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jueves, 26 de abril de 2018

Estabilidad más inmovilismo igual a nada

En España parece que la política nacional va muy deprisa, que ocurren muchas cosas y muy rápido, cuando, en realidad, no pasa nada. Leemos ávidamente las noticias, dramatizamos y hacemos polémicas de varios días sobre cuestiones nimias (y nada más nimio que una foto de la Casa Real), nos ponemos sesudos en las tertulias, hacemos análisis, y... Corremos a la siguiente noticia, a la siguiente polémica que no tiene la más mínima importancia, porque, en realidad, en la política española no pasa nada. Y no pasa nada porque nada hacen nuestros políticos. 

La prueba de que no se hace nada la tenemos por doquier. En Cataluña sigue la fractura social que se ha venido cultivando en los últimos veinte años, sin que la aplicación del 155 haya variado ni un ápice la orientación política de una sociedad hacia el desastre de la «irreconcialización». Los independentistas han entrado en un debate jurídico contra uno de los sistemas judiciales más garantistas y lentos del mundo, mientras el Gobierno central aplica el 155 de una forma tan transitoria y light que parece que no se tenga gobierno. En la política catalana, en realidad, no ha cambiado nada, pues siguen los mismos relatos nacionalistas en TV3, las mismas orientaciones en la educación, los mismos atascos en las infraestructuras. Salvo que han perdido algunas sedes sociales de empresas, la admiración del resto de los españoles y la efervescencia «indepe-flower-power», en la política catalana, bajo su apariencia de actividad, no pasa nada. 

Nada hace tampoco el Gobierno vasco. ETA dejó de existir hace años, así que el gobierno eterno del PNV solo se tiene que preocupar por mantener su privilegiado concierto. Como nada pasa por Galicia, por Asturias, las Castillas o Extremadura, La Rioja, Aragón, Valencia o Murcia, por lo que sus gobiernos tampoco tienen mucho que hacer más allá de las quejas recurrentes por el tema de la financiación. Por ser recurrentes, hasta el presidente García-Page de Castilla-La Mancha dice hoy lo mismo que decía Bono hace veinte años del trasvase Tajo-Segura. Y en Madrid pasan tan pocas cosas que sus políticos se entretienen en inventarse currículos o conspirar contra sus líderes. 

Nada pasa en la política andaluza tampoco. Andalucía es, según el discurso oficial de la Junta (y lo he oído tres veces en los últimos días), una especie de paraíso de estabilidad, nueva palabra mágica, porque se han aprobado los presupuestos en tiempo y en forma (como si eso no fuera una obligación mínima exigible) y mejora la economía, como si fuéramos la única comunidad autónoma en la que esto ocurre. Nada parece que tenga que hacer la Junta con la tasa de paro diferencial, ni con el abandono escolar (más allá de maquillar la estadística) o con las listas de espera sanitaria. Como nada parece que tenga que hacer en esos barrios en los que se concentra el 10% de los andaluces que ya viven la marginación o están en riesgo de ella. Y como no hay nada que hacer, nada dice tampoco que se haga la leal oposición. 

Y, desde luego, nada tiene que hacer el Gobierno central. Nada tiene España que decir en Europa, ni el nuevo mapa político latinoamericano (salvo en Argentina, que para eso es gallego el presidente) y, desde luego, nada que decir con respecto al resto del mundo. Como nada hay que hacer para mejorar el mercado laboral, ni hacer ningún cambio en la política fiscal o de gasto (ya se ha hecho bastante presentando los presupuestos «más sociales de la historia»). Y, como es lógico, ya que nada pasa en España, nada hay que hacer con los problemas de articulación territorial. Y, en reciprocidad con la situación en Andalucía, tampoco la leal oposición tiene nada que decir que se haga. 

Leyendo las noticias parece que en la política española pasan muchas cosas, cuando, en realidad, no pasa nada. Quizás porque no hay nada que arreglar... Hasta las próximas elecciones. 

26 de abril de 2018

lunes, 9 de abril de 2018

Más sobre las pensiones

Uno de los problemas de la política es la forma parcial con la que se abordan los temas complejos. Se identifica un problema, se genera un debate a base de ideas simples (normalmente tuits o titulares), se dan tres o cuatro discursos reiterativos, se califica al contrario, se amplifica en las tertulias radiofónicas y televisivas y se dan tres soluciones mágicas, que no tienen ningún efecto porque la actualidad devora a sus propias noticias, se convoca una comisión de expertos en el Congreso o en el Parlamento correspondiente a los que nadie escucha… dejando el problema en una situación parecida a como estaba, si no peor. Si el problema se llega a abordar con un cierto rigor, entonces nos damos cuenta de que el tema tiene algunas implicaciones y lo abandonamos o no lo resolvemos, aparcando la solución para más adelante. Es lo que pasa con las pensiones que no es posible abordarlas si no tenemos en cuenta las consecuencias de su financiación. 

Dicho de una manera sencilla: la forma en la que financiamos las pensiones en España es parte del problema de la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones. Es decir, el gasto total en pensiones no es sostenible en el tiempo, ni las pensiones pueden ser dignas y suficientes, mientras la forma de financiarlas sean las cotizaciones sociales. 

De la misma forma que el gasto total en pensiones está gobernado por dos variables, el número de pensionistas y la pensión media, y crece al ritmo de crecimiento (multiplicado) en el que crezcan las dos variables, la financiación está gobernada por tres variables, el número de trabajadores ocupados (cotizantes a la Seguridad Social), el salario medio y el tipo de cotización (en el entorno del 24% de los salarios medios). Pero mientras el número de pensionistas es función de la demografía y la pensión media decisión del Gobierno de turno, la financiación depende de variables que no sólo no controla el Gobierno (el número total de trabajadores cotizantes o los salarios medios), sino que el crecimiento de las dos variables al mismo tiempo es contradictorio, pues si crecen los salarios por encima de la productividad, no crece el empleo, por lo que el crecimiento de las dos variables (empleo y salarios) sólo se da en épocas de booms económicos, que son muy improbables en economías maduras y poco dinámicas como la nuestra. Peor aún, la única variable que puede tocar el Gobierno, el tipo de cotización, ya muy alto (cercano al 24%), tiene, además, el problema de que hace decrecer el número de trabajadores cotizantes o producir un ocultamiento de salarios, es decir, ¡produce paro! Dicho en plata: mientras no se reforme en profundidad el sistema de financiación de las pensiones en España, las pensiones en nuestro país o no son sostenibles o no serán suficientes, salvo recortes significativos en las otras grandes partidas de gasto social (educación y sanidad). 

Y es que las cotizaciones sociales son uno de los engaños fiscales mejor montados de la historia. Creadas por Bismarck para atraerse a los obreros en un contexto de pleno empleo (masculino), son recaudadas por las empresas y pagadas… por los consumidores. Con lo que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el consumo, más regresivo incluso que el IVA, que de paso encarece el factor trabajo y genera paro, lo que a su vez hace que se recaude menos y se compita peor en los mercados exteriores. Es decir, si hay un sistema perverso, y más en un país con una tasa de paro como la nuestra, para financiar una partida de gasto social que, además, sabemos creciente, y de la que depende parte de la estabilidad del consumo y el bienestar de la gente, son las cotizaciones sociales. 

Pero, como tantas cosas en nuestro país, las cotizaciones son sagradas… para partidos e ideologías que, curiosamente, se suelen declarar ateos. 

9 de abril de 2018