Subasta fiscal

Desde que el PP ofreciera en su programa electoral de 1993 una bajada de impuestos no hemos tenido unas Elecciones Generales en las que no haya habido ofertas fiscales. Descubierto por el PSOE el tirón electoral de la cuestión impositiva, entró en ella con la simpleza de que "bajar el IRPF es de izquierdas", para proponer, en las elecciones del 2004, el impuesto de tarifa única de Miguel Sebastián, que se quedó en la última y mínima reforma de Solbes. 

Como estamos en periodo electoral, la cuestión ha vuelto a plantearse y, como corresponde a nuestra plaza pública, en forma de escuetos mensajes publicitarios, por lo que, en vez de un debate sobre los impuestos, a lo que asistimos es a una subasta electoral. Una burda subasta electoral en la que solo nos venden eslóganes, pues no se explicitan las razones y consecuencias de las propuestas. 

Ha abierto la subasta el PP con una muy inconcreta propuesta sobre la eliminación del IRPF a las rentas menores de 16.000 euros. Una propuesta dirigida a los jóvenes para contrarrestar las del PSOE sobre vivienda y renta de independencia. Una propuesta defendida por Acebes con la argumentación de que no implicaba una menor recaudación, pues, como ya sabemos por las dos reformas que hizo el Gobierno de Aznar, una bajada de impuestos sobre la renta implica un mayor consumo, por lo que hay una mayor recaudación a través de los impuestos indirectos y de las cotizaciones sociales. Lo que Acebes no dijo es que, con esta reforma (como con las anteriores) la presión fiscal, o sea, lo que pagamos en media cada uno de los ciudadanos, no baja (por eso se mantiene la recaudación), y que lo sí ocurre es que la carga se distribuye peor, porque las rentas bajas seguirían soportando una mayor carga, en porcentaje, que las altas. No cambiaría, pues, la carga media, pero empeoraría la distribución, haciéndola más aún más regresiva. Algo que ya hicieron cuando gobernaron. O sea, pura coherencia ideológica de la derecha. Lo sorprendente es que en los cuatro años de gobierno del PSOE esa situación no ha cambiado. Más aún, ha empeorado, porque en estos cuatro años se ha subido la presión fiscal, por lo que pagamos más impuestos en media que antes, manteniéndose la misma regresiva distribución de la carga. Con este bagaje, sorprende, entonces, que la respuesta del PSOE a la primera puja del PP sea la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio. Porque este impuesto, eliminado en la mayoría de Europa, es uno de los pocos que mantiene una cierta progresividad en nuestro sistema. Lo alucinante de la propuesta del PSOE es que se hace para mejorar la fiscalidad de los más ricos, ya de por sí muy mejorada en los últimos años, yendo, sorprendentemente, más allá que el PP, y copiando una de las propuestas fiscales estrellas de ¡George Bush! O sea, pura incoherencia ideológica de Zapatero. 

Lo triste de esta situación es que, con este juego de la subasta electoral, trivializamos el asunto de los impuestos, hasta el punto de que no hablamos de cómo se distribuye la carga fiscal, de cómo tenemos un sistema obsoleto que ha perdido su progresividad, de cómo el fraude sigue erosionando la justicia distributiva. Lo triste, pues, es cómo nuestros políticos, en cada elección, ponen a la venta los principios contenidos en el hermoso artículo 31.1 de nuestra Constitución, de clásica redacción, que sostiene que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Un artículo que, a base de reformillas regresivas e incoherencias ideológicas, es carne de subasta, lo ha sido parte de la Constitución. 

31 de diciembre de 2007 

Otro artículo sobre inflación

Después del repunte de la inflación en los dos últimos meses, los españoles parecen que, de pronto, nos hemos dado cuenta de que la economía española padece de inflación. Como si esto fuera una novedad ahora, cuando la economía española ha venido teniendo un persistente problema de inflación desde que en aquel lejano 1999 cumpliéramos los criterios de Maastricht. De hecho, tuvimos un 3,4 en el año 2000, un 3,6 en el 2001, un 3,5 en el 2002, un 3 en el 2003, que repetimos en el 2004, un 3,4 en el 2005, un 3,5 el año pasado y vamos caminando hacia el entorno del 4. Lo anormal, dada esta trayectoria, ha sido el haberla tenido cercana al 2,5 en los últimos doce meses, no que esté ahora como está. 

A riesgo de repetir ideas que ya he escrito en los últimos años, señalaré tres causas básicas que explican la actual inflación y, lo que es más importante, su persistencia. La primera causa de la inflación española es la subida de los precios de materias primas y petróleo en los mercados mundiales. Y es que con un crecimiento mundial cercano al 5% por el fuerte crecimiento norteamericano y de las ya gigantescas economías asiáticas, la demanda de materias primas y petróleo ha desbordado la oferta en los mercados. Hoy el petróleo roza los 100 dólares corrientes porque la demanda mundial de petróleo ha crecido en los últimos años casi un 20%, mientras que la oferta, como es habitual, se ha ido adaptando a impulsos de precios. Y lo mismo es aplicable a los demás mercados de materias primas, entre ellos los cereales, que, en el caso europeo, se hace más grave por la miope Política Agraria Común. Si, de cualquier forma, a nivel mundial no se está viviendo un proceso inflacionario (la inflación mundial está contenida y no hay inflaciones superiores al 15% en ninguna zona del planeta) es por efecto de la globalización que hace que los precios de los bienes industriales estén contenidos. 

La segunda causa de la inflación, similar a la anterior pero en clave española, es que la demanda interna española, motor de nuestro crecimiento, viene creciendo a un ritmo muy superior al crecimiento de la oferta desde hace muchos años. De hecho, la oferta española de bienes, por ejemplo, no ha crecido al mismo ritmo que la demanda y por eso tenemos el fuerte déficit exterior que tenemos. Como venimos sosteniendo, desde hace años, la mayoría de los economistas, hemos crecido mucho en los últimos años, pero con desequilibrios que no se pueden sostener en el largo plazo. 

La tercera causa, y ésta es con diferencia la más importante, es que nuestros gestores políticos no tienen ni idea de qué diablos es el concepto de competencia y, por tanto, nada han hecho para aumentarla. Y la prueba es que a pesar de la retórica liberalizadora del Gobierno del PP y de las páginas que el rimbombante Programa Nacional de Reformas del PSOE le dedica a la competencia, no ha habido ni una iniciativa importante y significativa de estudiar seriamente las condiciones en las que se forman los precios en los distintos mercados de bienes, de deducir un concepto legal de competencia eficiente y, desde luego, de articular una ley de competencia y una administración de vigilancia de la competencia eficaz. Esta ignorancia de la que han dado muestras nuestros distintos ministros de economía (y es el lunar en unas gestiones impecables) no sé si se debe a que no estudiaron el tema de universitarios o a que hay determinados intereses empresariales que ningún gobierno se atreve a tocar. De cualquier forma, lo mejor que pueden hacer ambos es callarse, porque, haciendo unas breves cuentas de los datos anteriores, se deduce que en esto de la inflación tan mal gestionaron unos como lo están haciendo los otros. Y alarmar a la población no es la mejor manera de resolverlo. 

3 de diciembre de 2007 

Variables olvidadas

Para describir, analizar y juzgar la situación de una economía los economistas utilizamos un conjunto muy amplio de datos, que son la concreción de las variables relevantes que reflejan el comportamiento de una economía. Datos que, dando su tasa de crecimiento a lo largo del tiempo, nos dicen si una economía va bien, mal o regular y nos permiten hacer comparaciones históricas, así como con otras economías similares. Datos, miles de datos. Muchos más de los que los medios de comunicación publican, y basta echar una ojeada a las páginas web del INE o del Banco de España para comprobar los miles de indicadores que describen la situación de una economía desarrollada como la nuestra. 

Estas variables, de las que tenemos datos y que reflejan la marcha de una economía, son de tres tipos esenciales: variables de actividad, que reflejan el crecimiento de la economía desde la doble vertiente de la demanda (consumo privado, consumo público, inversión y demanda exterior) y la oferta (producción agraria, construcción, industrial y servicios); variables de equilibrio, que nos dicen la evolución de los precios, del saldo exterior, del saldo de las cuentas públicas; y, finalmente, variables de mercados de factores, que nos informan de la evolución de los mercados de trabajo (actividad, paro, etc.), financieros (tipos de interés, cotizaciones, etc.) y de materias primas (petróleo, por ejemplo). Y no solo de estas variables tenemos datos, tenemos datos, incluso, de lo que espera la gente de la economía (índices de confianza) o de lo que contaminamos y de la sostenibilidad ecológica a largo plazo. 

Con los datos actuales que tenemos en la mano, y a pesar de lo que reflejan los últimos disponibles, se puede decir con el ministro Solbes que la economía española ha vivido, en los últimos años, uno de los más brillantes periodos de su historia porque ha mantenido una alta tasa de crecimiento económico, ha mantenido una inflación relativamente baja y ha bajado su tasa de paro al 8%. De tal forma estamos teniendo éxito que nunca tuvimos una renta per capita tan alta como hoy y tan cercana a los países en los que siempre nos miramos. 

Sin embargo, estos datos que manejamos, son incompletos. Faltan variables. Faltan variables que nos describan, también, otras dimensiones de la realidad económica. Otras dimensiones que nos permitan juzgar mejor el éxito de cualquier realidad económica. Faltan los datos oficiales de distribución. Porque dando los datos de la renta per capita y su crecimiento solo hablamos de la renta media. Y una media, y eso lo sabemos todos, es una media verdad. Para reflejar la realidad mejor habría que dar más datos de la distribución. Por ejemplo, unos simples índices de Gini o de Theil. Porque es cierto que hemos crecido mucho en los últimos años, pero no han crecido lo mismo los beneficios empresariales que los salarios medios. Ni los salarios de personas cualificadas que los de las no cualificadas. Como no ha beneficiado el boom inmobiliario a todos por igual. No, no describimos totalmente la realidad si no tenemos también los datos de cómo el crecimiento se distribuye, de a quién beneficia el crecimiento. Y de cómo, si es que lo hace, el sistema impositivo o la distribución del gasto público repara las desigualdades. 

