Política económica de parches

En los últimos meses, el Gobierno, como casi todos los gobiernos del mundo, ha ido tomando diversas medidas para hacer frente al rápido deterioro de la situación económica. Medidas para resolver el problema de liquidez en el sistema financiero, medidas para apuntalar las cuentas de las empresas, medidas para financiar obra pública, medidas, para mantener la actividad en el sector de la construcción, etc. Medidas todas ellas necesarias por unas razones u otras, pero claramente insuficientes para la magnitud de lo que ocurre y lo que se espera. 

Que hay que resolver el problema de liquidez y solvencia del sistema financiero es casi evidente. El sistema financiero, a pesar de sus pecados y excesos, es esencial en cualquier economía porque es el nexo entre el ahorro y la inversión. Por eso las cajas y los bancos son esenciales para la reactivación de la economía. No se puede volver a una senda de crecimiento económico sin inversión y no hay financiación de la inversión sin bancos. Salvar, pues, al sistema financiero es el primer paso, no solo para salir de la crisis financiera, sino para salir de la crisis económica. 

Dotar un fondo para obra pública en los Ayuntamientos es, sin embargo, una medida más política que económica. Los Ayuntamientos españoles tienen una pésima estructura de financiación, nunca resuelta y origen de mucha corrupción, que ha estado relativamente oculta en la época de bonanza económica. Por eso, ahora, los Ayuntamientos necesitan financiación. Una financiación que el Gobierno está dispuesto a dar rápidamente por varias razones: porque no quiere entrar en el debate profundo de cómo financiarlos, máxime cuando aún no ha resuelto el tema más conflictivo de la financiación autonómica; porque los Ayuntamientos son primer escalón político en el que se consiguen los votos; y, finalmente, porque es la administración más cercana a la ciudadanía y la mejor distribuida en el territorio. Por todas estas razones, y para evitar una cierta inestabilidad política, es por lo que era necesario dotar un fondo de obra pública municipal. En realidad es un poco más de lo que, en condiciones normales, se hubiera hecho, pero tiene una cierta carga simbólica. El problema es que, desde el punto de vista económico, las peonadas en obra pública municipal, esta especie de PER urbano, será poco útil y, como ocurre con el viejo PER rural, pernicioso a largo plazo, incluso para sus beneficiarios. Lo siento, pero a pesar de lo que diga el Presidente, esta medida es sólo útil políticamente, porque su eficacia económica es, como demuestra la experiencia de los treinta y los ochenta, nula. 

Estas medidas, y otras complementarias como los fondos del ICO para la financiación de empresas, son, al menos a corto plazo, necesarias. Las hay también absolutamente innecesarias como el fomento de la VPO. Pero lo que sí son todas es que son insuficientes, porque son sólo paliativas, no son medidas que nos vuelvan a una senda de crecimiento. Sirven solo para cortar estabilizar la situación, pero, si sólo se quedan en esto, y así será después de ver el penoso presupuesto presentado por el Gobierno, no resuelven ni uno solo de los problemas de fondo de la economía española que nos han llevado a esta situación. Parece como si el Gobierno creyera que la crisis es sólo una pesadilla de la que sólo hay que despertar. Nada más erróneo, porque nada volverá a ser como antes ya que lo que necesitaba la economía española era un nuevo modelo de crecimiento económico. Lo siento, pero creo que la salida de la crisis está mucho más lejos porque nuestro Gobierno todavía no se ha dado cuenta de la profundidad de la situación. Lo malo es que cuanto más se tarde en tomar decisiones de calado, más dolorosa será la solución. 

22 de diciembre de 2008 

Más pensamiento

Todas las crisis económicas, y esta que vivimos no es una excepción, causan una cierta perplejidad en la opinión pública en el mismo momento en el que se viven. Una perplejidad de la que participan intelectuales, analistas y políticos que reaccionan, en muchos casos, haciendo análisis superficiales que llevan a propuestas de soluciones que son muchas veces un insulto al sentido común. Ya en el convulso mundo de los 30, a solo una década del final de la guerra del 14, en medio de un marasmo monetario y con revoluciones comunistas y fascistas por doquier, los filósofos e intelectuales de la época mostraban su perplejidad ante un mundo que no eran capaces de analizar. Por pura pereza se resucitaron, por ejemplo, el mercantilismo (en la Francia de Lebrun), el autarquismo propuesto por Fichte a finales del XVIII (Mussolini, Hitler), el marxismo revolucionario o el liberalismo extremo del XIX como fuente de inspiración de la política económica. Todas las grandes economías de la época pusieron en marcha políticas absurdas basadas en estas viejas ideas. Solo fue a partir de la mirada nueva que unos pocos visionarios (Keynes, Kahn, Hansen, Hicks, etc.) hicieron de los fundamentos de la economía que se articularon políticas económicas que no solo sacaron a las economías de la crisis, sino que, después de la Segunda Guerra Mundial, dieron a la humanidad un largo periodo de crecimiento económico. 

Hoy parece que volvemos a caer en esa perplejidad y que una mayoría de analistas y políticos responden ante la situación con la misma pereza intelectual. En Alemania y Francia se han disparado las ventas de El Capital. Y se puede leer en España a catedráticos de teoría literaria (¡!) reivindicar su lectura como inspiración para analizar lo que ocurre. Reconozco que El Capital hace una buena descripción de la economía y política de su tiempo, pero su análisis económico, basado en la teoría del valor de Ricardo, es profundamente erróneo. El Capital no sirve para comprender la realidad que vivimos, sino para comprender el origen del comunismo, de ese sistema económico que fracasó en el siglo XX. 

Algo parecido, aunque menos drástico, ocurre con Keynes. En la Teoría General de Keynes hay muchas ideas aprovechables, en gran medida, porque las economías desarrolladas actuales funcionan en muchos aspectos basadas en sus ideas y las de sus discípulos. Pero también nuestras economías tienen características que invalidan muchas de sus recetas. Para empezar, Keynes analiza economías industriales, relativamente cerradas, con monedas metálicas, escasa presencia del sector público y bajos niveles de endeudamiento. Sus recetas de política son poco operativas en economías totalmente distintas. La Teoría General, un libro inmenso, hoy no puede ser el manual de instrucciones para salir de la crisis, salvo que tuviéramos un gobierno mundial que considerara el mundo como una sola economía. 

Sacudámonos la pereza intelectual y empecemos a analizar lo que ocurre con más pensamiento, más imaginación, nuevas ideas. Porque, como escribe el mismo Keynes, en el último párrafo de su libro: "Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto... de manera que las ideas que los funcionarios públicos y políticos, y aún los agitadores, aplican a los acontecimientos actuales, no serán probablemente las más novedosas. Pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros, tanto para bien como para mal". Amén. 

8 de diciembre de 2008 

Crisis, cumbre y realidad

En la cumbre de Washington del G-20 más dos (España y Holanda) del pasado día 15 se acordó lo que se podía acordar. O sea, unos principios genéricos para que ningún país se descuelgue con políticas unilaterales que lleven a una escalada que empeore la crisis global; unas recomendaciones que sienten las bases para unas nuevas normas financieras internacionales que ayuden a paliar la situación actual y a prevenir que lo que ahora ocurre no se repita; y un plan de trabajo para que en la cumbre de Londres estos principios sean tangibles. Nada, pues, de "refundar el capitalismo", ni de "parar la globalización". En todo caso, unos pocos principios para empezar a civilizar el capitalismo "salvaje" y moderar el desorden de los mercados globales. No se podía acordar otra cosa, ni se podía esperar más de ella, pero ha sido importante. 

No se podía acordar otra cosa porque, si algo sabemos desde la crisis de 1929, es que hay que evitar las políticas unilaterales. Porque en esa crisis, que se originó oficialmente también en los Estados Unidos, pero cuyas raíces eran anteriores y más profundas, todos los países desarrollados, empezando por Francia, iniciaron una escalada proteccionista con soluciones voluntaristas y revolucionarias, tanto en la derecha fascista como en la izquierda revolucionaria que, no solo entorpecieron la salida de la situación, sino que, en última instancia fueron causa lejana del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Había, pues, que fijar unos límites comunes pactados para las políticas nacionales. Algo lógico porque las interrelaciones actuales entre las distintas economías harían muy difícil, si no imposible, políticas parciales o antiglobalización, pues, ¿cómo pueden crecer China o Europa sin importaciones de materias primas y exportaciones industriales? La cumbre de Washington es la certificación de que la globalización de los mercados es un hecho, que es el marco en el que se mueve la economía mundial del siglo XXI y que necesita de instituciones políticas mundiales. 

Tampoco se podía acordar nada más allá de una declaración de principios para empezar a reformar el sistema financiero mundial porque, además del poco tiempo del que se ha dispuesto en prepararla, los intereses de las distintas economías son dispares, pues lo que es un boom para los exportadores de petróleo (Rusia o Arabia Saudí) es un problema para los importadores intensivos (Europa, Japón o Sudáfrica). Más aún, no se podían articular medidas muy concretas porque el daño de la falta de regulaciones ya está hecho, y antes de empezar a hacer las regulaciones que gobiernen la economía global es necesario crear las instituciones, aunque sea reformando las que hay. No se podía avanzar más porque no es prudente cambiar histéricamente un sistema sobre el que se han cimentado las instituciones de la economía mundial de los últimos treinta años. Hoy la economía mundial es más complicada que la de 1944 cuando en Bretton Woods se reunieron los aliados. Tampoco por esto la reunión no podía servir para arreglar esta crisis de cada país porque lo que ocurre en muchas economías, como la española, va mucho más allá de la crisis financiera internacional. 

Lo siento por algunos, pero no se ha refundado el capitalismo porque nadie ha puesto en duda la propiedad privada de los medios de producción, ni se ha planteado una alternativa al mercado como institución para la asignación de recursos. Precisamente, y como hizo con sus aportaciones uno de los padres de Bretton Woods, el gran John Maynard Keynes, lo que se ha tratado es de reformar el capitalismo para salvarlo. 

Para lo que estamos viviendo no hay soluciones mágicas y, mucho menos, globales. Pero se ha dado un paso importante, en mi opinión, para reformar el marco de instituciones de la economía mundial. Por eso, la apuesta del presidente Zapatero de participar en ella ha sido una magnífica jugada política que hay que aplaudir. Por una vez, bien hecho. 

