En medio del ruido de las declaraciones de las últimas semanas, la situación de la economía española parece, al menos en mi opinión, aclararse. Y me arriesgo. Creo que para la cumbre europea del 18-19 de octubre (o a más tardar para diciembre), el Gobierno español solicitará una refinanciación de parte de la deuda pública española al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), a lo que seguirá una intervención del Banco Central Europeo en el mercado de deuda. Es decir, creo que España será, este otoño, "suave" y parcialmente rescatada.
Las razones económicas de este rescate son casi evidentes. La primera es que nuestra deuda exterior es excesiva (977.000 millones de euros, un 95% del PIB) y tenemos demasiada a corto plazo (casi un 20%). La segunda es que nuestra economía está muy dañada, con expectativas de crecimiento negativas a corto plazo, porque nuestras empresas dependen demasiado del estancado mercado interior, tienen problemas de competitividad que están ajustando lentamente, están muy endeudadas y dependen de una difícil financiación bancaria con un sistema bancario en plena reconversión. Y, finalmente, porque no tenemos posibilidades de hacer una política económica creíble con resultados a corto plazo ya que, al margen de los errores, de fondo y forma, del propio Gobierno, tenemos un marco político-administrativo en el que más del 50% del gasto lo gestionan las Comunidades Autónomas, que no responden al gobierno central, estando, además, las dos más pobladas gobernadas por partidos diferentes al del Gobierno central, y con dinámicas de oposición (Andalucía) y ruptura (Cataluña). En estas condiciones, el tipo de interés al que nos estamos financiando es superior al 6% (más de 500 puntos de prima de riesgo), lo que hace imposible reactivar la economía (espiral depresiva), al tiempo que podríamos entrar en riesgo de impago (espiral de deuda explosiva).
Ante esta situación, creo que el Gobierno está dispuesto a pedir ayuda en forma de rescate, parcial y más suave que el griego o el portugués, porque no podemos seguir así y ha descontado que es más fácil imponer las reformas que hay que hacer, tanto a sus barones como a los ajenos, amparado en unas condiciones exteriores y una situación de emergencia, que batallarlas política y jurídicamente sin apoyo exterior. Más aún, tiene todavía la posibilidad de echarle la culpa al Gobierno anterior, cuenta con un líder de la oposición débil y corresponsable del desastre y tiene tiempo de legislatura suficiente como para recuperar el voto si la economía española se activa en el 2014.
Por su parte, los gobiernos europeos están dispuestos a refinanciar, a través del MEDE (si el Tribunal Constitucional alemán lo autoriza en septiembre), parte de nuestra deuda pública y a permitir al Banco Central Europeo a intervenir en los mercados financieros para estabilizar los tipos, siempre que se pida formalmente y cumplamos unas condiciones de política económica, porque se eliminan incertidumbres en España y se puede abordar el problema de Italia.
El rescate de la economía española será, pues, parcial y más "suave", por el tamaño de nuestra economía y el absoluto de nuestra deuda, la menor profundidad relativa del problema y por nuestro mayor potencial de crecimiento. Y se hará en dos fases: una primera ya en marcha con el rescate bancario (un crédito de hasta 100.000 millones); y una segunda, el rescate público (de unos 150.000-180.000 millones). De hacerse así, en unos meses se resolvería parte del problema de la deuda pública y del tipo de interés, se eliminarían incertidumbres y se ganaría tiempo para las reformas estructurales de la gobernanza y la economía españolas que tenemos que hacer para salir de la crisis. Unas reformas estructurales que exigirán casi reinventarnos.
Y, mientras, la Sra. Merkel se presentará a sus elecciones de septiembre del 2013 fiel a sus principios y habiendo salvado el euro. O sea el marco alemán de este siglo. Una moneda que conllevaba una responsabilidad que no quisimos ver y que ahora se nos exige.