Necesitamos estos datos porque la macroeconomía más moderna nos enseña que estas variables son relevantes, porque el crecimiento a largo plazo depende también de la forma de la distribución. Pero, más importante, la más elemental política nos dice que la estabilidad política de un régimen depende de una buena distribución. Es cierto que llevamos uno de los más brillantes periodos de crecimiento de nuestra historia, pero no uno de los mejores en distribución. Y lo más llamativo es que esto no solo se produjo en el mandato de Aznar, sino en el de Zapatero que, según recuerdo, se dice de izquierdas. 

19 de noviembre de 2007 

Desigualdad y discriminación

Hay muchas razones por las que los salarios medios de los hombres y mujeres son diferentes. Como hay muchas razones para que sean diferentes los salarios medios de los nacionales españoles y los de los inmigrantes, como las hay para que haya diferencias entre los salarios medios en distintas comunidades autónomas. Y, aunque una de estas razones sea la discriminación, ésta no es, ni mucho menos, la única, ni, en algunos casos, la principal causa de estas diferencias. 

La retribución que percibe un trabajador es función directa de su productividad, y ésta depende, a su vez, del capital humano que posee el trabajador y de las características de la empresa en la que presta sus servicios. Los salarios se distribuyen, pues, según la forma en la que se distribuye el capital humano entre los individuos de una comunidad, o sea, por las diferencias en los niveles de formación, en el desempeño (el currículum), en la calidad de la educación, en la orientación profesional y en la experiencia. Por eso es lógico que una persona titulada perciba un salario más alto que una sin cualificación; que aquella que aprovechó mejor sus años de estudios gane más que la que solo aprobó; que aquel que estudió ingeniería perciba más que el que estudió ciencias ocultas; que la que estudió en un centro exigente reciba más que el que lo hizo en uno desorganizado; que aquel que tiene más experiencia gane más que el novato; como es lógico que cobre más el que más responsabilidad tiene. Pero los salarios son diferentes también entre personas con cualificaciones similares dependiendo de las características de la empresa en la que trabaja. Las empresas industriales o de servicios de alta cualificación pagan un mayor salario medio que las empresas agrarias. Y de igual forma, dentro del mismo sector, pagan un salario mayor las empresas grandes que las pequeñas. Hay, pues, hasta siete variables básicas (a las que habría que sumar las redes sociales, la capacidad de riesgo y el azar) que explican una parte importante de las diferencias de salarios. La arbitrariedad de la discriminación es la undécima razón de las diferencias. 

Teniendo esto en cuenta podemos explicar una parte importante de las diferencias de salarios medios entre los colectivos que queramos. Así, las mujeres ganan, en media, menos por varias razones: tienen un nivel medio de cualificación menor (algo que desaparecerá en pocos años y que tiene su origen en una discriminación educativa anterior a los setenta); se han orientado profesionalmente hacia cualificaciones menos productivas (más en letras que en ingenierías); tienen un nivel medio de experiencia menor (por su juventud media y por las bajas por maternidad); son escasas en algunos sectores de alta cualificación y suelen arriesgarse menos que los hombres para montar empresas. A esto, que explica una parte muy grande de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, es a lo que hay que añadir la discriminación sexista que perjudica a las mujeres por la mala organización de nuestras empresas. 

El que los inmigrantes ganen menos también se explica por razones similares: tienen un nivel de formación medio mucho menor que el de los nacionales; son mucho más jóvenes; trabajan en sectores de cualificación media-baja (construcción, agricultura, servicio doméstico, hostelería); y, finalmente, también los discriminamos por racismo. Sin embargo, el que los madrileños o los catalanes ganen más en media que los andaluces no tiene que ver con que Madrid o Barcelona sean más caras o con que nos discriminen, sino con que Andalucía tiene mucha menos industria o servicios avanzados. 

No es injusto que haya diferencias salariales, sería más injusto que no las hubiera, sino que entre las causas de estas diferencias siga estando la discriminación machista o racista. 

5 de noviembre de 2007 

Marco institucional

Los cambios en el marco institucional español han sido continuos desde que, con la Constitución de 1978, iniciáramos la descentralización del Estado heredado del franquismo. Unos cambios que se aceleraron en otra dirección, la supranacional, cuando en 1986 España empieza a colaborar en el proceso de construcción europea. De hecho, hemos cambiado tanto el conjunto de nuestras instituciones políticas que estoy seguro de que ni siquiera una mayoría de los políticos que las han protagonizado es consciente de lo realizado. 

Las instituciones políticas son un conjunto de recursos humanos y materiales organizados que producen las reglas y leyes o que prestan servicios públicos. Son ese entramado de Parlamentos (el europeo, el español y el de la comunidad autónoma), Gobiernos y administraciones (hasta cinco tiene cualquier español sobre él), Tribunales, organismos autónomos de derecho público y empresas públicas, etc., que dictan las normas para regular la convivencia, posibilitan el funcionamiento de la economía y prestan servicios como la sanidad o la educación. 

El éxito de este marco institucional para producir orden social, incluir distintos intereses, canalizar conflictos, generar participación, hacer crecer y distribuir la renta, depende de muchos factores, entre ellos, de la lógica y principios con que está ha diseñado, de la eficacia de cada mecanismo y de los sistemas de cooperación entre ellos e, indudablemente, de la calidad de las personas que los encarnen en cada momento. Y la política económica es un buen ejemplo de cómo un marco institucional complejo puede funcionar en algunas partes y fracasar en otras. 

Antes del desarrollo del Estado de las Autonomías y la integración en la zona euro, el Gobierno de España era el responsable de toda nuestra política macroeconómica, de una parte importante de las políticas de bienestar (seguridad social, sanidad, educación, infraestructuras, etc.) y de casi todas las políticas sectoriales (industria, agricultura, turismo, comercio, vivienda, etc.). Ser ministro en cualquiera de estas áreas era tener poder. Hoy, cedida la política monetaria al Banco Central Europeo, limitada la política fiscal global por los acuerdos del Pacto de Estabilidad, cedidas las principales partidas de gasto público a las Comunidades Autónomas y en vías de cesión las de los impuestos, la política macroeconómica que puede hacer el Gobierno es una sombra de lo que fue. Más aún, muchas de las políticas de bienestar, que en los Estados desarrollados son las más importantes desde la perspectiva del gasto, son competencia de las Comunidades Autónomas, así como una parte de las de infraestructuras (aunque la financiación de éstas corra a cargo, en una parte importante, de la Unión Europea). Mientras, la mayoría de las políticas sectoriales se regulan en Bruselas, pero se gestionan por parte de las Comunidades. Por eso, la responsabilidad de que la política económica funcione es una responsabilidad muy compartida. De hecho, el éxito de nuestra economía en los últimos años es tanto el fruto de la buena política monetaria del BCE, como del buen trabajo de coordinación de Solbes. Por su parte, son las comunidades autónomas las responsables de las listas de espera en la sanidad o de la calidad de la educación. De la misma forma que la responsabilidad de los precios de la vivienda está repartida entre las Autonomías y los Ayuntamientos. Por eso, para asignar responsabilidades de forma coherente es por lo que sería conveniente un sistema de elecciones separadas, para que asignemos a cada nivel la responsabilidad que le corresponde. 

De cualquier forma, el peligro de la política española con los cambios institucionales que se van produciendo no está tanto en que el sistema pueda no funcionar, sino en que algunas partes pueden querer simplificarlo eliminando al Gobierno central. Y de eso también tendríamos que pedir responsabilidades. 

22 de octubre de 2014 

Analizar la coyuntura

A la hora de analizar la coyuntura económica y formar opinión sobre ella tenemos que huir de tres tentaciones importantes: la precipitación, el sensacionalismo y el ombliguismo. 

Uno se precipita cuando emite una opinión con datos incompletos. Por eso solo podemos saber lo que ocurre con suficiente base los primeros meses de cada trimestre ya que muchos de los datos fundamentales para analizar la coyuntura solo se calculan a trimestres vencidos, como, por ejemplo, los datos de la Contabilidad nacional y del mercado de trabajo. Es cierto que hay datos mensuales de algunas variables, los "indicios", que adelantan lo que estas estadísticas más precisas reflejan, pero normalmente no captan los cambios de tendencia. Por ejemplo, las matriculaciones aproximan bien la evolución del consumo privado, como el consumo de cemento lo hace de la marcha de la construcción. El problema es que estas variables tienen estacionalidad y dependen de otros factores por lo que su evolución en un mes no quiere decir que haya un cambio significativo. Más aún, estas variables solo reflejan una parte del conjunto de la actividad económica, porque los coches no son más del 10% del total del consumo privado, mientras que la construcción de viviendas es alrededor del 8 % del total del PIB. Por eso es difícil saber lo que ocurre solo con el manejo de estas variables. Así, el que las matriculaciones, por ejemplo, hayan caído este mes sobre las del año pasado no implica que no crezcamos, máxime si se tiene en cuenta que hay una rebaja impositiva en ese mercado que puede hacer que se pospongan las compras. 

La segunda tentación es el sensacionalismo. Hay últimamente en muchas opiniones, especialmente en crónicas periodísticas y discursos políticos, demasiadas palabras fuertes para juzgar la coyuntura. "Estancamiento", "crisis" o "recesión" son expresiones demasiado fuertes que se deben usar con precisión. Una economía está estancada cuando siendo positivo su nivel de crecimiento éste es inferior a su tasa potencial (algo que no puedo explicar aquí); mientras que se produce una recesión cuando una economía decrece durante más de dos trimestres consecutivos. Por eso, y en general, mientras se crezca por encima del 2% no se puede hablar de estancamiento, ni, desde luego, de recesión. Para que nos hagamos una idea: la economía española en los últimos 50 años solo ha estado en recesión en tres periodos (finales del 59, en 1981 y en 1993), ha tenido otros 12 años (entre el 77 y el 85 la mayoría) de estancamiento, y ¡35! años de crecimiento por encima del 3%. El que ahora preveamos que vamos a crecer alrededor del 3% no es, desde luego, para alarmarse, ni para hacer aspavientos. 

La tercera tentación de aquellos que forman opinión es el ombliguismo. Consiste en generalizar al conjunto lo que uno percibe en su entorno más cercano. El que uno conozca a dos personas que no encuentran trabajo o el que un amigo bancario le diga que hay más morosidad en su oficina y el pan haya subido en la panadería de la esquina no implica que estemos al borde del paro masivo, que los bancos vayan a la quiebra y que vaya a haber una alta inflación. Una economía como la española es muy grande y lo que ocurre en el barrio de uno no es lo que ocurre en todo el país. 