24 de noviembre de 2008 

El nuevo mesías

La semana pasada, los norteamericanos, y el mundo, escogieron a Barak Obama como su presidente para los próximos cuatro años. Una elección que ha generado unas inmensas expectativas, no solo en los Estados Unidos, sino también en algunas sociedades tan pasionales (y tan manipulables) como la española. Unas expectativas de cambio que, como todas las situaciones en las que el mero cambio es un valor, pueden ser excesivas. 

Unas expectativas excesivas, en mi opinión, por tres razones: en primer lugar, porque la mayoría de los problemas no son fácilmente resolubles; en segundo lugar, porque un presidente norteamericano tiene mucho poder, pero no tanto como ingenuamente se le asigna; y, finalmente, porque los recursos de los que puede disponer para resolverlos son limitados. 

La Humanidad tiene problemas cuya solución no es fácil porque depende de las voluntades e intereses de numerosos agentes. Es cierto que muchos son problemas en los que la actitud y el liderazgo de un presidente norteamericano son variables importantes, pero aun así no son dependen sólo de su política. Para empezar, la mera elección de Obama no devuelve la confianza en los mercados financieros porque esta confianza no depende ya tanto de la acción política como de la propia evolución de la economía. Y, de igual manera, el que Obama tenga grandes dotes de liderazgo no resuelve la recesión a la que caminamos. Como también es difícil que esta elección resuelva la complicadísima ecuación de Oriente Medio, la guerra en Irak o Afganistán o la creciente tensión en el Cáucaso. Más aún, y a pesar de que él tenga un origen africano, dudo que tenga una idea clara de cómo resolver los problemas africanos de pobreza, violencia y corrupción o abordar los retos del Milenio. Ni siquiera, y en esto podría hacer mucho, debemos esperar que se avance mucho y rápidamente en los problemas medioambientales. 

En segundo lugar, es difícil que Obama reoriente toda la política norteamericana, en gran medida porque, aunque su partido tiene mayoría en ambas cámaras, el poder legislativo americano no está dominado por el presidente, ni los partidos políticos se alinean monolíticamente detrás de su líder. Un senador o un congresista americano no responden tanto ante los partidos en los que se agrupan, como a los ciudadanos concretos a los que representan. Por eso, las fracturas dentro del partido demócrata que la victoria tapa ahora aflorarán a lo largo del tiempo, especialmente cuando se acerquen las elecciones de dentro de dos años. El sistema de controles y equilibrios (checks and balances), que es característico de la democracia americana, supone un contrapeso al papel del líder y distribuye el poder, pero es un freno, siempre necesario, a cualquier cambio revolucionario. El presidente Obama tendrá, para llevar a cabo su programa, que convencer continuamente a las cámaras, a su partido y a los votantes. 

Finalmente, Obama se va a encontrar con un grave problema de recursos. Las cuentas públicas americanas son deficitarias en un 3,5% del PIB y se verán agravadas por los fondos de salvamento financiero del Plan Bernanke-Paulson de más de 1 billón de dólares. El margen de maniobra, legal y económica, de Obama es, a corto plazo al menos, relativamente reducido. 

Obama será un magnífico presidente, especialmente si lo comparamos con el pésimo George Bush. Su elección es una buena noticia. Pero no es el mesías, no es el enviado de la Providencia para resolver todos los problemas, es solo un hombre. 

Parece mentira que en un país tan descreído como España haya prendido tan fuerte el mesianismo "Obama". No sé si porque cada vez estamos más alejados de la religión o más huérfanos de liderazgo político. 

10 de noviembre de 2008 

Lo que no sabemos de la crisis

Sobre la crisis se está publicando tanto que parece que ya lo sabemos todo sobre ella. Los gobiernos están actuando con urgencia, e incluso se atreven a montar una conferencia para "refundar el capitalismo", como si supieran realmente lo que tienen que hacer. Mientras, la ciudadanía recibe mensajes simples que le hacen ir, alternativamente, de la histeria a la esperanza, y tienen una vaga confianza en que los economistas y los gobiernos sabemos lo que está pasando y las mejores soluciones para la crisis. Pues no, a fuer de honrado intelectualmente, hay que empezar por reconocer lo que no sabemos. 

En primer lugar, no sabemos cuánto daño hay todavía en el sistema financiero mundial. Dicho de otra forma, no sabemos qué volumen del crédito concedido en los últimos años a nivel mundial se ha dado con garantías insuficientes. En los Estados Unidos han caído los bancos que fueron más arriesgados (los hipotecarios, los de inversión, etc.) pero, dado su sistema de regulación laxa, no sabremos cuánto daño tiene su banca comercial hasta que no se termine la evaluación, para dentro de unos meses, y, de cualquier forma, no sabemos si habrá efectos de "segunda vuelta", es decir, si después de esta contracción habrá más impagados por la caída de la actividad económica. Algo parecido ocurre con la banca europea. Mientras que los bancos ingleses, irlandeses, etc. han evaluado muy rápidamente su situación, y han actuado con una cierta contundencia y transparencia, en el continente las pérdidas se están reconociendo más oscuramente. Lo que no sabremos nunca, hasta que sea inevitable, es cuánto daño tienen los bancos chinos o los fondos árabes, pues es lógico pensar que, si en los últimos años han sido ellos los que han financiado a la economía americana, estarán también seriamente afectados. Esto, junto con la caída mundial de la demanda, será un lastre, en forma de inflación o de deudas, para el crecimiento de muchos países y, desde luego, para el conjunto de la economía mundial. La fase de alto crecimiento de la economía mundial, y eso sí lo sabemos, se ha terminado. 

No sabemos, tampoco y en segundo lugar, si las medidas de apoyo público a las instituciones financieras darán resultado más allá de contener el pánico de los ahorradores. O sea, no sabemos si reequilibrado el balance de los bancos, éstos empezarán a dar financiación para el funcionamiento del conjunto de la economía en una cuantía suficiente para que no haya estancamiento del PIB. Inyectar dinero en los bancos no garantiza que la economía real vuelva a funcionar, porque aquellas instituciones que ahora sean los receptores primeros del dinero y de la garantía pública preferirán asegurar su solvencia, antes que arriesgarse a prestar esa financiación a las empresas del sector real de la economía. Estamos, pues, apuntalando al sistema financiero, pero eso no se traduce automáticamente ni en más crédito para el conjunto de las empresas y consumidores, ni en una vuelta a las tasas de crecimiento económico. 

Finalmente, no sabemos cuánto durará la crisis, y no solo porque no sabemos cuál es la gravedad de la situación (que es muy grave), o si las medidas van a dar resultado (que es una simple esperanza), sino porque, a pesar de los gurús y de los gobiernos optimistas, los economistas intelectualmente honrados sabemos que nuestros modelos no pueden predecir, con una cierta precisión, más allá de año y pico. De ahí que nadie que se respete intelectualmente puede asegurar que la crisis vaya a durar poco. Tampoco se puede asegurar lo contrario, aunque por analogías con situaciones históricas, la salida no está cercana, aunque se acertara en las políticas (cosa que dudo). Lo siento, pero como no soy político mentiroso, sino economista serio, prefiero reconocer lo que no sé, antes que hablar de lo que podría ser (y que nunca será). 

27 de octubre de 2008 

Esquema de las políticas anti-crisis

En medio del caos financiero y de la crisis, se puede vislumbrar la estrategia de política económica que están siguiendo las autoridades económicas del mundo desarrollado para hacerle frente. Una estrategia que, con matices para cada país, está siendo, en general, improvisada, mal comunicada y peor gestionada, lo que agrava los problemas. 

Está claro que el objetivo a corto plazo de esta estrategia es sanear el sistema financiero e intentar devolver la vitalidad a las cuentas de las empresas, como condición imprescindible para evitar una espiral de recesión y paro similar a la vivida en Japón en los noventa. Se trata, pues, de restablecer la confianza financiera para salvar, dentro de lo posible, la estructura productiva. Los ejes que articulan esta política de saneamiento son tres: una política monetaria de liquidez expansiva, una política fiscal cíclicamente deficitaria y una política de saneamiento del sistema financiero y de facilidades de financiación para las empresas. Unos ejes típicamente de economía de oferta, alejados de los tradicionales estímulos keynesianos de demanda. La política monetaria de inyección de liquidez está siendo posible porque, con el miedo a una recesión, la amenaza inflacionista está relativamente alejada. En este contexto, los bancos centrales están intentando sanear las cuentas del sistema financiero prestándoles dinero a bajos tipos. Como los bancos seleccionan ahora mucho mejor a quién prestan dinero y a qué interés, los márgenes bancarios crecerán. Se trata, entonces, de hacer que los bancos, con menos actividad, tengan beneficios de tal forma que puedan hacer frente a las pérdidas que los activos dañados les han causado. Se intenta convertir el problema de la banca en un problema de selección del riesgo y de tiempo, no de liquidez. La novedad ha sido la coordinación de esta política entre los principales Bancos centrales del mundo desarrollado. Una coordinación necesaria para evitar dos efectos indeseados: que uno de los bancos centrales tuviera que cargar con el peso de toda la inyección de liquidez y que se vieran distorsionados los mercados de divisas, con graves consecuencias en los precios básicos mundiales. 

Por su parte, la política fiscal que están siguiendo todos los países es acomodaticia al ciclo. Es decir, que el crecimiento del déficit viene dado no tanto por los cambios en las políticas de gastos e ingresos, como por la caída de la actividad. Aquellos países que arrastraban un fuerte déficit público (Estados Unidos, por ejemplo) lo están viendo aumentar, mientras que los que tenían superávit lo están perdiendo. Pero salvo excepciones, algunas coyunturales y por motivos electorales, no se observan grandes cambios en la política fiscal. No es tiempo de revoluciones fiscales o de experimentos con el Estado del Bienestar. 

Finalmente, la política de saneamiento de las instituciones financieras y de los mecanismos de financiación de las empresas se está haciendo a través de nacionalizaciones más o menos encubiertas, créditos blandos y extensión de garantías que, dependiendo de la estructura legal y administrativa de cada país, se articula de una forma diferente. Más aún, la profundidad y coste de esta política depende mucho de los problemas de cada economía y de lo dañado que esté su sistema financiero. Así, en los países anglosajones, con Estados Unidos a la cabeza (plan Paulson-Bernanke) y la salvedad de Canadá, esta política de saneamiento es el eje esencial de toda la estrategia, mientras que en países con sólidos sistemas financieros esta política tendrá, previsiblemente, un menor protagonismo. 

