Resistir

Después de un año de Gobierno Rajoy creo que tenemos elementos de juicio suficientes para hacernos una idea de cuál es su estilo de gobierno, qué objetivos persigue y cuáles son sus principales líneas de actuación. 

Mariano Rajoy es un político cuyo principal objetivo es ganar elecciones, no cambiar la realidad. Quizás por la forma en la que perdió las elecciones de 2004 (cuando las tenía ganadas), quizás porque Pedro Arriola influye mucho en el PP, quizás porque Rajoy es solo un político gris, el caso es que creo que el eje central de la acción política de Rajoy no es tanto resolver problemas cuanto ganar elecciones. De hecho, casi todas las decisiones del gobierno de este año se pueden explicar por ese objetivo y dos circunstancias: las elecciones autonómicas y la urgencia de la situación económica. 

Así, las primeras medidas del Gobierno estuvieron pensadas para, ajustando el déficit, no perder las elecciones andaluzas de marzo (subida del IRPF, congelación del sueldo de los funcionarios, tímida reforma laboral, etcétera); después se hicieron coincidir las elecciones gallegas con las vascas para minimizar el debate sobre el fin del terrorismo; y, finalmente, se ha aplazado un rescate suave (ya negociado) por la sorpresa de Mas de adelantar las elecciones catalanas. En estas citas electorales, cuyo calendario (salvo las gallegas) no controlaba, Rajoy ha tenido la suerte de no tener prácticamente contrincante, pues el PSOE es un partido a la deriva, sin análisis, sin discurso y sin liderazgo. Y, en las catalanas, el resultado ha dado lugar a un caos ingobernable que le da la oportunidad de ser la voz de la sensatez, al tiempo que las necesidades de financiación de la Generalitat le da un baza importante de negociación. Por su parte, las huelgas generales que se le han convocado o las permanentes protestas no han sido elementos que hayan influido en Rajoy, en gran medida porque las tenía descontadas y conoce las dificultades económicas de los sindicatos, su dependencia de los presupuestos y el desprestigio social que van acumulando. La situación económica es la otra preocupación de Rajoy. Creo que Rajoy intuye los problemas económicos y su gravedad, pero no tiene los conocimientos suficientes para comprenderlos y abordarlos con coherencia. En este sentido, su primer error ha sido no haber depositado su confianza en un superministro de economía (como hicieron González con Boyer o Aznar con Rato), sino asumir él esta responsabilidad. Por eso, la política económica que está desarrollando es parcial e incompleta. No comprende la necesidad de una profunda reforma estructural de nuestra economía, ni la situación en el mercado de trabajo, ni la insostenibilidad de las cuentas públicas, ni el exceso de intervencionismo. Rajoy no sabe economía y, por eso, toda su política económica se reduce a un par de indicadores: la prima de riesgo y la necesidad o no de pedir el rescate. Un par de indicadores que ha fiado, más que a sus decisiones, a las decisiones de otros: las elecciones italianas y su desenlace, los problemas de ajuste de Francia y la desaceleración alemana en año de elecciones. 

Estos son, en mi opinión, los dos ejes de la política española de este primer año de Gobierno Rajoy. Rajoy no tiene otro estilo de gobierno que el de la resistencia. No busca tanto cambiar la realidad, cuanto resistir y acomodarse. Por eso, para Rajoy, el año no ha sido tan malo, máxime si se tiene en cuenta que podría haber sido desastroso. 

El problema es que resistir no es irnos bien. Porque la crisis política no se está resolviendo (ni enfocando); la crisis económica no se está abordando correctamente; y, aunque de momento no estalle, la crisis social, una creciente dualidad con 5,8 millones de parados, se está acentuando. Y, en estas crisis, resistir no es suficiente, hay que tener imaginación e iniciativa. Dos cosas de las que carece Rajoy. Por eso, a la ciudadanía, paradójicamente, no nos queda otra que... resistir. 

Sector exterior

Casi a punto de cumplirse un año de Gobierno Rajoy me temo que su política económica tiene un discurso de "contable de manguitos y visera", no el de un gobierno al que se le ha dado una mayoría absoluta para que haga una reforma profunda de nuestra economía. 

Creo honradamente que el Gobierno no tiene un discurso económico claro, más allá del que "no hay dinero", "las deudas se pagan" y "hay que sanear el sistema financiero". Por las decisiones que el Gobierno va tomando, muy tímidas en muchas áreas (aunque con el mismo coste que si las tomaran con profundidad), parece que tiene la firme creencia de que todo se reduce a que la prima de riesgo baje de 300 puntos, de tal forma que no tengan que pedir el rescate, no vaya a ser que tengan que hacer alguna reforma de verdad. Ese estilo de Rajoy de aguantar esconde, en mi opinión, una increíble falta de imaginación y de estrategia, cuando eso, imaginar una economía diferente y saber cómo llegar a ella, es la esencia de la política económica. 

Es cierto que si la economía española quiere salir de la crisis (volver a crecer y crear empleo), tiene que disminuir su nivel de endeudamiento, tanto total como exterior. Pero esta disminución sólo se hará, y se hará tanto más rápidamente, cuanto antes disminuya ese endeudamiento (que ahora sólo se crece por el déficit público) y se inicie una senda de crecimiento económico. Por eso, una reforma en profundidad de nuestra administración pública (con reducción del gasto no productivo y reordenación de competencias de las administraciones) y de nuestro sistema impositivo (IRPF, Cotizaciones Sociales) es tan necesaria como urgente. Pero, al mismo tiempo, es necesaria una clara orientación de la política económica hacia el crecimiento. Y crecer, en estas circunstancias de ajuste de las familias y las administraciones, sólo lo podemos hacer si lo hacemos hacia el exterior. Un superávit exterior traería, además de una mejora de la posición financiera externa, un cambio sectorial importante, un mercado de trabajo diferente, una economía nueva. El sector exterior es, pues, clave en la salida de la crisis. 

Pero apostar por el sector exterior es mucho más que hacer discursos huecos sobre la internacionalización empresarial, montar una operación de márketing ("marca España") o fijar un voluntarista crecimiento de las exportaciones. Apostar por el crecimiento exterior empieza por luchar en serio contra la inflación, que está en el 2,9% (mientras la demanda interna está cayendo un -4%) y se traduce en un crecimiento de los precios de las exportaciones del 2,6% (cuando el coste laboral está disminuyendo el -3%). Apostar por el crecimiento exterior supone hacer una política industrial decidida y abierta, y una política energética coherente que suponga menos coste por unidad de PIB, al tiempo que nos hace menos dependientes. Apostar por el sector exterior supone hacer una fuerte inversión en capital humano para hacer más competitiva nuestra fuerza laboral. Apostar por el sector exterior supone una verdadera reforma del mercado laboral para flexibilizarlo y ligar salarios a productividad. Apostar por el sector exterior es defender a las empresas españolas y su seguridad jurídica en todo el mundo. Apostar por el sector exterior es ser conscientes (de una vez por todas) de que toda economía pequeña y sin dotación de recursos naturales (como es España) sólo puede crecer sostenidamente si tiene equilibrada su balanza de bienes y servicios, lo que implica mantener a raya los desequilibrios interiores de inflación, déficit y deudas. 

Apostar por el sector exterior es aceptar de que éste es mucho más que un recurso circunstancial porque no tenemos demanda interna, es pensar en una economía española muy diferente a la que tuvimos: más industrial, internacionalizada, equilibrada y competitiva. 

Pero para hacer esto se necesita una pizca de imaginación y, desde luego, una estrategia. Algo que no tiene una política económica de "contables antiguos", cuyo único objetivo es, sólo, aguantar. 

Ocurrencias

He de confesarlo. Lo que me desespera de estos tiempos que vivimos no es el pensar que el mundo es algo caótico, que solo podemos llegar a entender muy parcialmente, porque esto solo es reconocer la limitación del conocimiento, no su imposibilidad. Ni siquiera me desespera el velo que la urgencia de la crisis está poniendo sobre los profundos problemas que tiene la Humanidad, porque la vida es un tiempo limitado y, para todos, lo que puede ocurrir mañana es más importante que lo que puede ocurrir a largo plazo. No me desespera tampoco, aunque me preocupa mucho, la grave crisis que está viviendo nuestra sociedad, porque sé que tiene solución. Lo que realmente me desespera y enfada es la ración diaria de ocurrencias de nuestros políticos, de distinto signo y calado, que no resuelven los problemas. Y me enfadan, tanto por lo que suponen de incompetencia, como por ser un insulto al sentido común. 

Porque es una triste ocurrencia de profundo calado la propuesta independentista del Sr. Mas. ¿O es que piensa el Sr. Mas que los problemas de crecimiento o deuda de Cataluña se resolverían más eficientemente en un pequeño país independiente fuera de la Unión Europea? ¿O es que hay una relación causa efecto entre independencia y mejora de la sanidad, la educación o las infraestructuras? Me temo que la independencia tiene muy poco que ver con los problemas reales, de hoy y de mañana, de los catalanes y mucho con un oportunismo insultante. 

Como es una ocurrencia la ley de tasas judiciales. Se argumenta que hay que pagar por la justicia porque así se reducirían el número de procesos, al tiempo que se financia más equitativamente el servicio de la justicia al recaer el coste del servicio sobre el que lo usa. Pero se olvida que la justicia es un bien primario del Estado y que la justicia no es un servicio público que solo sirve a aquellos que lo usan, sino un bien social, pues, sea cual sea la naturaleza del pleito, la justicia sirve al conjunto de la sociedad al establecer una interpretación de los principios contenidos en las leyes. Si el problema que se quiere resolver con esta medida es de recaudación, refórmense los impuestos; si el problema que se quiere atajar es el exceso de procesos por denuncias falsas, refórmense las leyes de las infracciones contra la Justicia; si el problema es el atasco de la justicia, modifíquese los procedimientos judiciales; si el problema es de eficiencia de la justicia, reorganícese. Me temo que los problemas de nuestra justicia merecen más reformas que una simple ley de tasas. 

Como merece otra reforma profunda nuestra sanidad, en la que hay ocurrencias como la propuesta de que el copago de los medicamentos se haga en función de la renta. ¿O es que la enfermedad de una persona es más enfermedad porque tenga más o menos renta? ¿Es que acaso el derecho básico a la salud se debe prestar de una forma diferente según la cantidad de renta? ¿No es ya el sistema tributario progresivo? Me temo que para resolver el problema de los crecientes costes de la sanidad pública hay que reformar muchas más cosas y conocer mejor los efectos distributivos del gasto público, porque si no, todo son ocurrencias. 

