de bronca. Los casi ocho meses de gobierno de Rodríguez Zapatero están provocando no pocos sobresaltos. La rápida retirada de Irak y la ingenua llamada a la retirada de los demás; las ocurrencias de Maragall sobre el Estado de las Autonomías; los fallidos anuncios en vivienda y las nuevas regulaciones de horarios comerciales; los cambios en la legislación de divorcio y matrimonio y el enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica; el precipitado vuelco en el Plan Hidrológico Nacional y las contradicciones con Agricultura; las prisas en los nombramientos en algunas de las viejas empresas privatizadas; el giro en la política exterior y el desliz sobre el golpe en Venezuela; la comisión del 11-M y el cambio de la ley del Poder Judicial...Demasiados cambios y precipitación. Demasiados errores provocados por las prisas. Y, junto a ellos y a pesar del carácter de Rajoy, demasiadas frases grandilocuentes, demasiados plantes, demasiadas amenazas, demasiada bronca, por parte del Partido Popular y de sus corifeos. 

Estas prisas por hacer cosas, por el cambio, puede tener muchas causas. Es normal que un partido después de ocho años de oposición, y más si lo ningunearon, quiera acometer muchos proyectos. Como también es normal que un equipo joven, y con no mucha experiencia ejecutiva, cometa errores. Pero lo más probable es que las prisas del Gobierno se deban a otras dos circunstancias que tienen que ver con su precaria minoría. Una primera circunstancia es la indudable presión a la que lo están sometiendo Ezquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, que tienen prisa por recoger los frutos de sus apoyos. Y es que los apoyos de la investidura se están rentabilizando muy deprisa porque así, negociando año a año, cada uno de estos apoyos puede tener un mayor valor. En realidad, es una estrategia típica de los partidos bisagra: hacen valer su fuerza relativa continuamente porque el desgaste lo asume el gobierno, mientras ellos pueden mimar a sus bases. La segunda circunstancia es que, al menos en mi opinión, el PSOE ha descontado que no va a terminar la legislatura. Es decir, que si logra aguantar el año 2005, con el referéndum de la Constitución Europea en febrero y las elecciones vascas en mayo, y pasa ambos test con mejores resultados que los de 2004, en el segundo semestre de 2005 se hablará de Estatutos y, en el 2006, de reforma constitucional. Las elecciones se convocarían, entonces, para finales de ese año, eso sí, previa reforma fiscal. En otras palabras, el Gobierno tiene prisa porque, en cuanto mejore la situación de las encuestas, y siempre después de cumplir los dos años de gobierno, tiene una oportunidad de volver a gobernar con una mayoría más cómoda. El poco tiempo que son dos años es una de las claves de las prisas del gobierno. 

Pero esas prisas y ese mismo tiempo es una de las causas por las que el Partido Popular hace oposición de esa forma tan particular y maleducada, es decir, con tanta la bronca. Cuatro son, al menos en mi opinión, las razones de esta táctica del PP. En primer lugar, la táctica de permanente crispación le dio resultado a Jose María Aznar cuando, allá por 1993, logró erosionar al último gobierno de Felipe González. En segundo lugar, el PP anda de congresos internos y sus líderes arengan a los militantes extremando el mensaje en un comportamiento también típico. En tercer lugar, el giro a la izquierda y hacia el nacionalismo del PSOE en su acción de gobierno acentúa el discurso del PP para asegurar votos, especialmente de no nacionalistas. Y, finalmente, y en cuarto lugar, el tiempo. Porque también el PP ha descontado la debilidad del gobierno y que éste no puede mantenerse en el poder con ERC e IU, porque sabe que el PSOE no puede pagar, para estar en el Gobierno, todos los peajes que ambos grupos le exigirán, so pena de perder el centro político por su radicalización. Unos con prisas y otros con mala educación, el caso es que no vivimos para sobresaltos. El problema es que nos esperan unos dos años de continua bronca. Mucho cuidado deben tener unos y otros porque la sociedad no votó ni las prisas, ni la bronca, y se pueden encontrar con que lleguemos a decir el grito de hace tres años en Argentina: que se vayan todos. 

Maldita inflación

Los precios han vuelto a tener, en España, un comportamiento inflacionista. En lo que llevamos de año han crecido el 3,6%, muy por encima del 3% que auguró el nuevo gobierno y del 2% que fijó el antiguo gobierno en los presupuestos generales para este año. Y, sobre todo, muy lejos del 2,1 de nuestros socios y competidores comunitarios. 

Es cierto que parte de la culpa de este comportamiento inflacionista la tiene la subida del precio del petróleo. Es sabido que el precio del petróleo, en dólares, se ha incrementado en lo que va de año un 60%, pero su impacto sobre los precios y sobre el crecimiento de las economías europeas, y entre ellas la española, ha sido menor que el de otras épocas porque tenemos una moneda fuerte frente al dólar. La revalorización del euro, en más de un 20%, nos ha compensado parte de esta subida al mismo tiempo que el grado de desarrollo de las economías europeas, y de la española también, hace que consumamos menos petróleo por cada punto de producción que hace veinte años. El petróleo explica parte de la subida de la inflación, 0,7 puntos, pero no explica la totalidad de la misma y, desde luego, no explica el diferencial que tenemos con las otras economías. 

Las causas de la inflación española hay que buscarlas en otras variables. Es cierto que la política monetaria de la zona euro, de bajos tipos de interés, no favorece el control de los precios. Pero esas mismas circunstancias tienen los demás países europeos y el conjunto de la zona euro, incluyendo a España, tiene un 2,1 de inflación. Es decir, la política monetaria no es la causa de la inflación europea, aunque una subida de tipos ayudaría a controlarla. Como tampoco se puede decir que la política fiscal española sea especialmente inflacionista. Llevamos más de cinco años con práctico equilibrio presupuestario y, si bien es cierto que para el año que viene se espera un crecimiento del gasto social y una menor austeridad pública, este pequeño déficit no generará presiones sobre la demanda. Y, de igual forma, tampoco se puede achacar la inflación española a la presión salarial o a los costes generales de personal. Nuestro mercado de trabajo, a pesar de la retórica laboral y de algunos organismos internacionales, se ha flexibilizado tanto (y este es un tema que merece un buen debate público) que los incrementos salariales reales en los últimos años han sido prácticamente nulos. No, no es en la política macroeconómica (monetaria, fiscal o de rentas) en donde hemos de buscar las causas de la diferencial inflación española. 

La inflación española existe porque los mercados españoles forman inflacionariamente los precios, porque no hay suficiente competencia y, desde luego, porque hay un exceso de regulaciones, especialmente de ámbito regional y local, que dificultan la misma competencia. 

Esta ausencia de competencia, de origen histórico, se debe a que, en realidad, y a pesar de la retórica gubernamental de algunos ministros, no hemos tenido verdaderos procesos de liberalización, por razones electorales, en la mayoría de los mercados, empezando por los servicios. Pero también porque los políticos de algunos ministerios sectoriales, como el ministro Montilla, los de la mayoría de las comunidades autónomas y, desde luego, de los ayuntamientos intervienen con regulaciones que quieren proteger actividades autóctonas y lo que hacen es perjudicar la formación competitiva de los precios. Unas regulaciones contra las que protestan los empresarios con la boca pequeña porque a ellos les favorece la inflación. En definitiva, tenemos inflación porque somos un país que no comprende, desde la sociedad civil y, por lo mismo no exige a sus políticos, una verdadera política de competencia y libertad de mercado. Y lo curioso y preocupante es que hayamos aceptado la competencia en el mercado laboral y no seamos capaces de exigir libertad y competencia en los demás mercados. Quizás porque, en el fondo, somos un país de socialistas conservadores o de conservadores socialistas. Los liberales son (somos) minoría. 

Presupuestos: Más de lo mismo

Estos días pasados se ha producido el debate de los Presupuestos Generales en el Congreso de los Diputados. Este debate es el más importante de cada año, porque en los presupuestos se manifiesta, por parte del Gobierno, su visión de la situación actual y futura de la economía española, sus preferencias políticas para el corto plazo y sus propuestas para resolver los problemas planteados. El debate de presupuestos, especialmente el protagonizado por Solbes y Rajoy, ha sido muy suave, focalizado en un par de puntos políticos y sin entrar en los fundamentos económicos, quizás porque ellos mismos perciben la continuidad en la política económica. Y por esta suavidad, y porque la actualidad informativa ha estado en la campaña electoral americana, en la firma de la Constitución Europea y en las maragalladas habituales, un debate tan importante ha pasado desapercibido a la opinión pública. 

Hay cuatro similitudes claras entre este presupuesto y los anteriores que me llevan a la conclusión de que hay pocos cambios en la política económica de los últimos años, de que, como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. 

En primer lugar, sigue habiendo el mismo voluntarismo para mirar el entorno económico y para hacer previsiones económicas que con el equipo del Partido Popular. Y es que Solbes, como su antecesor, Rodrigo Rato, ha elaborado un cuadro macroeconómico de partida que, aunque coherente, no es del todo creíble. Y no es creíble porque el petróleo no estará por debajo de los 40 dólares en los próximos seis o nueve meses, lo que influye negativamente en nuestras importaciones; porque la guerra de Irak determina un profundo déficit público norteamericano y una mayor fortaleza del euro, lo que nos beneficia con las importaciones, pero perjudica nuestras exportaciones y las de las economías de las que dependemos (Francia y Alemania, especialmente); porque estos ajustes en nuestro sector exterior, ponen en peligro el objetivo de crecimiento del 3%. Máxime si no se manifiesta ninguna voluntad real de lucha contra la inflación, lo que afecta directamente a nuestra competitividad exterior. Rato hacía voluntarismo con la inflación, siempre para él en ese 2% que nunca se alcanzaba, mientras que Solbes hace voluntarismo en el crecimiento, siempre en el entorno del 3%, cuando sabemos que lo alcanzaremos con dificultad. 

