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lunes, 31 de diciembre de 2007

Subasta fiscal

Desde que el PP ofreciera en su programa electoral de 1993 una bajada de impuestos no hemos tenido unas Elecciones Generales en las que no haya habido ofertas fiscales. Descubierto por el PSOE el tirón electoral de la cuestión impositiva, entró en ella con la simpleza de que "bajar el IRPF es de izquierdas", para proponer, en las elecciones del 2004, el impuesto de tarifa única de Miguel Sebastián, que se quedó en la última y mínima reforma de Solbes. 

Como estamos en periodo electoral, la cuestión ha vuelto a plantearse y, como corresponde a nuestra plaza pública, en forma de escuetos mensajes publicitarios, por lo que, en vez de un debate sobre los impuestos, a lo que asistimos es a una subasta electoral. Una burda subasta electoral en la que solo nos venden eslóganes, pues no se explicitan las razones y consecuencias de las propuestas. 

Ha abierto la subasta el PP con una muy inconcreta propuesta sobre la eliminación del IRPF a las rentas menores de 16.000 euros. Una propuesta dirigida a los jóvenes para contrarrestar las del PSOE sobre vivienda y renta de independencia. Una propuesta defendida por Acebes con la argumentación de que no implicaba una menor recaudación, pues, como ya sabemos por las dos reformas que hizo el Gobierno de Aznar, una bajada de impuestos sobre la renta implica un mayor consumo, por lo que hay una mayor recaudación a través de los impuestos indirectos y de las cotizaciones sociales. Lo que Acebes no dijo es que, con esta reforma (como con las anteriores) la presión fiscal, o sea, lo que pagamos en media cada uno de los ciudadanos, no baja (por eso se mantiene la recaudación), y que lo sí ocurre es que la carga se distribuye peor, porque las rentas bajas seguirían soportando una mayor carga, en porcentaje, que las altas. No cambiaría, pues, la carga media, pero empeoraría la distribución, haciéndola más aún más regresiva. Algo que ya hicieron cuando gobernaron. O sea, pura coherencia ideológica de la derecha. Lo sorprendente es que en los cuatro años de gobierno del PSOE esa situación no ha cambiado. Más aún, ha empeorado, porque en estos cuatro años se ha subido la presión fiscal, por lo que pagamos más impuestos en media que antes, manteniéndose la misma regresiva distribución de la carga. Con este bagaje, sorprende, entonces, que la respuesta del PSOE a la primera puja del PP sea la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio. Porque este impuesto, eliminado en la mayoría de Europa, es uno de los pocos que mantiene una cierta progresividad en nuestro sistema. Lo alucinante de la propuesta del PSOE es que se hace para mejorar la fiscalidad de los más ricos, ya de por sí muy mejorada en los últimos años, yendo, sorprendentemente, más allá que el PP, y copiando una de las propuestas fiscales estrellas de ¡George Bush! O sea, pura incoherencia ideológica de Zapatero. 

Lo triste de esta situación es que, con este juego de la subasta electoral, trivializamos el asunto de los impuestos, hasta el punto de que no hablamos de cómo se distribuye la carga fiscal, de cómo tenemos un sistema obsoleto que ha perdido su progresividad, de cómo el fraude sigue erosionando la justicia distributiva. Lo triste, pues, es cómo nuestros políticos, en cada elección, ponen a la venta los principios contenidos en el hermoso artículo 31.1 de nuestra Constitución, de clásica redacción, que sostiene que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Un artículo que, a base de reformillas regresivas e incoherencias ideológicas, es carne de subasta, lo ha sido parte de la Constitución. 

31 de diciembre de 2007 

lunes, 3 de diciembre de 2007

Otro artículo sobre inflación

Después del repunte de la inflación en los dos últimos meses, los españoles parecen que, de pronto, nos hemos dado cuenta de que la economía española padece de inflación. Como si esto fuera una novedad ahora, cuando la economía española ha venido teniendo un persistente problema de inflación desde que en aquel lejano 1999 cumpliéramos los criterios de Maastricht. De hecho, tuvimos un 3,4 en el año 2000, un 3,6 en el 2001, un 3,5 en el 2002, un 3 en el 2003, que repetimos en el 2004, un 3,4 en el 2005, un 3,5 el año pasado y vamos caminando hacia el entorno del 4. Lo anormal, dada esta trayectoria, ha sido el haberla tenido cercana al 2,5 en los últimos doce meses, no que esté ahora como está. 

A riesgo de repetir ideas que ya he escrito en los últimos años, señalaré tres causas básicas que explican la actual inflación y, lo que es más importante, su persistencia. La primera causa de la inflación española es la subida de los precios de materias primas y petróleo en los mercados mundiales. Y es que con un crecimiento mundial cercano al 5% por el fuerte crecimiento norteamericano y de las ya gigantescas economías asiáticas, la demanda de materias primas y petróleo ha desbordado la oferta en los mercados. Hoy el petróleo roza los 100 dólares corrientes porque la demanda mundial de petróleo ha crecido en los últimos años casi un 20%, mientras que la oferta, como es habitual, se ha ido adaptando a impulsos de precios. Y lo mismo es aplicable a los demás mercados de materias primas, entre ellos los cereales, que, en el caso europeo, se hace más grave por la miope Política Agraria Común. Si, de cualquier forma, a nivel mundial no se está viviendo un proceso inflacionario (la inflación mundial está contenida y no hay inflaciones superiores al 15% en ninguna zona del planeta) es por efecto de la globalización que hace que los precios de los bienes industriales estén contenidos. 

La segunda causa de la inflación, similar a la anterior pero en clave española, es que la demanda interna española, motor de nuestro crecimiento, viene creciendo a un ritmo muy superior al crecimiento de la oferta desde hace muchos años. De hecho, la oferta española de bienes, por ejemplo, no ha crecido al mismo ritmo que la demanda y por eso tenemos el fuerte déficit exterior que tenemos. Como venimos sosteniendo, desde hace años, la mayoría de los economistas, hemos crecido mucho en los últimos años, pero con desequilibrios que no se pueden sostener en el largo plazo. 

La tercera causa, y ésta es con diferencia la más importante, es que nuestros gestores políticos no tienen ni idea de qué diablos es el concepto de competencia y, por tanto, nada han hecho para aumentarla. Y la prueba es que a pesar de la retórica liberalizadora del Gobierno del PP y de las páginas que el rimbombante Programa Nacional de Reformas del PSOE le dedica a la competencia, no ha habido ni una iniciativa importante y significativa de estudiar seriamente las condiciones en las que se forman los precios en los distintos mercados de bienes, de deducir un concepto legal de competencia eficiente y, desde luego, de articular una ley de competencia y una administración de vigilancia de la competencia eficaz. Esta ignorancia de la que han dado muestras nuestros distintos ministros de economía (y es el lunar en unas gestiones impecables) no sé si se debe a que no estudiaron el tema de universitarios o a que hay determinados intereses empresariales que ningún gobierno se atreve a tocar. De cualquier forma, lo mejor que pueden hacer ambos es callarse, porque, haciendo unas breves cuentas de los datos anteriores, se deduce que en esto de la inflación tan mal gestionaron unos como lo están haciendo los otros. Y alarmar a la población no es la mejor manera de resolverlo. 

3 de diciembre de 2007