Como es una otra ocurrencia la del Ministerio de Economía de sugerir ligar el permiso de residencia a la compra de una casa de más de 160.000 euros. Lo que me lleva a preguntarme si no tienen otra cosa en que pensar sus economistas, con 5,8 millones de parados y con los problemas financieros que tenemos, que en esto. 

Y así podríamos seguir hasta el infinito. En medio de la crisis, nuestros políticos, de todas las administraciones y partidos, nos dan todos días, en vez de soluciones, una ración de ocurrencias. Tantas, que hay días que me pregunto ¿en manos de quién estamos? Una pregunta cuya respuesta mejor no escribo. 

Un mercado de trabajo enfermo

Según la última Encuesta de Población Activa, en España había 17,3 millones de personas ocupadas (la misma cifra que en 2004) y 5,8 millones de personas desempleadas, la cifra de paro más alta jamás alcanzada por la economía española. Esto significa que, desde el primer trimestre de 2008, momento de inicio de la crisis, hasta la fecha, se han perdido unos 3 millones de puestos de trabajo, lo que supone una caída del 15,1% del empleo. Mientras, en el mismo periodo, la actividad ha caído "solo" un 6,5%. Este hecho, la sobredestrucción de empleo, refleja, de una manera sintética, que algo funciona muy mal en el mercado de trabajo español para que, en un tiempo en el que se reducen los salarios reales, el paro crezca. Porque si no fuera así, y la caída del empleo hubiera sido aproximadamente igual que la de la actividad, ahora estaríamos hablando de 4 millones de parados, 1,75 millones menos, de una tasa de paro del 17,4%, de 19 millones de puestos de trabajo. Más, aún, si no fuera así, con una caída de salarios reales, la sangría del paro debería haberse frenado en los 3,5 millones de personas. 

Todo ha fallado en nuestro mercado de trabajo. Porque decimos que un mercado de trabajo funciona bien si facilita una ocupación digna, adecuada a la cualificación y experiencia, con un salario coherente con lo anterior para todos aquellos que quieran trabajar. Hay, pues, cuatro medidas cuantificables del funcionamiento de un mercado de trabajo: la tasa de paro; el respeto a los derechos de las personas; la adecuación de los empleos a la dotación de capital humano; y, finalmente, la coherencia y proporcionalidad de las retribuciones entre sí y con la aportación al proceso productivo. Teniendo esto en cuenta, hemos de concluir que el mercado de trabajo español está profundamente enfermo: porque produce paro; porque se están deteriorando las condiciones laborales; porque se está generalizando el subempleo; porque, en algunos sectores, como el sector público, se está perdiendo la coherencia salarial. 

Las causas de estos problemas son muchas y variadas. Tantas, que se puede decir que el mercado de trabajo español casi concentra el conjunto de todas las etiologías laborales posibles. Una pésima regulación laboral de raíces corporativas (falangistas) muy rígida que ahuyenta la contratación indefinida y dualiza el mercado, convierte a los comités de empresa en pseudo-direcciones paralelas y al poder judicial en una variable a tener en cuenta en la gestión de los recursos humanos. Una institucionalización centralizada de las relaciones laborales que ha propiciado a los agentes sociales un papel en la vida política que va más allá de lo genuino de su función, al tiempo que ha provocado un alza de salarios política muy por encima del crecimiento de la productividad. Un débil tejido empresarial con pocas empresas, de escaso tamaño, mal organizadas, con baja productividad y en sectores muy maduros y con exceso de regulación, lo que hace que el empleo español pivote demasiado sobre microempresas tradicionales y sobre el sector público y poco sobre empresas internacionalizadas y en sectores de alto valor añadido. Una oferta de trabajo desequilibrada en su formación media, por una crónica carencia de titulados medios y de formación profesional y una preocupante tasa de personas sin cualificación. Una fiscalidad del trabajo que encarece el trabajo nacional impidiendo su competitividad internacional. Incluso, una ideologización excesiva que, a fuerza de clichés, oscurece el análisis. Y, a todo esto que ya estaba en el mercado de trabajo español de antes de 2008 y nos provocaba los 2 millones de parados que teníamos entonces, hay que añadir las circunstancias que ahora tenemos de caída de la demanda, los problemas de financiación- la crisis. 

El mercado de trabajo español está enfermo, profundamente enfermo. Y porque en esta frase hay 5,78 millones de personas en paro es por lo que deberíamos reformarlo en profundidad. Una reforma profunda que, de no hacerse, convertirá sus enfermedades en crónicas. 

El PSOE necesario

Las pasadas elecciones vascas y gallegas han tenido un resultado que, no por esperado, es menos preocupante para la estabilidad política de España. Un resultado que se puede resumir en tres hechos complementarios: un auge del nacionalismo independentista, el hundimiento del PSOE y, como corolario, la fragmentación del voto de izquierdas. Y, siendo preocupante el primer hecho, más me preocupa el segundo, pues el hundimiento del PSOE radicalizará las posturas de todos. 

España necesita al PSOE de la misma forma que la España de los 80 necesitó a la Alianza Popular de Fraga y la de los noventa al PP de Aznar: para generar alternativa de gobierno; para aglutinar y moderar la voz que llega desde su lado ideológico; para dar continuidad a las grandes políticas de estado; para concitar los pactos de reforma que necesitamos. España, la democracia española, necesita al PSOE. Por eso, no siendo socialista, me atrevo a escribir este artículo. Y, llevado de mi atrevimiento, me arriesgo a aconsejar que si el PSOE quiere volver a ser una opción de gobierno en el medio plazo, necesita una profunda renovación de ideas y de personas. Una renovación que bien podría seguir los cuatro ejes de sus siglas. 

Porque lo primero que necesita el PSOE es volver a ser un partido. O sea, un grupo de personas que, con diversos matices, tenga un relato coherente y homogéneo sobre la realidad, comparta un conjunto de valores y criterios sobre cómo juzgarla, y articule un discurso de propuestas realista de cómo cambiarla. No puede ser que el PSOE tenga análisis divergentes sobre la crisis o la organización territorial, tenga distintos discursos sobre los mismos temas y propuestas contradictorias según los territorios, y se haya reducido a una simple maquinaria electoral, cuando no de poder. 

Lo segundo que, en mi opinión, necesita el PSOE es regenerar sus ideas y renovar su socialismo. Hace años que del estatismo marxista y revolucionario del siglo XIX, los socialistas españoles evolucionaron hacia posiciones en las que aceptaban la economía de mercado, moderada por la actividad del Estado y con mecanismos de redistribución de la renta. Sin embargo, el socialismo español tiene aún un estatismo acentuado, por el que consideran que solo lo público es social, y mantienen una alta propensión a la regulación y a la intervención. Es curioso que, siendo los adalides de la liberación social, no hayan ocupado el espacio social-liberal en economía, ni hayan desarrollado con profundidad propuestas ecológicas. Una mirada a los programas socialdemócratas suecos o alemanes y un estudio de las propuestas demócratas norteamericanas actualizarían un discurso ideológico muy anticuado, dándole un aire del siglo XXI. 

Lo tercero que debería hacer el PSOE si quiere renovarse es recuperar su ética obrerista. Frente a la ética de los derechos sin obligaciones, del todo gratis y sin esfuerzo, el PSOE debería recuperar, en mi opinión, los viejos valores del obrerismo: la austeridad y la sencillez, el esfuerzo y el ahorro, la meritocracia y la exigencia, la solidaridad. Una reflexión sobre los valores que subyacen en sus propuestas de los últimos años le llevaría a ser consciente de cuánto se han alejado de las esencias que le hicieron un partido que, al menos en su pretensión, se veía como una referencia moral. 

Finalmente, el PSOE debería, siempre según mi opinión, recuperar la E de España sin complejos y proyectarla en una E de Europa más amplia. Porque si quiere volver a ser un partido de gobierno no puede tener un ambiguo y superficial discurso de articulación del Estado español, como no puede no tener en cuenta la realidad a la que inexorablemente nos lleva la política europea y liderar la proyección de España en ella. 

No soy, ni he sido, socialista. Pero valoro a un viejo partido de más de 130 años al que todos le debemos tanto. Por eso animo a mis amigos socialistas a que se levanten y se reinventen. Aunque discrepemos. Porque España les necesita. 

Independencia (vista desde Castilla)

Visto desde Córdoba, o desde cualquier otro de los viejos reinos de Castilla, el discurso independentista catalán es relativamente simple. 

Los nacionalistas dicen, en primer lugar, que quieren la independencia porque los demás no los apreciamos. Para demostrarlo suelen aportar que, desde Pi y Margall (1873), no ha habido ningún presidente catalán. Y quizás la causa, más que en la desafección, esté en que casi todos los que nos gobernaron, hijos de la burguesía provinciana, emigraron a Madrid a estudiar y allí empezaron su carrera política, mientras que los catalanes no lo hacían. Quizás porque tenían otros intereses. 

En segundo lugar, los nacionalistas catalanes quieren la independencia porque, según ellos, pagan más impuestos que los demás. Y eso es falso. Porque ni el IVA, ni las Contribuciones Sociales, ni el Impuesto de Sociedades son más altos en Cataluña que en el resto de España. Y, en el IRPF, el tramo estatal es el mismo para todos, y sólo su tramo autonómico es más alto porque así lo ha decidido la Generalitat. Si la familia catalana media paga más impuestos, en términos absolutos, no es por ser catalana, sino porque tiene salarios y rentas más altas. O sea, porque el sistema tributario es progresivo y ellos más ricos. 

En tercer lugar, los nacionalistas catalanes se quieren ir porque dicen que reciben menos gasto público per capita que los demás. Lo que es sólo una media verdad. Los catalanes tienen un nivel de servicios públicos mucho mejor que la media. De hecho, per capita, el gasto en sanidad y educación es de los más altos del país (más de un 10 y un 13% por encima del andaluz) por la sencilla razón de que sus funcionarios están mejor pagados que la media. Si el gasto público total per capita es similar a la media nacional es porque la otra componente del gasto, las transferencias, son mayores a otras regiones, como Andalucía, porque tienen una tasa de paro que es el doble que la catalana. 

El cuarto argumento para la independencia es que lo que aportan (por impuestos) es más de lo que reciben (por gastos). Lo cual es lógico en un estado del bienestar en el que los impuestos son progresivos, por lo que los ricos pagan más en porcentaje, y los gastos públicos son generalizados, con transferencias a los más débiles, por lo que los pobres reciben más. La desproporción se produce, y es tanto mayor, cuanto mejor sea la función distributiva del Estado. El que en Cataluña se recaude más y se gaste menos de lo que se recauda es fruto de un estado del bienestar redistributivo y no de una discriminación por ser Cataluña. 