En segundo lugar, el modelo de crecimiento de la economía española que subyace en los presupuestos es el de siempre: fuerte crecimiento interno, una inversión volcada en la construcción, déficit de la balanza de pagos. Es cierto que se prevé una moderación en el ritmo de la construcción, contradictorio, por cierto, con las propuestas del Ministerio de la Vivienda, y una mejora en la inversión en bienes de equipo. Pero, a pesar de la retórica de la productividad y la investigación, tan cacareada en la campaña electoral, el hecho es que la productividad crecerá muy poco y no se ponen los cimientos para que crezca. 

En tercer lugar, para el año que viene seguimos con la misma orientación de la política fiscal. A pesar de los matices que se están introduciendo en el debate, el equilibrio presupuestario se ha convertido, también para los socialistas, en un dogma. Pero el hecho es que incluso se ha copiado la retórica tramposa del PP de negar la evidencia de que la presión fiscal total sube unas décimas, pero sube. O de subrayar la evidencia, que lo es desde los ochenta, de que el gasto social es la parte más importante del presupuesto. 

Y, por último, sobre los presupuestos sigue habiendo una sombra de que hay decisiones políticas con implicaciones económicas que no se recogen. Con el PP, era la Ley de Acompañamiento la que proyectaba sombras y dudas por recoger en una ley económica modificaciones de otras leyes. Con el PSOE, los pactos ocultos con los independentistas catalanes son los oscuros. En definitiva, el mismo voluntarismo, la misma retórica, las mismas carencias y los mismos aciertos. La política económica española es, pues, continuista. O sea, más de lo mismo. 

Las razones históricas

Hay una soterrada campaña de poner en los medios de comunicación el tema de la Guerra Civil, para hacernos hablar de ella. Los campos de verano sobre las fosas comunes de la guerra y la postguerra, el documental de Palacios sobre los campos de concentración, el homenaje a los españoles de la división Leclerc, el proyecto de ley sobre la memoria de Companys, etc. son sólo una parte de esta campaña. Quieren, unos pocos de uno y otro bando, que miremos la historia de nuestra guerra y nuestra postguerra. Y no me parece, en principio, mal. 

Sobre nuestra Guerra Civil se ha estudiado y se ha escrito bastante. Para algunos no suficiente, para otros sí lo es. De cualquier forma, no nos pondríamos de acuerdo en el tema porque mucho o poco es un valor relativo. Pero el hecho es que se ha estudiado y se estudia permanentemente la historia de nuestra guerra y de nuestra larga postguerra y es normal que así sea porque eso acrecienta el conocimiento sobre nuestro pasado. Y tampoco me parece mal que se hable de esta historia. Incluso soy indulgente con que, en muchas de las modernas historias de nuestro pasado, y no sólo el del siglo XX, se carguen las tintas del lado de los vencidos, por aquello de la compensación, pues la historia la escriben los vencedores. No, no me parece mal que se escriba historia. Lo que me parece mal es que se utilice la historia para la política, para legislar manipulando nuestro futuro, para crear identidades que generan fracturas. 

Y es que, en mi opinión, la Historia es sólo un conocimiento. Es decir, un conjunto de frases con significado que se refieren a algo, hechos del pasado, y que creemos ciertas, según algún método de validación. La Historia es un conocimiento social. Pero nada más. 

La hacemos algo más cuando la usamos para justificar algo, cuando la usamos bastardamente, magnificándola, para exaltarnos o para victimizarnos. Cuando le damos más importancia de la que tiene. Cuando, por ejemplo, justificamos la situación de la Córdoba actual por su pasado árabe, olvidando que si nuestra ciudad es así, lo es por la forma en la que nos comportamos todos los que la habitamos, en absoluto, por cómo se comportaron unos tatarabuelos de los que ni siquiera sabemos su nombre. Más aún, lo que la gente de una generación tiene en común con la de su misma edad de cualquier país europeo, en valores, creencias, actitudes, comportamientos, formas de vida y de trabajo, es mucho más que lo que la une cualquiera de las generaciones anteriores. Nos parecemos más que a nuestros abuelos. Por eso es bastardo el uso que se hace de la historia para justificar cualquier decisión política. Ninguno de nosotros tiene responsabilidad en lo que hicieron bien o mal sus abuelos. 

Por eso es absurdo invocar razones históricas para hacer algo. Gibraltar debe estar bajo soberanía española porque es un nido de narcotráfico y de fraude y porque la mayoría de los servicios públicos se les prestan desde España, no porque firmáramos un Tratado en 1713. Y de igual forma creo que es absurda la separación del País Vasco o Cataluña porque nos hace a todos más pequeños y nos hace más ineficientes a todos, también a ellos, en plena era de la globalización. La razón histórica no es nada. No significa nada. Ampararse en ella es decir que hacemos algo porque algunos de nuestros antepasados hicieron lo contrario. Y esa es la menos racional de las razones. 

No, no llevaban razón ni Marx, ni Groce. La historia no se repite, ni como farsa, ni los pueblos que no la conocen están obligados a repetirla. Porque no existe el determinismo histórico, porque cada tiempo es diferente y, sobre todo, porque, siendo libres, el futuro está por construir. 

No, la Historia no puede servirnos ni como justificación, ni como coartada para hacer o dejar de hacer cosas. Lo que hagamos, lo que decidamos, lo que legislemos, ha de estar basado en la creencia de que la sociedad estará así mejor, no en el concepto de reparaciones históricas o en viejas interpretaciones del pasado. Por eso me parece mal el juego en el que se está entrando desde Cataluña, como me parece mal el injustificado uso de la historia que hace Aznar en sus clases y discursos. Miremos a la historia y recordemos que, en política, es un arma cargada de pasado, no de futuro. 

Epidemia nacionalista

No hace mucho, en la gala de presentación de TVE, coincidieron sobre el escenario Lorenzo Milá, Rosa María Sardá y Julia Otero. Y este televidente, en vez de escuchar lo que decían, pensó que los tres son catalanes. Más aún, se me ocurrió decir que hay un cierto imperialismo catalán en la vida política, económica y mediática de nuestro país, pues Maragall y el tripartito quieren marcar la reforma de la Constitución, la Caixa tiene la mayor cartera de participaciones industriales de España, y periodistas catalanes controlan el entretenimiento e información de las televisiones. Lo peor fue que me pasé el resto del programa calculando cuántos andaluces hay en las primeras líneas de cada profesión, y preguntándome porqué en las series televisivas el acento andaluz sólo se oye en boca de chismosas chachas o divertidos porteros. Confieso que he pasado, desde entonces, unos días con una cierta fiebre nacionalista, porque me ha enfadado el presupuesto regionalizado de inversiones para el año que viene. He padecido, pues, los primeros síntomas de una enfermedad que recorre España: la enfermedad nacionalista. Síntomas que, por ser una enfermedad del pensamiento, se manifiestan en frases que se deslizan en cualquier conversación. Frases, que siempre incluyen el ellos y el nosotros, sobre la historia mitológica de nuestra sociedad, sobre la superioridad de la raza, sobre la gran diferencia cultural, sobre la opresión y los agravios que permanentemente soportamos, sobre los símbolos. Frases que van contagiando la percepción de las diferencias, hasta que realmente las vemos. El origen de esta enfermedad en Europa es muy antiguo, casi dos siglos, pero, en su variante española y actual empezó en el País Vasco, ha tenido, hasta hace poco, una versión benigna en Cataluña, y se está generalizando por todos sitios ante la caída de las defensas, por debilidad intelectual de unos y política de otros. Y está llegando a afectar a gente como Pimentel o Clavero. 

De cualquier forma, el virus se ha formado y reproducido por el problema del encaje de las autonomías en la gobernación de España. Y es que la forma en que los políticos autonómicos han tenido de legitimarse ha sido el demostrar, frente al enemigo común del Gobierno de Madrid y ante la competencia de otros, que ellos eran mejores captores de fondos y competencias. Puesto que afirmar la unidad de España se identificaba con un discurso franquista, se cedieron, desde el Gobierno central, los espacios simbólicos, mediáticos y educativos, por lo que, en aquellas regiones con un mayor grado de diferenciación cultural, ha cristalizado un discurso de superioridad y victimismo permanente. De cualquier forma, para que, en este caldo de cultivo, la enfermedad se extienda entre la población, es necesario que un político o un partido, con la enfermedad desarrollada, la contagie. Y de estos hay cada vez más. 

El nacionalismo, en su variante más virulenta, genera regresión política y moral y, en casos extremos, puede ser mortal (como en Yugoslavia). Pero tiene cura. Una cura que empieza por desmontar las falacias históricas, por desarmar con datos el victimismo, por generar iniciativas de conocimiento y de igualdad. Una cura que pasa por implicar realmente, y de forma igualitaria, a los subsistemas políticos de las comunidades autónomas en la gobernabilidad de España. Una cura, en definitiva, que empieza por ver a todos como iguales y por pensar que podemos compartir el mismo espacio político de derechos y obligaciones. 

Y para garantizar la cura es conveniente seguir el tratamiento de viajar y leer que prescribió Pío Baroja contra el nacionalismo de Sabino Arana. Por eso, para curarme los síntomas de enfermedad que ya iba teniendo, me he recetado un viaje a San Sebastián, me he comprado unos libros de historia, veo al Barsa y he empezado a dar clases de catalán (en privado). Y estoy experimentando una gran mejoría. Igual Ibarretxe y Maragall se curan si Chaves los invita al Rocío, leen algo en castellano y se hacen del Betis. O del Córdoba, que necesita ahora apoyo. 