De cualquier manera, los acontecimientos están desbordando de tal forma a los Gobiernos que me parece que se necesita mucho más que este simple esquema para salir de una crisis que es "grave, profunda y mundial". Calificativos que el gran Fuentes Quintana aplicó a la anterior, a los que me atrevo a añadir el de "larga". 

13 de octubre de 2008 

Regulación, intervención y crisis

A cuenta de las medidas que tanto los bancos centrales como los gobiernos están tomando para lidiar con la crisis, se está generando una inmensa cantidad de ruido mediático que está impidiendo a la ciudadanía hacerse una idea cabal de lo que se está haciendo. Viejas voces acuden a explicar la crisis y dar remedios. Ahora aparecen antiguos intelectuales marxistas que auguran el enésimo "fin del capitalismo" y apoyan no solo más intervención, sino "la madre de todas las intervenciones". Folclóricos líderes empresariales, como el presidente de la CEOE, piden un "estado de excepción en la economía". Incluso algunas voces religiosas demonizan, reviviendo debates del XIX, al mercado con "toda su pompa y boato". Todo para explicar la excepcionalidad y justificar la intervención. Hay mucha opinión catastrofista, mucha histeria, mucho ruido que ensordece y entontece. 

Lo que ha ocurrido en los mercados financieros es lo que conocemos, desde hace casi ochenta años, como un fallo del mercado. Incluso hay una preciosa explicación que debemos a "la mente maravillosa" de Nash. Un fallo del mercado se produce, normalmente, cuando el resultado de los comportamientos de los agentes lleva a una situación que nadie desea. Es decir, que buscando todos el máximo beneficio, e incluso actuando todos de buena fe, todos se perjudican. Precisamente para evitar esto es por lo que se consideran deseables regulaciones que garanticen el funcionamiento de los mercados, y mecanismos de política económica que reequilibren sus resultados. Así, la mayoría de los economistas, incluso los muy liberales como el que esto escribe, no solo aceptan la existencia del Estado como condición para el desarrollo de los mercados, sino que creen imprescindibles sus regulaciones. Eso sí, buenas regulaciones. Pero una cosa es una regulación y otra la intervención pública. Porque una regulación es un conjunto de usos y normas que fijan los límites de la acción de los agentes, otorgando a todos igualdad de oportunidades, permitiendo una razonable retribución de la inversión y obligando a resarcir los daños que pudieran producirse, mientras que una intervención supone obligar a los agentes a hacer algo. Una regulación son unas reglas del juego para que gane el mejor, una intervención es una decisión para que gane uno. Y eso es muy peligroso por varias razones. La primera es cuando la intervención se produce se argumenta la excepcionalidad, pero no se plantean las reformas que hay que hacer para que no se repita. El origen de la crisis actual hay que buscarlo en la ausencia de regulaciones internacionales de los mercados financieros (por eso hay un fallo de mercado), pero también en los defectos de la regulación americana (la obsoleta Glass-Steadall Act), por lo que toda intervención a corto plazo que no incluya un cambio en esta situación no garantiza que no se repita. 

El segundo peligro de las intervenciones es el problema del "riesgo moral". Y es que si ahora se salva a los bancos en los Estados Unidos o a las inmobiliarias en España se está diciendo a los bancos y empresarios que pueden ser irresponsables, que lo único que tienen que hacer es ser lo suficientemente grandes y tener mucha gente afectada para que el Gobierno intervenga. Algo que también ocurre a nivel local, por ejemplo, con las parcelaciones ilegales. 

Finalmente, un tercer problema de las intervenciones es el del coste y su reparto, porque el coste de la intervención lo pagan los contribuyentes de los sectores competitivos, respetuosos de las leyes y responsables, mientras que se benefician los que no fueron cumplidores. Teniendo en cuenta esto, hay que tener mucho cuidado al pedir y apoyar una intervención. Más aún, habría que ver a quién beneficia, quién la paga y por qué. Y, desde luego, evaluar correctamente lo que ocurre si no se interviene. Porque, a veces, una dieta no es mala, sino que es hasta recomendable para compensar los excesos. 

29 de septiembre de 2008 

Dispersión de paro

Antes del verano, en España había, según la Encuesta de Población Activa, más de 2,3 millones de parados, lo que arrojaba una tasa de paro del 10,44% de la Población Activa. Una tasa de paro alta, y creciendo, que, además, no se reparte por igual por todo el territorio nacional. De hecho, y haciendo el análisis por provincias, en nuestro país hay 16 provincias con un paro inferior al 8% (entre ellas las tres vascas, Zaragoza y Barcelona), mientras que hay 8 (incluyendo a Ceuta y Melilla, cinco andaluzas y Las Palmas) por encima del 16% de paro. 

¿Cómo es posible que bajo la misma política económica y similares marcos institucionales haya tanta disparidad? La respuesta no es simple porque hay multitud de variables (económicas, políticas y sociales) que explican las diferencias de desempeño de los mercados de trabajo, pero hay tres causas importantes de esta dispersión española. 

La primera, y más importante, es la inmensa diversidad de la estructura económica española. Haciendo un análisis de las estructuras sectoriales provinciales, podemos identificar dos tipos de provincias que tienen una tasa de paro baja: las industriales y las débilmente pobladas. Los casos paradigmáticos de las economías industriales son el País Vasco, Navarra, La Rioja y Barcelona. Es decir, provincias con una alta concentración industrial y de servicios, densamente pobladas, cercanas a los mercados europeos y con una buena dotación de capital humano y de infraestructuras. Los casos paradigmáticos del segundo tipo, de las economías envejecidas, son Soria, Palencia, Huesca, Teruel. Es decir, provincias estancadas poblacionalmente, con una estructura económica terciarizada (por la expansión del sector público), agricultura tradicional y escasa industria. Y frente a estos dos tipos de provincias, el resto, especialmente las provincias andaluzas. Es decir, economías con fuerte crecimiento poblacional, terciarizadas por los servicios públicos, gran sector de la construcción, clásico sector agrario y débil tejido industrial. Economías, además, alejadas de los mercados europeos, con bajos niveles de infraestructuras, poblamiento relativamente disperso y peor dotadas de personal cualificado (doble fracaso escolar y menor gasto por alumno que las industrializadas). O sea, que una provincia poblada sin sector industrial significativo, tendrá con seguridad, una tasa de paro alta. 

La segunda causa de la dispersión de la tasa de paro hay que buscarla en la escasa movilidad espacial de la mano de obra española. Y es que, desde la década de los sesenta, las migraciones interiores españolas han sido muy limitadas, pues lo hacemos dentro de la provincia o hacia provincias limítrofes. La vivienda en propiedad, la estructura familiar, la protección social, etc. tienen mucho que ver con esta menor movilidad. Con diferencias de paro mucho menores que las actuales, aunque mayores en salario, los andaluces y extremeños emigraron masivamente en los 60 hacia Cataluña y el País Vasco, lo que equilibraba, igualándolas, las tasas de paro de entonces. Los españoles vivimos en nuestra casa, aunque sea en paro. 

La tercera causa de las dispersiones de las tasas de paro hay que buscarlas en factores característicos de algunas comunidades. El terrorismo cortó en los ochenta los movimientos migratorios hacia el País Vasco, al tiempo que expulsaba a una parte de la población. Por otra parte, la imposición lingüística en la Cataluña de los últimos años, es, también, una forma de proteger su baja tasa de paro. Es curioso, pero en España, la mayor probabilidad de estar en paro se da no sólo entre los de menor cualificación, y, a veces, por ser mujer, sino porque uno es de una provincia del Sur (de esas que no se industrializaron en la época franquista) y no habla nada más que castellano. Y lo llamativo es que los que más se quejan de trato discriminatorio son los que no tienen esas características. Paradojas de la política española con consecuencias económicas. 

15 de septiembre de 2008 

¿Pleno empleo en Andalucía?

La semana pasada, el presidente Chaves se reunió con los principales consejeros para analizar la situación de la economía regional y proponer, a imitación del presidente Zapatero, un conjunto de medidas con las que afrontar la crisis. De la reunión, lo más interesante no fueron las medidas que se adelantaron, escasas y poco coherentes, sino que en la rueda de prensa posterior el presidente manifestara que es posible alcanzar el "pleno empleo en Andalucía para el año 2013". 

Una manifestación que, lo siento mucho, está absolutamente fuera de la realidad, porque el presidente parece olvidar una serie de hechos y conceptos que debiera manejar con soltura alguien no solo de su responsabilidad, sino que además fue ministro de Trabajo. Y es que Chaves parece no saber que en Andalucía viven, según la Encuesta de Población Activa, 618.000 parados, lo que supone una tasa de paro del 16,27%. El pleno empleo, según las definiciones que usamos en los libros de texto, se alcanzaría en el entorno del 5%, o sea, que el máximo de parados en nuestra comunidad debería ser de unos 190.000. Eso supone que habría que crear, como mínimo, unos 420.000 puestos de trabajo netos en los próximos cinco años, o sea, a razón de unos 84.000 por año. Para que esto fuera posible tendrían que darse tres circunstancias simultáneas: la primera es que la población activa andaluza no crezca en este periodo, lo que es imposible por la mera dinámica poblacional de una comunidad joven y con inmigrantes; la segunda es que la tasa de actividad permanezca en ese bajo nivel de 57,12% que ahora tenemos, lo que tampoco va a ocurrir por la incorporación de la mujer al mercado laboral que se viene observando; y la tercera es que o bien Andalucía no sufre la crisis económica actual y además crece por encima del 3,5%, o bien, después de pasar la crisis de los dos próximos años, crecemos los años siguientes por encima del 5% (algo que no hemos hecho en los últimos treinta años). Dicho de otra forma, para que la profecía de Chaves se cumpla deberían de crearse casi 130.000 empleos netos anuales en los próximos cinco años, lo que implicaría crecer por encima del 4% anual acumulativo. Y esto lo digo sin considerar que desde 1976 nuestra comunidad nunca ha tenido menos del 10% de paro o que hubo trimestres en la crisis de los 90 en que fue superior al 30%. Teniendo esto en cuenta, calificar la declaración de Chaves de tontada es hasta piadoso. 