Huyendo de estas tres tentaciones, la descripción de la coyuntura económica española es relativamente sencilla según los datos y de las previsiones de los que disponemos. La economía española está creciendo en el entorno del 4% y, aunque se prevé una moderación en la tasa de crecimiento, lo hará también el año que viene alrededor del 3%. De igual forma, la economía española sigue creando empleo, más de doscientos mil puestos este año y otros tantos el año que viene, lo que permitirá absorber el crecimiento de la población activa, manteniendo baja la tasa de paro, aunque posiblemente aumente el número de parados en el sector de la construcción. La inflación, a pesar de las tensiones en los mercados internacionales, está relativamente controlada en el entorno del 3% (aunque sigamos con problemas de diferenciales con nuestros competidores) y seguirá en ese entorno el año que viene. Las cuentas públicas tienen superávit por sexto año consecutivo y lo tendremos el año que viene, a pesar de la expansión electoral y del menor crecimiento previsto, porque parte de los impuestos se pagan a trimestres vencidos o sobre rentas pasadas y porque las leyes de gasto tardan tiempo en ponerse a funcionar. 

No, no es que no tengamos problemas, pues seguimos con la productividad estancada, con problemas de competitividad exterior y, lo que es más grave, en la rica España aún hay pobres, lo que niego es que estemos al borde de ese precipicio económico que algunos, por razones partidistas, creen ver. 

8 de octubre de 2007 

Contra la insensatez

Uno de los problemas de la economía, una de las paradojas de la vida social, es el del juego de las expectativas. Un juego por el que lo que creemos que va a ocurrir con el futuro influye en lo que realmente ocurre. Por eso, si todos creemos que nos va a ir bien económicamente, invertimos o gastamos más con lo que, invirtiendo y consumiendo, hacemos crecer la economía, y se cumple la profecía. Y al contrario. Y es que de las expectativas, de "ese raro estado de opinión" como las consideraba Keynes, depende, si no todo, una parte importante del desempeño de cualquier economía. Por eso, cuando se habla de economía hay que ser, primero, preciso, y, después, sensato. Mejor, casi aburrido. 

A cuenta de las turbulencias que están viviendo algunos mercados internacionales y del periodo preelectoral en el que estamos inmersos, asistimos a un espectáculo en el que muchos políticos, incluso periodistas, se están retratando, no solo como imprecisos, sino, lo que es peor, como insensatos. 

El primer insensato es nuestro presidente del Gobierno. Insensato porque, precisamente cuando hay incertidumbres lo mejor no es precipitarse en gastar el superávit, sino ser prudente hasta ver lo que pasa. Y es que, y Solbes lo sabe y por eso fue preciso, la incertidumbre se produce cuando, dadas las distintas situaciones que pueden ocurrir, no podemos asignar probabilidades de ocurrencia a una de ellas. No significa que vaya a ocurrir nada malo, sino, solo, que no sabemos si lo que va a ocurrir es bueno o malo. Por eso, ante la incertidumbre, cualquier sujeto decisor, y más si es presidente de un gobierno, ha de ser prudente. Porque para eso tenemos el superávit, para que, si es que vienen mal dadas, poder afrontar esta situación sin sacrificios. Pero solo entonces, no antes. Y así se recoge en el Plan Nacional de Reformas, aprobado en octubre de 2005, y en los documentos del Programa de Estabilidad, cuando se dice que un objetivo de la política económica es tener superávit y reducir la deuda pública como medida de precaución ante una bajada del ciclo. Más aún, es una insensatez el comprometerse a ampliar el gasto corriente, que no se ajusta al ciclo, y prometer bajada de impuestos, precisamente ahora, porque si realmente tuviéramos problemas los gastos son rígidos y no bajan, mientras los impuestos están acompasados con el ciclo, y a lo mejor tenemos que gastar el dinero en otra cosa. Insensato, pues, el presidente no solo por ignorar lo que su gobierno ha aprobado, sino por desautorizar al único ministro que sabe cómo hacer una prudente gestión de la situación. Y es insensato, además, políticamente porque, al margen de la bondad de algunas de sus propuestas (que lanza sin debate), nos trata como a niños como si el dinero que maneja no se lo hubiéramos dado nosotros con los impuestos. 

Pero no menos insensatos son algunos vociferantes miembros de la oposición. Insensato Zaplana cuando descalifica una impecable y brillante exposición del Gobernador del Banco de España por ser quién es. Insensato Acebes cuando cuestiona las palabras de Solbes y habla de ocultación, cuando el ministro solo fue preciso al calificar la situación. Estúpidamente insensatos Martínez Pujalte y otros peperos cuando hablan de crisis y fomentan el tremendismo y olvidan cómo, cuando ellos gobernaban, también hubo bajada de ciclo. 

Insensatos los políticos e insensatos esos periodistas que tratan una bajada de la Bolsa como una crisis económica o cuando, en vez de explicar las diferencias entre los bancos ingleses y los españoles, aventuran hipótesis sobre la solidez de nuestro sistema financiero. O cuando hacen tremendistas paralelismos entre la economía americana y la española. O cuando quieren hacer dudar a la ciudadanía de los datos oficiales de IPC, del paro o del crecimiento con encuestitas de mercadillo. 

La suerte de este país es que está compuesto por millones de personas sensatas que cumplen todos los días sus obligaciones. La pena es que a los insensatos los dedicamos a la política y, a otros, a la política de papel. Y esos pocos pueden estropear la convivencia del resto. 

24 de septiembre de 2007

Demagogia

De las últimas iniciativas del ahora llamado Gobierno de España, antes Gobierno central, y del Gobierno andaluz se puede deducir que ya estamos en campaña electoral, aunque queden seis meses para las elecciones, y que, además, el PSOE tiene un cierto temor a perderlas, al menos las generales. Y, ya se sabe, un gobierno con miedo de perder se vuelve, a veces, demagógico. Y, para muestra, la iniciativa de la ley para regular el derecho de acceso a la vivienda de la Junta de Andalucía. La iniciativa presentada es, para empezar, demagógica porque su redacción es engañosa. Da la sensación de que puede beneficiar a todos o, al menos, a una mayoría (por ese límite de renta de los 37.440 euros que fija), pero, cuando se lee con detenimiento el artículo 4 de la iniciativa, uno se da cuenta de que la trampa está en que los beneficiarios serán esa minoría que no tiene vivienda en propiedad. O sea, que no se está pensando en los que están cargando con una hipoteca desde hace unos años, esa mayoría de los andaluces que han cometido la estupidez de comprar una casa, sino en los jóvenes (incluso en los hijos de papá) y en los inmigrantes. 

Además, la iniciativa es demagógica porque es jurídicamente inviable. Y ello porque el Gobierno andaluz sabe que el incumplimiento de la ley no tendría ningún efecto. ¿O alguien se imagina que los jueces, ante un incumplimiento, meterán en la cárcel o multarán al Gobierno andaluz, a la consejera o a los funcionarios? ¿O que para cumplirla se lanzará la Junta a una expropiación masiva? 

Más aún, la iniciativa es demagógica porque Chaves sabe que es políticamente inaplicable. Y es que si se abre el capítulo de la exigibilidad de los principios programáticos de la Constitución (una vieja idea de Anguita) nos ahogaremos en un mar de leyes inviables. Porque a este de la vivienda le debe seguir el del empleo (artículo 35 de la Constitución), que es la primera preocupación de los andaluces y es, además, un deber. Por cierto, si es tan buena esta ley, ¿por qué el PSOE, que también gobierna en Madrid, no ha llevado la iniciativa a través del Ministerio de la Vivienda como ley para todos los españoles? 

Item más, la iniciativa es demagógica porque los que la han escrito saben que es económicamente insostenible, ya que depende de las transferencias que, para materia de vivienda, se hagan desde el Gobierno central y de la acción de los ayuntamientos, ya ahogados económicamente. Y, finalmente, la iniciativa es estúpidamente demagógica porque es asombroso que la Junta crea ahora que va a resolver el problema del chabolismo o de nuestros barrios marginales con una simple declaración de voluntades y de apelación a la Constitución. Y es que, si es tan fácil, ¿cómo es que el Gobierno andaluz ha tardado veinticinco años en darse cuenta de su necesidad? 

Lo siento, pero tanta demagogia, de estilo venezolano, solo manifiesta la ignorancia de que los que nos gobiernan han venido haciendo gala en temas de mercados de vivienda, y que les ha llevado de fracaso en fracaso en este apartado. Y es que si supieran cómo funcionan los mercados de vivienda no hubieran pifiado con la agencia pública de alquileres, hubieran sido más eficaces a la hora de controlar el crecimiento de los precios, de ordenar el territorio o de hacer cumplir los planes de VPO. Si hubieran sido eficaces en los veinticinco años que llevan gobernándonos, no tendríamos las barriadas con infraviviendas en nuestras ciudades y no necesitaríamos una ley que nos reconociera el derecho porque ya lo ejerceríamos. 

No sé si el PSOE puede ganar algún voto con iniciativas como ésta. El mío, desde luego, no, aunque solo fuera porque, a veces, me molesta que crean que los ciudadanos somos tontos. 

10 de septiembre de 2007 

Economía real y financiera

Uno de los temas en los que no suelen hacer hincapié los libros de economía es que el funcionamiento real de las economías depende de su entramado institucional. Y es que la forma en la que se pagan los impuestos, se organiza el mercado de trabajo o funciona el sistema financiero, determina el funcionamiento final de la economía porque afecta al comportamiento de las familias y al de las empresas, unidades básicas de la producción. Por eso, entre otras causas, no hay dos economías idénticas. Por eso una economía no es idéntica ni siquiera a sí misma a lo largo del tiempo, ni se pueden copiar ni repetir las estrategias de política económica. Las economías son organismos vivos que evolucionan. Y no hay dos idénticas. Tener esto en cuenta es importante porque muchos analistas económicos de chiringuito están haciendo estos días una serie de conjeturas sobre la economía española, a cuenta de lo que ocurre en la norteamericana, que hay que matizar. 