El precio de los principios

El convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y Arenal 2000 es una piedra de toque de la calidad de nuestra democracia municipal. De la mala calidad de nuestra democracia municipal, porque el convenio supone la venta de tres principios que infunden el Plan de Ordenación Urbana a cambio de tres cines. El precio, pues, de la legitimidad del PGOU es de un cine de verano por principio. El primer principio que ha puesto a la venta Rosa Aguilar es el de nuestro modelo de ciudad. Y es que hay, aunque ella lo ignore, una estrecha relación entre la ordenación de las viviendas en el territorio y la estructura social, así como en la forma en la que organiza una ciudad y la manera en la que la gente se interactúa. Es por esta íntima relación entre ciudad y sociedad, por lo que no es bueno que haya ghettos de ricos y pobres si una sociedad que quiere ser integrada, con valores compartidos y con igualdad de oportunidades. Porque los ghettos son, en sí mismos, sociedades cerradas, inamovibles e impermeables al progreso social y político. Las sociedades de ciudades con ghettos son sociedades de capas superpuestas que no se mezclan unas con otras y con parálisis vital. Y de eso sabemos mucho en las viejas ciudades andaluzas. Para romper esa tendencia de barrios marginados, de ricos y de pobres, es por lo que las normas de la Vivienda de Protección Oficial obligan a que, en cada actuación urbanística, ha de construirse un porcentaje de VPO. Este principio es, desde luego, discutible y matizable, pero, en mi opinión, no es un mal principio para orientar el PGOU de nuestras ciudades. Olvidarse de este principio vale, hoy, un cine de verano. 

Pero, siendo grave la venta de este principio, más grave me parece la venta de los otros dos principios. Porque valen dos cines de verano olvidarse de dos cimientos en los que se asienta nuestra democracia, y que se resumen en uno, el principio de la igualdad de todos ante la ley. Es un atentado contra un cimiento de la democracia que sobre las normas puedan hacerse excepciones, por la influencia o el poder de una persona o una empresa, porque salta por los aires el primer acuerdo tácito de toda democracia, que es el reconocernos todos iguales ante la ley. Honradamente, ¿está dispuesto el Ayuntamiento a negociar siempre el cupo de VPO? ¿Se hubiera llegado al acuerdo con una empresa que no fuera cordobesa o propiedad de quién es? Si la respuesta a ambas preguntas es no, mucho me temo que se vulnera el principio de igualdad ante la ley por parte del Ayuntamiento. 

De igual forma, es un atentado contra otro cimiento de nuestra democracia el que se puedan hacer excepciones porque una persona o empresa aporte algo a cambio, aunque sean tres cines de verano o lo que sea. Porque supone que la ley tiene un precio, que el dinero o el poder social pueden modificar la ley. Y aceptar que la ley tiene un precio es dinamitar un segundo pilar de toda democracia, el pilar del Estado de Derecho, porque toda democracia deja de serlo en el momento en el que una norma deja de ser de aplicación para todos por igual, o puede ser comprada por algunos. Y el hecho de que todos los grupos políticos de la Comisión de Urbanismo estén de acuerdo con el Convenio entre el Ayuntamiento y Arenal 2000 no convalida democráticamente la situación: sólo refleja el miedo que todos ellos le tienen a Rafael Gómez. 

En poco valoramos nuestros principios políticos cuando un Ayuntamiento pone a la venta tres principios en los que se asienta la legitimidad del PGOU. Y es muy poco lo que valemos todos juntos cuando quienes nos representan se doblegan al poder de uno de nosotros. Y en nada valora Rosa Aguilar nuestra inteligencia cuando justifica la operación con la obviedad de que lo hace por el interés de la ciudad. Lástima de principios democráticos que nada duran al contacto con el poder de la construcción. Miedo me da pensar lo que debe de estar siendo de nuestro Estado de Derecho cuando recuerdo que la construcción es el motor de nuestra economía. 

Precios del petróleo

El precio del petróleo ha subido espectacularmente en los últimos meses. El precio medio del petróleo brent, referencia en Europa, ha pasado de costar 25 dólares/barril a principios de año a valer más de 40 dólares estos días, lo que supone una subida del 60%. 

Las causas coyunturales de este encarecimiento del petróleo están claras. Cinco grandes países productores de petróleo han tenido problemas este verano. En Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, los atentados terroristas de los últimos meses se han dirigido, en primer lugar, contra los técnicos occidentales que operan en el país y, en segundo lugar, contra algunas de las gigantescas instalaciones de distribución y refino, dificultando así las operaciones y reduciendo, por unas semanas, su capacidad productiva. En Rusia, el segundo mayor productor y el primero no OPEP, la lucha por el control del grupo Yukos ha producido la práctica bancarrota de la mayor petrolera rusa y la paralización de su producción. En Venezuela, el mayor productor sudamericano y uno de los proveedores de los Estados Unidos, el referéndum para la revocación del presidente Chávez ha causado una profunda inestabilidad política y social. En Nigeria, el mayor productor africano, los problemas de violencia étnica y religiosa han llevado al sabotaje de sus oleoductos y de sus puertos de embarque. Mientras que en Irak, tanto en el norte (Kirkuk), como en el sur (en Basora), la inacabada guerra se traduce en permanentes ataques a la infraestructura productiva. Hasta un pequeño país como Bolivia ha planteado problemas al mercado, lo mismo que las dificultades de dos de las grandes petroleras, Shell y Repsol-YPF. Y a estos problemas de oferta hay que sumar el fuerte crecimiento de la demanda motivado por la reactivación de Japón y las ya importantes, demandas internas de China, India y Brasil. Con estos hechos, y conocidos los intereses en juego, lo extraño no es que el petróleo haya llegado a valer 40 dólares, lo raro es que no haya sobrepasado los 50. 

De cualquier forma, lo preocupante del mercado de petróleo no son los 40 dólares barril, ni siquiera sus consecuencias a corto plazo sobre nuestras economías. Lo preocupante son los procesos políticos que hay debajo de estos precios y las consecuencias de estos procesos. Y es que los 40 dólares/barril ponen de manifiesto dos hechos que no por sabidos son menos importantes: la inmensa dependencia que las economías occidentales tienen del petróleo y profunda inestabilidad de los países productores. Lo que hace frágil el mercado de petróleo y volátil la evolución de sus precios. Dicho de otra forma, los países ricos y fuertes necesitan mucho algo que depende de la voluntad de un país semifeudal atrasado, de un par de dictadores y de unas caóticas y conflictivas sociedades. Para reducir esta fragilidad y la volatilidad caben dos estrategias contradictorias. Una estrategia de control directo de las reservas de petróleo, bien militarmente, bien con regímenes tutelados, y una segunda estrategia, de más largo plazo, de reducción de la dependencia, con el desarrollo de nuevas fuentes de energía (renovables y no contaminantes, por ejemplo), al tiempo que se procura la estabilización de los países productores, mediante su desarrollo económico y social. Y ambas estrategias son contradictorias, porque para que sean rentables las inversiones que hay que hacer para transformar la estructura productiva, es necesario que los precios del petróleo sean estables y ligeramente crecientes en el largo plazo. Algo que aquéllos que sigan la primera estrategia no quieren y no podrían conseguir. Es indudable que la primera es la estrategia de los Estados Unidos y de la mayoría de los países occidentales. Y es indudable que la segunda es la estrategia más inteligente. Pero, para optar por ésta es necesario tener visión de largo plazo, algo de sentido común y, a ser posible, no tener intereses familiares en el petróleo. O sea, ser ligeramente inteligente. Algo que no son nuestros líderes mundiales. Y lo malo es que esta falta de inteligencia nos está llevando a una dinámica histórica que algunos llaman choque de civilizaciones, pero que es sólo fruto de la eterna y estúpida codicia humana. 

Las muertes de África

África se está muriendo. Muere de bala y de metralla, por las heridas de las guerras, por la omnipresente violencia. Muere de hambre, de sed, de miseria. Muere de enfermedad, de todas las enfermedades. Muere de explotación y de esclavitud. Muere en patera. Muere de desidia. Muere en silencio. Sencillamente, muere. 

África muere de bala y de metralla en las largas y olvidadas guerras que se extienden por todo el continente. África muere en la guerra civil de Sudan. Una guerra civil de más de cincuenta años, que se mezcla con una limpieza étnica de mayor violencia que aquella que tanto nos impactó en los Balcanes. Agravada, además, por una larga tradición esclavista y la ausencia absoluta de información. El Gobierno de Sudán, por sí o por las milicias paramilitares que ha ido armando, mantiene una guerra con su propia población en el Sur y en Dafur, expulsa a su gente hacia países vecinos, permite el tráfico de esclavos en su territorio y amenaza a los países vecinos con extender el conflicto. Todo ello con el telón de fondo de una guerra étnica y religiosa en la que está presente, ¡cómo no!, la existencia de yacimientos de petróleo y conexiones con el islamismo integrista internacional. Y África muere en la guerra larvada de los Grandes Lagos. Porque la guerra de los noventa, esa guerra que nos escandalizó por sus más 800.000 muertos y otros tantos desplazados, no resolvió el fondo de la cuestión: el de las de demasiadas armas y demasiadas ambiciones sobre demasiadas divisiones raciales y unos demasiado bien colmados yacimientos de diamantes y minerales. Todo ello en la nebulosa y montañosa zona fronteriza entre el Congo, Uganda, Ruanda y Burundi. Y parecida sigue siendo la situación en Sierra Leona o en Liberia. Y no llega a ser lo mismo, pero es explosiva, la situación en Nigeria, Etiopía y Somalia. África muere de violencia. 

África se muere de hambre, de pura miseria. Porque las guerras generan pobreza y los Estados resultantes de ellas generan corrupción, ausencia de derechos y pequeños déspotas que esquilman a sus propios conciudadanos en Guinea Ecuatorial, en Angola, en Namibia, en Lagos, en Kenia, en Botsuana, en el Congo, en Camerún, etc. Y eso en el caso que haya algo que esquilmar, porque hay países en los que la sequía, la desertización y la estúpida ayuda occidental ha arruinado su agricultura condenándolos a un hambre eterna. Los ejemplos del Chad, de Malí, de la República Centroafricana, de Etiopía, de Eritrea, etc. son sólo una muestra. E incluso hay países con suficientes recursos para que su población viva decentemente, pero cuyos gobiernos se han endeudado, sin que la población se haya beneficiado, y a los que Occidente obliga a pagar y a ajustarse con políticas que nosotros no soportaríamos de nuestros gobiernos. Y hablo de Mozambique, Senegal, Mauritania, Gabón, Kenia, Tanzania, etc. África muere de hambre, de corrupción, de sequía, de deudas. 