O sea, que, en esencia, los nacionalistas (de cualquier ideología) quieren la independencia por puro interés económico. Ante esto, que es legítimo, los demás tendríamos que hacer como ellos y defender nuestros intereses, sin sentimentalismos. Y lo que nos interesaría más, conscientes de que perdemos todos mucho, es minimizar las pérdidas, con una Cataluña fuera de la Unión Europea (y del euro). Así, sus productos tendrían que pagar aranceles para entrar en el mercado español y obligaríamos a muchas empresas, nacionales y multinacionales, radicadas hoy en Cataluña, a escoger entre un mercado de 40 millones de consumidores (con salarios más bajos, sin aranceles en Europa y moneda estable) y otro de 7,3 fuera de la Unión y sin moneda propia, pero a la que no pueden renunciar a corto por las deudas en euros. Puestos a perder busquemos una solución que nos perjudique a nosotros menos. Por lo demás, y a título personal, estoy ya tan harto del permanente victimismo de una región rica, que no creo que merezca la pena negociar y, menos, cambiar la Constitución, salvo para posibilitar la independencia. Por eso sugiero que hagan el referéndum y, si ganan los independentistas, se vayan. Seríamos todos mucho más pobres, pero- se habría resuelto el viejo problema catalán. 

Unos presupuestos increibles

El viernes pasado, el Gobierno aprobó el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2013. Unos presupuestos cuyo objetivo final, según compromiso con Bruselas, es alcanzar un déficit público del 4,5%. Unos presupuestos que, en una primera lectura, me parecen, sencillamente, increíbles. 

Estos primeros presupuestos completos del Gobierno Rajoy me parecen increíbles, en primer lugar, porque las previsiones macroeconómicas sobre las que se basan son todo un ejercicio de voluntarismo, algo que llevamos viendo en todos los presupuestos que se han aprobado desde 2008. Y lo es porque no hay ningún analista que crea que la economía española vaya a decrecer en 2013 sólo el -0,5%, pues la mayoría de los modelos predicen una caída en el entorno del -1%. Como nadie se puede creer tampoco que este -0,5% sea el resultado de una caída de la demanda nacional del -2,9% (una cifra casi realista) que, según el Gobierno, se compensará con un crecimiento de las exportaciones del ¡6%! Más ilusorias aún son las cifras del mercado de trabajo, pues con una caída del -0,5 del PIB, el Gobierno prevé que el empleo sólo caiga el -0,2%, y, ¡al mismo tiempo!, se reduzca la tasa de paro hasta el ¡24,3%! Algo que sólo es posible si se produce una caída de la población activa en unas 360.000 personas. Finalmente, el Gobierno cree que, con una recesión como la que se dibuja y un déficit público del 4,5% del PIB, la economía española es capaz de autofinanciarse y de pagar deudas exteriores, de tal forma que la posición financiera exterior mejore el 0,6% del PIB. 

De un cuadro macroeconómico increíble se deduce, en segundo lugar, una previsión de ingresos más increíble todavía. Así, el Gobierno prevé un crecimiento de la recaudación por IVA del 13,2%, sobre una disminución de la base imposible de un -2,9%, lo que supondría una efectividad total de la subida de tipos de este año y una importante caída del nivel de fraude. Lo que contradice la evidencia empírica de los últimos años de que la recaudación por IVA disminuye más que proporcionalmente a la caída del consumo. Peor aún es la optimista previsión del IRPF: ¿realmente cree el Gobierno que en un contexto de congelación o disminución de salarios y con una tasa de paro que será de casi el 26% (a pesar de sus previsiones), la recaudación va a subir el 2,2%? Eso sólo sería posible si se hiciera una profunda reforma del impuesto tocando las rentas empresariales, algo que dudo que este Gobierno se atreva a hacer por ser parte de su base electoral. 

Y si los ingresos de este presupuesto son increíbles, en la vertiente del gasto, además de increíbles, se hacen contradictorios. ¿Cómo puede ser que con una subida del gasto en pensiones del 1% y previendo que no va a aumentar la protección por desempleo (pues prevé una reducción de la tasa de paro y estabilidad en la ocupación, según su cuadro macro) tenga que aumentar la aportación a la Seguridad Social un ¡74,9%!? ¿Por qué, además, presupuesta un 33,8% (un punto de PIB) más de intereses? ¿Es que cree tan poco en su política que calcula que los intereses medios de la deuda del Estado van a estar todo el 2013 en el ¡6,45%!? Si estos son los intereses que prevé el Gobierno, ¿por qué no pide el rescate? Esto no cuadra. Como no cuadra que con una congelación salarial de los empleados públicos y la hibernación de la inversión pública, el gasto de unos presupuestos que se autocalifican de austeros suba un ¡5,6%! 

Con estos presupuestos, el Gobierno está diciendo a gritos, no sólo que no ha diagnosticado correctamente nuestros problemas y que está pendiente siempre de elecciones, sino que se hace trampas en el solitario y que no está dispuesto a tomar decisiones de calado. O sea, que, un año después, tenemos otro Gobierno metido en una burbuja. 

Independencia (vista desde Cataluña)

La relación entre Cataluña y el resto de España es una cuestión lo suficientemente compleja como para que dirimirla en una manifestación, o para que la simplifiquemos en un diálogo de titulares. Creo, además, que situar el debate en el plano ideológico, historicista, cultural o victimista es erróneo. Porque todas las ideologías no extremistas (incluso las nacionalistas) son argumentables; porque toda discusión historicista es estéril, ya que lo que se hizo en el pasado solo explica nuestro presente, pero no debe condicionar nuestro futuro; porque no hay una lengua materna superior a otra; porque un memorial de agravios no lleva a nada constructivo. El análisis de una eventual independencia de Cataluña debería hacerse, en mi opinión, desde sus consecuencias, desde una perspectiva de teoría de juegos. Analicemos en este artículo la situación desde Cataluña. 

Si Cataluña fuera independiente, el primer hecho relevante es que no sería miembro de la Unión Europea. Esto supondría que tendrían que crear una moneda que podría valer igual que el euro a corto plazo (aunque tendría que cotizarse). Fiscalmente, la Generalitat ingresaría todo lo que se recaudara en Cataluña y tendría que hacer frente a todos los gastos públicos que allí se generaran. En cuanto a sus ingresos, éstos serían mayores que los que ahora tienen, pero no excesivamente, porque si bien recaudaría la totalidad del IRPF y del Impuesto de Sociedades, la recaudación actual de IVA y la de cotizaciones sociales sería compartida con el resto de España, porque las ventas de las empresas catalanas en el resto de España se considerarían como importaciones, por lo que el Gobierno español recaudaría su IVA de esas ventas, de la misma forma que las cotizaciones sociales de los trabajadores ocupados por empresas catalanas en el resto de España tendrían que pagarse también aquí. Por su parte, tendrían que hacerse cargo de los gastos de la Seguridad Social (pensiones, desempleo, etcétera) de los que queden en su territorio. No he hecho las cuentas con detalle, pero el déficit público estaría más o menos como ahora, puesto que empeoraría su gasto, aunque mejoraría su recaudación. Mejor se quedan en cuanto a deudas públicas: solo tendrían que pagar las suyas (el 22% de su PIB), absorbiendo el resto de España la totalidad de la que tiene hoy el Estado (cuya ratio pasaría del 75,9 al 97,2%). Pero habría que llegar a un acuerdo por las propiedades de titularidad estatal que están en Cataluña. Desde un punto de vista fiscal, la independencia es, a corto plazo, una solución a sus problemas. 

Mucho más sufriría el tejido empresarial catalán y su mercado de trabajo. No es solo que muchas empresas tendrían que duplicar sedes, sino que muchas multinacionales trasladarían sede y operaciones a Madrid para estar dentro de la Unión. Peor aún sería la pérdida temporal de aprecio de muchas de sus empresas (además del Barça), con consecuencias en su cuenta de resultados, y de inversión extranjera. Es muy probable que el PIB catalán sufriera, a corto plazo, un fuerte retroceso, con incremento del paro, porque también la economía catalana está muy endeudada exteriormente y tendría problemas de acceso a los mercados financieros. 

Desde un punto de vista político, además de hacerse republicana, no creo que en Cataluña se produjera un cambio de la estructura de partidos. Más imprevisibles serían las consecuencias sociales sobre las relaciones entre las distintas comunidades lingüísticas o los movimientos migratorios, lo que tampoco añadiría confianza para salir de la crisis. 

Vista desde Cataluña, la independencia es en realidad una opción, si fuera rápida, para resolver los problemas financieros de la Generalitat, pero no es demasiado deseable por lo arriesgado. Por eso, en el fondo, y como siempre, es solo una baza de negociación para que el rescate de Cataluña no tenga condiciones políticas. Lo malo es que para algo tan prosaico se incendian las emociones. Pero ya se sabe que los políticos son pirómanos bomberos y la buena gente... manipulable. 

Rescate suave para otoño

En medio del ruido de las declaraciones de las últimas semanas, la situación de la economía española parece, al menos en mi opinión, aclararse. Y me arriesgo. Creo que para la cumbre europea del 18-19 de octubre (o a más tardar para diciembre), el Gobierno español solicitará una refinanciación de parte de la deuda pública española al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), a lo que seguirá una intervención del Banco Central Europeo en el mercado de deuda. Es decir, creo que España será, este otoño, "suave" y parcialmente rescatada. 

Las razones económicas de este rescate son casi evidentes. La primera es que nuestra deuda exterior es excesiva (977.000 millones de euros, un 95% del PIB) y tenemos demasiada a corto plazo (casi un 20%). La segunda es que nuestra economía está muy dañada, con expectativas de crecimiento negativas a corto plazo, porque nuestras empresas dependen demasiado del estancado mercado interior, tienen problemas de competitividad que están ajustando lentamente, están muy endeudadas y dependen de una difícil financiación bancaria con un sistema bancario en plena reconversión. Y, finalmente, porque no tenemos posibilidades de hacer una política económica creíble con resultados a corto plazo ya que, al margen de los errores, de fondo y forma, del propio Gobierno, tenemos un marco político-administrativo en el que más del 50% del gasto lo gestionan las Comunidades Autónomas, que no responden al gobierno central, estando, además, las dos más pobladas gobernadas por partidos diferentes al del Gobierno central, y con dinámicas de oposición (Andalucía) y ruptura (Cataluña). En estas condiciones, el tipo de interés al que nos estamos financiando es superior al 6% (más de 500 puntos de prima de riesgo), lo que hace imposible reactivar la economía (espiral depresiva), al tiempo que podríamos entrar en riesgo de impago (espiral de deuda explosiva). 