Desde un punto de vista de las instituciones y del sistema financiero hay varias diferencias importantes: la primera diferencia radica en que las familias norteamericanas pagan menos impuestos, en media, que los europeos, lo que determina que sean ellas las que deciden más claramente su nivel de consumo y de ahorro. Como su sector público no les presta tantos servicios como el nuestro (no tienen sanidad universal gratuita, ni un sistema universal de pensiones, ni universidades públicas casi gratuitas), la familia media americana tiene que ahorrar en forma de seguros médicos, planes de pensiones y fondos para la universidad de los hijos. Un ahorro que se canaliza a través de los grandes fondos de inversión que, a su vez, colocan este dinero en las empresas que cotizan en las bolsas norteamericanas (de las que Wall Street, la New York Stock Exchange, es solo una, aunque la más importante). Por otra parte, y esta es la segunda gran diferencia, las empresas americanas suelen financiarse emitiendo acciones y obligaciones convertibles por lo que acuden a los mercados, en vez de a los bancos, como hacen las empresas europeas. Como por otro lado, los dividendos se suelen pagar en forma de acciones liberadas por cuestiones fiscales, el resultado es que la evolución de la Bolsa americana no solo es determinante en el patrimonio financiero de las familias, sino también en su renta, por lo que sus fluctuaciones sí afectan al comportamiento del consumo de las familias y, a través de éste, al conjunto de la economía. El sistema financiero americano, esa institución que casa el ahorro con la inversión en una economía, está basado en los mercados, mientras que el nuestro pivota mucho más en los bancos. Y un dato corrobora lo dicho: en los Estados Unidos, casi el 70% de las familias tienen sus ahorros o parte de ellos en fondos de inversión o similares; en España, y es un hecho reciente, no llegan a 20%. 

Teniendo esto en cuenta podemos deducir que las relaciones entre economía financiera (y, por ende, variables monetarias) y economía real son mucho más intensas en los Estados Unidos que en Europa. Allí sí es cierto que la Bolsa influye en la economía real (y viceversa), en Europa es menos cierto, y en la muy estrecha bolsa española, la relación es muy tenue. De igual forma, lo dicho explica por qué el BCE y la Fed han actuado de forma diferente, pues mientras que para el BCE se trata de salvar a los Bancos, para la Fed se trata de mantener la confianza de los americanos en su bolsa. Y, finalmente, de lo expuesto también podemos deducir que, ante la situación actual, los daños que puedan causarse serán limitados y, además, que la política fiscal no puede actuar sobre ella. Por eso ha hecho bien la señora Merkel al no aceptar la propuesta del presidente Sarkozy (tan activo él) de reunir el G-8, como ha hecho bien Solbes en minimizar la situación. Y es que actuar histéricamente es, en este caso, además de erróneo, de mal gusto. 

27 de agosto de 2007 

Problemas financieros

En las últimas semanas están llegando noticias sobre quiebras de bancos hipotecarios norteamericanos, caídas en las distintas bolsas, intervenciones tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, etc. que dan la sensación de que hay problemas financieros. 

Lo que está ocurriendo en los mercados financieros americanos es fácil de explicar. A lo largo del año 2001, y con el fin de evitar el enfriamiento de la tasa de crecimiento de la economía norteamericana, la Reserva Federal empezó una paulatina disminución de los tipos de interés. Ante los acontecimientos del 11-S, Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, decidió una fuerte disminución de los tipos de interés que, en términos reales, llegaron a ser, a partir de mediados del 2002, negativos. Con tipos de interés reales negativos, las familias americanas se empezaron a endeudar, invirtiendo, al mismo tiempo, en activos inmobiliarios que, además, tenían buenas expectativas de rentabilidad. Esta inversión determinó un alza de los precios de las viviendas, a pesar de la flexibilidad de la oferta, cuyo resultado ha sido un gran crecimiento del sector de la construcción americano financiado con crédito hipotecario. Un crédito que, en los Estados Unidos, lo conceden bancos especializados, los bancos hipotecarios, que, a su vez, se financian con la colocación de paquetes de hipotecas en los mercados internacionales. La subida de los tipos de interés de los últimos años, la concesión de créditos con malas garantías y, finalmente, el exceso de viviendas vacías han provocado, en los últimos meses, una caída de los precios de las viviendas. Como, además, muchas familias se han endeudado por encima de sus posibilidades, han aumentado los créditos impagados dentro de los balances de los bancos hipotecarios haciendo que aumente el riesgo de invertir en ellos. Ante esto, los demás bancos les han cortado las líneas de financiación, por lo que muchos no pueden hacer frente a los pagos comprometidos. El resultado: la quiebra. Unas quiebras que, además, están afectando a aquellos bancos y fondos que compraron los paquetes de activos hipotecarios, y entre ellos, a algunos europeos y, seguramente, bancos chinos y asiáticos. 

Desde la perspectiva de la economía española, esta situación en los mercados norteamericanos nos puede, en mi opinión, afectar, pero más levemente de lo que los periódicos adelantan. La reacción coordinada de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo hará que los daños sean limitados. Como por otra parte, la inflación está bajo control a ambos lados del Atlántico, los Bancos Centrales tienen margen de maniobra para mantener o estabilizar los tipos de interés reales en niveles razonables. En los Estados Unidos desaparecerán algunos bancos especializados, habrá correcciones en los niveles bursátiles y una caída de actividad en la construcción, lo que hará que su crecimiento sea más lento en unos trimestres. Pero, si solo es esto, esta situación tendrá una influencia muy lejana en nuestra economía y, en todo caso, de forma indirecta, a través de los problemas que puedan tener los alemanes y los franceses. 

Y no, no vamos a tener los mismos problemas en nuestros mercados financieros porque nosotros no tenemos bancos hipotecarios, nuestros bancos y cajas están muy vigilados en sus riesgos por parte del Banco de España y nuestros mercados son menos flexibles que los americanos. De cualquier forma, el boom hipotecario se ha pasado, pero no por contagio de lo que ocurre en los Estados Unidos, sino porque en nuestra economía se están dando causas internas similares a las que están en el origen de los actuales problemas norteamericanos. 

Dicho de otra forma, el enfriamiento de nuestra tasa de crecimiento, que ya se empieza a notar en los indicadores adelantados, no será igual ni se deberá a lo que ocurre en los Estados Unidos, sino a lo que los españoles hemos hecho, y dejado de hacer, con nuestra economía. 

13 de agosto de 2007 

Optimismo

Que la economía española crece y que crecerá el año que viene a un ritmo superior al 3,5% es algo ya sabido, como lo es el que tenemos una cifra de paro por debajo del 8%, como lo es que se está consiguiendo con dos importantes equilibrios como son un buen superávit presupuestario y una moderada inflación. La economía española crece y, al menos en las cifras macroeconómicas, lo hace con buenos resultados y de forma sostenida. Estamos viviendo, así, uno de los más largos periodos de crecimiento económico de nuestra historia, de momento sólo superado por el de los sesenta, el "del Desarrollo", que duró 16 años, pero muy por encima del de los ochenta, "la Recuperación", y que sólo nos duró 7. Este que estamos viviendo, que algunos llamamos "de la Convergencia" por su origen en la política de convergencia nominal que nos llevó al euro y por la convergencia en renta con Europa que estamos experimentando, tiene, sin embargo, unas características que, más que instalarnos en la autocomplacencia, nos deben hacer pensar seriamente en cómo mantenerlo. Dicho de otra forma, que si queremos alargarlo es necesario trabajar en una nueva política económica para resolver sus debilidades. Una nueva política económica que, desde luego, no puede consistir sólo en mandar un mensaje de optimismo, sino en un conjunto de decisiones reales, muchas de ellas de política microeconómica. 

Y es que la concentración sectorial en la construcción y en los servicios de esta etapa de crecimiento es, al tiempo que una de las características que le dan mayor realce a algunas cifras, por la rapidez en que este crecimiento se convierte en empleo, una de sus grandes desventajas. Así, mientras que, en las dos grandes etapas anteriores de crecimiento, uno de los motores más importantes fue el crecimiento del sector industrial, tanto en capacidad instalada como en empleo, en esta etapa de crecimiento el sector industrial brilla por su ausencia. Estamos creciendo mucho, pero lo hacemos en sectores no directamente expuestos a la competencia internacional y con un carburante, la deuda de las familias, que terminará por agotarse más que por una subida de tipos, por los altos niveles de riesgo de las instituciones financieras. Factores de crecimiento, además, netamente internos, como muestra nuestro déficit comercial, que, cuando se agoten, son difícilmente repetibles, pues nuestro turismo de sol y playa está casi al borde de la saturación, mientras que un parque de casi 4 millones de viviendas vacías no augura un largo futuro a nuestro sector de la construcción. Es cierto que, con la prudente gestión de las cuentas públicas de los últimos años y un históricamente bajo nivel de deuda pública, es posible mantener, por un tiempo, buenos niveles de crecimiento sin más que expandir el gasto público, lo que aleja el fantasma de que este ciclo de crecimiento se acabe de forma brusca, pero no es menos cierto que si no empezamos pronto a cambiar nuestro modelo de crecimiento, ahora que la demanda internacional es fuerte y que las condiciones financieras son aún favorables, nos podemos condenar a un periodo de lento crecimiento económico en la próxima década, porque, entre otras cosas, estamos creando mucho empleo de baja cualificación y baja productividad y cambiar estas características no es inmediato. 

La economía española necesita una creíble política de oferta ya. Una política de oferta que pasa por una reactivación de los sectores industriales y de servicios avanzados con empleos de alta productividad. Y eso, por desgracia, ni se improvisa, ni es sólo cuestión de dinero, pues implica una mejor educación, una más decidida apuesta por la tecnología, unas mejores condiciones de infraestructuras, un nuevo tejido productivo y dé, como resultado, una mayor penetración en los mercados exteriores y una mayor cuota de mercado en los propios. Un reto que no se encara desde la autocomplacencia y para el que no vale sólo el optimismo. 

30 de julio de 2014 

Suspensos europeos

Hace dos semanas se terminó el semestre de presidencia europea de Alemania y, como es tradición, se celebró una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Una cumbre que fue un examen final de junio sobre europeísmo, sobre lo que realmente saben y piensan sobre la política y economía europea los líderes del continente. Y, como suele suceder con los malos estudiantes, lo que dijeron, a la salida del examen, sobre lo que habían hecho se parece en muy poco a lo que realmente escribieron en el examen. Y es que, junto a algunos puntos positivos, como el acuerdo de mínimos sobre la Constitución europea, hay muchos puntos negativos y demasiadas lagunas en este examen de junio. 

