Yo soy uno de los miles de andaluces que, conscientemente, se abstuvieron en el Referéndum del Estatuto. Me he abstenido, y ni siquiera he opinado en estas páginas sobre él, porque no me gusta este Estatuto, como no me gustó el de Cataluña, sobre el que sí opiné y con contundencia.
Y no me gusta porque el proceso que nos ha llevado a él ha sido erróneo y está produciendo un resultado final desordenado. Es cierto que era necesaria una reforma estatutaria para adaptar los estatutos a la realidad política y administrativa del Estado de las Autonomías. Pero eso se debería haber hecho bien desde una reforma de la Constitución, bien desde una ley genérica de reforma que marcara los límites y distribuyera las competencias siguiendo un criterio de eficiencia. Y desde una reforma del Senado que nos hubiera llevado a un Estado federal más racional que la extraña confederación en la que estamos convirtiendo a España. Y es falso que hubiera un clamor popular a favor de las reformas, pues solo se han hecho por el impulso de la minoría nacionalista, por razones partidistas y por la debilidad de un Gobierno en minoría y sin pulso ideológico. Que el PP se haya sumado a esta reforma no carga de razón a este Estatuto. Al contrario, me refuerza la percepción de que todo este proceso de reformas estatutarias está montado por las élites políticas para distribuirse el poder.
Y tampoco me gusta el articulado. Ya el preámbulo es un monumento a las frases sin contenido, como la declaración de derechos de la primera parte es un monumento al absurdo. Al absurdo porque si el PSOE y el PP están de acuerdo en darnos un derecho a los andaluces, no entiendo por qué no se puede aprobar una ley en el Congreso que diera esos mismos derechos a todos los españoles. Más aún, no me fío de los políticos que nos dan derechos que, después, no nos permiten ejercer, como no me fío de los derechos declarativos que no se pueden exigir. Y basta mirar la Constitución española y la realidad del derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la libertad educativa, la igualdad ante la ley, etc. para saber lo que da de si una declaración de derechos. Como tampoco me gusta el tufillo nacionalista, premoderno y paternalista, de muchos artículos. Y es que parece que el Estatuto, más que un marco de libertades y de instituciones para un mejor gobierno, es un catálogo de aspectos de nuestra vida sobre los que tendremos que pedir permiso a sapientísimos funcionarios de la Junta. Lo siento, pero, además, no me han convencido las razones que se me han dado en la campaña del Referéndum. Así, la apelación de Izquierda Unida a los derechos y a los ayuntamientos me resultó infantil e inoportuna, mientras que el PSOE, en una campaña con la complicidad de los medios públicos, ha estado demostrando su ignorancia económica al vincular crecimiento económico con autonomía, una vinculación indemostrable, entre otras cosas porque el Gobierno andaluz no ha tenido (y gracias a Dios no tendrá) competencias sobre las políticas macroeconómicas. Como ha sido muy pedestre el mensaje del PP, pues la eficacia en la gestión no aumentará con este Estatuto, sino que posiblemente, con la reforma estatutaria hagamos más ineficaz al conjunto del sector público que sostenemos los ciudadanos con nuestros crecidos (y crecientes) impuestos.
Lo siento, pero ni me ha gustado el proceso, ni el resultado, ni la ideología que lo ha movido, ni la campaña con que me lo han vendido. Por eso no fui a votar. Y mucho me temo que por las mismas razones tampoco fue a votar una inmensa mayoría de andaluces. Y si los políticos no entienden el mensaje que les hemos dado es que son más incompetentes en su profesión de lo que todos los días nos demuestran.
26 de febrero de 2007