Ante esta situación, creo que el Gobierno está dispuesto a pedir ayuda en forma de rescate, parcial y más suave que el griego o el portugués, porque no podemos seguir así y ha descontado que es más fácil imponer las reformas que hay que hacer, tanto a sus barones como a los ajenos, amparado en unas condiciones exteriores y una situación de emergencia, que batallarlas política y jurídicamente sin apoyo exterior. Más aún, tiene todavía la posibilidad de echarle la culpa al Gobierno anterior, cuenta con un líder de la oposición débil y corresponsable del desastre y tiene tiempo de legislatura suficiente como para recuperar el voto si la economía española se activa en el 2014. 

Por su parte, los gobiernos europeos están dispuestos a refinanciar, a través del MEDE (si el Tribunal Constitucional alemán lo autoriza en septiembre), parte de nuestra deuda pública y a permitir al Banco Central Europeo a intervenir en los mercados financieros para estabilizar los tipos, siempre que se pida formalmente y cumplamos unas condiciones de política económica, porque se eliminan incertidumbres en España y se puede abordar el problema de Italia. 

El rescate de la economía española será, pues, parcial y más "suave", por el tamaño de nuestra economía y el absoluto de nuestra deuda, la menor profundidad relativa del problema y por nuestro mayor potencial de crecimiento. Y se hará en dos fases: una primera ya en marcha con el rescate bancario (un crédito de hasta 100.000 millones); y una segunda, el rescate público (de unos 150.000-180.000 millones). De hacerse así, en unos meses se resolvería parte del problema de la deuda pública y del tipo de interés, se eliminarían incertidumbres y se ganaría tiempo para las reformas estructurales de la gobernanza y la economía españolas que tenemos que hacer para salir de la crisis. Unas reformas estructurales que exigirán casi reinventarnos. 

Y, mientras, la Sra. Merkel se presentará a sus elecciones de septiembre del 2013 fiel a sus principios y habiendo salvado el euro. O sea el marco alemán de este siglo. Una moneda que conllevaba una responsabilidad que no quisimos ver y que ahora se nos exige. 

Momento crítico

El viernes pasado, la prima de riesgo española superó los 610 puntos básicos, lo que significa que el tipo de interés del bono español fue del 7,27%. Un tipo de interés inasumible para el sector público porque, sólo en intereses, el año que viene pagaremos casi un 14% del total de los ingresos públicos. Un tipo de interés que está llevando a la tasa de paro a cifras escandalosas por las dificultades de financiación de las empresas. Pero, ¿por qué está la prima de riesgo tan alta? En mi opinión, por cuatro razones básicas. 

En primer lugar, la prima de riesgo está alta por la tardanza, por parte de nuestras Administraciones, en darse cuenta de la insostenibilidad de sus cuentas. Hasta mayo de 2010, el Gobierno Zapatero no tomó ninguna medida para atajar el problema. Pero es que, a lo largo del año siguiente, ninguna administración local o autonómica redujo su nivel de gasto por las elecciones que se avecinaban. Más aún, Zapatero retrasó la convocatoria de elecciones generales hasta otoño y hubo que reformar rápidamente la Constitución, en pleno agosto, como símbolo de compromiso fiscal. Llegado Rajoy al poder, su tardanza en adoptar medidas de peso, por las elecciones andaluzas, nos ha abocado al nivel que ahora tenemos. Si hoy estamos en más de 600 puntos se lo debemos, en no poca medida, a la irresponsabilidad económica de los políticos en todas las administraciones, y de cualquier partido, que sólo han pensado en términos electorales. 

La segunda razón tiene que ver con la inacción, también por razones políticas, de nuestros socios europeos. Alemania no quiere hacer más porque Merkel tiene una débil situación política, con problemas dentro de su coalición, que solo se salva por la responsable actuación de la oposición socialdemócrata. Y el Banco Central Europeo no quiere hacer más (aunque se verá obligado a hacerlo esta semana) porque quiere el control del sistema financiero español. Si Merkel no tuviera elecciones el año que viene, hablaría de los eurobonos y hubiera permitido ya al Banco Central Europeo medidas extraordinarias de compra de deuda española. La prima de riesgo, pues, escala puntos porque Europa no tiene instituciones para afrontar la crisis, la opinión pública alemana no es consciente del peligro que supone la deuda española y el BCE está haciendo una política equivocada. 

La tercera razón, probablemente la más importante, es la superficialidad de la política económica del Gobierno Rajoy. El Gobierno ha tomado muchas decisiones en los últimos meses. Algunas en la dirección correcta (como la flexibilización del mercado laboral), pero otras fallidas como las reformas financieras (que culminarán ahora con la intervención de Bruselas) o el plan fiscal que presentó hace unos días. Rajoy perdió una inmensa oportunidad de presentar un plan creíble y coherente de política económica y, en cambio, presentó un conjunto de medidas parciales (algunas necesarias) de ajuste fiscal, que no atacan las raíces del problema del déficit español: un insuficiente sistema tributario para unas administraciones públicas insostenibles, fruto de una estructura de Estado ineficiente y difícilmente reformable. El Gobierno incluso ha renunciado a una reforma estructural de la economía española porque cree que consiste en ¡la ampliación de los horarios comerciales o la ley de costas! Mientras el Gobierno viva en el activismo incoherente podrá, con suerte, bajar la prima de riesgo unos puntos, pero difícilmente resolverá el problema de los tipos de interés. 

Finalmente, la prima de riesgo está alta porque hay una especulación que es imposible de atajar por la falta de credibilidad de todos los actores de la política económica en esta crisis. 

En síntesis, para bajar la prima de riesgo española se necesita una acción decidida del Banco Central Europeo ya, una posición más europeísta de nuestros socios y un buen plan de política económica. Y todo para ayer, porque ya hemos perdido demasiado tiempo. El momento es crítico. Muy crítico. Tanto que está en juego una nueva recesión mundial con epicentro en España. 

Dos nadas europeas

Las dos semanas pasadas, las instituciones europeas que deben tomar decisiones sobre la política económica para salir de la crisis económica europea (de la que la española es solo una parte, y es causa y consecuencia) volvieron, como viene siendo habitual, a decepcionar. 

El Consejo Europeo, el "Gobierno de Europa", se reunió en Bruselas el 28 pasado bajo la amenaza de la "desaparición del euro" y, tras un acuerdo para reformular las instituciones (dentro de unos años), una discusión jurídica sobre los fondos de rescate y la creación (para el año que viene) de un supervisor bancario, hicieron la enésima declaración rimbombante de "paso en la construcción europea", que todos tradujeron a las opiniones públicas de sus países de origen como una "victoria" del país sobre el resto. Es decir, los políticos van a Bruselas, toman una decisión sobre lo que van a hacer dentro de un año, componen un discurso que es un canto a Europa y, luego, de vuelta hacen otro canto que niega a Europa. Tanto que el mismo lunes 2 de julio, los gobiernos de Finlandia, Austria y Holanda se desmarcaron de lo que habían pactado el día 28. Y el de Alemania matizó mucho su posición (la situación de la Sr. Merkel es cada vez más débil), con lo que el mismo miércoles, día 4, tras los debates en clave interior, ya habíamos vuelto más o menos a la situación anterior de la cumbre. Los Consejos Europeos cada vez sirven para menos porque allí no van europeístas, sino nacionalistas miopes, que todo lo traducen en política interna. Por eso, los Consejos se convierten, una semana después de celebrarse, en nada. 

Lo malo no ha sido solo que el Consejo cosechara otro fracaso en política fiscal y no tomara medidas de urgencia reales para salvar la crisis de deuda de los grandes países periféricos, es que el jueves de la semana pasada, día 5, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en el 0,25%, dejando el principal en el 0,75%. Y, como es costumbre, el gobernador del Banco Central Europeo, el Sr. Draghi, dio las correspondientes explicaciones en las que reconocía que: primero, no hay expectativas de tensiones inflacionistas en la eurozona; segundo, que la economía europea no crece; tercero, que hay graves problemas en los mercados financieros que "pueden afectar" al crecimiento económico (de hecho ya lo hacen); y, cuarto, que los mercados de crédito están cerrados. Y, tras reconocer la gravedad de la situación, sostiene que se han bajado los tipos y que no se van a tomar más medidas. Con lo que la bajada de tipos sirve para muy poco, porque el problema de la política monetaria en Europa no son los tipos (que también los son), sino que no existe transmisión monetaria, es decir, que el dinero no llega a los consumidores finales (empresas y familias) porque los bancos no se prestan y no prestan. Dicho de otra forma, el Banco Central Europeo toma una medida que sabe que es ineficaz por causas que reconoce ¡y el Sr. Draghi no ve necesario tomar medidas excepcionales! Solo una dogmática visión de la política monetaria de clásico origen Bundesbank (inútil como todos los dogmatismos), el cálculo político de acaparar más poder cambiando una política más flexible por nuevas competencias (como la supervisión última del sistema financiero), una aversión muy fuerte al riesgo de equivocarse (algo que ya hace) o un intento de ganar reputación de estricto pueden explicar una política monetaria tan cínica. Una política monetaria que no tendrá casi ningún efecto en las economías con problemas. 

Y en medio de estas dos nadas europeas, la economía española sigue debatiéndose con sus enfermedades de deuda y paro. Unas enfermedades que las decisiones europeas no empeoran, si acaso alivian, pero que, desde luego, no curan. Unas enfermedades que tendremos que tratarnos solos porque la esperanza de que desde Europa venga la solución se va diluyendo en la nada.

La enfermedad europea

Esta semana se celebrará en Bruselas la cumbre europea de final de semestre centrada, cómo no, en la crisis. Ya la semana pasada hubo reuniones y declaraciones. Como las habrá esta semana. En ellas se dirá que la Unión Europea está en una situación crítica y que urge tomar decisiones para atajarla porque, como dice la señora Lagarde, directora del FMI, "hay tres meses para salvar al euro". Los jefes de Estado y de Gobierno, con los máximos responsables de la Unión, Barroso y Van Rompuy, discutirán dos días y llegarán a consensuar grandes declaraciones. Dirán que gracias a la "madurez del pueblo griego", a los esfuerzos de España e Italia y a los avances en la construcción europea, que se han plasmado en el "Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza" en la zona euro, ahora se puede dar el paso hacia una coordinación de la política económica que nos lleve a la "senda del crecimiento económico". Se lanzará la idea de que es conveniente un nuevo Tratado, "Maastrich 2.0", que complete el de 1992 y que fije como objetivo la creación de unos Estados Unidos de Europa (aunque sin decirlo, por el fracaso de la Constitución Europea). Como esta semana, además, el Banco Central Europeo está abriendo la mano en las facilidades crediticias a las entidades financieras, especialmente españolas, los mercados se relajarán, con lo que parecerá que lo peor ha pasado. 