En primer lugar, por cómo han tratado muchos gobiernos los resultados de la cumbre, se puede colegir que la mayoría de nuestros líderes y sus técnicos, y Zapatero entre ellos, siguen sin entender que, en el mundo globalizado y policéntrico de las superpotencias que se avecina, una confederación difusa como es la Unión Europea actual tiene muy poco que hacer. Cada uno de los países europeos actúa en el panorama mundial con una voz que es mucho menos que la suma de las partes. Por eso, mientras nuestros líderes no se den cuenta que es mucho mejor actuar unidos, aunque a veces no se esté de acuerdo, que no actuar, seremos meros sujetos pasivos de los problemas que afectan al conjunto de la humanidad y simples espectadores de problemas regionales en otras partes del planeta. Nada aportamos al problema del calentamiento global; nada aportamos a la lucha contra el terrorismo global; nada decimos en la situación de Oriente Próximo y del petróleo; nada decimos en las migraciones mundiales o en los problemas africanos. Europa, como Europa, nada pinta en el mundo. 

En segundo lugar, nuestros líderes políticos siguen sin saber nada de economía moderna. Nuestros dirigentes siguen mirando la economía de su respectivo país como si fuera un ente encerrado en los estrechos límites de las rayas de colores de un mapa, sin darse cuenta de que las políticas económicas nacionales han perdido eficacia por la integración y la globalización. Y es que, en economías abiertas, las políticas fiscales y sectoriales son cada vez más ineficaces para gestionar el ciclo económico, y la experiencia alemana, francesa, italiana o portuguesa de los últimos años es clarificadora. Más aún, no se dan cuenta de que monopolios estatales, la tontada de los "campeones nacionales" o la protección de los mercados de servicios son incompatibles con una liberalización efectiva de los mercados de bienes, como ésta es incoherente con una fuerte regulación de los mercados de trabajo. Esta miope mezcla de viejas ideas da como resultado la pérdida de competitividad y la inmovilización de factores productivos. Con lo que, al final, tenemos menor tasa de crecimiento y mayor tasa de paro, al tiempo que necesitamos la emigración y dualizamos nuestros mercados de trabajo. Las economías europeas necesitan una política económica europea, no la suma descoordinada de políticas nacionales. Y bastaría fijarse en cómo está funcionando la política monetaria, protegiéndonos de la inflación en los últimos años, para convencerse de lo que hay que hacer. 

Pero la cumbre europea de Berlín, además de certificar, por enésima vez, la miopía política y la incompetencia económica de nuestros líderes y de sus equipos, ha contrastado, además, la pobreza intelectual de la mayoría. Y es que ante la tozudez de los gemelos polacos frente Alemania, los demás (y los españoles los primeros) deberían haber hecho un frente común con la canciller Merkel, recordando que la historia no puede ser un argumento político, porque el futuro no puede borrar el pasado. Quizás sea ese el problema de nuestros líderes, que creen examinarse de la historia de nuestras viejas divisiones, cuando las preguntas a las que tienen que responder son de política y economía del siglo XXI. 

16 de julio de 2007 

Balance de situación

Tras el anuncio oficial de la ruptura del alto el fuego permanente, una obviedad tras el atentado de Barajas, la situación de la lucha contra el terrorismo etarra entra en una nueva/vieja fase. Y, como siempre que se termina una etapa, es conveniente hacer un balance de situación. En principio, se puede decir que a lo largo del proceso los españoles hemos conseguido sentirnos menos amenazados. Pero este argumento es falaz, porque en casi toda España esta sensación ya se tenía antes del "proceso" y, en aquellas partes en las que la amenaza era real ha seguido esta sensación de amenaza en forma de vandalismo callejero y de extorsión mafiosa, de tal forma que, aún antes de que mataran a dos pobres ecuatorianos, el proceso ya había fracasado en el País Vasco y Navarra. Más aún, ni siquiera han respetado la campaña electoral con boicoteos a los candidatos del PP y del PSOE e incluso con una bomba lapa a un candidato socialista. Así pues, poco hemos conseguido con el proceso porque nada ha dado ETA. 

ETA, en cambio, ha conseguido mucho a cambio de esa nada. ETA ha conseguido tiempo. Tiempo para rearmarse con el robo de las pistolas en Francia; tiempo para volver a entrenar a sus cachorros con la kale borroka; tiempo para volver a la extorsión que la financia; tiempo para colocar un puñado de los suyos para controlar de iure (ya controlaba de facto) muchos ayuntamientos del País Vasco y Navarra lo que, además de presencia pública, le permitirá acceder a financiación pública; tiempo para dejar en evidencia al Parlamento Europeo, al Congreso y al Gobierno; tiempo para poner dañar la confianza en las leyes y en las instituciones del Poder Judicial con el caso de De Juana; tiempo para introducir en el debate político paralelismos sin fundamento entre el problema en el País Vasco y la situación irlandesa; tiempo para dividir a los demócratas y desgastar al Gobierno; y, lo más grave, tiempo para polarizar la opinión pública española condicionando toda nuestra vida política. ETA ha ganado, pues, tiempo para recomponer sus recursos, ha minado las posiciones de los demócratas, ha metido en el debate elementos que, en la política de titulares que vivimos, van calando en una opinión pública mal informada, va ganando legitimidad y ha logrado colocar en el plano ideológico y simbólico sus posibles soluciones. Hasta ha logrado que nos olvidemos de lo muy sectarios que son los nacionalistas en la gestión diaria y los veamos como males menores dentro de la política española. ETA no ha conseguido sus objetivos estratégicos, pero ha conseguido el objetivo táctico de reforzarse, alargar el proceso y conocer con quién tiene que negociar. 

Y a cambio de todo esto poco hemos conseguido. ETA ha ganado esta partida de negociación porque la estrategia del Gobierno ha sido ambigua, más voluntarista que realista, demasiado fiada en ideologizados y pésimos análisis de los hechos, demasiado atada a la magia de las palabras y poco sensata en las personas y gestos. Y lo siento, siento de corazón y de razón que hayamos perdido esta partida. La responsabilidad de esta pérdida es, indudablemente, del Gobierno, que es quien ha dirigido la partida por nuestro bando. Colgar responsabilidades al PP es tan ideológicamente infantil que no merece ni un comentario o ¿es que alguien cree realmente que ETA se hubiera comportado de otra forma si el PP declara su apoyo al Gobierno? Ahora corresponde intentar minimizar las pérdidas de nuestro bando, fijar claramente el objetivo de la lucha antiterrorista, establecer planes operativos para cortar la financiación, el reclutamiento y la influencia de los terroristas, restablecer una argumentación racional de su anacronismo para limar su legitimidad y luchar, como ya se hizo, contra estos asesinos que desde hace demasiado tiempo nos obligan a pensar en ellos. Porque, convenzámonos, en esta lucha sí tiene que haber vencedores y vencidos. 

18 de junio de 2007 

Universidad española

Los economistas, de cualquier ideología o condición, llevamos muchos años diciendo que el problema de fondo de la economía española es el del crecimiento de la productividad. Un problema que, según la macroeconomía del crecimiento, se resuelve con más inversión en capital humano y físico y un mayor ritmo de incorporación de la tecnología en los procesos productivos. Todos estamos de acuerdo y sin embargo el problema persiste. Y persiste porque no analizamos con suficiente profundidad cómo formamos a nuestro capital humano, porque no evaluamos los incentivos al ahorro, porque no tenemos indicadores de la eficiencia de las políticas tecnológicas. 

El sistema español de generación de conocimiento y formación de nuestro capital humano descansa, fundamentalmente, sobre la Universidad. Y descansa sobre ella porque nuestro sistema público de investigación es muy raquítico en medios humanos y materiales, mientras que la investigación privada empresarial en nuestro país es prácticamente irrelevante. La Universidad se convierte, entonces, en la institución cuya misión es la creación y transmisión de conocimiento, o sea, en la institución que ha de crear nuestra tecnología y ha de formar nuestro capital humano. La Universidad, además, es la clave de la formación de capital humano en España porque, fracasado por una cuestión de prestigio social el sistema de formación profesional, una parte importante de nuestros jóvenes terminan su escolaridad en ella. La Universidad española es, por tanto, la clave para el análisis de nuestro capital humano. 

Sobre nuestro sistema universitario tenemos un discurso oficial que hace hincapié en tres aspectos objetivamente ciertos: en primer lugar, que es un sistema universitario que ha crecido mucho en los últimos años y cuyo resultado ha sido el que tenemos una de las ratios más altas del mundo de alumnos universitarios, por lo que España tendrá, en el futuro, una de las mayores ratios de titulados universitarios; en segundo lugar, que es una universidad en permanente cambio; y, finalmente, que tiene problemas de endogamia profesoral y financiación. Un discurso oficial simple santificado, además, por diversos informes, empezando por el de Bricall, que abundan en estas ideas. 

Lo que no hace este discurso oficial es evaluar nuestra universidad. Si evaluáramos nuestra universidad sabríamos por qué nuestro capital humano crece poco, pues se pondría de manifiesto que el capital humano es mucho más que un número de titulados, es el conjunto de conocimientos que esos titulados tienen. Puesto que crece el número de titulados y no crece nuestro capital humano, hemos de deducir que nuestros titulados saben poco. Y si saben poco es porque nuestra universidad es de mala calidad. Y bastan unos datos para corroborarlo: en ningún ranking internacional hay ninguna universidad española entre las 100 mejores o entre las 20 primeras de Europa; España solo tiene 7 premios Nobel (5 en Literatura y 2 en Medicina y ninguno vivo), mientras que la Universidad de Cambridge, por ejemplo, ha tenido 81, Chicago 77, Oxford 46, Harvard 32 y Stanford tiene ¡17 en su claustro! (y no doy más datos como el índice Hirsch de investigación o las patentes por cada mil habitantes porque sería descorazonador). Más aún, honradamente, ¿cuántos de los que nos dedicamos a la Universidad, si tuviéramos recursos suficientes, no mandaríamos a nuestros hijos a estudiar a cualquiera de las universidades que he citado? Reconozcámoslo: tenemos muchas malas universidades. No sé qué sabio dijo que reconocer que se tiene un problema es tener media solución. Quizás porque los muy corporatistas universitarios no reconocemos que lo hacemos mal es por lo que tenemos el problema desde hace tantos años. 

