La reforma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno tiene muchas lecturas desde muchos puntos de vista. Puesto que, para los economistas, la ley es sólo un instrumento que regula las posibilidades de acción de los agentes, el análisis de esta reforma, como de cualquier otra medida legal, hay que hacerla desde la perspectiva de qué posibilidades abre. O mejor, de qué problema es el que se pretende atajar y si ataca sus causas.
Los cuatro ejes de medidas contenidas en la primera parte del decreto (la segunda es de adaptación de normas subsidiarias) pretenden atajar el grave problema del paro mejorando la empleabilidad de los trabajadores y su disposición a contratarse, favoreciendo la contratación indefinida, aumentando la flexibilidad interna de la organización en la empresa y, finalmente, luchando contra la dualidad del mercado laboral. Para ello, el Gobierno modifica y aclara muchas de las posibilidades que ya tenía el Estatuto de los Trabajadores y que bien no se usaban, bien no funcionaban correctamente.
De todas esas medidas y modificaciones dos son, desde un punto de vista económico, las más importantes. En primer lugar, las que abaratan los costes de despido colectivo, objetivando las causas y estableciendo topes de indemnización más bajos, al tiempo que elimina los trámites administrativos previos, porque permitirán a las empresas realizar los ajustes de plantilla con menos coste y más rápidamente. Y, en segundo lugar, la que posibilitan realmente la modificación de las condiciones laborales por parte del empresario a la realidad económica de la empresa, siendo subsidiario el convenio colectivo (la famosa cláusula de "descuelgue") de las regulaciones dentro de la empresa, porque permitirán acompasar los costes laborales a la productividad real de la empresa. Estas dos medidas lo que van a permitir, desde un punto de vista económico, es hacer más rápido el ajuste de salarios por hora (la devaluación interna) que tiene que hacer la economía española para volver a ser competitiva. Se podría así empezar a atajar el paro clásico (por exceso de salarios nominales frente al exterior) que tiene nuestra economía y bajaría así la cifra mágica (dada por la vieja ley de Okun) del 2,5% al 1,8% de crecimiento para crear empleo neto.
Las demás medidas son, en mi opinión, de menor calado y efectividad porque nacen de la inercia de pensamiento, cuando no lo hacen del cálculo electoral o son mera retórica. Así, la reforma de la formación dentro de las empresas o los incentivos para la contratación son medidas superficiales que vienen a contentar a las microempresas, pero que no serán efectivas mientras no se reforme de veras la Formación Profesional y el sistema de protección social de los desempleados. De igual forma, dudo mucho que sea posible atajar la dualidad del mercado laboral español sin una más profunda reforma de los derechos de indemnización adquiridos.
La reforma laboral que ha presentado el Gobierno Rajoy es una reforma importante del ordenamiento jurídico laboral, pero no es una revolución. Es, pues, un primer paso en el buen camino de modificación de nuestro mercado de trabajo, pero aún quedan pasos por dar que son de tanto o más calado: una reforma profunda de la Formación Profesional (más allá de las ocurrencias zapateriles del ministro Wert), una reforma profunda de las prestaciones sociales por desempleo y, sobre todo, un cambio en la financiación de la Seguridad Social que cambie las cotizaciones sociales por impuestos directos e indirectos. Si se hiciera así, probablemente, tendríamos un mercado laboral mucho más eficiente.
Un mercado laboral más eficiente es sólo una condición necesaria para luchar contra el paro. Pero no es una condición necesaria. Porque la condición necesaria para crear empleo neto y bajar la tasa de paro es que la economía española vuelva a crecer. Queda, pues, mucho por hacer en nuestro mercado de trabajo y vamos tarde. Porque las reformas que se están haciendo ahora son las que tendríamos que haber hecho hace tres años.