África se muere de enfermedades, de todas las enfermedades. Porque se muere de enfermedades que tienen prevención con simples saneamientos y conducciones de agua, de enfermedades que tienen cura con antibióticos, de enfermedades que tienen solución con sólo asepsia en la asistencia médica, de enfermedades que pueden resolverse con prevención e información. África se muere de tifus, de malaria, de gripe, de parto, de Sida. 

Y muere ante la indiferencia de todo el mundo. Mientras los ciudadanos de los países ricos estamos de vacaciones, disfrutamos de las Olimpiadas y nos preocupamos del precio del petróleo, los de África están, sencillamente, muriéndose. África agoniza en silencio, sin aspavientos, sin ruido, en la misma forma en la que su gente, cada uno de ellos, lo hace. De la misma forma que un hambriento, un enfermo de Sida, una pobre mujer sedienta, un niño desnutrido no tienen fuerzas, ni medios para protestar, para rebelarse, para llamar la atención. Porque África no tiene ni organizaciones, ni agencias de noticias, ni televisiones propias que nos hagan llegar su sufrimiento, sus heridas, su agonía. África se desangra, agoniza en silencio. África, sencillamente, se muere. 

Multinacionales españolas

Sé que es una contradicción el título de artículo. Y no sólo porque lo que es de una nación no puede ser de muchas, aunque esa nación sea tan plurinacional como algunos pretenden que es España, sino porque una de las clásicas características de nuestra economía ha sido el de no tener empresas de tamaño mundial, con sede central dentro de nuestras fronteras y controladas por directivos españoles. Pero esta característica ha ido cambiando en la última década, y la compra del Abbey National Bank por parte del Santander Central Hispano es la última, y la más importante, de las operaciones que han ido haciendo converger, también en esto, nuestro tejido empresarial con el de cualquier economía desarrollada. 

En unos años hemos asistido a un proceso de expansión internacional de las empresas españolas en dos oleadas sucesivas. La primera oleada del proceso de creación de empresas multinacionales españolas se inició, a principios de los noventa, con la privatización de los viejos monopolios públicos y la liberalización de algunos mercados. Repsol (antigua CAMPSA), Telefónica y los Bancos, etc. iniciaron su aventura latinoamericana con la compra de también viejos monopolios y bancos en los países de nuestro antiguo Imperio. Y tras Latinoamérica, la expansión por Extremo Oriente, esencialmente en China, de empresas como Alsa, Nutrexpa o Mongragón, y en el Magreb, donde se han instalado Agbar, FCC, etc. La segunda oleada de este proceso ha sido el desembarco en el mundo desarrollado con los dos hitos en este verano: la ya dicha compra del Abbey y la toma de control por parte de Ebro-Puleva de la mayor empresa de arroz de los Estados Unidos. El resultado final de este proceso es que España ya tiene sus multinacionales. 

El desencadenante de este proceso fue el Tratado de Maastricht. Y es que el proceso de convergencia forzó a la privatización de los monopolios públicos (para cumplir el criterio de deuda pública) y a la liberalización de los mercados (para reducir la inflación y cumplir con las normas de competencia del Mercado Único). Estas circunstancias supusieron que los antiguos monopolios públicos (teléfonos, carburantes) y los semi-monopolios privados (banca, electricidad), que operaban en mercados protegidos y muy regulados, tuvieran una fuerte disminución del margen y unas expectativas de caída de su demanda. 

Caída del margen y disminución de la cuota de mercado mucho más acusada en el caso de la Banca, por la caída de los tipos de interés en el proceso de convergencia y por la fuerte competencia interna con las cajas de ahorro, que compiten deslealmente. 

Para poder hacer frente a estos dos hechos, las grandes empresas españolas, presionadas además por los grupos financieros que controlaban su capital que no querían ver reducidos su beneficio y su cotización, iniciaron la expansión hacia mercados que cumplieran cuatro condiciones: mercados emergentes con fuertes expectativas de crecimiento; tecnológicamente menos avanzados que el mercado español; relativamente protegidos; y, finalmente, cultural o idiomáticamente próximos (dada la escasa preparación internacional de nuestros cuadros directivos). Portugal, primero, y, Latinoamérica después, han sido las economías que ofrecían mejores oportunidades para la expansión de nuestras empresas y, de ahí, la expansión en ellas, que ha llevado a que la inversión directa española en estos países fuera la de mayor volumen. Las grandes empresas españolas empezaron a ser mundiales, de la misma forma que la economía española empezó a ser exportadora neta de capital como corresponde a su nivel de desarrollo relativo. Porque lo que no era normal es que la novena economía industrial de planeta no tuviera empresas multinacionales de origen propio. 

La compra del Abbey por el Santander, pues, no es una locura de verano. Es un hito más en el proceso para hacer de la economía española una economía desarrollada normal. Porque en esto no somos, ya, diferentes. España tiene multinacionales. Aunque igual al final tenemos multinacionales sin España. 

Des-Igualdad

La igualdad es, conceptualmente, algo simple. Dos cosas, dos consideraciones, dos colores, dos lo que sea, son iguales si son absolutamente indistinguibles, si, para un elector racional, es absolutamente indiferente uno u otro. Si su elección la determina el puro azar. Así de simple y así de absoluto. Y así se entiende en matemáticas y en economía, en lógica y en política. 

La igualdad ha sido, y es, una de las grandes utopías de la humanidad: Utopía de la que nació una de las más importantes tendencias políticas de la historia de la civilización occidental, el igualitarismo. Un igualitarismo que lo han encarnado, dentro de los límites de cada época, el partido demócrata en la Atenas clásica, el populista republicano en Roma, los movimientos campesinos en la Edad Media, los parlamentaristas de la Inglaterra del XVII, los revolucionarios e ilustrados franceses y americanos de finales del XVIII, los socialistas utópicos, los social-liberales de Mill y los marxistas socialdemócratas y comunistas de distintas escuelas. Incluso los conservadores modernos, no siendo su ideología igualitarista en origen, han aceptado esa igualdad básica entre los sujetos políticos. El resultado de esta tendencia es que, en las democracias occidentales, siendo todos nosotros diferentes hacemos el supuesto de que somos, en términos políticos y jurídicos y ante la ley, radicalmente iguales. 

Soy radicalmente igualitarista en política y, por eso, no puedo compartir las iniciativas de discriminación (mal llamada) positiva, ni para las minorías, ni para los géneros. Estoy en contra de todas las discriminaciones positivas, porque estoy en contra de todas las discriminaciones negativas. Toda discriminación, per se, es una desigualdad, por eso hacer una discriminación positiva es hacer, al mismo tiempo, una discriminación negativa. Una discriminación positiva implica una discriminación negativa para el que no tiene esa característica: favorecer a unos implica, necesariamente, perjudicar a otros. Y si no entiendo que a alguien se le pueda negar la igualdad de condiciones para acceder a un puesto de trabajo, educativo o en el ejercicio de un derecho, tampoco puedo entender que a nadie se le pueda favorecer para acceder a un puesto de trabajo, educativo o en el ejercicio de un derecho, por la simple razón de tener una determinada raza, una determinada religión, un determinado género o una determinada orientación sexual. Porque ni el color de la piel, las creencias, ni el género, ni la orientación sexual son relevantes para determinar las capacidades o cualificación de las personas. Lo siento, pero las políticas de discriminación positiva, me resultan anti progresistas, porque me parecen venganzas infantiles contra la historia, que responden al criterio de que, puesto que se ejerció la desigualdad durante mucho tiempo en un sentido, hay que seguir ejerciéndola, pero en el contrario. Y de igual forma estoy en contra de esos cupos de las paridades de género o de los equilibrios territoriales. No creo que el género de una persona determine la cualificación para ejercer una determinada responsabilidad política, como no me parece que el lugar de nacimiento tenga tampoco nada que ver con ella. A mí me parecería denigrante el ocupar un determinado puesto político o de trabajo por ser hombre o andaluz y no por mi capacidades y experiencia. Y, a la inversa, me parecería una injusticia que estas circunstancias me perjudicaran. Y creo que lo mismo puede ocurrirle a las mujeres o a los naturales de determinadas zonas (aunque no a todos). Lo siento, pero estoy en absoluto desacuerdo con la manera de formar gobierno del presidente Zapatero o del presidente Chaves, y con la discriminación que se introduce en la ley contra la violencia de género. Y lo que más me sorprende es que no se den cuenta de que protegiendo una discriminación rompen con la idea esencial que le dio sentido a su opción política, pues la igualdad fue la bandera de la identidad socialista. Con razón dicen que la izquierda tiene una crisis ideológica. Ahora ya ni siquiera sabe lo que significa una palabra tan simple como la palabra igualdad. 

Balanzas fiscales

Hay, en la vida política española, algunas simplezas que, a fuerza de repetirse, se ponen de moda, y se aceptan como si fueran conceptos bien cimentados. Una de las últimas, aportada por el Tripartito catalán hace unos meses, es el de las balanzas fiscales. 

La idea de las balanzas fiscales ya surgió en la época de Pujol, y la apoyaron economistas importantes como Mas-Colell o Sala-i-Martín. Su esencia es comparar los impuestos recaudados en un territorio y los gastos públicos realizados en él. La diferencia será el déficit o superávit de ese territorio con el resto. Calculando estos saldos para todas las comunidades españolas, las habrá que tienen crónico superávit fiscal, las generosas y solidarias (como Madrid o Cataluña), y comunidades que tienen déficit crónico, las necesitadas (huelga decir cuáles). Incluso se puede calcular el saldo fiscal per cápita, para ver lo solidaria que es la gente, y en porcentaje de su Producto Regional Bruto, para ver lo que transfiere a otras comunidades. El problema es que estos números, aparentemente objetivos, no significan nada por un par de pequeñeces contables que les afectan. 