4 de junio de 2007 

Consensos básicos

En la profesión económica existen tres consensos básicos que afectan al conjunto de la política económica para los países desarrollados (en los países pobres la situación es diferente) y que tienen una fuerte coherencia interna avalada por los modelos teóricos y por la experiencia. 

En política macroeconómica, casi todos los economistas estamos de acuerdo en que el primer objetivo es la estabilidad de precios, especialmente en economías muy abiertas, ya que los diferenciales de inflación conllevan pérdida de competitividad que ponen en peligro el crecimiento a largo plazo. Para alcanzar este objetivo se utiliza una política monetaria, más o menos monetarista, que gestionan Bancos Centrales independientes, complementada con una política fiscal relativamente equilibrada, sin grandes variaciones de gasto, ya que, en estos países, los Estados del Bienestar están consolidados y hay preocupación por su sostenibilidad. Y la prueba de que estas políticas están funcionando es que, en los últimos años, y a pesar de la subida del petróleo, ninguna economía desarrollada ha tenido fuertes tensiones inflacionarias, ni grandes déficits públicos, ni ha sufrido una recesión. 

Un segundo consenso es sobre las políticas de oferta. Y es que, además de factores de demanda, para fomentar el crecimiento son necesarias políticas que estimulen la inversión, tanto en capital físico como en capital humano, y, para ello, es imprescindible cambiar las políticas sectoriales por políticas de productividad. Un cambio, que aún no ha terminado de calar por razones electorales, pero que se está incorporando al discurso político y está orientando las políticas económicas de, por ejemplo, la Unión Europea. 

Un último consenso básico tiene que ver con las políticas de regulación de mercados. Y es que para aprovechar en forma de crecimiento económico tanto la estabilidad macroeconómica (que garantiza bajos tipos de interés y un marco fiscal neutral), como las políticas de oferta (mayor disponibilidad de tecnología y de mano de obra formada), es necesario que los mercados sean flexibles. Por eso las políticas sobre los mercados financieros han sido de flexibilización, lo que está permitiendo la movilización del ahorro hacia inversiones en cualquier lugar del mundo, y cuyo resultado, tanto más eficaz cuanto mayor es la credibilidad de los reguladores, es una mejor financiación de las empresas. Y algo parecido está ocurriendo en los mercados de trabajo. Los más flexibles tienen menos tasa de paro y aquellos que han sido más audaces en la política de flexibilización viven una más intensa creación de empleo (y España es el ejemplo). Una flexibilización que no supone ausencia de regulación, sino que ésta sea eficiente y, para ello, debe ser transparente, estable y vigilada por instituciones creíbles, porque, en caso contrario, no solo se corrompen los mercados y las bases de un crecimiento saludable, sino también la vida política (y buena prueba es nuestro mercado de suelo). 

Estos tres consensos básicos debieran ser conocidos por cualquiera que tenga responsabilidades de política económica. Y me consta que una mayoría de los ministros de economía que hemos tenido los conocían porque los han seguido. Por eso me preocupa que algunas personas, "cercanas a la Moncloa" y en el Ministerio de Industria, parezcan empeñados en olvidarlos y cometan errores de bulto. Algunos tan graves, y de momento latentes, como la segmentación de la unidad de mercado con las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas. Otros tan patentes como la intervención política en la OPA sobre Endesa, que ha destrozado la credibilidad en dos reguladores tan importantes como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de la Energía. 

Unos errores de bulto que pagaremos todos porque la estabilidad macroeconómica sirve para poco si corrompemos los mercados y la democracia. 

7 de mayo de 2007 

Periódicos

Desde muy joven, y de esto hace ya algunos años, he leído periódicos con fruición. Tanto que, para mí, la lectura de varios periódicos al día no solo es una de las obligaciones que me impone mi profesión, sino una especie de deber que he de cumplir como ciudadano y, lo confieso, es una afición. 

Desde pequeño he sido lector de ABC porque era el periódico que, con el retraso de un día, llegaba a mi casa, por lo que sus páginas fueron parte de mi primera educación. Ya universitario, allá por los años finales de los setenta, empecé a comprar El País (un poco por rebeldía juvenil, un poco por la novedad, un poco por mimetismo) y a apreciar las ideas que suponían un contrapunto a las otras que leía. Más adelante, siendo ya profesional en esta ciudad, añadí a estas dos lecturas básicas las páginas del Diario Córdoba por aquello de saber lo que ocurría en mi entorno más cercano. Una visión local que empecé a completar con la lectura de The Economist que, desde entonces y semanalmente, me da la visión global de lo que ocurre en el mundo. Hubo temporadas en las que leí Diario16, como hubo tiempos en los que leí El Mundo (sobre todo por saber lo que opinaba el aznarismo gobernante). Y de vez en cuando me gusta comprar La Vanguardia por aquello de tener una visión de la realidad desde el nacionalismo periférico. Internet me permite muchos días darme una vuelta periodística por el mundo, pues desde la página web de la Asociación Nacional de Periódicos norteamericana (www.naa.org) se puede acceder a todos los rotativos importantes del mundo. The Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, The Times, The Independent, Le Monde, La Reppublica, El Corriere, Süddeustche Zeitung, Die Welt, etc, son algunos de los que reviso casi todas las semanas. 

Con este bagaje de lector empedernido (casi diría que vicioso) de periódicos creo que puedo aventurarme a juzgar, sin hacer un análisis cuantitativo, la reciente evolución de nuestro cuarto poder en España. Y es que a, mi juicio, en los últimos años ha habido en nuestro país un fuerte deterioro de la calidad de la prensa escrita. Una pérdida de calidad que noto en un doble sentido: por una parte, creo que cada vez se escribe peor; y, por otra parte, creo que cada vez se escribe de una forma más desenfocada, más partidista. 

Que se escribe peor es casi un hecho. Y basta comparar cualquier periódico actual con alguno de hace veinte años. Y es que hay un empobrecimiento generalizado del lenguaje, quizás por la tiranía de la inmediatez y del espacio, que se nota en que cada vez se usan menos conceptos, se argumenta peor, se usan frases más cortas y se matiza menos. Parece como si el mundo que se quisiera describir fuera todo en blanco y negro, como si todo se tuviera que simplificar, como si en vez de escribir artículos y reportajes, los periódicos fueran sucesiones de eslóganes políticos y publicitarios. 

Pero, más grave que esto, es que cada vez más parece que la prensa española sirve a intereses partidistas, ideológicamente puros. Se dicen medias verdades, incluso se miente, se ataca al contrario sin hallar la equidistancia, sin neutralidad alguna. Los periódicos, más que servir al público con la verdad de los hechos y la honradez de las opiniones, parecen que se están convirtiendo en panfletos para agitar a los ya convencidos, cayendo, así, en un juego peligroso de competencia partidista que en nada les beneficia. Este deterioro de la prensa española es, para mí, un deterioro de nuestra democracia. Un deterioro que tenemos que evitar los ciudadanos exigiendo una mejor prensa. Una exigencia en la que nos va la calidad de nuestra convivencia. 

23 de abril de 2007 

Capital humano

Desde que Adam Smith escribiera la Riqueza de las Naciones, allá por 1776, los economistas sabemos de la importancia de la educación en el progreso de los pueblos. Pero no sería hasta que confluyen las ideas de Jacob Mincer y Gary Becker, sobre capital humano, con las de Robert Solow y Paul Samuelson, sobre crecimiento económico, que no se empieza a pensar en la educación como una de las fuerzas que desarrollan una economía en el largo plazo. Hoy sabemos que existe una alta correlación entre el nivel de renta de una comunidad y su nivel educativo. De hecho, y dejando siempre de lado a los países petroleros, las economías más desarrolladas del planeta son las que tienen un nivel de alfabetización más alto, mayor índice de titulados universitarios y, lógicamente, mayor gasto medio en educación. De igual forma, se puede demostrar que un incremento en el nivel de gasto educativo produce, en el plazo de una generación, una aceleración del crecimiento económico. Así pues, invertir en educación es una de las mejores estrategias de desarrollo que se pueden seguir, especialmente en los países pobres. Esta idea, que es cierta con ese grado de generalidad, es necesario matizarla. 

El primer matiz viene desde la misma definición de capital humano. Así, si consideramos que el capital humano de una comunidad es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes hacia el trabajo que posee esa comunidad y que les permiten producir bienes y servicios, hemos de considerar que no todos los conocimientos son iguales en cuanto a su utilidad para la producción, por lo que ese criterio, que se viene aceptando, de que el capital humano se mide por los grados de escolaridad medios de una población, no sólo no es exacto, sino que puede sesgar el análisis. Dicho de otra forma, dos países con el mismo porcentaje de titulados superiores y el mismo índice de analfabetismo tienen el mismo grado de educación, pero pueden tener distinto nivel de capital humano si en el primero de ellos todos los titulados lo son, por ejemplo, en lenguas muertas, mientras que en el segundo todos los titulados lo son en, por ejemplo, ingeniería industrial. De donde se deduce que, desde la perspectiva del capital humano, no sólo son relevantes los grados de escolaridad, sino qué se estudia. 

El segundo matiz tiene que ver con una variable oculta en las estadísticas. Y es que, por aquello de la corrección política, se considera, en las organizaciones internacionales, que todos los títulos de las mismas áreas tienen el mismo valor. Y eso es lo mismo que pensar que un título de Harvard contiene el mismo conocimiento que uno de una universidad española. Hay una gran diversidad de cantidad y calidad de conocimiento bajo el mismo título, como hay un abismo entre una titulada sobresaliente y un titulado aprobado. Así pues, la calidad de las instituciones educativas, que son los productores del capital humano, así como el nivel de exigencia dentro de ellas determinan distintos niveles de capital humano. 