Supongo que la razón para decir una frase como esa, además ser la enésima prueba de que nuestros dirigentes viven en Disneylandia, es para evitar que hagamos una políticamente inoportuna lectura de nuestra cifra de paro. Porque, ahora que estamos debatiendo de financiación autonómica y elaborando los presupuestos generales para el año que viene, sería problemático que los andaluces compararan su mercado de trabajo con el de, por ejemplo, Cataluña, ya que la tasa de paro andaluza, ese 16,27 %, es 8,65 puntos más alta que la catalana, o sea, que es más del doble. No sé qué diría Montilla si Cataluña tuviera la tasa de paro andaluza, pero me temo que no diría lo que ha dicho nuestro presidente. Como también me temo que no aceptaría la situación de nuestras infraestructuras o un mayor retraso en el pago de la famosa deuda histórica. Pero, claro, también los andaluces nos callamos ante quienes llevan gobernándonos más de treinta años sin exigirles que cumplan sus promesas. 

25 de agosto de 2008 

Cuatro ideas para tener en cuenta

Primera. En una economía abierta e integrada monetariamente como la española, la capacidad del Gobierno de gestionar a corto plazo el crecimiento económico y, con él, la tasa de paro, es muy pequeña. En economías así, y en el corto plazo, solo la política monetaria es efectiva, mientras que las viejas políticas fiscales de expansión de la demanda, solo producen inflación. Más aún, como demostró Friedman hace cuarenta años, la política monetaria es efectiva en el corto plazo y bastante ineficaz a largo plazo, mientras que a la política fiscal le ocurre justo lo contrario. A corto plazo, pues, se puede hacer poco. A largo plazo, Keynes dixit, "todos calvos". 

Segunda. Diga lo que diga el Gobierno y se reúna o no la oposición (¡vaya tontada eso del "seguimiento de la crisis"), no hay ninguna decisión que tomada hoy por el Gobierno pueda reducir la tasa de paro de este año. Las decisiones que se tomen hoy tendrán efecto, en el mejor de los casos, a finales del año 2009, y, lo más seguro, allá por el 2010. Es probable, pues, que el paro roce este año el 12,5-13% para llegar al 14-15% en 2009. Pensar que esto no va a ser así por optimismo, como hace Zapatero, o que podría ser de otra forma por "gabinetes de crisis", como hace el PP, es no tener ni la más remota idea de cómo funciona una economía, ni de algo tan elemental como el "desfase temporal de la política económica". Las situaciones no cambian en el momento en que uno quiere cambiarlas, sino después de un tiempo y de haber tomado las decisiones correctas. 

Tercera. Es probable que la situación se deteriore más de lo que ahora prevemos por la concurrencia en los próximos meses de dos variables clave: en primer lugar, porque el BCE va a mantener los tipos de interés lo que resta de año; y, en segundo lugar, porque el gobierno está gestionando mal las cuentas públicas. Y es que, tras la ocurrencia de gastarse el superávit en el asunto de los 400 euros, ahora tenemos el problema de la financiación autonómica y del aumento del gasto social. Una situación que, dada la mayoría precaria del Gobierno y el nacionalismo de los socialistas catalanes, solo se resolverá con déficit, lo que empeorará las condiciones en las que las empresas pueden financiar la inversión productiva. La situación es probable que degenere puesto que tenemos un Gobierno que gestiona a base de "optimismo" y ocurrencias (¡genial lo de las bombillas!) y desconoce el significado de la palabra austeridad (Y en esto sí lleva razón el PP). En las situaciones difíciles es cuando se demuestra el liderazgo. 

Cuarta. El que no se pueda mejorar la tasa de paro en el corto plazo, no quiere decir que no se pueda hacer nada. Para empezar se puede atacar el problema de financiación de las empresas mediante medidas fiscales, modificando, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades o las Cotizaciones Sociales. O se puede revolucionar nuestro pésimo sistema educativo que hace que tengamos baja productividad y mayor vulnerabilidad en el empleo. O se pueden tomar decisiones sobre el funcionamiento de la justicia de tal forma que una suspensión de pagos no arrastre a empresas sanas por la dilación de los procedimientos. Incluso se podrían revisar los trámites y corruptelas de los ayuntamientos en la puesta en marcha de proyectos empresariales. Se pueden y deben hacer cosas porque, aunque a corto plazo no se influye sobre las variaciones de la tasa de paro, el nivel del paro estructural y su persistencia es fruto del desempeño de las distintas administraciones. Por eso hay diferentes tasas de paro en distintos puntos geográficos. 

Si estas ideas las tuvieran en cuenta nuestros políticos se podrían ahorrar muchas de las tonterías que andan diciendo estos días. Y podrían concentrarse en el debate de propuestas consistentes y coherentes de cómo salir de esta crisis. 

11 de agosto de 2008 

Como gestionar mal una crisis

La gestión de la situación económica por parte de nuestro Gobierno es un cúmulo tal de despropósitos, que parece mentira que estén a su servicio algunas de las mejores cabezas económicas del país. Porque están cometiendo todos los errores en los que se puede caer en la gestión de una situación crítica. 

El primer error de gestión en una crisis es perder la credibilidad. Para ello lo primero que hay que hacer negar la realidad. La tasa de crecimiento de este trimestre será, seguramente, cero, con lo que bordearemos la recesión en el cambio de año. La inflación cerrará alrededor del 5%. El paro, ya en el 10,5%, se situará por encima del 11% al finalizar el año. Y el superávit público del 1% del año pasado se convertirá en un déficit superior al 1%. O sea que, en menos de un año, habremos pasado de una economía boyante a una economía estancada, en crisis. Ante esto, que se sabía que iba a ocurrir, aunque no la rapidez con que ha ocurrido, el Gobierno ha jugado el juego de las expectativas lanzando un mensaje de optimismo en un intento de contener el deterioro de la situación. El problema de este juego es que si se falla, se pierde la credibilidad. Por eso, cuando las cosas vienen mal dadas el optimismo es la peor opción. Nuestro Gobierno ha jugado este juego por razones electorales y ya no tiene credibilidad. A partir de ahora, cada vez que anuncie un mensaje optimista todos pensaremos que miente, con lo que hace más difícil la salida de la situación. 

El segundo error es actuar pensando solo en el corto plazo, es decir, actuando sobre los síntomas, no sobre los problemas. Es lo que ha hecho nuestro Gobierno con esos 6.000 millones de euros que ha costado la medida de los 400 euros. Han logrado contener el ajuste del crecimiento en unas décimas, pero no tendrá efecto a partir del próximo trimestre. Con lo que se han jugado las cartas del superávit en una medida que no solo no ha servido para nada (salvo algunos votos), sino que, además, empeora a medio plazo la solución real de los problemas, ya que no trasmite señales de rigor ante la inflación, al tiempo que deteriora la situación de financiación interna de la economía española, pues el Estado empieza a competir por el poco ahorro que hay. O sea, que no solo se juega lo poco que quedaba de credibilidad, sino que, además, agrava la situación. 

El tercer error, en el que ahora empiezan a caer, es el de las reformas histéricas. Esto consiste en que aquello que no se hizo antes se hace ahora deprisa y corriendo. El Gobierno anuncia nuevas leyes y una batería de medidas urgentes que lo único que hacen, por lo que hemos visto, es repetir lo que ya se escribió en el Plan Nacional de Reformas del año 2005, a lo que ahora hay que sumar las medidas histéricas de intervención en el sector de la construcción o de subvenciones a todo lo que se mueve. Si ya teníamos exceso de intervención y discrecionalidad, más inflación de normas y exceso de regulación, lo que genera rigidez en nuestra economía, pronto estaremos enmarañados con miles de normas contradictorias y enmarañadas. 

En definitiva, el Gobierno se ha portado como un médico que falla en su diagnóstico de una úlcera grave, y le dice al paciente que sus dolores de estómago son psicológicos. Además, le receta, con un gesto displicente, una buena dosis se aspirina y lo manda a casa. Luego, cuando la cosa se pone muy grave, no solo quiere operar la úlcera, sino, de paso, el corazón, el hígado y el intestino delgado. No creo que nadie en su sano juicio confiara en un médico así. El problema que tenemos es que este médico es el que nos va a tratar los próximos cuatro años. 

28 de julio de 2008 

Estancamiento con inflación

Ahora sí que estamos ante el momento crítico de cómo evolucionará la situación de la economía española en los próximos años. De las circunstancias internacionales y de las decisiones que se tomen dependerá el que la crisis sea más o menos profunda o más o menos larga. Más aún, de que entremos en una espiral de estancamiento con inflación. Estamos ante el momento crítico porque el parón del crecimiento económico, más las restricciones de liquidez, sitúan a las empresas ante un horizonte difícil. Como la mayoría de las empresas están considerando, con razón, que la situación de caída de la demanda y de restricciones de liquidez va a ser relativamente permanente, su reacción es que suben precios y ajustan plantilla. La subida de los precios, aunque en algunos sectores esté justificada por subidas reales de sus costes (energía, materias primas), en otros no es más que un comportamiento "en manada" por el que la una genérica "subida de la inflación", justifica la subida de sus precios, y más en mercados con monopolios. El ajuste de plantilla, que ya se está produciendo duramente en algunos sectores y con menores contrataciones temporales y planes de despido en otros, lo basarán las empresas en la caída de la demanda. Las empresas se instalan, así, en la inflación con estancamiento. Lo que produce, además, paro. 

También los sindicatos y trabajadores tienen una difícil tesitura. Para ellos la clave no está en la caída de la actividad, sino en la inflación y el crecimiento del paro. Si se empeñan en mantener el salario real, el resultado será un mayor crecimiento del paro. Si aceptan unas subidas salariales contenidas, algo probable por efecto de los inmigrantes, el paro será menor a corto plazo y la inflación puede ser, a medio, más moderada. Pero nada lo garantiza. De cualquier forma, con menores salarios o más paro, la caída de la demanda total de los trabajadores se notará en el consumo privado. O sea, estancamiento con inflación. 

Ante esto poco puede hacer el Gobierno a corto plazo, pero puede estropearlo más. Si, como hasta ahora, niega la situación y hace tontos estímulos de demanda (los 400 euros), no solo mantiene la inflación y no mejora la sangría del paro, sino que dilapida el superávit público, con lo que empeora la deuda y, a medio plazo, aumenta el gasto y el déficit. O sea, que puede ampliar el proceso de más inflación con estancamiento. 

