Propuestas fiscales (II): La disención

Decíamos hace dos semanas que las propuestas fiscales presentadas por el Partido Popular y el PSOE para las próximas elecciones tienen dos ideas coincidentes, la estabilidad presupuestaria y la reforma fiscal, esencialmente la del IRPF, y una divergente, la de la organización territorial de las Administración Tributarias. Discrepancia que es preocupante, pues es, en mi opinión, un error grave el que se convierta en arma política la cuestión técnica de cómo hacer cumplir las leyes tributarias, que es al fin y al cabo la función de la Administración Tributaria. El origen de esta disensión está en el proceso de descentralización autonómica. Las comunidades autónomas han ido asumiendo, en los últimos años, amplias competencias, algunas tan importantes como la sanidad y la educación, sin la correlativa transferencia de las competencias en la recaudación directa de los impuestos que las financian. Es decir, las comunidades autónomas han aceptado el gasto sin la corresponsabilidad fiscal. Una situación que ha sido generalmente aceptada por todos: los gobiernos de las Comunidades, del partido que fueren, porque se legitimaban ante los ciudadanos a través del gasto, sin el desgaste político de recaudar; el Gobierno Central porque el desgaste de recaudar se compensaba con el control sobre las Comunidades, al regular los flujos financieros que transfería. 

El problema se plantea cuando algunas Comunidades, especialmente la catalana (pero no sólo ella), han llegado al tope legal de endeudamiento, necesitan una más ágil transferencia de la financiación y creen que se puede resolver la situación recaudando según el sistema de privilegio de vascos y navarros. Es decir, creando Agencias Tributarias autonómicas, justificadas según la falaz retórica nacionalista de las balanzas fiscales territoriales. Curiosamente, Andalucía ha apoyado esta solución, no tanto por su situación financiera, pues es receptora neta de financiación, sino por el maltrato al que el Gobierno Aznar la ha sometido. Y es que el gobierno Aznar ha sido especialmente moroso e injusto con los fondos de la Junta de Andalucía, intentando reiteradamente su estrangulamiento financiero. Esta solución del problema de la financiación autonómica se ha convertido en propuesta electoral del PSOE por la deriva nacionalista de Maragall y por la apasionada vivencia de los conflictos de la ex-consejera Alvarez con el ministro Montoro. Los socialistas pretenden, pues, generalizar la solución nacionalista con la propuesta de las 17 +1 Agencias Tributarias. Pero es, en mi opinión, una falsa y confusa propuesta porque encierra una contradicción política, y no responde coherentemente al problema de la financiación autonómica. La contradicción es que, si lo que se pretende es que no haya estrangulamiento financiero de las Comunidades por el Gobierno central, eso lo pueden hacer los socialistas si gobiernan sin necesidad de una ley de 17 +1 Agencias. Y, por otra parte, esa ley sólo es posible si ellos ganan, con lo que estamos en las mismas. Más aún con esta solución no resuelven el problema de la financiación autonómica y de la necesaria corresponsabilidad fiscal. Y es que este es otro tema diferente de cómo se recaude. Es decir, si el problema es la financiación autonómica, propóngase que se adscriban, e incluso se recauden, unos impuestos determinados por parte de las Comunidades. O propóngase que las Comunidades participen en una cesta de impuestos y que tengan una cierta capacidad normativa sobre ellos. Pero no se confunda el qué y el para qué de la tributación con el cómo de la recaudación. Máxime cuando la autonomía de la recaudación nos hace a todos más insolidarios y tiene una fuerte carga simbólica nacionalista. Mentirosos los del PP en su propaganda y en sus declaraciones sobre los impuestos, y confundidos y contradictorios los del PSOE en estos temas, el resultado es que la política tributaria española de los próximos años será, ya que uno de ellos gobernará, más desigualitaria, seguramente con más fraude y más conflictiva políticamente. Y entonces sí que será necesaria una reforma. Una reforma que no es la que nos proponen los grandes partidos hoy.