Por unos días parecerá que los gobiernos europeos han resuelto el problema de la deuda y diremos que Europa da un paso hacia su integración, lo que supone un rayo de esperanza para la salida de la crisis y la promesa de un futuro mejor. Y es posible que esta imagen sea cierta. Ojalá sea cierta. Pero también es posible que sea un simple espejismo hasta la siguiente crisis. Porque el problema de Europa, su enfermedad, no es la crisis de la deuda, ni la atonía económica, ni la falta de grandes declaraciones, ni de objetivos (léanse solo las primeras páginas del Tratado de Maastricht de 1992). La enfermedad europea no es económica, ni publicitaria, es más profunda, es política. 

Europa tiene una enfermedad que se manifiesta en una arquitectura institucional que es defectuosa (demasiado alejada del ciudadano, demasiado compleja, demasiado centrada en lo intergubernamental, con demasiado déficit democrático, etcétera), en liderazgos europeos débiles con discursos miopes y cortoplacistas, en la ausencia de un discurso europeísta en los medios de comunicación y en la pérdida de entusiasmo europeísta entre la ciudadanía. Europa, en medio de la crisis, vuelve a manifestar los síntomas de su enfermedad política. Una enfermedad que hará que no salgamos realmente de la crisis, sino que solo la aplacemos. 

La enfermedad europea es antigua y está muy extendida. Es genética, fruto de una mutación de principios del siglo XIX y se propaga a cada generación. Se llama nacionalismo, ha sido mortal en el siglo XX y, en este, nos condena a la nada. Los europeos somos malditamente nacionalistas. Los hay radicales, más suaves o más cínicos, pero somos nacionalistas. Y mientras lo seamos, mientras no se nos pase por la cabeza que sería bueno poder votar a un presidente europeo (nacido en Francia o en Alemania), que nos representen en el Parlamento europeo personas nacidas en Polonia o Portugal, que las grandes empresas europeas son también nuestras y que una selección europea de fútbol o de atletismo sería casi imbatible, no haremos realidad la idea de Europa, y seguiremos poniendo dificultades a la salida de la crisis y al futuro que podríamos tener. Mientras no encontremos la forma de cambiar esta enfermedad genética no haremos otra cosa que ir renqueando hacia nuestro futuro. 

Esta semana habrá cumbre europea. Y se tratará de la crisis. Pero mucho me temo que será otra más, porque entre los de los que allí se reúnan dudo que haya siquiera diez justos que no sean nacionalistas y eviten la maldición divina de nuestra lenta destrucción. 

Superficialidad y ocurrencias

Siento tener que decirlo, pero de esta crisis tardaremos en salir. Mucho más de lo que desearíamos. Y no es sólo por su profundidad o la falta de liderazgo europeo, sino por la superficialidad con la que se vive y gestiona la cosa pública. 

Ante una crisis profunda que está poniendo en cuestión muchas certezas, la sociedad en su dimensión pública lo único que opone es superficialidad. Vivimos en medio de la superficialidad y casi no nos damos cuenta. Superficiales los medios de comunicación, preocupados los unos por Gibraltar y los otros por el IBI de la Iglesia; superficiales los intelectuales que sostienen "mantras indemostrables" y hacen de la anécdota la generalidad. Superficialidad en la universidad cuando cualquier exposición no puede durar más de 20 minutos, y se pretende que ideas complejas se argumenten en no más de dos páginas porque una ciudadanía que, se supone, es la más instruida de nuestra historia es incapaz de prestar atención o de leer más de cinco minutos seguidos. Vivimos rodeados de superficialidad. Somos una sociedad superficial. 

Y esta superficialidad tiene como consecuencia que nuestros políticos tienen ocurrencias que insultan la inteligencia y empeoran la situación. Porque es superficial el ministro Wert cuando dice que el aumento de la ratio de los alumnos no influye en la calidad docente, o cuando confunde los problemas de la universidad española (gobernanza, rigideces estructurales y endogamia) con la manifestación de sus problemas y quiere resolverlos con cinco artículos en un decreto. Como es superficial el ministro Guindos cuando no se da cuenta de que el problema de la banca española no se resuelve con una renacionalización y el desprestigio del Banco de España, sino con la creación de un sistema financiero europeo que reparta los riesgos de concentración (por cierto, alguien se va a hacer de oro con Bankia dentro de cinco años). Como es superficial el ministro Montoro con su reforma fiscal y su amnistía haciendo caso a tontadas de tertulia y debilitando la lucha contra el inmenso fraude fiscal que tenemos. Como es superficial el presidente Griñán cuando baja el sueldo de los funcionarios "transitoriamente" para atajar el problema del déficit que tenemos, con lo que está diciendo que la causa de este déficit es que los funcionarios andaluces ganan mucho. ¿Realmente creen Griñán y Esperanza Aguirre que el problema de sus administraciones es que sus empleados ganan mucho y no la estructura de la que se han dotado? Es claro que no han analizado sus cuentas, que no saben la dimensión de sus administraciones, que no tienen idea de la maraña paralela, de los excesos de regulación, de la locura de subvenciones de las administraciones bajo su dirección. Como es claro que ninguno fue nunca a una clase de Presupuestación de Base Cero. 

Estamos rodeados de políticos superficiales que no saben para qué sirve su trocito de poder, ni qué quieren hacer con él, ni adonde se dirigen. Sencillamente porque no son capaces de mirar más allá de hacer lo contrario de lo que dice el otro partido. Porque la política en España es tan superficial que no se hace para llevar a la sociedad a otra situación, sino para oponerse a lo que el otro puede querer. El Gobierno es siempre la oposición de la Oposición. De la misma forma que la Oposición no es la Oposición, sino la oposición de la oposición de la Oposición. De la misma forma que las regulaciones no se hacen para ordenar la acción de los ciudadanos, sino para contentar y justificar la mera existencia de la administración. Como lo importante no es lo que se haga con las subvenciones, sino que haya gente que dependa de ellas. 

Somos un país superficial que sólo tiene ocurrencias porque una mayoría sabe más de fútbol que del porqué de las cosas. Y sin porqués, todo es superficialidad y fútbol. Con el que quieren tapar la realidad de cinco millones de parados. 

Nervios, histeria y corralito

Estamos demasiado nerviosos. Es cierto que la situación es extremadamente grave, pero también el exceso de información, y la necesidad de responder a todo rápidamente, impiden separar lo importante y lo urgente, articular alternativas y ejecutarlas con la mirada puesta en el medio plazo. 

Vivimos en un círculo vicioso. La ciudadanía vive en un estado de agitación que, sumado a la gravedad de la situación, provoca una nerviosa demanda de soluciones, a la que los políticos responden rápidamente y sin pensar, improvisando soluciones que, en vez de resolver el problema, generan más nervios. En la era de la información, unos quieren hacer política a base de "tweeter" y otros de pancarta, cuando los problemas complejos a los que nos enfrentamos no caben en 140 caracteres, ni en una cartulina de medio metro. Los tiempos que vivimos nos impiden tener perspectiva y profundidad. Nadie escribe hoy, porque nadie lo leería, un libro profundo como la "Teoría General" de Keynes, como nadie daría hoy 100 días para articular las medidas anti-crisis a Roosevelt. Vivimos en la histeria. Lo que agrava lo que nos pasa. 

A esta histeria contribuyen, además de periodistas amarillentos y políticos banales, economistas y politólogos que olvidan lo elemental de sus ciencias. En estos tiempos de nervios, Roubini y sus secuaces se están haciendo ricos profetizando catástrofes que ellos pueden producir por nuestra ignorancia, la torpeza de nuestros políticos y la histeria. 

Un ejemplo de esto es el del Premio Nobel Paul Krugman cuando la semana pasada escribió sobre un futuro corralito en España. Su texto incendió internet, a la opinión pública europea, al Gobierno y la ciudadanía. Vivimos tan histéricos que hasta una tontada como la de Krugman hay que rebatirla. 

Un corralito es, técnicamente, un "racionamiento de dinero". Es decir, es limitar la cantidad de dinero de la que se puede disponer de los depósitos que se tienen en un banco. Puede ser de dos tipos: sobre moneda extranjera o sobre moneda propia. El primer caso, que ha sido el más habitual en las crisis financieras, se imponía para evitar que una economía se quedara sin reservas de moneda fuerte, como fue el caso de la Argentina en 2001, donde se acuñó la expresión, porque los argentinos (tan nacionalistas otras veces) preferían dólares antes que pesos. El segundo caso, que no se ha dado en Europa desde la postguerra mundial, se impone cuando el Banco Central no tiene capacidad de generación de liquidez de su propia moneda. 

Ninguna de estas dos situaciones se puede producir hoy en la zona euro. Esto podría pasarle a aquel país que abandone el euro, es decir, que sustituya el euro por su propia moneda, porque la ciudadanía seguramente preferirá el euro (la moneda de Alemania) antes que la nueva moneda. Una situación que solo es pensable hoy para Grecia, pero no a España, porque no hay causa objetiva para volver a la peseta, ni nos interesaría. Y dentro de la zona euro el corralito es imposible porque no hay razón para limitar la disposición de efectivo, ya que el Banco Central Europeo tiene capacidad de emisión ilimitada, porque la UE y los Estados tienen capacidad para responder de los depósitos en los bancos y porque habría que imponer la limitación a toda la zona euro. El que Grecia tenga problemas, no significa que España tenga los mismos problemas. Y Krugman debería saberlo porque, dicen, es experto en ¡economía internacional! 

Como esto que acabo de exponer es política económica de nivel intermedio, la tontada bloguera de Krugman solo tiene dos explicaciones posibles. O Krugman no sabe lo que es un corralito, lo que nos dice que su Nobel fue un montaje del New York Times, o que, aprovechando nuestra histeria, sirve a intereses oscuros de Wall Street. O sea, que hoy no sé si es un tonto o un malo. Lo que sí sé es que la histeria le hace el juego. 

Así, no

El problema más acuciante, que no el más grave, de la economía española es el exceso de deuda. Mientras tengamos un 297,3% de deuda sobre PIB, un 92,1% de ella exterior, la economía española no puede esperar tasas de crecimiento por encima del 2%, a partir de la cual empezar a crear empleo. 

Para atajar un problema de endeudamiento, lo primero es no aumentarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer el conjunto de los agentes españoles. Así, las familias y empresas no financieras llevan ya tres años en los que ahorran más de lo que se endeudan (por eso no crecemos), mientras al sistema financiero se le impuso un ahorro forzoso (el aumento de su nivel de capitalización) que no está siendo suficiente. Por su parte, el sector público no sólo no empezó a ahorrar cuando debía, sino que lleva tres años de retraso en las medidas que tenía que haber tomado, por lo que ahora toca hacer un ajuste fiscal. 