Estamos, pues, al borde de una situación de estancamiento con inflación. Ante esta situación, lo peor que podríamos hacer sería que el Gobierno no identificara que el problema de verdad es, más que el estancamiento, la inflación. Si el Gobierno intenta mantener la actividad con una política fiscal de fuegos de artificio y no ataja realmente el problema de inflación con drásticas medidas antimonopolio y control de gasto público, el resultado será que los empresarios mantendrán beneficios a corto plazo subiendo los precios, ante lo que responden los sindicatos presionando sobre los salarios reales. El resultado sería que unos producen inflación (los empresarios), otros producen paro (los sindicatos), mientras el Gobierno produce déficit y estancamiento. Entraríamos en una espiral de efectos de primera (precios-salarios) y de segunda vuelta (salarios-paro) que nos llevaría al estancamiento por largos años. Así sí tendríamos instalada la crisis. 

También podría ocurrir que el Gobierno reconozca la situación, empiece a exigir competencia, y oriente su política fiscal a reducir los costes de las empresas. Así, las empresas se verían obligadas a mantener los precios y los sindicatos aceptarían una pérdida de salario real, con lo que se reducirían los efectos de primera y segunda vuelta. Para que esto se produzca hace falta que el Gobierno sepa que la clave está en la inflación, no en el crecimiento. Algo que, por desgracia, dudo que sepan los optimistas antropológicos. 

14 de julio de 2008 

Política monetaria elemental

La política monetaria es, sencillamente, el conjunto de acciones de la autoridad monetaria para influir en las variables monetarias, es decir, en la cantidad de dinero, en los tipos de interés y en las cotizaciones. La política monetaria, en un momento concreto y para una economía determinada, depende de muchas variables como qué se considera dinero, la estructura y tamaño de la economía, de su grado de apertura, etc. Por eso, una misma economía necesita a lo largo del tiempo distintas políticas monetarias, de la misma forma que dos economías diferentes en el mismo momento necesitan diferentes decisiones monetarias. 

Teniendo esto en cuenta basta saber que la economía europea es diferente a la economía norteamericana, también en el funcionamiento de sus mercados financieros, para deducir que los objetivos primarios de la política monetaria europea han de ser diferentes a los de la Reserva Federal. En Europa, primera potencia comercial y una de las economías más abiertas del planeta, es necesario mantener controlada la inflación para crecer, pues dependemos de nuestro comercio exterior. 

En los Estados Unidos, la primera potencia por PIB del mundo, no necesitan un control tan riguroso de los tipos por parte de la Fed para controlar la inflación, no sólo porque sus mercados son más flexibles, sino porque es una economía menos abierta y no tienen problemas de financiación de su saldo exterior por el papel preponderante del dólar. Por eso, los objetivos primarios de los dos Bancos Centrales son diferentes: en Europa, el control de la inflación (mirando de soslayo el crecimiento); en los Estados Unidos, el estímulo cuasi directo del crecimiento económico (mirando de soslayo la inflación). Carecen de rigor, pues, las voces, como la de Sarkozy, que piden una política monetaria como la americana. 

Para alcanzar sus objetivos, los bancos centrales tienen a su disposición dos tipos de instrumentos fundamentales: los anuncios o declaraciones y las decisiones sobre los tipos de interés y las cantidades que prestan a los bancos. Los primeros afectan directa e inmediatamente a los consumidores finales de crédito al formar éstos expectativas, mientras que los segundas sólo lo hacen a través de la cadena bancaria: primero a los bancos y luego a los clientes. Como los anuncios son más delicados (porque se juega uno su reputación y credibilidad) y sus efectos son menos controlables se usan sólo en casos muy concretos, de ahí que, la mayoría de las veces, todos los banqueros centrales sean oscuros en sus declaraciones. Por su parte, las decisiones sobre tipos y activos para descuento se toman continuamente, tienen efectos mucho más calculados y son más efectivas en el largo plazo. En este sentido, las declaraciones de Trinchet en las últimas semanas, anunciando altos tipos de interés, han sido relativamente claras y han levantado polvareda. Lo que la opinión pública no ha valorado es que, al hacerlo, los tipos de los mercados finales subieron inmediatamente, lo que ha hecho que las familias y empresas restringieran más la demanda de crédito, lo que servirá para desacelerar la inflación al contener la demanda final de productos. Sin embargo, al mismo tiempo, ha mantenido los tipos a los que el BCE le presta a los bancos. El resultado de este doble juego es que, para la banca, se ha ampliado el margen financiero del dinero que le presta el banco central, con lo que el BCE ayuda a sanear el sistema financiero europeo. El BCE cumple, así, con su obligación de luchar contra la inflación, al tiempo que recompone la confianza en los mercados mayoristas. Una buena decisión, en mi opinión, que tampoco fue entendida por una parte de los políticos europeos, con nuestro presidente Zapatero a la cabeza. Quizás porque nadie le explicó, como tampoco a Berlusconi o a Sarkozy, que la inflación es nuestro primer problema, que hay una crisis financiera de por medio y que si no resolvemos ambos no podemos volver a crecer. 

30 de junio de 2008 

También la inflación

La inflación española tiene un conjunto de causas comunes con todos los demás procesos inflacionarios del mundo, pero, al mismo tiempo, tiene unas causas propias, idiosincráticas. Como pasa siempre en economía, no hay dos procesos económicos iguales entre dos países en el mismo momento, ni existe una repetición de la historia de una economía. Cada coyuntura económica tiene, siempre, unos matices que la diferencian. 

El proceso inflacionario español tiene, en su base, el mismo origen que el que están viviendo las economías más desarrolladas. La subida de los precios del petróleo, de los precios de las materias primas, así como de los productos alimenticios básicos es la primera causa del actual repunte de nuestra inflación. Pero siendo esto cierto, no es del todo exacto, porque la economía española está acusando con más fuerza este choque inflacionario importado, y ello es debido a cuatro características de nuestra economía que ningún gobierno de los últimos veinte años se ha esforzado por cambiar. 

La primera de estas características es que tenemos un sistema energético poco eficiente. De hecho, tenemos uno de los sistemas más ineficientes, medida la eficiencia en términos de autosuficiencia y coste. Una ineficiencia que tiene mucho que ver con los intereses de las grandes empresas españolas, con la hipocresía ecológica de nuestra ciudadanía y con la clamorosa ausencia de una verdadera política energética. Más aún, en los últimos años nuestro Gobierno ha estado más preocupado, y sigue más preocupado, por a quién pertenecen las empresas de energía (Endesa, Iberdrola) que en si estas empresas cumplen realmente con su misión primaria que es la de producir energía en calidad, cantidad y eficiencia suficiente para el funcionamiento de nuestra economía. Malos ministros de energía y pésimas regulaciones han hecho el resto. 

La segunda característica de la economía española que no ha merecido suficiente atención es el de nuestro sistema de transporte. Los Gobiernos españoles de los últimos veinte años han fomentado, por razones de coste y visibilidad, la inversión en infraestructuras viarias para el automóvil y en ferrocarriles de alta velocidad. Sin embargo, este sistema de transporte terrestre es incompleto y ha tenido una inmensa laguna: no se ha invertido en una red más densa de ferrocarriles para el transporte de mercancías y de viajeros. Y esto es muy relevante porque el coste del transporte por ferrocarril de una tonelada y kilómetro es alrededor de la mitad del coste por carretera. De la eficiencia de los sectores energéticos y de transporte dependen no pocos costes empresariales que presionan al alza en los mercados de bienes finales. La diferencia de eficiencia en estos dos sectores explica en una parte de por qué España tiene una inflación más alta que las economías más desarrolladas de Europa. 

Pero hay otras dos características que son tan importantes como las anteriores que los economistas no nos hemos cansado de señalar en los últimos años. En primer lugar, la ausencia de competencia efectiva en muchos mercados. Una falta de competencia que se debe a legislaciones obsoletas, infinidad de regulaciones y, más grave, un exceso de intervencionismo en el funcionamiento de las empresas. España es una de las economías desarrolladas con más cambios normativos en los últimos años y con muchos sectores productivos para los que es más importante la aquiescencia de un funcionario que su propia capacidad competitiva. En segundo lugar, y último, la inflación española se debe, en no poca medida, en la profunda despreocupación de los españoles por algo tan elemental como el ser competitivos. Instalados en un cómodo y fácil crecimiento económico del pelotazo ladrillero, hemos olvidado que la esencia de la economía de mercado es producir más barato con mayor calidad. 

Sería un grave error del Gobierno y de todos no concentrarse en la inflación como elemento esencial para volver a un crecimiento sano. Pero de esto hablaremos más adelante. 

2 de junio de 2008 

Incógnitas económicas

Con el tiempo vamos conociendo mejores datos macroeconómicos de lo que está pasando en nuestra economía. Al margen de lo que mañana publique el INE, con los datos adelantados y los de Eurostat podemos hacernos idea más clara del "ajuste", llamémosle así de momento, que está viviendo la economía española. 

Según las previsiones, nuestra economía está creciendo por debajo del 2% (en términos anuales), con una demanda interna débil y una mejoría muy leve de las cuentas exteriores. Esto está provocando un deterioro de la situación en el mercado de trabajo, más fuerte en el empleo en la construcción e industrias auxiliares. En el frente de los precios, la inflación empieza a moderarse, aunque menos de lo que debiera, porque los precios del petróleo y materias primas siguen al alza en los mercados mundiales y porque las empresas españolas, muchas de ellas en sectores con poca competencia real, perciben la situación como transitoria. El saldo exterior, que tendría que mejorar por la debilidad de la demanda interna, no lo está haciendo por los altos precios de nuestras importaciones y porque las pérdidas de competitividad de los últimos años no permiten un fuerte crecimiento de las exportaciones. Por último, el déficit público, proyectando los saldos de caja, está asomando en las cuentas públicas, empezando por las de las Corporaciones Locales (siempre mal financiadas), siguiendo en las Comunidades Autónomas (siempre poco responsables) y terminando con la Administración Central. En definitiva, la economía española, y mañana quedará certificado, está en la fase bajista del ciclo y se está ajustando. 

