La economía española tiene una profunda crisis fiscal. Con un déficit público para el conjunto de las administraciones públicas en el entorno del 10% para el año pasado y de alrededor del 7% para el año actual, con todas las administraciones alargando descaradamente los tiempos de pagos, con empresas públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas (gobernadas por uno y por otros) que se endeudan por encima de lo legal, es imposible negar la necesidad de una consolidación fiscal en los próximos años. Las finanzas públicas españolas necesitan una profunda reforma, sencillamente porque su situación es insostenible: hay que gastar menos y gastar mejor y, también, hay que recaudar más y más justamente.
Para hacer lo primero, gastar menos y mejor, hay que seguir, en mi opinión, tres líneas claras de actuación. En primer lugar, plantear el debate sobre la distribución de competencias entre administraciones. Esto supone cuestionar la deriva descentralizadora de los nuevos estatutos, pero es que, en mi opinión, y no es sólo una cuestión de gasto público, no podemos permitirnos el Estado de las Autonomías que se vislumbra al final de los nuevos estatutos. De cualquier forma, y a falta de una nueva distribución de competencias, casi imposible por razones casi obvias, el camino más lógico es el que la semana pasada abrieron el Ministerio de Sanidad y las comunidades con los acuerdos sobre gasto sanitario. En segundo lugar, es necesaria una profunda reordenación de las transferencias sociales y a las empresas. No podemos seguir teniendo un sistema de protección social que incentive el paro de largo duración (y esto es un tema lo suficientemente complejo como para que lo aborde en otro artículo), como no podemos tener un sistema de subvenciones a las empresas por el que sectores enteros dependen de la ayuda pública, no teniendo ningún incentivo ni para la innovación, ni para la competitividad. Y, finalmente, y en tercer lugar, es necesaria una gestión de las cuentas públicas desde una presupuestación de "base cero", es decir, hay que enfrentar las partidas de gasto según la idea de que todo gasto es prescindible y hay que tener razones importantes para mantenerlo. Si esto se hiciera con rigidez, mucho del gasto duplicado e inflado desaparecería, al tiempo que pondrían en evidencia los abusos que se han dado de las finanzas de todos.
Para recaudar más y más justamente es necesaria una importante reforma fiscal que ha de empezar por simplificar y subir el IRPF para las rentas más altas (los ricos no tienen paro y no se desincentiva el consumo), sustituir tramos de Cotizaciones Sociales (un impuesto indirecto y regresivo que penaliza el empleo interior) por IVA, recuperar el Impuesto de Patrimonio y, desde luego, subir los impuestos especiales porque no son regresivos y son altamente recaudadores.
Me temo que ante la gravedad de la situación, proponer sólo voluntaristas recortes de gasto y una tímida y extemporánea subida del IVA, como está proponiendo el Gobierno, es tan ineficaz como las airadas y genéricas llamadas a recortes de gasto y bajadas de impuestos que propone el Partido Popular. El Gobierno no se ha dado cuenta de que la estrategia que se siguió en los noventa no sirve ahora porque esta crisis es mucho más profunda, mientras que la oposición sigue leyendo viejos manuales de Hacienda Pública en los que todavía existe la curva de Laffer, según la cual una bajada de impuestos aumentaría la recaudación. Me temo que ni unos ni otros se han dado cuenta de lo muy grave de la situación de las finanzas públicas y de que los españoles, por lo privado o lo público, tenemos una de las deudas más altas de los países desarrollados. Una deuda que nos vence en los próximos años y que lastrará nuestro crecimiento. Una deuda que agostará los escasos brotes verdes de nuestra economía. Una deuda creciente si no hacemos una responsable consolidación fiscal.
23 de marzo de 2010