La primera pequeñez contable es que los impuestos en cada territorio, al igual que el valor de su producción, están afectados por el efecto Sede Social. Este efecto se produce porque en el valor de la producción de un territorio se imputa la totalidad de la producción de las empresas que tienen en él su sede. Lo que implica que todo lo que producen las empresas con sede en Madrid o Cataluña, pero que operan en el resto de España, se imputa a Madrid o a Cataluña. Y, como derivación de este criterio, también se imputan a ese territorio, los impuestos que pagan esas empresas: el Impuesto de Sociedades, el IVA e, incluso, si las nóminas se hacen centralizadamente, las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Dicho de otra forma, todo lo que generan Caja Madrid o la Caixa, Renault o Nestlé, Carrefour o Axa se imputa en Madrid y en Barcelona. Esto explica una parte de las diferencias entre la renta producida y la consumida en cada comunidad y del porqué en unas se pagan, per cápita, más impuestos que en otras. 

La segunda pequeñez influye sobre la asignación de los gastos públicos, que se realiza de la siguiente forma: los gastos transferidos (Sanidad o Educación) se imputan directamente a cada comunidad; los gastos generales indivisibles (Defensa, Interior, etc.) se asignan según criterios de población; y, finalmente, los gastos territorializados indivisibles (Infraestructuras, etc.) se suman en cada territorio. Estos criterios dan lugar a algunas distorsiones curiosas. Por ejemplo, del AVE Madrid-Barcelona hay una parte que se imputa a Castilla-León porque atraviesa esa comunidad. Pero, a pesar de que se le imputa, esta infraestructura no le producirá nada, porque no habrá parada de ese AVE en su territorio. No, tampoco son buenos los criterios para imputar los gastos. Máxime si la comparación se hace con otros ratios de gasto. 

Así, cuando se analiza el gasto por habitante (por ejemplo, en sanidad o en educación), o el coste por servicio (coste medio de la cama hospitalaria o del alumno universitario) o, por último, la dotación de infraestructura pública por unidad de PIB resulta que las comunidades solidarias gastan más por habitante, tienen mayores costes por servicio y tienen más infraestructuras por unidad de PIB. 

No, me temo que las balanzas fiscales de las comunidades autónomas no son útiles para formarse opinión sobre las finanzas autonómicas. Sin embargo, esta simpleza puede llevarnos a tomar, sin querer queriendo, decisiones equivocadas sobre la financiación autonómica, porque está calando en los catalanes la errónea idea de que ellos pagan, injustamente, muchos impuestos, de que son excesivamente solidarios. Alguien del Gobierno o del PSOE debiera decirle a Maragall que sus maragallerías y las de sus socios no hacen gracia en otros territorios, en los que, para humor catalán, preferimos el de Tricicle que, además, es mudo. 

Nueva (Vieja) política

Cuando Rodrigo Rato se hizo cargo de la economía española, en abril de 1996, siguió, por convencimiento propio y por imposición de CiU, una política macroeconómica similar a las que había mantenido, y por las mismas razones, Pedro Solbes en el último gobierno de González. Ahora que Solbes vuelve a la dirección de la economía española, los planes que nos está dando a conocer sugieren que vamos, con matices, por la misma senda de política económica. Hay, pues, una continuidad básica en la política macroeconómica española. La nueva política del nuevo gobierno es la misma vieja política del viejo gobierno. Lo cual es una buena noticia, porque las alternativas de política macroeconómica para una economía como la española no son muchas. Y es que una economía de mercado desarrollada, abierta y con una moneda común, no tiene más remedio, para crecer y crear empleo, que intentar controlar su inflación, tener unas finanzas públicas relativamente equilibradas y unos mercados flexibles. Sólo así se puede competir en los mercados integrados y globalizados. 

Este esquema de política económica nos ha dado, en los últimos diez años, buenos resultados: la renta per cápita española ha ido creciendo y convergiendo con la renta europea; la inflación española, aunque más alta que la media europea, está, comparada con nuestra propia historia, en unos niveles soportables; la tasa de paro se ha reducido, en los últimos ocho años, a la mitad; las finanzas públicas son solventes, al tiempo que suficientes, para el razonable estado del bienestar del que nos hemos dotado en los últimos veinte años. Buenos resultados que han sido posibles precisamente por la sensatez de la continuidad en la política macroeconómica española dentro del contexto de la plena integración en la economía europea. Hay continuidad en la política macroeconómica y es, al menos en mi opinión, bueno que la haya. 

Pero la política económica es mucho más que grandes líneas de política macroeconómica. Es también política microeconómica. Esa política que ha fracasado porque estamos viviendo una escalada del precio de la vivienda, porque hay servicios que han aumentado su precio en pocos años al doble, porque nuestros jóvenes se encuentran un trabajo de doce horas por menos del salario mínimo y sin asegurar. La esencia de cualquier política microeconómica es la regulación de un mercado. Y con respecto a la regulación de un mercado pueden darse tres casos que lo hagan funcionar mal: que haya un exceso de regulación que coarte la iniciativa o lleve al sistemático incumplimiento de las normas; que falte una regulación clara e igualitaria; o, finalmente, que haya una regulación obsoleta o mal planteada. Y de los tres casos tenemos en España abundantes ejemplos. El mercado de trabajo, el de vivienda, el de la televisión, el de gas, el de electricidad, el de carburantes, el de las medicinas, el de los servicios profesionales, etc. son sólo algunos ejemplos en los que las regulaciones fallan y dan como resultado un exceso de demanda o de oferta, una falta de competencia real, una espectacular subida de precios o de las subvenciones. También se da una cierta continuidad en la política económica. Porque los ministros socialistas han aprendido a hacer declaraciones para después hacer una peor regulación. Así, la nueva ministra de vivienda promete miles de actuaciones, cuando son los ayuntamientos los que tienen las claves del mercado. Y Caldera, flamante ministro de trabajo, inicia reuniones con los sindicatos, cuando los trabajadores sindicados son, precisamente, los que tienen todos los derechos. O el ministro Montilla habla de regular los horarios comerciales para proteger al pequeño comercio que lo que tiene que hacer es adaptarse a los nuevos usos del tiempo por parte de las nuevas familias. Esta continuidad en las políticas microeconómicas no es, al menos en mi opinión, buena. Porque tiene el riesgo de convertir los microproblemas de siempre en macroproblemas para siempre. El gobierno anterior los conservó, éste no debería hacerlos progresar... haciéndolos crecer. 

Momento constituyente

Lo quiera o no el ministro Jordi Sevilla, el hecho es que estamos en un momento constituyente. Porque en los próximos meses se sustanciará la Constitución Europea, porque se ha abierto la reforma constitucional española en el discurso de investidura del presidente Zapatero, porque hay grupos de trabajo en todas las comunidades haciendo borradores de nuevos Estatutos. Podremos no querer llamarle reforma constitucional, podremos no ser conscientes de ello o no querer debatirlo, pero el hecho es que se está hablando sobre qué límites va a tener el ejercicio del poder político, que eso son los derechos, y, lo que es más llamativo, hemos empezado a hablar de quién o quiénes serán los que regularán en el futuro nuestra vida social, que eso son las competencias. Y porque estos asuntos son sustantivos de un sistema político es por lo que se incluyen en la Constitución Europea, la Constitución española y en los Estatutos. 

El momento histórico no es casual. Las fuerzas desatadas con la globalización han hecho aparecer nuevos agentes políticos que explotan nuevas formas de poder. Las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales globales, los nuevos medios de comunicación, los think-tanks creadores de ideología, etc. son agentes de dimensiones mundiales que están desbordando el marco político de los Estado-nación de tamaño medio y pequeño. Para enfrentar con éxito los retos que los nuevos agentes políticos plantean en pos de sus intereses, no siempre legítimos y no siempre sociales, es por lo que han surgido las integraciones regionales, de las que la Unión Europea es, quizás, el ejemplo más acabado. Dicho de otra forma, porque hemos permitido que nazcan con la globalización gigantes económicos y sociales, que pueden transformar su tamaño en poder político y capacidad de influencia, es por lo que es necesario, antes de que se conviertan en monstruos, crear instituciones democráticas que puedan controlarlos. De otra forma nos veríamos abocados a la tiranía de las multinacionales de todo tipo y al vaciamiento real de nuestras democracias. Pero este proceso mina el mismo concepto de Estado. Ese monopolio de violencia sobre una población asentada en un territorio, según la maravillosa definición de Max Weber, empieza a resquebrajarse cuando cede soberanía sobre la economía o la política exterior, cuando sus leyes son meras traducciones de acuerdos intergubernamentales. El Estado, así, va quedando, tras este proceso, en una realidad virtual, con cada vez menos competencias, menos funcionarios, menos recursos, engranaje básico de otro ente multinacional pluricultural. La Constitución Europea es, en este contexto, la expresión legal final del este proceso que los europeos hemos vivido con mayor intensidad. Por eso no es casual que sea ahora, ni que se acelere su redacción ante las amenazas e incertidumbres del mundo post 11-S y M. 

En España, además, está madurando ahora otro proceso que iniciamos hace 25 años con la Constitución. Un proceso paralelo de descentralización política y administrativa. Un proceso que respondía a la diversidad de España y que se acentuó como reacción al centralismo franquista. Un proceso que, en no poca medida, ha permitido hacer más cercano el poder político al ciudadano. Un proceso que, empezado en un contexto político determinado, debe ser replanteado ante la nueva realidad política del mundo, tanto para descentralizar otras funciones, como para volver a centralizar otras que se mal descentralizaron. Y porque estamos cediendo soberanía hacia arriba y hacia abajo, y eso cuestiona el hecho en el que se fundamenta toda nuestra Constitución que se recoge el artículo primero que declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, es por lo que, le guste o no al ministro, me guste o no, estamos en un momento constituyente. Un momento del que hemos de ser todos conscientes y en el que todos hemos de hablar. Y no sólo los nacionalistas historicistas o los oportunistas del tipo Maragall, que son a los únicos a los que, de momento, se les oye. 