Certificado esto, las dos preguntas clave son cuánto más se deteriorará la situación y cuánto durará. La realidad, a fuer de ser honrados, es que no sabemos las respuestas exactas a estas preguntas. Los modelos econométricos usados para hacer previsión económica nos dan unas respuestas en forma de probabilidad. Así, la mayoría de los modelos indican que la tasa de crecimiento estará este año entre el 0,8% y el 2,1%, siendo los valores más probables el rango entre 1,3 y 1,9. También se prevé una moderación de la inflación hasta el entorno del 3,5%, de la misma forma que es previsible una tasa de paro a finales de año en el intervalo del 10,5-12,5%. Se moderará el déficit exterior por cuenta corriente y tendremos un déficit público en el rango de 1-2 puntos sobre PIB a finales de año. La economía española, así, sufrirá un estancamiento, pero no entrará en recesión. Estamos, pues, ante una situación preocupante, pero no dramática. 

Lo que es más difícil de prever es cuánto durará el periodo de estancamiento. Dependiendo de cómo de rápido se ajuste la economía americana y de cómo de rápido se resuelva la crisis en los mercados financieros, de qué decisiones tomen los gobiernos y de la rapidez y el talante con que respondan los agentes económicos, especialmente las empresas, a las nuevas expectativas, la situación puede durar más o menos. De cualquier forma, es probable que las bajas tasas de crecimiento se prolonguen durante el 2009 porque el nivel de endeudamiento de las familias y empresas españolas es excesivo, porque seguimos manteniendo diferenciales de inflación y porque el necesario salto tecnológico para un nuevo modelo de crecimiento llevará tiempo. Podríamos paliar parte de la caída con políticas a corto plazo, pero eso sólo sería cambiar una menor profundidad del ajuste por una mayor duración del mismo, como la experiencia de Francia e Italia nos demuestra. 

Así que, en resumen, la situación económica que vivimos es de estancamiento por agotamiento del modelo de crecimiento. Pero no creo que debamos dramatizar. Los tiempos de crisis (gracias, Ana Freixas por este enfoque) son tiempos de oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad de intentar un nuevo modelo de crecimiento más equilibrado y más sostenible. 

19 de mayo de 2008 

Sobre la política económica

El periodo de ajuste (tiempo habrá de llamarlo crisis) que está viviendo la economía española es diferente a lo que hemos vivido antes. Diferente no sólo por las características actuales de la economía española, sino por las circunstancias en las que se mueve la política económica. Unas circunstancias que limitan y condicionan las posibilidades de la política económica. 

La primera circunstancia que es necesario considerar es que la economía española no tiene ahora autonomía monetaria. Pertenece a la zona euro, lo que supone un conjunto de ventajas, pero también de inconvenientes. La ventaja evidente es que el euro no sólo ha sido el motor de nuestro crecimiento (nuestros desequilibrios de balanza de pagos hubieran sido insostenibles con la peseta), sino que nos ha protegido de los choques de precios en los mercados exteriores (petróleo y materias primas). 

Pero esta pertenencia al euro tiene como contrapartida que no podemos usar la política monetaria ni como mecanismo de ajuste (mediante devaluaciones), ni como instrumento de crecimiento (acomodando el tipo de interés). La política monetaria es, para la economía española, un dato del entorno, una circunstancia. Hemos, pues, de descontar que los tipos se mantendrán, en los próximos meses, a los niveles relativamente altos actuales por la incertidumbre en los mercados financieros, por los choques de precios internacionales y, finalmente, por la incapacidad de algunas economías europeas de hacer reformas estructurales. 

Sin la posibilidad de uso de la política monetaria sólo nos quedan la política fiscal y las políticas de oferta. En cuanto a la primera, y a pesar de lo que cree la gente por la retórica electoral, lo primero que hay que reconocer es que es relativamente poco eficaz en un contexto de tipos de cambio fijos como el que tenemos. 

De acuerdo con la evidencia empírica (española y comparada), una expansión del gasto público con transferencias para sostener la renta de las familias, en una economía con nuestras características, tendría un pequeño efecto sobre la tasa de crecimiento, mientras que aumentaría los diferenciales de inflación, por lo que el resultado último sería, sencillamente, cambiar un menor incremento de la tasa de paro a corto plazo por un más largo proceso de estancamiento. Una expansión del gasto público (o la casi equivalente bajada de impuestos a las familias) no tendría más efectos, pues, que aplazar el ajuste económico. 

Si no podemos usar la política monetaria y la política fiscal de transferencias de rentas no es tan eficaz como antaño (típicas políticas keynesianas), la única alternativa que queda son las políticas de oferta, que esta vez tendremos que pagar de nuestro dinero porque se acabó para nosotros esa parte de la financiación comunitaria. Unas políticas de oferta que este Gobierno aprobó hace cuatro años con el Plan Nacional de Reformas y en las que poco o nada se ha avanzado. Unas políticas de reformas que se orienten hacia una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios (como elemento crítico para luchar contra la inflación); que flexibilice el mercado de trabajo (evitando efectos de segunda vuelta), que fomente la capitalización de las empresas (mediante reforma del impuesto de sociedades), que reoriente el gasto público hacia infraestructuras públicas y el fomento de la inversión en capital físico y humano en las empresas. De paso y de una vez, habría que reformar el sistema educativo, clave para mejorar la productividad. Todo ello evitando la tentación de intervenir en los mercados o de subvencionar a sectores representados por antiguos altos cargos. 

De igual forma, para gestionar las expectativas, sería bueno que el Gobierno reconociera que hemos cometido excesos, que no se actuó a tiempo, que hemos de ajustarnos. Pero, claro, para eso se necesita saber algo de economía, cierta dosis de realismo y una pizca de liderazgo, y no un vaso largo de optimismo antropológico mezclado con intervencionismo gran reserva. 

5 de mayo de 2008 

La clave está en la EPA

La clave de la evolución de los dos principales problemas macroeconómicos que tiene planteados la economía española, a saber, la desaceleración de la tasa de crecimiento hasta alrededor del 2% y la aceleración de la inflación por encima del 4%, está en cómo reaccione el mercado de trabajo. El mercado de trabajo puede acentuar los problemas de crecimiento en los próximos meses porque si la desaceleración se convierte rápidamente en paro se puede iniciar una reacción que afectaría negativamente al consumo, a las expectativas de inversión y a las cuentas públicas. Un primer frenazo desacelerador, que es evidente que ya estamos viviendo, se convertiría, entonces, a través de la tasa de paro, en una mayor desaceleración. Al mismo tiempo, la inflación se puede acelerar si los trabajadores presionan para conseguir subidas salariales que les hagan mantener o aumentar su nivel adquisitivo. En una situación de bajas expectativas de crecimiento, los empresarios pueden subir los precios para compensar estas subidas de coste, con lo que produciría una segunda vuelta inflacionista que, a medio plazo, supondría una mayor desaceleración del crecimiento. Las reacciones del mercado de trabajo son, así, la clave de nuestro futuro, porque pueden convertir una sencilla desaceleración, centrada en la construcción, en un estancamiento de larga duración. 

¿Cómo es previsible que esté ya reaccionando nuestro mercado de trabajo ante esta situación? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el mercado de trabajo actual es muy diferente al que tuvimos en las anteriores desaceleraciones. Entonces teníamos mercados de trabajo rígidos y cerrados, en los actuaban unos sindicatos reivindicativos fuertes que estaban dispuestos a pagar con una mayor tasa de paro sus demandas salariales. Hoy, fruto del proceso de flexibilización del mercado laboral español de los noventa, de la evolución de los sindicatos y de la importante presencia de trabajadores inmigrantes podemos decir que nuestro mercado de trabajo es mucho más flexible. Eso significa que, previsiblemente, la desaceleración se traducirá en una menor pérdida de empleo, en porcentaje, que en las anteriores, con la contrapartida de que, como siempre, los trabajadores serán los que asuman la parte más importante del coste, esta vez con pérdidas en su poder adquisitivo, y no en forma de paro como en los ochenta y noventa. Esto supondrá que el ajuste será menos largo. Y, en segundo lugar, se puede considerar que la desaceleración destruirá, principalmente, puestos de trabajo de baja cualificación, muchos de ellos ocupados por inmigrantes, por lo que es muy posible el trasvase de estos trabajadores a otros sectores, especialmente de servicios. Más aún, es muy probable que estos trabajadores estén dispuestos a ganar menos por hora a cambio de mantener su puesto de trabajo. 

Teniendo esto en cuenta, y otros factores que por razones de espacio no podemos desarrollar, lo que se espera de nuestro mercado de trabajo en los próximos trimestres es que se pierdan entre 250.000 y 650.000 puestos de trabajo lo que, sumado a los que habría que crear para aquellos que se incorporan, implica que la tasa de paro puede llegar a alcanzar este año una cifra en el entorno del 10,8 y rondar el 12% a finales de este año (la misma, por cierto, que tuvimos en el año 2000). Una tasa de paro que podría ser menor si los salarios nominales no crecen por encima del 4, lo que, de paso, ayudaría a reducir la inflación. 

A finales de esta semana, el viernes 25, el INE publicará los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año y veremos, entonces, si la tendencia va por donde estoy diciendo. Eso sí, habrá que esperar un año para saber si esta argumentación es acertada o errónea. Entonces empezaré a escribir un libro para explicar en qué me equivoqué. 

21 de abril de 2008 

Cuéntame lo que paso

La situación económica que estamos viviendo, de desaceleración que no de crisis, no es, ni de lejos, la situación más grave por la que ha pasado la economía española en los últimos sesenta años, ni siquiera la más grave por la que ha pasado nuestra democracia. Desde 1959 hasta la actualidad, la economía española ha vivido tres periodos de expansión con crecimientos a tasas superiores al 3%: el periodo que llamamos "del Desarrollo", entre 1960 y 1974; el que Fuentes Quintana llamó "de la Recuperación", entre 1985 y 1990; y, finalmente, el que hemos vivido desde 1997 hasta hoy, y que podemos llamar "de la Convergencia", porque nunca la renta per cápita española estuvo tan cercana a la de los países desarrollados de Europa. Entremedias dos periodos largos de crisis y ajuste: el "de la Crisis", también en expresión de Fuentes, que duró entre 1975 y 1984, y el "del ajuste del euro", entre 1991 y 1996. 