Hemos, pues, de ajustar el déficit público, no porque el volumen de nuestra deuda pública sea excesivo, sino porque no es sostenible, dada nuestra estructura de impuestos y de gastos, teniendo en cuenta, además, nuestra deuda total, la dependencia exterior y que somos una economía sectorial y empresarialmente débil. Hay que reducir el déficit público, no porque lo exija Bruselas, sino porque la lógica de una economía de mercado, abierta y con moneda única, así lo exige. Como hay que hacer una profunda reforma de nuestra economía para volver a crecer y crear empleo. Y, hasta aquí, coincido con la política económica del Gobierno. 

En lo que ya no coincido es en la táctica. 

Por el lado de los impuestos se improvisa continuamente. A la subida de los tramos del IRPF, le siguió una amnistía fiscal y ahora una reforma del Código Penal. Cuando el IRPF, por ejemplo, lo que necesita es una reforma en profundidad que acabe con la injusticia con que son tratadas las rentas del trabajo. Como es conveniente dejarse ya de tontadas con el IVA y las Cotizaciones Sociales y subir uno y bajar las otras. Como habría que replantear todo el resto de tasas y precios públicos. Pero para ello habría que tener un plan de reforma fiscal integral y coherente, con las correspondientes simulaciones de sus efectos recaudatorios, económicos y distributivos, y no una sucesión de ocurrencias parciales. 

Por el lado de los gastos la táctica es no menos desastrosa. Es lógico que se esté parando la obra pública porque la dotación de capital físico no es pequeña. Lo que es absurdo es reducir la inversión en capital humano (mal llamado gasto en educación), en gran medida porque las personas que no se formen ahora no lo harán en el futuro, como no se pueden recuperar en el futuro las ideas y patentes que no se investiguen hoy. Que hay que moderar los gastos en educación y aumentar la productividad de los claustros es evidente, pero aumentar la ratio en las aulas (con pruebas empíricas de que eso empeora la calidad) cuando de lo que se trata es de que más estudiantes aprendan más, o cortar la financiación de la investigación básica, es una barbaridad. Como es una barbaridad de lesa humanidad dejar sin atención sanitaria a los inmigrantes, por mucha irregularidad en la que estén, cuando es posible reducir casi un 10% los gastos sanitarios con mejoras sencillas en la gestión. 

Antes que esto, y sin negar la necesidad de hacer más eficientes la educación y la sanidad, mejor hubiera hecho el Gobierno reformando la administración pública territorial (empezando por los ayuntamientos), eliminando organismos superfluos, cerrando televisiones públicas o reduciendo subvenciones a las empresas y a los agentes sociales. 

No. Me temo que así, no. Y menos sin un discurso valiente que nos explique la lógica de lo que se hace y por qué. Porque, además de medidas, este país necesita liderazgo. 

Urgencias de la economía española

La economía española se mueve hoy entre dos urgencias que condicionan su evolución, la política económica y su futuro. Estas dos urgencias son el alto nivel de endeudamiento del conjunto de la economía (un 297% del PIB, un 72,6% de ella pública), con la agravante de la dependencia exterior (un 92,1% del PIB), y, en segundo lugar, la insoportable cifra de 5.639.000 parados, que llegará a rozar los 6 millones a finales de año, con las agravantes de que tenemos más de 1,7 millones de hogares con todos sus miembros en paro, un paro juvenil superior al 50% y un paro de larga duración de 2,4 millones de personas. 

Ante estas urgencias, la respuesta evidente es el crecimiento. Es de libro de texto. Porque si la economía volviera a crecer (digamos al 3%), la tasa total de endeudamiento de la economía caería, tendríamos más consumo y más inversión, con lo que aumentaría el empleo y caería la tasa de paro. Entraríamos así en un círculo virtuoso que rompería la situación actual de crisis. 

El problema de esta solución tan evidente (que es posible articular en algunos países) es que no es posible en la España de hoy, porque no tenemos ningún mecanismo keynesiano de corto plazo que nos permita una vuelta rápida al crecimiento. La muy expansiva política monetaria del Banco Central Europeo (tipos de interés al 1%, con inflación del 1,3%) no llega a nuestras familias y empresas porque tenemos un sistema financiero aún dañado, por los abusos de nuestro crecimiento anterior y la ausencia de reformas de calado en los últimos años, y porque tenemos unas malas expectativas de crecimiento por el nivel de endeudamiento y la alta tasa de paro. Una política fiscal expansiva de gasto no es posible porque tenemos unos gastos fijos del sector público muy altos, precisamente porque lo sobredimensionamos en la época de bonanza (tenemos una ratio de empleo público sobre empleo total excesiva), nos dimos un amplio sistema de pensiones (con jubilaciones medias a los 62,3 años) y tenemos un altísimo paro que proteger. Más aún, no podemos expandir más el gasto porque si miramos el déficit público en relación con los ingresos tenemos que el sector público español gasta casi un ¡20%! más de lo que ingresa. Una política fiscal expansiva de ingresos no es tampoco posible porque las familias, en vez de gastar más (como predicen los modelos keynesianos), lo que harían, en el contexto de deudas que tienen y con la incertidumbre en la que viven, sería ahorrar y reducir deuda, con lo que cambiaríamos deuda pública por deuda privada sin activar el crecimiento (como Japón en los noventa). No podemos devaluar, como se hacía en el pasado, para activar la demanda exterior porque pertenecemos a la zona euro y nuestros principales competidores tienen la misma moneda. Como no podemos provocarnos una ligera inflación (del 4 o 5%), para aligerar la carga de la deuda, subiendo los salarios porque hemos perdido todo margen de competitividad (salarios/productividad) y tenemos una tasa de paro de casi el 25%. Finalmente, no podemos esperar ayuda de la Unión Europea en forma de fondos para el crecimiento porque ya no nos corresponden. 

El dilema para España no es pues, como algunos creen, entre crecimiento y deuda. Es que si no baja el volumen de endeudamiento no volveremos a crecer. Sencillamente, porque debemos demasiado. Piénsese que mientras España tiene un 297,3% de deuda sobre PIB (225,3% privada y 72,6% pública) y un 92,1% de ella exterior, Alemania sólo tiene un 209,4 (¡128,2! privada y 81,2% pública) y un ahorro exterior del 36,3% de su gigantesco PIB. Compárense las cifras para ver quién tiene que ajustar y por qué, quién presta a quién y- por qué unos mandan más que otros. 

 Tenemos que ajustar y reformar profundamente la economía española ya. Porque 5.639.000 parados tienen urgencia en encontrar empleo. 

Unas críticas constructivas

La política económica del Gobierno Rajoy tiene ya un número de decisiones suficiente (del que se vanagloria el mismo Gobierno) y ya ha pasado el suficiente tiempo como para poder hacer un juicio de conjunto de su desempeño. 

Lo primero, y más loable, de la política económica del Gobierno Rajoy es el ritmo en el que se están tomando las decisiones. Tras una legislatura en la que las decisiones se aplazaron por dos años y, luego, desde mayo de 2010, se tomaron de forma incompleta y espasmódica, era importante que hubiera un Gobierno capaz de tomar decisiones rápidamente para recuperar credibilidad. Es evidente que la mayoría absoluta y la presión europea han favorecido el ritmo, pero también es evidente que Rajoy ha querido marcar diferencias con Zapatero. Sin embargo, siendo loable el ritmo, incluso las cuestiones que está abordando, el Gobierno no está consiguiendo ganar la credibilidad perdida por dos razones, en mi opinión, claves: una pésima política de comunicación y la superficialidad e inoportunidad de alguna de las medidas. 

La política de comunicación del Gobierno está siendo francamente mala. No puede ser que Rajoy, que en teoría gobierna la política económica y por eso no nombró un vicepresidente económico, no sea capaz de explicar coherentemente qué se está haciendo y por qué. En su lugar, él y la vicepresidenta recurren a mantras que ya no tienen sentido para los analistas y la opinión pública. Apelar a la situación recibida está bien para debatir con la oposición, pero es información inútil por conocida. Sostener la inamovilidad de los objetivos de déficit está bien para trasmitirlo a la opinión pública, pero carece de sentido para los analistas si no se anuncian todas las medidas de una forma coherente. Como no puede ser que los ministros Guindos y Montoro no den una explicación ordenada de un plan de política económica. Peor aún, incluso cuando el Gobierno acierta en las medidas (como con la Reforma Laboral), deja a la oposición que focalice el debate. Lo siento, pero la política de comunicación de este Gobierno es un desastre que está afectando a la eficacia de la misma política económica. 

El segundo problema es la superficialidad y la inoportunidad de algunas de las líneas de política económica, especialmente en política fiscal. Puedo comprender que el Gobierno no haya tenido a punto los Presupuestos Generales del Estado en tres meses, y que necesitara, antes de terminarlos, determinar las necesidades de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Como puedo comprender que subiera las retenciones del IRPF. Pero no puedo comprender que improvise una inmoral amnistía fiscal (¡qué error!) cuando lo que tiene que hacer es perseguir el fraude, no se tocan los fundamentos legales por los que algunos pagan menos (módulos y tratamiento de las rentas de capital en el IRPF, etcétera), se tienen ocurrencias como la del copago progresivo de medicamentos y no se atisba la reforma fiscal (subida de IVA, bajada de cotizaciones, reforma del IRPF, etcétera) que debieran de haber tenido a punto. Como tampoco puedo comprender que no tengan un discurso sobre qué partidas de gasto eliminar o recortar y se tengan ocurrencias como las de Esperanza Aguirre sobre el modelo de Estado, se anuncien recortes en sanidad y educación en dos fases y se considere un tabú las prestaciones por desempleo. Creo que la política fiscal se sigue diseñando en este país a base de ocurrencias y da la sensación de que el Gobierno no tiene aún unas líneas de actuación creíbles para reducir el déficit. 

Gestionando mal la comunicación, no explicando sus decisiones, consintiendo que algunas de sus bases más carcas cuelen sus intereses (amnistía fiscal) y haciendo de los presupuestos un bazar de ocurrencias, me temo que el Gobierno tiene muy difícil ganar la credibilidad que perdimos con Zapatero. 

Y lo digo ahora, que aún es tiempo, porque, luego, con la desesperación, las ocurrencias se multiplican. 

Huelga política, lectura política

La huelga general de la semana pasada ha sido, como todas las huelgas generales, una huelga política. Y, como casi todo en política, es un juego comunicativo, porque la huelga general significa lo que cada uno que opine sobre ella quiere que signifique. 

Una huelga no es la forma de manifestar una voluntad colectiva porque, además de ser una acción negativa (no trabajar), no hay manera de saber lo que se sostiene (de ahí los mensajes simples), ni el grado en el que se prefiere. Desde un punto de vista democrático es sólo el ejercicio de un derecho, pero no es la manifestación de una voluntad popular. De ahí que no pueda compararse, ni por asomo, con unas elecciones libres en la que concurren, tras un periodo electoral, distintas opciones que plantean diversas posibilidades, y se ejerce el derecho al voto libre y secretamente. 