La política de Bush

Cuando, tras los acontecimientos del 11 de Septiembre, el presidente Bush anunció una generalizada rebaja de impuestos y el presidente de Reserva Federal, Alan Greenspan, decidió una significativa e inmediata bajada de tipos de interés, la mayoría de los analistas de la economía internacional, y este que escribe entre ellos, aplaudieron ambas medidas. Aquel año de 2001 la tasa de crecimiento de la economía norteamericana se venía ralentizado, desde antes de los atentados, por el ajuste de la burbuja financiera de las empresas "punto.com". El golpe que la caída de las Torres Gemelas podría suponer sobre la confianza del consumidor medio norteamericano aconsejó la acción rápida de una política monetaria expansiva (de bajos tipos de interés), y la acción, más lejana en el tiempo, de una política fiscal doblemente expansiva (con reducciones de impuestos y subida del gasto). El resultado de ambas decisiones, siguiendo las enseñanzas de la macroeconomía más ortodoxa, fue un fuerte incremento en la tasa de crecimiento económico que, compensando las fuerzas negativas de la incertidumbre, hicieron que la economía norteamericana volviera a la senda de crecimiento económico. La economía norteamericana ahuyentó así el peligro de una recesión que hubiera sido perniciosa no sólo para ella, sino para el conjunto de la economía mundial. 

Pero, si bien no se entró en recesión, el crecimiento norteamericano de los dos últimos años no ha sido como el del ciclo expansivo de la era Clinton. Y es que nuevas circunstancias aparecieron en el panorama económico norteamericano que ensombrecieron su desempeño económico: los escándalos financieros de las cuentas de no pocas empresas (Enron, World Com, etc.) y las guerras de Afganistán e Irak. Los escándalos financieros aumentaron la desconfianza de los norteamericanos en el valor de su patrimonio y enfriaron las expectativas de consumo. Las guerras, victoriosas en un primer momento, pero costosas en sangre y dinero, están haciendo caer la confianza en la política exterior norteamericana, al tiempo que provocan problemas en no pocos mercados. 

Ante estos problemas, y para evitar que esta pérdida de confianza y expectativas se traduzca en esa crisis de crecimiento que se había evitado en aquel dramático primer momento del 11-S, las autoridades fiscales y monetarias norteamericanas están manteniendo esa triplemente expansiva orientación de la política económica. El resultado es que la economía norteamericana crece, pero crece con dos graves problemas: un impresionante déficit público (alrededor del 5% del PIB), lo que está aumentando espectacularmente la deuda pública norteamericana, y un no menos gigantesco déficit exterior. 

Pero no acaban ahí los problemas de la economía norteamericana. La forma en la que se ha realizado la expansión fiscal, con reducciones de impuestos directos para los ricos y las clases medias altas, y la expansión del gasto, con incremento en gasto militar, pero no en infraestructuras y en protección social, está llevando a una peor distribución de la renta y un debilitamiento de las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Más aún, la ineficacia demostrada de su ejército y de sus mercenarios para controlar la situación en Irak y la imposibilidad de poner en funcionamiento la producción de petróleo está llevando al crudo a una situación de precios que es alarmante. 

El resultado de estos dobles déficits, de la forma en la que se producen y del caos irakí, en suma, de la ineptitud generalizada de la Administración Bush, es el afloramiento de tensiones inflacionistas en todo el mundo, lo que supone una alta posibilidad de subidas generalizadas de tipos de interés, menores expectativas de crecimiento y más dificultades para todos. 

Y es que, por desgracia, la economía que tan mal gestiona el presidente Bush es tan grande y poderosa, y nosotros tan débiles, que cuando tiene problemas a todos nos atañe. 

Los límites del diálogo

Diálogo. Es la palabra de moda en la política española. En el discurso de investidura del entonces candidato y hoy presidente Zapatero se utilizó tantas veces que aburrió contarla. Diálogo. Es una palabra que tiene buena prensa. Suena bien y tiene una hermosa etimología: "a través de la palabra, palabra entre varios". Además, irradia un aura de democracia participativa y directa que es grata a la izquierda. Diálogo. Precisamente lo que faltaba en la política española tras el periodo de mala educación de Aznar. Porque dialogar significa reconocer al otro, respetarlo, suponerle buena voluntad, tratarlo como adulto, cortésmente. El problema es que el diálogo es, sencillamente, un proceso. Un proceso que, en política, ha de llevar a una decisión sobre determinados temas. Es un proceso que ha de determinarse en los interlocutores y que ha de tener un momento oportuno. Por eso el diálogo no puede ser ilimitado. Y decir esta obviedad fue, en mi opinión, lo que faltó en el discurso de investidura. La primera condición para que el diálogo sea un método en política es que ha de tener un resultado decisional. Un diálogo educado, brillante o chispeante puede ser, en sí mismo, agradable, pero también inútil. Esos diálogos al estilo de las comedias de Oscar Wilde o Woody Allen son ingeniosos, divertidos, con doble sentido y mucho humor, pero no sirven en política. Porque la esencia de la política es la dominación y el convencimiento y esos diálogos no son útiles para tomar decisiones. No hemos votado a un presidente de gobierno para que se haga ocurrente generador de titulares o un contertulio de radio enterado, ni para que luzca en los salones de la alta sociedad, sino para que asuma responsabilidades y tome decisiones. El primer límite, pues, del diálogo ha de ser el que ha de tener un resultado. Y un resultado de acción que sea estable en el tiempo. Los asuntos dialogados han de ser asuntos zanjados. 

El segundo límite del diálogo político en democracia viene dado por los temas. Se puede hablar de todos los temas, pero no todos los temas son convenientes en todo momento. Más aún, hay temas que, por su naturaleza, tienen poco que dialogar, como no sea constatar la imposibilidad de llegar a un consenso. Son los temas ontológicos y dicotómicos. Por ejemplo, no se puede dialogar para llegar a un consenso sobre la independencia del País Vasco o Cataluña. Se puede dialogar sobre la mayor o menor autonomía en España, pero la independencia supondría romper el concepto de España. Afirmar una cosa es negar la otra. Es una cuestión tan dicotómica como estar o no embarazada: no se puede estar un poco embarazada. 

El tercer límite del diálogo político en democracia es la legitimidad de los que hablan. Se puede dialogar con todo el mundo. Pero como no podemos ir a departir con el presidente de todos los temas todos los ciudadanos todos los días (y por eso existe la democracia representativa) es necesario delimitar quién es el interlocutor del Gobierno. Y, en esto, lo siento, pero todas las instituciones y grupos no tienen la misma legitimidad. Para empezar no es legítimo el diálogo con terroristas porque éste estaría causado por el ilegítimo uso que hacen de la violencia y no por la fuerza de sus razonamientos o de los votos que libremente consiguen. De igual forma, es menos significativo el diálogo con grupos pequeños que con grupos grandes: no puede tener, por ejemplo, en un diálogo para la reforma constitucional, el mismo valor el consenso alcanzado con todos los grupos menos el PP, que con el mismo Partido Popular. Y eso por la sencilla razón de que, en democracia, cada uno de nosotros es un voto, y la suma de los votos del PP es mayor que la de todos los demás juntos. No puede, entonces pesar en el diálogo más ERC o IU que el PP. El diálogo en política tiene, pues, límites en los resultados, en los temas y en los interlocutores. Y si no los tiene, lo siento, pero a pesar de valorar la civilizada actitud de dialogar, como ciudadano me veré en la obligación de pedir que me devuelvan mi voto. 

Hacia el este

La próxima semana seremos diez socios más en la Unión Europea. Ocho socios más en el Este y dos mediterráneos que trasladan a la UE hacia el Este. Diez socios de tamaño, economía, sociedad y vínculos históricos diferentes que harán a la Unión diferente. Tan diferente que la posición, y no sólo la geográfica, de todos los actuales socios cambia. Tan diferente que algunas de las decisiones más recientes de la Unión, la última reforma de la Política Agraria Común, por ejemplo, se explicarán, en gran medida, por el nuevo contexto. Lo preocupante es que la entrada de los socios del Este y las nuevas correlaciones de intereses en la Unión, a pesar de los diez años desde que se inició el proceso, no han sido objeto de reflexión en España. 

Los nuevos socios que entran en la Unión son, entre ellos, muy dispares. Y eso hace que las causas por las que entran y los efectos que cada uno de ellos producirán sobre el conjunto de la Unión sean muy diferentes. 

Para empezar, entre los diez nuevos socios hay uno, Polonia, que supone la mitad de la población y del PIB del total de la ampliación. Los tres siguientes en tamaño, Chequia, Hungría y Eslovaquia, suman el 34% de la ampliación. Los seis restantes son muy pequeños, alguno, como Malta, tan pequeño que supone la mitad de la población de nuestra provincia. Sus vinculaciones históricas también son variadas. Así, y aunque la mayoría de ellos han estado hasta tiempos recientes bajo el dominio directo o indirecto de Rusia, los viejos lazos históricos son más complejos. Los tres estados bálticos (Lituania, Estonia y Letonia), además de una historia común (y parte de su población) con Rusia, tienen fuertes vínculos con Polonia y con los países escandinavos. Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría fueron parte de uno de los dos Imperios Germánicos (Alemania o Austria), lo mismo que la balcánica Eslovenia. Las dos islas mediterráneas (Chipre y Malta) fueron protectorados británicos hasta no hace tanto tiempo y tienen amplias relaciones con sus dos vecinos más grandes, Grecia e Italia. Desde una perspectiva histórica y geográfica, pues, se benefician de la ampliación con más intensidad los ejes germánico y escandinavo de la Unión. Conocidos estos vínculos históricos y geográficos, que se traducen en que el comercio exterior y la inversión extranjera directa de estos países está dominado por los socios de la Unión más próximos a ellos, el interés de la ampliación, desde la perspectiva de la UE, es claro: la suma de los cuatro más grandes y más próximos a Alemania suponen un importante mercado de 64 millones de personas, una fuerza laboral de más de 25 millones con sueldos bajos, y unas inmensas posibilidades de expansión por las carencias y necesidades de infraestructuras, tanto públicas como privadas. Y Alemania y sus economías satélites necesitan, para crecer, mercados con expectativas y mano de obra barata en territorios próximos. Además, con la integración y el desarrollo de estos países se empieza a regular el flujo de inmigrantes y se expanden las fronteras políticas hacia el Este. Visto desde nuestros nuevos socios, la razón estratégica para entrar en la UE es la que no ser más territorio fronterizo, "estados-tapón", entre dos gigantescos bloques (Europa Occidental y Rusia) que tan desastrosas consecuencias les trajo en el pasado. Por eso, la mayoría de ellos pertenecen a la OTAN y, puesto que la UE es el polo más rico de sus vecinos y puede ser el más generoso en las ayudas y en las transferencias de tecnología, la entrada en la UE supone una garantía de desarrollo económico y de estabilidad política. Todo ello, al tiempo que los sitúa en el mundo como parte de una economía poderosa. 