Comparar la actual desaceleración de la economía española con el periodo de "la Crisis", prever un ajuste como aquel, y, de paso, vaticinar una crisis bancaria y financiera como la que vivió la joven democracia española es ignorar nuestra historia económica. Para empezar, en los 11 años que van de 1975 a 1985, la economía española solo creció a una media del 1,4%, con un año de recesión en 1981. Además, la inflación media fue del 15,6%, llegando al 24,5% en el 77 y solo bajando al 8,8 en el 85. Para redondear el cuadro, el paro pasó de un 4% hasta un 21,6%, mientras que las cuentas públicas tenían déficits superiores al 5%. Nuestra renta per cápita bajó del 75 al 68% de la media europea. En el fondo de esta situación estuvo una crisis del sector industrial (entonces era el 36% del PIB), lo que obligó a la profunda reconversión, y llevó a la crisis a nuestro sistema bancario. Una crisis que costó a los españoles alrededor de 3 billones de pesetas de entonces y que no fue fácil de financiar en el contexto de las crisis financieras latinoamericanas, con dólar fuerte y tipos internacionales del 12%. Esa fue la crisis con la que tuvieron que lidiar Fuentes Quintana, Abril Martorel, Leal, García Díez y, desde luego, Miguel Boyer. Comparar la actualidad con aquel momento es, sencillamente, un insulto a la historia. 

Como tampoco es comparable con la difícil situación de principios de los noventa. Entre 1991 y 1996 la tasa media de crecimiento de nuestra economía fue del 1,8%, con un año de recesión que fue 1993. La inflación se mantuvo en tasas de entre el 5,9 y el 4,6%, con un pico en 1992 del 7,1. Lo malo es que arrastrábamos la más alta tasa de paro de nuestra historia y de Europa y se mantuvo tan alto como que nunca bajó del 16 y llegó al 22,9% en 1995. Tampoco los déficits públicos fueron buenos porque hubo 4 años en que fueron superiores al 6%. Incluso hubo problemas en el sistema financiero como el que llevó a la famosa intervención de Banesto en diciembre del 93. La política de austeridad y estabilidad que impuso Solbes entre 1993 y 1996 y el consenso que hubo sobre las políticas macroeconómicas permitieron a la economía española el éxito que cosecharía Rato con el euro y el crecimiento de los últimos años. Comparar, pues, la desaceleración actual con la de los noventa es otra exageración, porque ni es probable una recesión (aunque sí un periodo de dos o tres años de bajo crecimiento), ni es probable una inflación superior al 5% (y eso que el petróleo está en precios de récord), ni es previsible una tasa de paro al doble de la que tenemos. Entre otras cosas porque las cuentas públicas están saneadas (aunque no me fie de este Gobierno), estamos en el euro y nuestra economía es mucho más que la construcción. 

Así pues, cuando hagamos comparaciones, debemos tener cuidado, porque es cierto lo que decía el gran John Kenneth Galbraith: "Hay dos clases de economistas: los buenos saben historia". 

7 de abril de 2008 

Papanatas financieros

Una regla elemental del periodismo dice que solo lo extraordinario es realmente noticia. Evan Thomas escribía, en la revista Newsweek de la semana pasada, que "los medios de comunicación más influyentes tienen prejuicios, pero no ideológicos. El sesgo de la prensa es hacia el conflicto". Tienen debilidad por la guerra, por el escándalo, por lo exagerado. No estoy seguro que se pueda afirmar de los medios que no tienen ideología, pero lo que sí se puede afirmar es que siguen ese principio básico de publicar lo escandaloso o exagerado. O mejor, de exagerar aun lo no escandaloso. No hace falta irse a la prensa del corazón para encontrar ejemplos. También la prensa seria, incluso la reputada prensa económica, cae en el exceso. "Recesión" es una palabra más fuerte que "crisis", y ésta es más dramática que "desaceleración". Titular que "se van a perder 1.700.000 puestos de trabajo" haciendo una cuenta (¡qué estúpidos debemos ser los economistas que hacemos modelos econométricos que no sabemos hacer ese simple cálculo!) es más llamativo que decir la simple verdad de que no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Y sobre la situación financiera las exageraciones llegan hasta un límite que solo deja al descubierto que la era de la información es, también, la de la ignorancia crédula, la de los papanatas, según la definición del diccionario. 

El 28 de enero pasado, el Wall Street Journal reprodujo un artículo de The Telegraph titulado "El Banco Central Europeo rescata secretamente al sistema bancario español". En él se malinterpretaba la decisión de algunas grandes instituciones españolas de conseguir financiación del BCE con la garantía de sus operaciones hipotecarias. El periodista demostraba en su argumentación que no sabía el porqué de la operación, ni el funcionamiento del sistema financiero, ni las diferencias entre los distintos sistemas bancarios europeos. El 11 de febrero, el Financial Times abundaba en la cuestión señalando cómo instituciones españolas estaban sustituyendo la financiación de los mercados internacionales por la del BCE, también con respaldo en su cartera hipotecaria, lo que, según el periodista, daba a entender las dificultades de los bancos españoles. Otro ignorante firmaba el artículo, pues la clave de estas operaciones no está en la debilidad del Sistema español, sino en los problemas del Sistema internacional que hasta el año pasado nos financiaba. El origen último de estos artículos fueron unos datos del Banco de España que se interpretaron erróneamente por algunos analistas del Deutsche Bank y del Citigroup en sus recomendaciones. Unas recomendaciones normales de compra y venta de acciones cuyo contenido se exageró, pues el problema de nuestras instituciones financieras no está en sus balances (que son saneados) sino que, en un mercado interior saturado por el alto crecimiento del crédito de los últimos años, ahora tienen que ser más cuidadosas en escoger a quién y para qué presta, al tiempo que, por los problemas del Sistema internacional tienen más difícil conseguir dinero fuera. El resultado de esta situación es una caída de los márgenes, por lo que, previsiblemente, los beneficios crecerán menos este año que en los anteriores. 

Esto hubiera sido una anécdota de los mercados, si no fuera porque en nuestra ciudad tenemos algunos que creen todo lo que se publica en inglés. Más aún, han añadido a estas seudo-noticias, los rumores que sobre CajaSur siempre flotan en Córdoba, con lo que han concluido que nuestra caja está "sin liquidez" y cerca de la "intervención del Banco de España". Dos afirmaciones absurdas que algunos personajes, incluso empresarios, se han encargado de difundir. Lo malo de esta historia es que confunde a la gente, aunque sirve para conocer quiénes son los papanatas. Lo bueno es que también se puede constatar que aún quedan prudentes profesionales. 

24 de marzo de 2008 

Tareas para el nuevo gobierno

Se acabó. Con las elecciones de ayer termina, gracias al dios de la democracia, la larga campaña electoral que hemos vivido los últimos cuatro años. Empieza una nueva legislatura. Es hora, pues, de empezar a gestionar este país que llamamos España. Una gestión en la que, en mi opinión, el Gobierno que forme José Luis Rodríguez Zapatero tiene cinco tareas esenciales. 

En primer lugar, y por lo cercano del último atentado etarra, el Gobierno debe reformular claramente la lucha antiterrorista. No se trata solo de que por la vía de los hechos se rectifique la bienintencionada, pero ineficaz, política de la pasada legislatura. Se trata de que el Gobierno logre que la política antiterrorista vuelva a ser una discreta política de Estado alejada del debate partidista que permita luchar contra el terrorismo separatista etarra aislando y debilitando a la banda. 

Pero hay una segunda tarea del Gobierno en la que también es necesaria la colaboración leal con y de la oposición. La de cerrar el bronco debate territorial que se llevó la primera parte de la legislatura. El problema es que, para cerrarlo, hay que cerrar antes la crisis que se ha inducido en el Tribunal Constitucional a cuenta del Estatuto de Cataluña. Mucho me temo que la situación territorial volverá a ser uno de los ejes centrales de la discusión partidista porque el proceso de reforma de los Estatutos se abordó mal y no creo que haya visos de mejora en esta legislatura. Sin embargo, el cierre del debate institucional, aunque sea pactando la siempre prometida y nunca abordada reforma del Senado, es una tarea que hay que intentar so pena de no terminarla nunca y de envenenar permanentemente nuestra convivencia. 

La tercera tarea del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es la de hacer una política exterior creíble más allá de la retórica ingenua que ha caracterizado la primera legislatura. España tiene que tener una fluida relación con la administración norteamericana que salga de las elecciones de noviembre. Como tiene que volver a tener una política activa en los tres grandes ejes tradicionales de nuestra política exterior: en Europa es necesaria la vuelta a la primera fila de las ideas y de las iniciativas de integración; en Latinoamérica es conveniente una más eficaz y dinámica presencia; y, finalmente, en el Mediterráneo sería muy interesante mirar hasta más allá del Sahara para ayudar a los países africanos que son el Sur de nuestro Sur. 

La cuarta tarea del nuevo Gabinete es la de encarar la desaceleración económica manejando la política fiscal macroeconómica con cuidado, porque la misma desaceleración implica la pérdida del superávit presupuestario por los menores ingresos y los mayores gastos de cobertura social. De igual forma habría que profundizar en reformas estructurales que mejoren la competencia en los mercados para luchar contra la inflación, al tiempo que se debería incentivar la renovación de nuestro tejido productivo de tal forma que se inicie un nuevo ciclo de crecimiento económico basado en un aumento de la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Todo ello en el marco del cumplimiento de los acuerdos multilaterales medioambientales que, también, nos debería llevar a un debate sobre la dependencia energética y sobre el uso del agua. 

La quinta tarea de Zapatero debería ser profundizar en el Estado de Bienestar y, para ello, tendría que hacer una profunda revolución del gasto y desarrollar mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones. El desarrollo de la ley de dependencia, la mejora de la educación y de la sanidad, la efectiva tutela de los derechos a través de un funcionamiento eficaz de la justicia son solo algunas vertientes de esta ingente e inacabada tarea. 

Con la gestión de estas cinco tareas, con responsabilidad y mesura, el Gobierno tiene, en mi opinión, bastante. Que ya se encargarán las circunstancias futuras de traer nuevos problemas. 

10 de marzo de 2008 

Cuatro años después

Para juzgar el desempeño económico de un Gobierno hay que tener en cuenta al menos dos consideraciones importantes. En primer lugar, que los resultados económicos de un periodo legislativo no se pueden achacar al Gobierno de ese momento, porque algunos son debidos a políticas de gobiernos anteriores (por ejemplo, la estabilidad presupuestaria o las obras del AVE a Barcelona son decisiones del Gobierno Aznar). Y, en segundo lugar, que, en las modernas economías globalizadas, la influencia de la acción de los gobiernos en el desempeño económico es muy limitada y, prueba de ello, es lo que nos va a afectar la situación hipotecaria en los Estados Unidos en nuestra tasa de crecimiento. Así pues, ni todo lo bueno es fruto de las decisiones del Gobierno que en ese momento gobierna, ni todo lo malo es el resultado de sus errores. Los gobiernos actuales pueden hacer mucho menos por el crecimiento económico de lo que la gente cree, aunque, eso sí, pueden estropear mucho más de lo que son conscientes. 