En una huelga general, no todos pueden ejercer su derecho al trabajo si, por ejemplo, se paran los transportes; el ejercicio del derecho es dual (o se está de huelga o no); y el ejercicio del derecho no es secreto (ni puede serlo) con lo que la presión de un grupo, sus amenazas o, sencillamente, no señalarse como diferente condicionan claramente su ejercicio. Teniendo esto en cuenta, decir que una huelga general es un ejercicio de democracia es tener en muy poco lo que es la democracia. Porque la democracia, además de derechos y su ejercicio (entre ellos el de huelga), es un conjunto de procedimientos para la conformación de la voluntad popular a partir del voto igualitario y libre de cada uno. 

Precisamente porque una huelga general es un procedimiento escasamente democrático (aunque sea el ejercicio de un derecho democrático) es por lo que el significado político de la huelga depende de lo que se diga de la huelga, de la percepción que se forme el Gobierno y si ésta le hace cambiar de opinión. De ahí, también, que el éxito o el fracaso de una huelga no se pueda medir el día que se produce, sino después y según sus consecuencias. 

Una huelga, por muy seguida que sea, y la de la semana pasada no lo fue, que no cambie nada es un fracaso para los que la convocan y un éxito de aquel contra el que se convocaba (el Gobierno). Una huelga escasa que se amplifique y a la que el Gobierno atienda será un éxito porque logra influir en éste. El éxito de una huelga general, pues, no depende tanto (que también) de su seguimiento, sino de si el Gobierno deja que sea un éxito. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y sin entrar en valorar las razones de la huelga, en mi opinión, el Gobierno se equivocaría si convierte la huelga general del día 29 en un éxito para los sindicatos. Es decir, creo que el presidente Rajoy se equivocaría si consiente que una huelga tenga una legitimidad similar que unas elecciones generales celebradas hace escasamente cuatro meses. Si presta más atención a unos sindicatos dudosamente representativos que a los mismos partidos políticos de la oposición. Si deja que las leyes se puedan reformar desde la calle. 

Más aún, creo que se equivocaría en mucho si modifica la reforma laboral emprendida porque, si hay un mercado que necesita un profundísimo cambio en su regulación, es el mercado de trabajo español que ha producido la tasa de paro más alta de los países desarrollados, y la reforma, aunque incompleta en no pocos aspectos, va en la buena dirección. Y, desde luego, si cede supondría, no sólo un error político, sino un error político con consecuencias económicas porque supondría una inmensa pérdida de credibilidad de un gobierno que goza, además, de una amplia mayoría absoluta ganada en las urnas. 

Por todas estas razones espero que el Gobierno no ceda ni un ápice. El problema, entonces, lo tendrán los sindicatos. Lo que no estaría mal, para variar. 

Ideas sobre las deudas autonómicas

En medio del torrente de noticias que permanentemente recibimos, hay hechos que se resumen en un titular y pasan sin análisis al imaginario colectivo. Uno de estos hechos resumidos y convertidos en grandes frases es el tema de las cuentas de las Comunidades Autónomas. Un tema importante por sus efectos económicos y por su utilización política sobre el que es necesario reflexionar. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada administración que compone el conjunto del sistema administrativo español es económica y financieramente diferente, a pesar del intento de todas las autonomías de crear miniestados. Así, la Administración Central del Estado es una administración fundamentalmente reguladora y financiadora (recauda los impuestos y gestiona la deuda pública principal), mientras que la Seguridad Social es una administración de redistribución interna de la renta (contribuciones sociales y prestaciones) y las Comunidades Autónomas son administraciones orientadas a la prestación de servicios públicos, esencialmente educación y sanidad. De esta diferencia entre administraciones se tiene que deducir un primer corolario pues, mientras que es la Administración Central la que tiene que tomar las decisiones sobre impuestos y asumir su coste político, son las Comunidades Autónomas las que tienen la responsabilidad de ajustar el grueso del gasto público y asumir su coste político. De ahí, también, el que sea la Administración Central la que presione y regule las posibilidades máximas de gasto de las Comunidades. 

En segundo lugar, las Comunidades Autónomas, por la naturaleza de su función, son la administración más gastosa porque son las responsables de los gastos públicos que consumen más personal (la educación y la sanidad tienen como principal coste los recursos humanos) y porque sus servicios son bienes públicos individualizados que llegan a cada uno de los ciudadanos. Todas las Comunidades Autónomas, en esencia, tienen las mismas competencias básicas y todas tienen la misma función. Más aún, en teoría toda la ciudadanía tendría, según la igualdad que consagra la Constitución, que recibir los mismos servicios públicos. Y, sin embargo, el gasto por habitante (en educación o sanidad) difiere entre las comunidades, siendo mucho más alto en las más ricas. 

En tercer lugar, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas vigente es, además de complejo, también desigual, porque al incluir como criterio el PIB hace que la financiación por habitante sea mayor en las más ricas. Aparte de la excepción de las Comunidades Forales (País Vasco y Navarra), la complejidad de los variables de cálculo (población, territorio, PIB, etc) hace que haya comunidades autónomas bien financiadas (esencialmente las uniprovinciales), comunidades con financiación suficiente (Castilla-León, Madrid, las insulares, Valencia, Cataluña) y otras crónicamente mal financiadas (Extremadura). Dicho de otro modo, la financiación por habitante que recibe un residente de Madrid o Cataluña es mayor que la financiación por habitante de un extremeño o un gallego. 

De lo anterior se puede deducir que las deudas que acumulan las Comunidades Autónomas (el 13,1% del PIB) no sean iguales, ni pueden tratarse por igual, porque tienen distinto origen. Así, los 5.707,5 euros por habitante que deben los catalanes o los 4.142 euros de los valencianos no se deben a un problema de financiación, pues el sistema les ha beneficiado lo mismo que a los madrileños (2.418 euros de deuda), sino a un exceso de gasto en servicios públicos. Son estas comunidades, pues, las que han de hacer el esfuerzo más grande por ajustarse, no sólo porque son las que más deben, sino porque deben mucho más que comunidades más pobres que tienen menos financiación por habitante, como es el caso de Andalucía con una deuda per capita que es un 30% de la catalana. 

Lo siento, pero no se puede despachar un ajuste fiscal como el que hemos de hacer repartiendo los recortes burdamente, pues me temo que el tema es bastante más complejo. Creo que haría bien el Gobierno en explicarlo, aunque sea entonando el mea culpa del despilfarro en Valencia. 

Las razones de Merkel

Es un hecho casi evidente que las decisiones del eje franco-alemán determinan la política económica europea. Para comprender la política económica alemana respecto Europa es necesario tener en cuenta que la política económica de un gobierno democrático está determinada no solo por el análisis que haga en cada momento el Gobierno, sino por lo que piense su opinión pública. Debajo de toda política económica late la opinión del ciudadano medio, filtrada y manipulada por los medios, y la interpretación que de ésta hagan los partidos políticos y, sobre todo, el Gobierno que es quien lleva la iniciativa. Conocida, pues, la opinión del ciudadano medio alemán podremos comprender las razones de Merkel. El ciudadano medio alemán tiene un buen conocimiento de su economía. En Alemania, los libros de alta divulgación económica son bestseller porque los alemanes leen. La explicación del éxito económico alemán contenido en ellos se sintetiza en cuatro ideas clave que son casi dogmas en Alemania. A saber, primera: el éxito económico alemán se basa en una economía industrial de exportación de alta calidad y tecnología, con mecanismos de redistribución interior a través del Estado de Bienestar; segunda: para que esta economía crezca son necesarios precios estables (inflación cero) y una moneda estable; tercera: para tener esta estabilidad es fundamental una política monetaria ortodoxa, una política fiscal equilibrada y un mercado de trabajo que relacione salarios con productividad; y cuarta: este modelo es que tiene que adoptar Europa en su conjunto porque, como Alemania, tiene ventaja competitiva en capital humano y no tiene recursos naturales. Con estas ideas en la cabeza, Alemania no comprende a la economía británica orientada a las finanzas, ni el estatismo francés, ni la economía griega, basada en el comercio y el turismo. El ciudadano medio alemán está cansado de la estructura actual de Europa. Sabe que aporta 1.045 euros per cápita netos a la UE, mientras que un francés solo aporta 805, un español recibe 49 y un griego gana 2.284. Y está cansado de que cada ocurrencia europea sea un juego en el que "todos ganan y, al final, paga Alemania". Como está harto de que su poder en Europa no sea correlativo a su aportación y su economía. Y recuerda que, mientras ellos financiaban a las regiones más atrasadas en Europa, nadie les echó una mano para reconstruir la Alemania del Este. 

El ciudadano medio alemán está preocupado por la crisis del euro y está arrepentido de haber cedido el marco para crearlo, con socios que le han engañado, y por eso no entiende que se quiera cambiar una política monetaria que a ellos les funcionó durante 50 años. Como no entiende que si ellos hicieron una profunda reforma de su Estado del Bienestar y reformaron su mercado de trabajo, no estén dispuestos los demás a hacerlo con los graves problemas actuales. 

El ciudadano medio alemán, educado en la ética de los principios y no en la de las consecuencias, cree que Grecia tiene que pagar sus deudas porque es lo que hay que hacer y una deuda es un compromiso (palabra mágica para un alemán). Además, teme que si acepta que Grecia no tenga castigo, los italianos y los españoles tampoco paguemos. Prefiere el coste de hacer lo que se debe, antes que transigir y hacer lo que sería más práctico y conveniente. 

Finalmente, el ciudadano medio alemán no entiende que los critiquemos y, al mismo tiempo, les pidamos ayuda. Como no entienden que los que mintieron y gastaron por encima de sus posibilidades sean ahora las víctimas. 

Estas ideas son, en mi opinión, la base de la política de Merkel. Ideas que hemos de tener en cuenta porque pesarán de forma creciente en la política europea, pues hay elecciones federales en 2013. Y es que comprender a Alemania es clave para poder elaborar nuestra política económica. Algo que Zapatero nunca supo y que espero que Rajoy aprenda pronto. 

Mucho por hacer

La reforma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno tiene muchas lecturas desde muchos puntos de vista. Puesto que, para los economistas, la ley es sólo un instrumento que regula las posibilidades de acción de los agentes, el análisis de esta reforma, como de cualquier otra medida legal, hay que hacerla desde la perspectiva de qué posibilidades abre. O mejor, de qué problema es el que se pretende atajar y si ataca sus causas. 

