Oculta entre el Congreso del PSOE y las ocurrencias de los ministros de Justicia y de Educación, el Gobierno aprobó el viernes pasado una nueva reforma del sistema financiero español. Una reforma, la tercera desde que empezó la crisis, que no por reclamada y esperada es menos importante.
La razón evidente de la necesidad de esta reforma es que las dos anteriores promovidas por el gobierno Zapatero no han funcionado, por lo que la situación de las instituciones financieras y, con ellas, de la economía, es más crítica.
El sistema financiero español necesita una reforma profunda porque no está cumpliendo con su función básica que es financiar a las empresas y familias, lo que profundiza la crisis económica. Más aún, las dificultades de nuestro sistema financiero impiden que la política monetaria de bajos tipos de interés que está siguiendo el Banco Central Europeo, ante la práctica estabilidad de precios que vive la eurozona, no se transmita a la economía española. Se produce así la paradoja de que en plena expansión monetaria no llega el dinero a la economía real porque el sistema financiero está dañado. Tan dañado que el flujo de financiación para el conjunto de nuestra economía sido en 2011 poco más del 20% del que hubo en 2007. Un botón de muestra de este hecho es que el importe mensual medio de hipotecas concedidas en 2007 fue de algo más de 25.000 millones de euros, mientras que la media de los últimos doce meses no llega a 6.300 millones (el 25,3%). La reforma del sistema financiero es, desde un punto de vista macroeconómico, una imperiosa necesidad.
Una necesidad que, desde la perspectiva de las instituciones financieras, implica sanear el balance y reestructurar su cuenta de resultados. Sanear el balance supone que, puesto que el valor actual de sus activos (lo que poseen) es menor que el valor al que los compraron, tienen que encontrar la forma de financiar este menor valor. Para ello tienen tres opciones básicas o combinaciones de ellas: o bien generan beneficios que, destinándolos a provisiones, compensen; o bien convencen a los mercados (instituciones financieras internacionales porque dentro de España todos están más o menos igual) de que les den financiación para cubrir el agujero con la promesa de devolverles el dinero en unos años; o bien consiguen que los inversores quieran entrar en el capital social de la institución correspondiente con la promesa de los beneficios futuros.
El problema es que para intentar cualquier opción anterior, las entidades tienen que tener una cuenta de resultados con beneficios, porque si no generan estos beneficios no pueden dotar provisiones, nadie les refinanciaría y, desde luego, nadie invertiría en un negocio ruinoso. Y para conseguir esta cuenta de resultados saneada es por lo que van a empezar las fusiones, porque una fusión permite cerrar oficinas, ajustar los costes de personal, adquirir tamaño y diversificar riesgos territorial y sectorialmente. Todo esto lo podían haber los bancos motu propio, por ellos mismos, pero ninguno, con honrosas excepciones, lo quiso hacer, porque las reformas legales anteriores fueron eran más suaves (las erróneas fusiones frías) en un intento de ganar tiempo, esperando que éste resolviera el problema. La reforma actual endurece la ley y obliga a los bancos a dotar provisiones de los activos dañados, lo que, a su vez, los fuerza a buscar dinero (algo más de los 50.000 millones que dijo el ministro Guindos) especialmente fuera de nuestra economía y reestructurar sus estrategias y actividades.
El resultado de esta reforma será que el sistema financiero español estará compuesto por pocas entidades de gran tamaño: dentro de un año no tendremos muchas entidades bancarias comerciales con balances menores de 100.000 millones, por lo que el mercado financiero español se lo repartirán entre 15 y 20 instituciones, algunas con distintas marcas comerciales.
Por cierto, que de las responsabilidades del supervisor del sistema financiero, o sea, del Banco de España, hablaremos otro día.
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