De lo dicho hasta aquí se pueden extraer dos conclusiones básicas: si queremos crecer más en los próximos años tenemos que invertir más en capital humano, pero eso no significa necesariamente tener más titulados. Y, de igual forma, hemos de aumentar la calidad de nuestra educación, y eso tampoco significa necesariamente gastar más sino, probablemente gastar mejor. Y bastaría con que comparáramos lo que se ha hecho en Irlanda en los últimos veinte años con lo que hemos hecho en Andalucía, para que viéramos cómo se gestiona bien una política de capital humano. Lo malo es que esa comparación igual no le interesa ni a nuestros omniscientes planificadores educativos, ni desde luego, a nuestros sapientísimos y "magníficos" rectores. 

9 de abril de 2007 

Elogio a Europa (desde España)

Ayer se cumplieron cincuenta años de la firma del Tratado de Roma, por el que se crearon las estructuras básicas de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Y son muchas las voces que estos días han analizado la historia de la Unión, su importancia y significado, su actual crisis, sus debilidades. Y precisamente porque está en una época oscura es por lo que quiero celebrar su éxito. Más aún, quiero celebrar lo mucho que la idea de participar en la construcción europea ha significado para nosotros los españoles. Y es que también por estas fechas, fue un 29 de marzo, se llegó al acuerdo por el que nuestro país se incorporaría a la Unión el primero de enero de 1986. 

Hace algo más de veinte años, los españoles encontramos en Europa y en la construcción europea el gran valor político que nos faltaba desde que perdimos el imperio americano. Europa, a finales del siglo pasado, fue un valor que nos sacó del ensimismamiento que tanto nos duró y que tantos problemas nos trajo. Superado el escollo previo de una Transición no siempre fácil, a menudo frágil, Europa como dirección era un concepto seguro y compartido que provocaba entusiasmo: porque era un valor que la sociedad española identificaba claramente con unos valores y usos que añorábamos (quizás porque nunca los tuvimos); porque era un valor que nos hacía partícipes, en la era de la superpotencia americana, en la construcción de otro actor de tamaño mundial. Europa fue, para nosotros, un valor político que nos permitió soñar con una España mejor en un mundo en el que nuestra voz se oiría a través de ella. 

Más aún, Europa supuso, y aún supone, una inmensa oportunidad de modernización social y económica. Gracias, en gran parte, a la oportunidad que nos brindó la entrada en la Unión, a la generosa ayuda económica europea (casi un 1% del PIB anual) y a la coordinación de nuestra política económica con la de los países europeos, los españoles gozamos hoy de un nivel de renta per cápita como jamás en nuestra historia tuvimos. De hecho, si en los últimos años crecemos al ritmo con el que lo hacemos y creamos el empleo que creamos es debido al hecho de que sustituimos una moneda débil, la peseta, por una moneda fuerte (el euro es el marco con otro nombre) integrándonos en un área monetaria y económica gigantesca (la segunda mayor del mundo en PIB, solo por detrás de los USA) que nos ha permitido sortear riesgos que antes nos hubieran afectado determinantemente (¿o alguien cree que las últimas subidas del petróleo hubieran pasado sin afectarnos si hubiéramos tenido la peseta?) La economía española es hoy como es, en gran medida, porque Europa es, para ella, un seguro. Estar integrados en la economía europea y en el euro es, posiblemente, el mejor marco para nuestro futuro económico. 

Mucho le debemos y en muchos sentidos, pues, cada uno de nosotros y como pueblo, a aquel Tratado de 1957, a ese otro del 85 por el que nos integramos y a los que les han sucedido, así como a las personas que los hicieron posible. Una deuda de gratitud que ayer me hizo recordar unos versos que Jorge Guillén escribió en el Ámsterdam destruido de 1945: 

Siento inmortal a Europa,/ Uno siento el planeta./ La historia es solo voluntad del hombre. 

26 de marzo de 2007 

Peticiones electorales

Cuando se acerca el periodo electoral empiezan a aflorar peticiones y demandas sociales de lo más variopintas. Ante ellas, los presuntos candidatos responden con promesas y declaraciones que las recogen, cuando no proponen algo más atrevido. Todo ello sin que, en muchos casos, se haya hecho un análisis de lo razonable o no de la petición y, sin que, desde luego, en el caso de que la petición sea inconveniente, nadie se atreva a decir que lo es. Y es que para que una petición sea atendida no tiene que ser razonable, basta con que sea una petición "histórica" o que sea importante para un grupo de electores como para hacer de ese tema el punto central de su decisión a la hora de votar. Más aún, cuanto más simple sea la petición, mejor es aceptada. 

Posiblemente, de todas las peticiones y promesas que se hacen en precampaña electoral, las de infraestructuras viarias sean las más vistosas. No sé si por la pasión que los españoles tenemos por el cemento, por ese interés de dejar huellas que duren más que una vida o porque somos poco imaginativos, el hecho es que es iniciarse una campaña electoral y todo el mundo saca a pasear al ingeniero de caminos, canales, puertos y aeropuertos que lleva dentro. Y los políticos, esos padres y madres solícitos y solícitas, aceptan todas las sugerencias mirándose de reojo, por si alguno comete el desliz de no apoyar una infraestructura que es... "la clave del desarrollo". 

Lo que no se dice, seguramente porque los políticos no lo saben o porque no quieren ser políticamente incorrectos, es que las obras de infraestructuras son solo una de las condiciones necesarias para el crecimiento económico, pero no son una condición suficiente. Y es que éste depende de tres factores: del capital humano (o sea del número de personas en edad de trabajar y de los conocimientos que tienen); del capital físico privado (fábricas, maquinaria, etc.) y público (infraestructuras viarias, etc); y, finalmente, de un factor institucional y organizativo que tiene que ver con el tamaño del mercado, la flexibilidad burocrática y las relaciones institucionales. De todo lo anterior se puede deducir que una carretera, por sí misma, no es la solución para los problemas de crecimiento de una ciudad. De la misma forma que una parada de tren no resuelve los problemas de una comarca entera. Y no hay que irse muy lejos para ver ejemplos de lo que estamos sosteniendo: Lucena ha crecido espectacularmente en los últimos años y aún no está conectada por autovía con su principal mercado y hasta este año no ha parado cerca de ella el tren. Una autovía o un tren son solo medios de transporte que abaratan costes, pero no hacen crecer, automáticamente, la renta. 

Esta solo crece si se aumenta el número de personas que trabajan y el valor de lo que hacen. Ocupación y capital humano y productividad son las claves del crecimiento. No nos engañemos, pues, con espejismos de las infraestructuras. Son indudablemente necesarias, pero, en algunos casos, no son lo primero. Máxime si, además, tenemos en cuenta que cuestan dinero. Mucho dinero de todos. 

(Nota: y si alguien deduce de este artículo que estoy en contra de la autovía a Toledo o del aeropuerto de Córdoba, es que no ha entendido nada de lo que ha leído). 

12 de marzo de 2014

Abstención

Yo soy uno de los miles de andaluces que, conscientemente, se abstuvieron en el Referéndum del Estatuto. Me he abstenido, y ni siquiera he opinado en estas páginas sobre él, porque no me gusta este Estatuto, como no me gustó el de Cataluña, sobre el que sí opiné y con contundencia. 

Y no me gusta porque el proceso que nos ha llevado a él ha sido erróneo y está produciendo un resultado final desordenado. Es cierto que era necesaria una reforma estatutaria para adaptar los estatutos a la realidad política y administrativa del Estado de las Autonomías. Pero eso se debería haber hecho bien desde una reforma de la Constitución, bien desde una ley genérica de reforma que marcara los límites y distribuyera las competencias siguiendo un criterio de eficiencia. Y desde una reforma del Senado que nos hubiera llevado a un Estado federal más racional que la extraña confederación en la que estamos convirtiendo a España. Y es falso que hubiera un clamor popular a favor de las reformas, pues solo se han hecho por el impulso de la minoría nacionalista, por razones partidistas y por la debilidad de un Gobierno en minoría y sin pulso ideológico. Que el PP se haya sumado a esta reforma no carga de razón a este Estatuto. Al contrario, me refuerza la percepción de que todo este proceso de reformas estatutarias está montado por las élites políticas para distribuirse el poder. 

Y tampoco me gusta el articulado. Ya el preámbulo es un monumento a las frases sin contenido, como la declaración de derechos de la primera parte es un monumento al absurdo. Al absurdo porque si el PSOE y el PP están de acuerdo en darnos un derecho a los andaluces, no entiendo por qué no se puede aprobar una ley en el Congreso que diera esos mismos derechos a todos los españoles. Más aún, no me fío de los políticos que nos dan derechos que, después, no nos permiten ejercer, como no me fío de los derechos declarativos que no se pueden exigir. Y basta mirar la Constitución española y la realidad del derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la libertad educativa, la igualdad ante la ley, etc. para saber lo que da de si una declaración de derechos. Como tampoco me gusta el tufillo nacionalista, premoderno y paternalista, de muchos artículos. Y es que parece que el Estatuto, más que un marco de libertades y de instituciones para un mejor gobierno, es un catálogo de aspectos de nuestra vida sobre los que tendremos que pedir permiso a sapientísimos funcionarios de la Junta. Lo siento, pero, además, no me han convencido las razones que se me han dado en la campaña del Referéndum. Así, la apelación de Izquierda Unida a los derechos y a los ayuntamientos me resultó infantil e inoportuna, mientras que el PSOE, en una campaña con la complicidad de los medios públicos, ha estado demostrando su ignorancia económica al vincular crecimiento económico con autonomía, una vinculación indemostrable, entre otras cosas porque el Gobierno andaluz no ha tenido (y gracias a Dios no tendrá) competencias sobre las políticas macroeconómicas. Como ha sido muy pedestre el mensaje del PP, pues la eficacia en la gestión no aumentará con este Estatuto, sino que posiblemente, con la reforma estatutaria hagamos más ineficaz al conjunto del sector público que sostenemos los ciudadanos con nuestros crecidos (y crecientes) impuestos. 

Lo siento, pero ni me ha gustado el proceso, ni el resultado, ni la ideología que lo ha movido, ni la campaña con que me lo han vendido. Por eso no fui a votar. Y mucho me temo que por las mismas razones tampoco fue a votar una inmensa mayoría de andaluces. Y si los políticos no entienden el mensaje que les hemos dado es que son más incompetentes en su profesión de lo que todos los días nos demuestran. 