Los cuatro ejes de medidas contenidas en la primera parte del decreto (la segunda es de adaptación de normas subsidiarias) pretenden atajar el grave problema del paro mejorando la empleabilidad de los trabajadores y su disposición a contratarse, favoreciendo la contratación indefinida, aumentando la flexibilidad interna de la organización en la empresa y, finalmente, luchando contra la dualidad del mercado laboral. Para ello, el Gobierno modifica y aclara muchas de las posibilidades que ya tenía el Estatuto de los Trabajadores y que bien no se usaban, bien no funcionaban correctamente. 

De todas esas medidas y modificaciones dos son, desde un punto de vista económico, las más importantes. En primer lugar, las que abaratan los costes de despido colectivo, objetivando las causas y estableciendo topes de indemnización más bajos, al tiempo que elimina los trámites administrativos previos, porque permitirán a las empresas realizar los ajustes de plantilla con menos coste y más rápidamente. Y, en segundo lugar, la que posibilitan realmente la modificación de las condiciones laborales por parte del empresario a la realidad económica de la empresa, siendo subsidiario el convenio colectivo (la famosa cláusula de "descuelgue") de las regulaciones dentro de la empresa, porque permitirán acompasar los costes laborales a la productividad real de la empresa. Estas dos medidas lo que van a permitir, desde un punto de vista económico, es hacer más rápido el ajuste de salarios por hora (la devaluación interna) que tiene que hacer la economía española para volver a ser competitiva. Se podría así empezar a atajar el paro clásico (por exceso de salarios nominales frente al exterior) que tiene nuestra economía y bajaría así la cifra mágica (dada por la vieja ley de Okun) del 2,5% al 1,8% de crecimiento para crear empleo neto. 

Las demás medidas son, en mi opinión, de menor calado y efectividad porque nacen de la inercia de pensamiento, cuando no lo hacen del cálculo electoral o son mera retórica. Así, la reforma de la formación dentro de las empresas o los incentivos para la contratación son medidas superficiales que vienen a contentar a las microempresas, pero que no serán efectivas mientras no se reforme de veras la Formación Profesional y el sistema de protección social de los desempleados. De igual forma, dudo mucho que sea posible atajar la dualidad del mercado laboral español sin una más profunda reforma de los derechos de indemnización adquiridos. 

La reforma laboral que ha presentado el Gobierno Rajoy es una reforma importante del ordenamiento jurídico laboral, pero no es una revolución. Es, pues, un primer paso en el buen camino de modificación de nuestro mercado de trabajo, pero aún quedan pasos por dar que son de tanto o más calado: una reforma profunda de la Formación Profesional (más allá de las ocurrencias zapateriles del ministro Wert), una reforma profunda de las prestaciones sociales por desempleo y, sobre todo, un cambio en la financiación de la Seguridad Social que cambie las cotizaciones sociales por impuestos directos e indirectos. Si se hiciera así, probablemente, tendríamos un mercado laboral mucho más eficiente. 

Un mercado laboral más eficiente es sólo una condición necesaria para luchar contra el paro. Pero no es una condición necesaria. Porque la condición necesaria para crear empleo neto y bajar la tasa de paro es que la economía española vuelva a crecer. Queda, pues, mucho por hacer en nuestro mercado de trabajo y vamos tarde. Porque las reformas que se están haciendo ahora son las que tendríamos que haber hecho hace tres años. 

La reforma del sistema financiero

Oculta entre el Congreso del PSOE y las ocurrencias de los ministros de Justicia y de Educación, el Gobierno aprobó el viernes pasado una nueva reforma del sistema financiero español. Una reforma, la tercera desde que empezó la crisis, que no por reclamada y esperada es menos importante. 

La razón evidente de la necesidad de esta reforma es que las dos anteriores promovidas por el gobierno Zapatero no han funcionado, por lo que la situación de las instituciones financieras y, con ellas, de la economía, es más crítica. 

El sistema financiero español necesita una reforma profunda porque no está cumpliendo con su función básica que es financiar a las empresas y familias, lo que profundiza la crisis económica. Más aún, las dificultades de nuestro sistema financiero impiden que la política monetaria de bajos tipos de interés que está siguiendo el Banco Central Europeo, ante la práctica estabilidad de precios que vive la eurozona, no se transmita a la economía española. Se produce así la paradoja de que en plena expansión monetaria no llega el dinero a la economía real porque el sistema financiero está dañado. Tan dañado que el flujo de financiación para el conjunto de nuestra economía sido en 2011 poco más del 20% del que hubo en 2007. Un botón de muestra de este hecho es que el importe mensual medio de hipotecas concedidas en 2007 fue de algo más de 25.000 millones de euros, mientras que la media de los últimos doce meses no llega a 6.300 millones (el 25,3%). La reforma del sistema financiero es, desde un punto de vista macroeconómico, una imperiosa necesidad. 

Una necesidad que, desde la perspectiva de las instituciones financieras, implica sanear el balance y reestructurar su cuenta de resultados. Sanear el balance supone que, puesto que el valor actual de sus activos (lo que poseen) es menor que el valor al que los compraron, tienen que encontrar la forma de financiar este menor valor. Para ello tienen tres opciones básicas o combinaciones de ellas: o bien generan beneficios que, destinándolos a provisiones, compensen; o bien convencen a los mercados (instituciones financieras internacionales porque dentro de España todos están más o menos igual) de que les den financiación para cubrir el agujero con la promesa de devolverles el dinero en unos años; o bien consiguen que los inversores quieran entrar en el capital social de la institución correspondiente con la promesa de los beneficios futuros. 

El problema es que para intentar cualquier opción anterior, las entidades tienen que tener una cuenta de resultados con beneficios, porque si no generan estos beneficios no pueden dotar provisiones, nadie les refinanciaría y, desde luego, nadie invertiría en un negocio ruinoso. Y para conseguir esta cuenta de resultados saneada es por lo que van a empezar las fusiones, porque una fusión permite cerrar oficinas, ajustar los costes de personal, adquirir tamaño y diversificar riesgos territorial y sectorialmente. Todo esto lo podían haber los bancos motu propio, por ellos mismos, pero ninguno, con honrosas excepciones, lo quiso hacer, porque las reformas legales anteriores fueron eran más suaves (las erróneas fusiones frías) en un intento de ganar tiempo, esperando que éste resolviera el problema. La reforma actual endurece la ley y obliga a los bancos a dotar provisiones de los activos dañados, lo que, a su vez, los fuerza a buscar dinero (algo más de los 50.000 millones que dijo el ministro Guindos) especialmente fuera de nuestra economía y reestructurar sus estrategias y actividades. 

El resultado de esta reforma será que el sistema financiero español estará compuesto por pocas entidades de gran tamaño: dentro de un año no tendremos muchas entidades bancarias comerciales con balances menores de 100.000 millones, por lo que el mercado financiero español se lo repartirán entre 15 y 20 instituciones, algunas con distintas marcas comerciales. 

Por cierto, que de las responsabilidades del supervisor del sistema financiero, o sea, del Banco de España, hablaremos otro día. 

Ajuste fiscal sin reformas

El primer problema sobre el que el Gobierno está haciendo mucho hincapié es que la economía española necesita, por urgencia y porque condiciona la solución de todos los demás problemas, resolver su situación financiera. Es decir, reducir el exceso de deuda que tiene el conjunto de la economía y la dependencia que tiene de la financiación exterior. Un exceso de deuda sobre nuestro PIB que implica que, para resolverlo, es necesario o bien reducir esa deuda, o bien que el PIB nominal (incluyendo la inflación) crezca, o bien una mezcla de ambas cosas. Puesto que las expectativas de crecimiento de nuestra economía son muy negativas en los próximos años (en términos reales decreceremos unas décimas y en términos nominales creceremos otras décimas), y las familias y empresas ya están haciendo su particular ajuste financiero, el Gobierno ha puesto en marcha una política drástica de ajuste fiscal, subiendo los impuestos y recortando los gastos. Y digo drástica porque si sumamos las decisiones de política fiscal tomadas por el Gobierno Zapatero, más las del Gobierno Rajoy y le añadimos las tomadas por las Comunidades Autónomas, nos encontramos que, en los dos últimos años, se ha paralizado prácticamente la obra pública y la inversión en I+D, se han subido el IVA y el IRPF, se ha recortado el sueldo de los funcionarios, se están recortando los gastos sanitarios y educativos y se van aplazando los pagos hasta el infinito, todo ello al tiempo que suben todos los impuestos menores y aumenta la voracidad recaudatoria de las sanciones. 

El resultado final de esta política generalizada de todas las administraciones es que la economía española está sufriendo una política fiscal doblemente restrictiva, que afecta, a corto plazo, negativamente al crecimiento económico (y al paro), sin que tengamos claro que esta política vaya a mejorar el crecimiento a medio plazo o a la eficiencia de la administración. Y es ahí donde radica el problema, porque la política fiscal que está haciendo este Gobierno, en la línea con el anterior, es de un ajuste necesario en las grandes cifras de déficit (lo que macroeconómicamente es correcto), pero no está ni siquiera anunciando una reforma profunda de la estructura administrativa y fiscal española que la haga más eficiente en términos de resultados sobre el crecimiento y sostenibilidad económica. Dicho de otra forma, los recortes que estamos haciendo no tienen más efectos que el de aminorar la deuda a corto plazo, lo que es necesario, pero no hacen más eficiente la administración, ni son útiles para el crecimiento, que es el objetivo que realmente tendrían que tener los ajustes. 

La economía española necesita, para que el sacrificio sea útil, una profunda reforma de sus administraciones con una clarificación de su reparto competencial, una simplificación de los trámites y procedimientos, una nueva forma de gestión y de relación con la ciudadanía, una más equilibrada financiación en todos los niveles, una más justa carga fiscal y una más amplia rendición de cuentas. Mantener la misma estructura administrativa con duplicidades, recortar linealmente todas las partidas (¡qué inmenso error el recorte en I+D!), no tocar los obsoletos sistemas de subvenciones, mantener administraciones paralelas o no ir más allá que la mera declaración de intenciones en la lucha contra el fraude fiscal, es hacer una política tan miope como la que venía haciendo el anterior Gobierno. Ajustar los presupuestos para alcanzar unas cifras de déficit y no reformar la estructura de gasto y de ingresos es desaprovechar una oportunidad de reforma que la mayoría absoluta posibilita a este Gobierno. 

Por eso, mejor haría el ministro Montoro en trabajar en un plan de reforma de las administraciones públicas y del sistema tributario que andar con declaraciones inoportunas y ocurrencias, como la de reformar el Código Penal para meter en la cárcel a los que se pasen del presupuesto. Entre otras cosas, porque el ministro de Justicia solo se salvaría por la irretroactividad de nuestras leyes penales.