Cuando Rodrigo Rato se hizo cargo de la economía española, en abril de 1996, siguió, por convencimiento propio y por imposición de CiU, una política macroeconómica similar a las que había mantenido, y por las mismas razones, Pedro Solbes en el último gobierno de González. Ahora que Solbes vuelve a la dirección de la economía española, los planes que nos está dando a conocer sugieren que vamos, con matices, por la misma senda de política económica. Hay, pues, una continuidad básica en la política macroeconómica española. La nueva política del nuevo gobierno es la misma vieja política del viejo gobierno. Lo cual es una buena noticia, porque las alternativas de política macroeconómica para una economía como la española no son muchas. Y es que una economía de mercado desarrollada, abierta y con una moneda común, no tiene más remedio, para crecer y crear empleo, que intentar controlar su inflación, tener unas finanzas públicas relativamente equilibradas y unos mercados flexibles. Sólo así se puede competir en los mercados integrados y globalizados.
Este esquema de política económica nos ha dado, en los últimos diez años, buenos resultados: la renta per cápita española ha ido creciendo y convergiendo con la renta europea; la inflación española, aunque más alta que la media europea, está, comparada con nuestra propia historia, en unos niveles soportables; la tasa de paro se ha reducido, en los últimos ocho años, a la mitad; las finanzas públicas son solventes, al tiempo que suficientes, para el razonable estado del bienestar del que nos hemos dotado en los últimos veinte años. Buenos resultados que han sido posibles precisamente por la sensatez de la continuidad en la política macroeconómica española dentro del contexto de la plena integración en la economía europea. Hay continuidad en la política macroeconómica y es, al menos en mi opinión, bueno que la haya.
Pero la política económica es mucho más que grandes líneas de política macroeconómica. Es también política microeconómica. Esa política que ha fracasado porque estamos viviendo una escalada del precio de la vivienda, porque hay servicios que han aumentado su precio en pocos años al doble, porque nuestros jóvenes se encuentran un trabajo de doce horas por menos del salario mínimo y sin asegurar. La esencia de cualquier política microeconómica es la regulación de un mercado. Y con respecto a la regulación de un mercado pueden darse tres casos que lo hagan funcionar mal: que haya un exceso de regulación que coarte la iniciativa o lleve al sistemático incumplimiento de las normas; que falte una regulación clara e igualitaria; o, finalmente, que haya una regulación obsoleta o mal planteada. Y de los tres casos tenemos en España abundantes ejemplos. El mercado de trabajo, el de vivienda, el de la televisión, el de gas, el de electricidad, el de carburantes, el de las medicinas, el de los servicios profesionales, etc. son sólo algunos ejemplos en los que las regulaciones fallan y dan como resultado un exceso de demanda o de oferta, una falta de competencia real, una espectacular subida de precios o de las subvenciones. También se da una cierta continuidad en la política económica. Porque los ministros socialistas han aprendido a hacer declaraciones para después hacer una peor regulación. Así, la nueva ministra de vivienda promete miles de actuaciones, cuando son los ayuntamientos los que tienen las claves del mercado. Y Caldera, flamante ministro de trabajo, inicia reuniones con los sindicatos, cuando los trabajadores sindicados son, precisamente, los que tienen todos los derechos. O el ministro Montilla habla de regular los horarios comerciales para proteger al pequeño comercio que lo que tiene que hacer es adaptarse a los nuevos usos del tiempo por parte de las nuevas familias. Esta continuidad en las políticas microeconómicas no es, al menos en mi opinión, buena. Porque tiene el riesgo de convertir los microproblemas de siempre en macroproblemas para siempre. El gobierno anterior los conservó, éste no debería hacerlos progresar... haciéndolos crecer.