26 de febrero de 2007 

Amenaza medioambiental

Desde la década de los sesenta sabemos que la actividad humana genera graves problemas en el medio ambiente. Desde entonces sabemos, hace más de cuarenta años, que la polución de la atmósfera, la contaminación de las aguas, la desaparición de especies, el agotamiento de minerales, etc. están relacionadas con la forma en la que los humanos utilizamos el Planeta. 

Y esta forma está condicionada por la tecnología que usamos para explotarla y por la cuantía de las necesidades totales de los que componemos el género humano. Dicho de otro modo, los problemas que causamos al medio ambiente están determinados por lo que sabemos, por lo que lo que necesitamos y por el número de los que somos. Así, si no hay un cambio significativo de la tecnología, en los hábitos y no se cambian las tendencias de crecimiento poblacional, el problema medioambiental al que nos vamos a enfrentar será de tal envergadura que pondremos a la humanidad en peligro de extinción. 

Y es que si no cambiamos la tecnología, si no invertimos en mejorar el uso de los recursos naturales, éstos no solo se agotarán, sino que antes de agotarse serán, como ya son, una fuente de conflictos. Más aún, si no descubrimos tecnologías que sean limpias, aunque seamos eficientes en el uso de los recursos, sólo ganaremos tiempo, pero no se resolverá la crisis medioambiental. Y basta un ejemplo: si cambiáramos la gasolina por el etanol contaminaremos menos, pero seguiríamos contaminando, con lo que se aplazaría el punto de no retorno (lo que ya es importante), pero seguiríamos causando cambios climáticos. Hay, pues, que invertir más en tecnología de nuevas fuentes de energía, en tecnología de la recuperación, en... conocimiento. 

Pero solo con la tecnología no resolvemos el problema, porque no sabemos cuándo vamos a encontrar las soluciones. Necesitamos, pues, un cambio rápido en la forma en la que vivimos aquellos que más contaminamos, los ricos del mundo. Y para ello, es necesario que nos convenzamos de este cambio y que aceptemos que los poderes públicos, a través de impuestos y leyes, nos obliguen a este cambio. Y, para empezar, hemos de cambiar nuestros hábitos de transporte: cambiar el coche, en las ciudades, por el paseo, la bicicleta o el transporte público; comprar coches híbridos o eléctricos y aceptar mayores precios de los carburantes, la extensión de zonas peatonales, los carriles bici y de transporte público. Como debiéramos aceptar un impuesto para subvencionar la electricidad generada por energías renovables. Como debiéramos exigir un mejor uso del agua, reforestar, usar más racionalmente el papel y los envases, etc. Sin cambios significativos en los hábitos de los países ricos no habrá posibilidad de retrasar la amenaza medioambiental. Y esta responsabilidad es nuestra porque ha sido nuestra forma de vida la que ha acumulado estos gases que amenazan a toda la humanidad. 

Y, finalmente, hay que volver a pensar en los problemas de la población mundial porque la amenaza ecológica persistiría por el mero volumen total de la población mundial. Urge, pues, volver a pensar sobre este espinoso y complejo tema. 

El problema es que, mientras tenemos estas tareas, nuestros políticos, optimistas antropológicos todos, siguen discutiendo de estatutos y de otras naderías. 

12 de febrero de 2007 

Políticas que funcionan

La semana pasada se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2006. Los datos esenciales son que en España hay alrededor de 21,8 millones de personas activas; que, de ellos, 20 millones están trabajando y que 1,8 millones están parados. Estas cifras, en porcentaje, arrojan una tasa de actividad del 72,26% y una tasa de paro del 8,34.

Cifras que, vistas en perspectiva histórica, nos dicen que tenemos la mayor masa laboral de nuestra historia, la mayor tasa de actividad desde que tenemos estadísticas y una tasa de paro que no conocíamos desde antes de la crisis industrial de finales de los setenta. Comparadas, además, con las de nuestros socios de la UE, estas cifras son espectaculares: tenemos una tasa de actividad que se acerca a pasos agigantados a su media y una tasa de paro que está por debajo de ella. Estos resultados comparativos son más impresionantes si tenemos en cuenta la situación de hace solo unos años y que España crea alrededor del 40% de los empleos de la Unión.

Las causas de estas cifras hay que buscarlas tanto en las altas tasas de crecimiento de la economía española, como en el resultado de políticas que están dando resultado ahora. De ahí que podamos extraer algunas enseñanzas de política económica.

La primera enseñanza es que las políticas económicas que tienen que ver con el capital humano dan resultado en el largo plazo. Así, la alta tasa de actividad femenina y su alto ritmo de crecimiento se deben a que empiezan a ser mayoría, dentro de su colectivo, las mujeres que han tenido acceso a la educación, frente a las mayores de 45 años, que no lo tuvieron y que, por eso, tienen una menor tasa de actividad. Una política de educación, de igualdad educativa, tiene un resultado gradual, pero inexorable. Y hay que recordar que nuestra política de igualdad educativa empezó en los setenta.

La segunda enseñanza es que no hay una receta simple contra el paro. Así, los economistas hemos de reconocer que, ante el paro en un mercado de trabajo keynesiano rígido y abierto, funciona una política de flexibilidad que permita una clásica contención salarial. La flexibilización del despido, el abaratamiento de sus costes, no produce, per se, paro. De lo anterior podemos deducir que, en las fases altas del ciclo, hay que flexibilizar, para mantener una política de rigidez en las bajas.

La tercera enseñanza es que las reformas del mercado de trabajo han de ser graduales y tácita y discretamente pactadas, huyendo de su utilización partidista. La lenta flexibilización de nuestro mercado laboral ha funcionado en gran medida porque, desde que se inició, en los primeros noventa, se ha mantenido en la misma dirección desde entonces.

La cuarta enseñanza es que no hay política económica perfecta, que siempre hay problemas que resolver. Y es que otra lectura de las altas cifras de empleo es que seguimos dependiendo sólo del crecimiento de la construcción y de servicios, por lo que no ha crecido la productividad y los salarios, que dependen de ella, crecen muy lentamente para los trabajadores de baja cualificación, con lo que las diferencias salariales aumentan y, con ella, empeora nuestra distribución de renta personal.

De estas enseñanzas podemos extraer algunos corolarios para responder a qué hay que hacer. En primer lugar, hay que empezar una activa política de capital humano, siendo conscientes de que en la política educativa nos jugamos el futuro. En segundo lugar, hemos de incorporar las nuevas tecnologías en las empresas porque es la forma de aumentar la productividad de nuestro empleo. En tercer lugar, hay que eliminar las rigideces que aún persisten. Y, por último, hay que ser pragmáticos y tener paciencia para juzgar los resultados. De la inmigración y de sus efectos hablaremos otro día.

29 de enero 2007

Fuera de la realidad

La semana pasada, y a cuenta del atentado del 30 de diciembre, hemos asistido a la última prueba de generalizada estupidez de todos aquellos, gobierno y oposición, que tienen la responsabilidad de gobernar este país que aún llamamos España. Los políticos, como ha reconocido el mismo lehendakari, han dado muestra, la enésima, de no saber estar a la altura de las circunstancias. Y es parece que lo que les importa es el debate por el debate, no la búsqueda de soluciones a los problemas que tenemos planteados, el terrorismo entre ellos. Ni les importan las opiniones de la gente porque pidiéndoles todos, hasta el Rey, que se pongan de acuerdo son incapaces de mirarse. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo en un texto complejo que refleje una política de Estado que nos ayude a terminar con el terrorismo si no se ponen de acuerdo en una frase que refleje el sentimiento evidente de repulsa y asco que nos da la violencia terrorista? 

Y es que, mientras ellos han estado debatiendo durante una semana si incluir o no la palabra "libertad" en un trozo de tela (para que, al final, los del PP decidan, en su enésima muestra de ofuscación, no ir), el terrorismo sigue. Porque habrá terrorismo mientras los que se tuvieron que ir del País Vasco (alrededor de doscientos mil) sigan sin poder volver; mientras los empresarios sigan recibiendo cartas de extorsión; mientras haya gente que tenga escolta; mientras el Partido Popular tenga dificultades para hacer sus listas electorales; mientras todas las noches se quemen cajeros automáticos o aparezcan pintadas con amenazas; mientras se quemen autobuses; mientras la gente no hable de política libremente. Hay terrorismo en el País Vasco, en Navarra, en Madrid, en cualquier lugar de España (salvo en Cataluña) mientras exista ETA y todo el entramado totalitario de pensamiento que la soporta. 

Pero estos hechos, el análisis de sus causas y consecuencias y la forma de combatirlo, no parecen importar a los políticos, ni al Gobierno ni a la oposición, porque están más interesados en la lucha partidista que en la búsqueda de soluciones concretas a esta grave cuestión. Leyendo los discursos de los políticos sobre el terrorismo en España de los últimos años (y he leído muchos) parece que ninguno de ellos tenga interés en responder a preguntas casi elementales sobre la cuestión. Parece que los estudios empíricos sobre la forma de actuación de ETA, los trabajos sobre la influencia de la educación nacionalista sobre la violencia, los estudios de Mikel Buesa sobre los costes económicos de la actividad etarra o los que encargó Garzón sobre los costes directos, los trabajos de filosofía política sobre el coste democrático del terrorismo o los de política comparada sobre otras experiencias (el IRA o del terrorismo de izquierda de los setenta) sean pijadas académicas que nada tienen que aportar a su reflexión, ni, desde luego, a su acción. Parece que les basta con hacer lo contrario de lo que hizo o hace el otro para resolver el problema. 

Viendo las actitudes de nuestros políticos con el terrorismo, una cuestión en la que todos (hasta los nacionalistas) están de acuerdo en su gravedad, empiezo a entender por qué otros problemas también graves (violencia de género, accidentes de trabajo, inseguridad ciudadana, pobreza, corrupción urbanística, desastre educativo, etc.) siguen sin resolverse. Y la respuesta es que los políticos sólo saben de palabras vacías, de titulares, de debate, no de realidad, de análisis, de soluciones. Sólo de bronca, no de discrepancia educada. 

Decía John Lennon, que "la vida es eso que ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes". La vida, lo que nos interesa a los ciudadanos, es lo que está ocurriendo mientras nuestros políticos se dedican a discutir sobre una palabra. Lo malo es que también la muerte ocurre mientras ellos viven en el mundo ficticio de las palabras. En ese mundo fuera de la realidad que se han construido. 

15 de enero de 2007