Esta semana entran diez nuevos países en la Unión Europea. Tanto para bien como para mal de nuestros legítimos intereses la Unión Europea será diferente a partir de ahora. Como diría un marino, derrota hacia el Este. Y saber hacia dónde rola el viento es importante para pensar lo que tenemos que hacer. Pero eso lo haremos mañana. 

Terrorismo

Para que haya un acto terrorista sólo es necesario que haya personas que estén dispuestas a matar y, eventualmente, a morir. Para que un acto terrorista siembre realmente el terror ha de hacerse con armas eficaces. Para que se produzca una cadena significativa de acciones terroristas, los asesinos han de tener, además, medios para subsistir, para moverse, para esconderse, para huir. Personas, armas y financiación, estos son los elementos claves del terrorismo. Las causas y los ideales se pueden inventar y la información sobre los objetivos está en internet. 

Hay mucha desesperación en los países musulmanes. La distribución de la renta es increíblemente injusta. Los negocios importantes suelen ser de la familia real o estar controlados por el grupo político gobernante. Y, frente a ellos, una población creciente cada vez más pobre. Como, además, la población crece más rápidamente que la economía, su renta per cápita se mantiene a duras penas, cuando no es decreciente. En los últimos años, la renta, además, se ha distribuido cada vez más desigualitariamente, lo que, a su vez, lastra su crecimiento. Por eso emigran, por eso tienen una alta tasa de paro, por eso hay conflictos sociales y políticos, por eso tienen jóvenes dispuestos a cualquier cosa. Y, en este contexto, los servicios básicos de educación y prestaciones sociales (y, en algunos casos, los sanitarios) se canalizan a través de las redes religiosas. Jóvenes desesperados, clérigos iluminados, con una visión de la religión y de la realidad social dual y simple, y regímenes autoritarios sostenidos por Occidente son la materia prima para que haya muchas, demasiadas, personas que culpabilizan a otros de sus problemas sociales. Máxime si perciben el doble rasero que usamos con ellos y con los israelíes. Hay muchas, demasiadas, personas dispuestas a matar y a morir en Oriente Medio. Para desactivarlas es necesario desactivar la desesperación de los campos de refugiados, de los suburbios de las grandes ciudades, de las aldeas. Y darles una posibilidad de salir de las redes asistenciales de las mezquitas y madrazas. 

Hay muchas armas en el mundo. Y, algunas, tan peligrosas como las bacteriológicas o las nucleares sucias, que nos hemos comprometido una y otra vez eliminar y que seguimos fabricando. Muchas armas, demasiadas armas. Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Sudáfrica, Israel,... todos vendemos armas y las hacemos circular, a través de mafias (balcánicas, rusas, colombianas, chinas, norteamericanas) y de comercio de Estado. Armas baratas que llegan a las guerras de África a cambiarse por diamantes, a Latinoamérica para trocarse en cocaína, a Marruecos por hachís, a Afganistán por opio. Hay demasiadas armas sin control y demasiado comercio negro permitido por la descoordinación y la corrupción de muchas autoridades. Demasiadas armas y demasiado fácil conseguirlas. 

Y hay dinero, demasiado dinero, para financiar actos terroristas. Fortunas personales amasadas al amparo de contratos con empresas y gobiernos occidentales (como la de Bin Laden), ayudas estatales a través de ONGs y servicios secretos (Irán, Siria, Pakistán, Arabia Saudí, Libia, etc.), financiación privada de origen caritativo o cultural y beneficios de la producción y distribución de droga o petróleo, hay un inmenso caudal de dinero que nutre el terrorismo islamista presente en casi todo el mundo, desde Filipinas hasta España. Demasiado dinero y demasiados paraísos fiscales y financieros, sumideros de dinero, donde entra blanco o negro, pero que es utilizado para teñirlo de rojo en actos de terror. Con la connivencia de autoridades y bancos que todo lo permiten. 

Demasiados hombres (y mujeres) dispuestos a matar y a morir llenos de desesperación y rabia. Demasiadas armas que hemos puesto en el mercado. Demasiado dinero que compra cualquier cosa. Demasiada corrupción. Mucho hay que trabajar para que no vuelva a haber más días 11. 

Propuestas fiscales (II): La disención

Decíamos hace dos semanas que las propuestas fiscales presentadas por el Partido Popular y el PSOE para las próximas elecciones tienen dos ideas coincidentes, la estabilidad presupuestaria y la reforma fiscal, esencialmente la del IRPF, y una divergente, la de la organización territorial de las Administración Tributarias. Discrepancia que es preocupante, pues es, en mi opinión, un error grave el que se convierta en arma política la cuestión técnica de cómo hacer cumplir las leyes tributarias, que es al fin y al cabo la función de la Administración Tributaria. El origen de esta disensión está en el proceso de descentralización autonómica. Las comunidades autónomas han ido asumiendo, en los últimos años, amplias competencias, algunas tan importantes como la sanidad y la educación, sin la correlativa transferencia de las competencias en la recaudación directa de los impuestos que las financian. Es decir, las comunidades autónomas han aceptado el gasto sin la corresponsabilidad fiscal. Una situación que ha sido generalmente aceptada por todos: los gobiernos de las Comunidades, del partido que fueren, porque se legitimaban ante los ciudadanos a través del gasto, sin el desgaste político de recaudar; el Gobierno Central porque el desgaste de recaudar se compensaba con el control sobre las Comunidades, al regular los flujos financieros que transfería. 

El problema se plantea cuando algunas Comunidades, especialmente la catalana (pero no sólo ella), han llegado al tope legal de endeudamiento, necesitan una más ágil transferencia de la financiación y creen que se puede resolver la situación recaudando según el sistema de privilegio de vascos y navarros. Es decir, creando Agencias Tributarias autonómicas, justificadas según la falaz retórica nacionalista de las balanzas fiscales territoriales. Curiosamente, Andalucía ha apoyado esta solución, no tanto por su situación financiera, pues es receptora neta de financiación, sino por el maltrato al que el Gobierno Aznar la ha sometido. Y es que el gobierno Aznar ha sido especialmente moroso e injusto con los fondos de la Junta de Andalucía, intentando reiteradamente su estrangulamiento financiero. Esta solución del problema de la financiación autonómica se ha convertido en propuesta electoral del PSOE por la deriva nacionalista de Maragall y por la apasionada vivencia de los conflictos de la ex-consejera Alvarez con el ministro Montoro. Los socialistas pretenden, pues, generalizar la solución nacionalista con la propuesta de las 17 +1 Agencias Tributarias. Pero es, en mi opinión, una falsa y confusa propuesta porque encierra una contradicción política, y no responde coherentemente al problema de la financiación autonómica. La contradicción es que, si lo que se pretende es que no haya estrangulamiento financiero de las Comunidades por el Gobierno central, eso lo pueden hacer los socialistas si gobiernan sin necesidad de una ley de 17 +1 Agencias. Y, por otra parte, esa ley sólo es posible si ellos ganan, con lo que estamos en las mismas. Más aún con esta solución no resuelven el problema de la financiación autonómica y de la necesaria corresponsabilidad fiscal. Y es que este es otro tema diferente de cómo se recaude. Es decir, si el problema es la financiación autonómica, propóngase que se adscriban, e incluso se recauden, unos impuestos determinados por parte de las Comunidades. O propóngase que las Comunidades participen en una cesta de impuestos y que tengan una cierta capacidad normativa sobre ellos. Pero no se confunda el qué y el para qué de la tributación con el cómo de la recaudación. Máxime cuando la autonomía de la recaudación nos hace a todos más insolidarios y tiene una fuerte carga simbólica nacionalista. Mentirosos los del PP en su propaganda y en sus declaraciones sobre los impuestos, y confundidos y contradictorios los del PSOE en estos temas, el resultado es que la política tributaria española de los próximos años será, ya que uno de ellos gobernará, más desigualitaria, seguramente con más fraude y más conflictiva políticamente. Y entonces sí que será necesaria una reforma. Una reforma que no es la que nos proponen los grandes partidos hoy. 

Propuestas fiscales (I): las coincidencias

En toda campaña electoral hay propuestas sobre los impuestos. Lo cual es lógico, pues, por una parte, somos los ciudadanos los que sostenemos al Estado y, por otra, el reparto de la carga fiscal y la forma en la que se gasta lo recaudado es esencial para concitar el apoyo de los electores. Los dos grandes partidos ya han presentado los ejes de su programa fiscal, por lo que nos podemos ir formando una idea, más o menos matizada, de lo que será la política fiscal de los próximos cuatro años. 

La propuesta fiscal del Partido Popular es, en principio, la enésima edición, ligeramente corregida y aumentada, de lo que vienen sosteniendo desde los noventa: equilibrio presupuestario, reducción de los tipos del impuesto sobre la renta y lucha contra el fraude. O sea, la suma de fundamentalismo macroeconómico fiscal con las habituales mentiras fiscales a las que nos tienen acostumbrados. La propuesta fiscal de Partido Socialista Obrero Español también tiene tres ejes: equilibrio presupuestario, reforma del impuesto de la renta de las personas físicas hacia el tipo único y reorganización de la Agencia Tributaria. Es decir, el PSOE rompe su tradición para tomar las dos primeras ideas de los populares y la tercera de los nacionalistas. Permítanme que analice los dos ejes coincidentes entre PP y PSOE en este artículo y que reserve la disensión, de la que hablarán en la campaña, para el siguiente. 