Teniendo esto en cuenta, hay que reconocer que en los cuatro últimos años, los que corresponden al Gobierno Zapatero, el desempeño de la economía española ha sido brillante. La tasa de crecimiento media ha sido del 3,7%, lo que nos ha permitido acercarnos hasta el 94% de la renta per cápita de la UE-15 (que es la comparación que hay que hacer). Este crecimiento económico ha posibilitado la creación de casi 2,5 millones de puestos de trabajo, reduciéndose la tasa de paro por debajo del 9% y absorbiendo una creciente población inmigrante. Un crecimiento y una creación de empleo que han tenido su reflejo en las cuentas públicas obteniéndose un permanente superávit, lo que ha reducido la deuda pública hasta niveles inferiores al 40% del PIB. Datos todos ellos muy positivos, aunque no exentos de sombras, pues la economía española sigue teniendo problemas de inflación diferencial (un 1,1% más que nuestros competidores), de balanza de pagos (el mayor déficit comercial del mundo en porcentaje de PIB) y endeudamiento de las familias y empresas que hipotecan el crecimiento futuro. Más aún, la economía sigue teniendo un bajo crecimiento de la productividad, sigue aumentando y asignando regresivamente la carga fiscal, lo que, sumado a otros factores, aumenta la desigualdad de rentas (algo que no ha preocupado a un gobierno que se dice de izquierdas), y sigue siendo una economía muy regulada e intervenida con poca competencia efectiva. O sea, unos resultados y problemas muy parecidos a los de la época Aznar/Rato. Como escribí hace cuatro años en estas mismas páginas: tenemos una economía más rica, pero menos igualitaria; una economía más activa, pero menos competitiva; una economía con menos deudas públicas, pero con crecientes deudas privadas. Mirando a los resultados económicos vemos que son muy parecidos a los que obtuvo el Gobierno Aznar, en gran medida porque la política macroeconómica que ha seguido Solbes ha sido muy parecida a la que siguió Rato. 

Sin embargo, y esto es lo más criticable de este Gobierno, es que siendo consciente de las debilidades de nuestra economía y habiendo aprobado un documento de estrategia para resolverlas, el Plan Nacional de Reformas, poco se ha avanzado. Porque poco se ha hecho por la debilidad del crecimiento de la productividad, casi nada por la competencia, nada por la reforma de la estructura fiscal, nada por la eficacia en la gestión del gasto público, nada por modificar el modelo de crecimiento de nuestra economía, nada por la sostenibilidad ecológica. Estos pecados de omisión son los que nos pasarán factura en tasa de crecimiento y empleo en el futuro, no la coyuntura actual. La mala noticia es que las ocurrencias y tontadas electorales de unos y otros no tratan en serio estos problemas. La buena noticia es que, al menos en política macroeconómica, los dos grandes partidos suelen hacer, en la práctica, lo mismo. 

25 de febrero de 2008

Exámenes de marzo

El próximo marzo hay elecciones generales y andaluzas. Unas elecciones en las que examinamos a los que nos gobiernan de lo hecho en la última legislatura. Un examen que es bueno hacer con un cierto grado de desapasionamiento. 

Cuatro son los temas clave de los que tenemos que examinar al Gobierno del presidente Chaves: la gestión institucional del marco del Estado de las Autonomías y su colaboración a la gobernabilidad general de España; la sanidad y la educación, por ser las dos competencias exclusivas y las importantes en términos presupuestarios (el 52% del presupuesto andaluz, o lo que es lo mismo, ¡más de dos billones y medio de pesetas!); y, finalmente, la ordenación y gestión del territorio tanto en sus aspectos medioambientales como de infraestructuras. Hay, pues, que juzgar la labor de Chaves por lo que ha hecho en estos temas, a los que se podrían añadir aquellos en los que no ha hecho nada (la ley de dependencia es un buen ejemplo) y el tono general en el que se ha ejercido sus responsabilidades, pero no por aquellos en los que sus competencias son muy menores. 

La gestión institucional de esta legislatura no ha sido, en mi opinión, buena. Y es que siendo Andalucía la comunidad autónoma más poblada, y una de las más pobres, siempre debió oponerse a unas reformas estatutarias que, hechas en clave nacionalista, suponen una menor solidaridad interterritorial. Más aún, lo absurdo es que Chaves lo haya aceptado siendo el presidente del PSOE, partido que gobierna tanto en Madrid como en Barcelona (allí bajo las siglas PSC). Una mala gestión institucional cuyos pésimos resultados en términos políticos se cosecharon en la baja participación en el referéndum y que pasará factura económica en las próximas legislaturas. 

La gestión sanitaria y educativa, por su parte, no han mejorado en la última legislatura. La sanidad andaluza sigue con sus sempiternos problemas: hay un evidente fracaso en la atención primaria que lleva a un colapso de las urgencias; sigue habiendo importantes listas de espera en muchas especialidades; sigue la mala utilización de los recursos materiales con áreas muy dotadas y otras infradotadas; sigue habiendo una pésima gestión de personal. Y la prueba de esta mala gestión es el crecimiento de la sanidad privada porque si la sanidad pública, que es gratuita, funcionara correctamente, ¿quién pagaría la atención privada? Por su parte, el fracaso educativo es tan evidente que bastan un par de datos. En el informe Pisa del 2006, con todos los matices que se quiera, Andalucía se sitúa muy por debajo de los mejores, e incluso, de aquellas comunidades que gastan por alumno lo mismo que nosotros. Más aún, Andalucía tiene uno de los mayores índices de fracaso y de abandono escolar. No es, pues, una cuestión de gasto, que también, es una cuestión de gestión. Se trata de tener menos ocurrencias y más pensamiento; de tener más profesorado, no de más ordenadores para que los niños jueguen; se trata de dar más retribución, consideración y autoridad a los profesores, no de sospechar permanentemente de ellos; de tener menos ocurrencias lingüísticas y más concentración en las habilidades básicas. Se trata de gestionar con menos carnet en la boca y más competencia técnica. 

Y si nuestra educación es un desastre, la ordenación de nuestro territorio ha sido un caos por dejación de funciones. Y bastan los nombres de Marbella, Chiclana o Algarrobico para hacernos una idea de cómo nos va en temas territoriales. 

Lo siento, pero el trabajo del Gobierno del presidente Chaves no ha sido bueno. Ni siquiera en las formas. Porque es un Gobierno omnipresente e intervencionista, caciquil en algunos casos. Tanto que hasta quiere regular cómo han de jugar los niños a la comba. Lo siento, pero este gobierno ha suspendido. Lo mejor, entonces, será que lo cambiemos. 

11 de febrero de 2008 

De libro de texto keynesiano

Lo que está pasando en la economía mundial y las políticas económicas que se están aplicando son de libro de texto elemental. Tan claro que nuestros políticos, incluso los recién llegados, en vez de decir tantas tonterías sobre el tema deberían irse unos días a estudiar un par de manuales clásicos. 

Lo que está pasando en la economía norteamericana es sencillo de explicar. En estos días, con el año cerrado, es cuando se ha conocido de una forma aproximada la magnitud de los créditos fallidos en el sistema bancario mundial (seguramente nunca sabremos los daños en la gran banca asiática). Conocida esta cuantía, los bancos han tenido que provisionar estas pérdidas por lo que han caído sus beneficios. Al mismo tiempo, para evitar problemas en el futuro, han reforzado el control de las concesiones de crédito por lo que se han endurecido las condiciones de los préstamos para todos sus clientes. Estos menores beneficios han tenido como efecto la caída de la cotización bursátil de bancos y de los fondos de inversión, al tiempo que también ha caído la cotización de los grandes grupos empresariales, fuertemente endeudados, por lo que las nuevas condiciones suponen para ellos unos mayores costes financieros y unos menores beneficios. Y a menores beneficios esperados, menor cotización. Como, por otra parte, en la economía norteamericana una parte importante de la renta de las familias depende de los resultados de los mercados financieros y de las facilidades de crédito, las expectativas de los beneficios de las empresas para el año próximo han caído ante un esperado menor crecimiento del consumo privado, por lo que se ha visto reforzado el mecanismo de caída de las cotizaciones. 

Para atajar esta situación el Gobierno americano ha actuado intentando evitar la caída de la renta disponible de las familias de tal forma que se rompa el círculo vicioso de las expectativas negativas-cotización-consumo. Para ello ha pactado con la oposición en el Congreso (allí sí funciona la separación de poderes) un paquete de medidas temporales de disminución de los impuestos y de transferencias para mantener la renta familiar disponible y, con ella, el consumo privado. Unas medidas temporales porque aumentan el déficit público, no son sostenibles en el largo plazo por el déficit que ya tiene el Gobierno federal, y porque lo que necesitan los bancos es sencillamente ganar tiempo hasta que vuelvan a tener beneficios una vez saneados sus balances. Por su parte, la Reserva Federal ha puesto a disposición de los bancos, y a través de ellos a las empresas, una ingente cantidad de fondos a un bajo tipo de interés de tal forma que el saneamiento les cueste menos, al tiempo que las empresas no tienen que hacer frente a unos tipos de interés mucho más altos. Con estas medidas deberían estabilizarse las expectativas de crecimiento, alejando el fantasma de la recesión, aunque aceptando una tasa de crecimiento menor que en los años pasados, mientras se gana tiempo para abordar, ya en el año próximo y con una nueva Administración, unas medidas más profundas de reforma de la economía americana. 

En la práctica, el presidente Bush y el presidente de la Reserva Federal Bernanke han aplicado las viejas recetas de Keynes (expansión fiscal y expansión monetaria) que tan buen resultado dieron en las crisis de los 30, los 70, en las de 1991 y en las de 2001. Unas viejas recetas que Bernanke conoce bien porque es un reputado experto en la Depresión del 29. Lo bueno de ellas es que hacen más improbable esa debacle que muchos agoreros vaticinan. Lo malo es que estas recetas funcionan solo por un tiempo y tienen como efectos secundarios inflación y deuda pública. Y ambos se pagan con el tiempo. Aunque "a largo plazo, todos calvos", Keynes dixit. 

28 de enero de 2008