Es curiosa la coincidencia en el tema de la ortodoxia presupuestaria. La nueva ortodoxia de la política fiscal, de origen neoliberal, sostiene que para no tener inflación es necesario mantener un presupuesto equilibrado. Un presupuesto equilibrado que conlleva pequeños tipos de interés que genera un aumento de la inversión privada y un incremento del consumo. En una palabra, a una senda de crecimiento económico. El problema es que esta cadena causal está siendo contradicha por la realidad: déficits cero en España no llevan a inflación cero, y déficits del 3% tienen estabilizados los precios en Alemania. Luego, el crecimiento se produce no por la mayor estabilidad presupuestaria sino por el mayor crecimiento del endeudamiento en España que en Alemania a los tipos de interés reales negativos que los españoles vivimos. Más aún, un país medianamente dotado de infraestructuras de capital físico y humano, como es España, podría aprovechar la circunstancia de unos bajos tipos de interés para hacer una fuerte inversión en capital y tecnología que, sin presionar a los precios, permitan mejorar significativamente la tasa de crecimiento y la productividad a medio plazo. Sólo la machacona y eficaz propaganda del PP sobre el tema y el origen bancario ortodoxo de Miguel Sebastián explican este acuerdo entre las propuestas. 

Más curiosa y, en mi opinión, más peligrosa es la permanente reforma del IRPF que los dos partidos propugnan. Y es peligrosa por tres razones: porque es el impuesto que más efectos redistributivos tiene, ya que los impuestos indirectos son regresivos (pagan, en proporción, más lo más pobres); porque es un impuesto visible que obliga a los políticos a ser responsables porque los ciudadanos somos conscientes de lo que pagamos; y, finalmente, porque el argumento que lleva a la permanente rebaja de los tipos y a su reforma supone reconocer, implícitamente, que no hay voluntad política de perseguir el fraude de los más ricos. El PP propugna, con la trampa habitual, una nueva disminución, cuando ésta no es más que una adecuación de los tipos por el efecto inflación que, curiosamente, es más intensa en las rentas más altas. Mientras que el PSOE propone un IRPF de tipo único con mínimo exento que es falsamente progresivo, pues si bien es verdad que el tipo efectivo a pagar es creciente con la renta, el crecimiento del tipo es mayor para las rentas más bajas que para las rentas más altas. El éxito electoral del PP en las anteriores elecciones y la moda, que también en economía existe, es lo que ha llevado al PSOE a sumarse a estas propuestas. 

Elegir el político

Max Weber, uno de esos clásicos que debieran ser de lectura casi obligada, decía, en una conferencia publicada como ensayo con el título de "El político", que las cualidades realmente importantes para un político son tres: "pasión, sentido de la responsabilidad y mesura". Y definía la pasión como "la entrega apasionada a una causa, al dios o al demonio que la gobierna", la responsabilidad como "la estrella que orienta la acción", y la mesura como "la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas". Y reconocía que "el problema es el de conseguir que vayan juntas en las mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad, pues la política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma". Un poco más adelante, Weber escribe: "sólo hay dos pecados mortales en el terreno de la política: la ausencia de finalidades objetivas (la causa a la que entregarse con pasión) y la falta de responsabilidad. Y es la vanidad, el tercer pecado, la necesidad de aparecer siempre que sea posible en primer plano, lo que más lleva al político a cometer uno de esos dos pecados, o los dos a la vez". 

Si completamos la idea de responsabilidad, y es fácil sin más que acudir al Diccionario de la Real Academia, definiéndola como "la obligación moral que resulta de asumir el posible error en un asunto", las tres virtudes y los tres pecados que señala Weber nos pueden servir de orientación, como una especie de test de personalidad, para juzgar la idoneidad de los políticos para ser Presidente del Gobierno. 

Suárez fue un gran presidente de gobierno mientras mantuvo las tres cualidades y estuvo sin cometer ninguno de los tres pecados. Pero, terminada la Transición y sin un bagaje ideológico fuerte, se quedó sin causa a la que servir con pasión, por lo que "tuvo que retirarse" en un loable ejercicio de su sentido de la responsabilidad. De Calvo Sotelo se puede decir lo mismo que del último Suárez: no tuvo causa por la que luchar. Felipe González fue un excepcional presidente del gobierno mientras tuvo como causa la modernización de España y el camino hacia Europa, mientras fue prudente en restañar heridas y fue responsable en el ejercicio del poder. Y se empequeñeció cuando fue incapaz de asumir su responsabilidad por los desmanes y la corrupción de algunos de sus allegados y cambió su causa por mantenerse en el poder. Aznar fue un magnífico político mientras tuvo como causa la renovación de la derecha española y la denuncia de los abusos anteriores, mientras fue prudente en temas autonómicos y económicos, mientras ejerció el poder con responsabilidad. Pero ha tenido la vanidad de ser "alguien" en el mundo y de ganar una guerra, y su retirada, aunque anunciada con mucha antelación, es la forma de pagar por estos pecados. Mirando hacia atrás, parece como si el electorado español siguiera el test de Weber: exige de los candidatos las cualidades esenciales y no perdona a los presidentes los pecados cometidos en el ejercicio del poder. 

El problema de este año es que ninguno de los candidatos tiene, en mi opinión, las tres cualidades y sí empiezan a cometer los tres pecados. Porque Rajoy no tiene pasión, aunque sí sentido de la responsabilidad y prudencia. Y comete el primero de los tres pecados: no tiene causa objetiva en su mandato, pues es una pobre causa la de ser el administrador del legado de Aznar. Zapatero, por su parte, es la antítesis de Rajoy, pues tiene pasión, pero no tiene sentido de la responsabilidad, ni, desde luego, prudencia. Y es casi más pecador: no tiene más causa que el poder y cae en la vanidad de abanderar todas las causas, hasta aquellas que erosionan su propio objetivo. Desde luego, es descorazonador el panorama de las elecciones, y no sólo por lo descabellado de algunas propuestas. Pero, consolémonos, porque podría ser peor. Podríamos tener como presidente a Bush o a Berlusconi, que no sólo no pasan el test de Weber, sino incluso otros mucho más sencillos. 

Balance económico de la era Aznar

Esta semana que empezamos se convocarán oficialmente las elecciones generales de marzo con las que concluirán los ocho años de presidencia de José María Aznar. Ocho años en los que Aznar habrá estado dirigiendo, con Rodrigo Rato, la economía española. Ocho años de los que es conveniente hacer un balance de los resultados económicos antes de que todo análisis se enturbie por las lecturas electorales. 

Cuatro son, en mi opinión, los activos de la acción de gobierno del Presidente Aznar: una mayor renta per capita, una menor tasa de paro, un fuerte saneamiento de las cuentas públicas y, finalmente, la incorporación de la peseta al euro. 

El primer activo de la era Aznar es, indudablemente, el fuerte ritmo de crecimiento económico. La economía española ha crecido, en este ciclo económico, alrededor del 3,5% en media (sólo algo menos que en el ciclo expansivo de los ochenta), lo que ha posibilitado un acercamiento a la renta media de la Unión Europea hasta alcanzar más del 80%. Paralelamente, este crecimiento ha posibilitado un segundo activo: la mejora en la tasa de paro. 

Así, frente a un paro de alrededor del 20% se ha pasado a una tasa del 11%, creándose cerca de tres millones de puestos de trabajo. Todo ello al tiempo que se ha producido un profundo cambio en el mercado de trabajo: la incorporación de la mujer a la población activa ha seguido un ritmo creciente, de la misma forma que España se ha convertido en una economía receptora neta de inmigración. 

El tercer activo de la era Aznar ha sido el acercamiento de las cuentas públicas a la estabilidad presupuestaria, al ´déficit cero´. Y no sólo porque permitió la incorporación de la peseta al euro, sino porque ha instaurado en España la cultura de la responsabilidad sobre el gasto y ha roto la propensión al déficit. 

Finalmente, el cuarto activo de la era Aznar ha sido la importante transformación de la economía española que permitió a la peseta integrarse en el euro. Y es que gracias a la política de convergencia nominal de los años noventa la peseta fue sustituida por el euro, dando lugar a la bajada de tipos de interés que está posibilitando el crecimiento económico de estos años, al tiempo que fuerza a las empresas española a la internacionalización. 

Pero la era Aznar también tiene cuatro pasivos económicos que deja en herencia: una persistente inflación diferencial, un bajo crecimiento de la productividad, una política tributaria menos progresiva y, desde luego, la mayor asimetría en la distribución de la renta. 

Y es que, y es el primer pasivo, la economía española sigue teniendo problemas con la inflación. Problemas que se derivan de la escasa liberalización de los mercados de bienes y servicios (a pesar de la retórica liberalizadora del Gobierno), de la intensidad de la demanda y la escasa adecuación de la tasa de interés europeo a las condiciones de la economía española. 

El segundo problema sin resolver que deja Aznar es el del bajo crecimiento de la productividad fruto de uno de los mayores fracasos de estos años: la baja penetración de las nuevas tecnologías en las empresas españolas. 

El tercer pasivo es, sin dudarlo, la regresiva política tributaria. Porque, también a pesar de la retórica oficial de bajada de impuestos, la carga fiscal española se reparte, en la actualidad, con una mucho menor equidad que al inicio del mandato Aznar: las dos reformas del IRPF y la revolución de las tasas han dado como resultado que son las rentas más bajas las que más impuestos, en proporción, pagan. 

Consecuencia de lo anterior, de la mayor flexibilidad laboral en forma de contratos menos protegidos y de un espectacular crecimiento de la dispersión salarial (los ejecutivos han visto crecer sus salarios medios reales más de cinco veces el crecimiento de los obreros manuales) es el aumento de las diferencias de renta entre los españoles. Dicho de otra forma, los activos económicos no se están repartiendo de tal manera que no haya pobres.