Una lista de tareas económicas

A dos años vista de las Elecciones Generales, pues no creo que el presidente Rajoy las vaya a convocar antes, sería bueno que los partidos políticos fueran pensando propuestas para la próxima legislatura, pues ésta es estéril. Estéril por la pasividad de Rajoy, por la incapacidad de la oposición y porque todo parece girar alrededor del monotema catalán. 

Sin embargo, sería interesante que los políticos fueran haciendo propuestas para una legislatura, la del año 20, en la que ya no valdrán las mismas que en el año 2016. Ya no estaremos en el sexto año de crisis, sino en el sexto de la recuperación; hablar de recortes será cosa del pasado; el paro habrá bajado al entorno del 13%; la cuestión catalana se habrá enquistado (o nos habrá aniquilado por aburrimiento); la conciencia de la desigualdad de renta y de oportunidades será mayor; la cuestión de la violencia de género será crítica; la construcción europea volverá a importarnos, etc. La situación política de dentro de dos años no será la que llevó a los movimientos sociales y a la crisis institucional, porque ya ni siquiera hoy es la misma. Plantear una revolución será cosa del pasado. 

Desde una perspectiva económica, España ya habrá superado la crisis, ya que todos los indicadores de actividad, equilibrios y expectativas serán positivos, pues ya lo son hoy. Pero esto no significará que la economía española crezca de una forma sana, ni que haya superado todos los problemas estructurales de los que adolece desde antes de la crisis. 

Y es que la economía española está creciendo «dopada», por lo que sus fundamentos de crecimiento no son sanos. Dopada por los estímulos monetarios que nos llegan desde Europa y dopada por una política fiscal expansiva. Dos políticas macroeconómicas que no se pueden sostener en el largo plazo, pues no es sostenible mantener tipos de interés cercanos al cero, ya que se generan burbujas financieras (efectos Friedman, en términos técnicos), como no es sostenible un Sector Público con déficits permanentes, y menos con niveles de deuda superiores al 100% del PIB, pues lleva bien a subidas excesivas de impuestos (equivalencia ricardiana, en términos técnicos), bien al rescate (y de paso a la banca, pues es la que compra deuda pública), y, en ambos casos, a una nueva crisis. La política económica española, y esa sería la primera tarea, ha de ir encaminando a la economía española hacia un crecimiento sano, controlando los niveles de burbujas y retirando suavemente los estímulos fiscales. 

Las siguientes tareas, que se pueden abordar simultáneamente, serían una profunda reforma del mercado de trabajo, una reestructuración del gasto público, una nueva arquitectura fiscal y una política de competencia y unidad de mercado racional que fije criterios para la regulación. 

La necesidad de reforma del marco institucional de nuestro mercado de trabajo es una obviedad a poco que se considere que somos, desde hace más de 30 años, una de las economías desarrolladas con mayor tasa de paro. Como es necesaria una reestructuración del gasto público (incluyendo las pensiones) que se adapte a las necesidades de una población que envejece y se hace diversa y que lo haga eficaz en la lucha contra la pobreza y la marginación. Como es imprescindible una nueva arquitectura fiscal que, siendo neutral para el crecimiento, sea suficiente y progresiva. Como necesitamos una política de regulación que haga funcionar los mercados regulados (energía, etcétera) y no interfiera en los demás. Si, además de esto, los políticos tuvieran propuestas sobre la estructura competencial (base de la financiación autonómica) y de coordinación entre las administraciones, igual la economía española podría soñar, no solo en superar la crisis desde una perspectiva macroeconómica, sino en converger con Europa. Pero mucho me temo que no tendremos propuestas, pues el PP esconde tras su silencio una carencia absoluta de ideas, el PSOE solo tiene ocurrencias populistas, Podemos-IU andan perdidos en su retórica asamblearia y Ciudadanos está seleccionando personal. 

29 de enero de 2018

Propuestas, ocurrencias y ...

No somos pocos los economistas que, desde hace años, venimos diciendo que es necesaria una profunda reflexión y un gran pacto de reforma del sistema de pensiones español. Y que es necesario hacerlo ya, cuanto antes. Si no modificamos la financiación del sistema de pensiones, en unos años se colapsará, pues, aunque lleguemos a tener una tasa de paro de menos del 10% para el año 2020, las cohortes que se jubilarán a partir de 2022 son tan numerosas que, para el 2025, no podríamos sostenerlo. Hay, pues, que abordar la financiación de las pensiones con urgencia. Y, puesto que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el factor trabajo que llamamos cotizaciones sociales, que pagan los consumidores (y no las empresas, como erróneamente se cree), es regresivo y perjudica la creación de empleo, sería bueno, en mi opinión, que abordáramos de una vez por todas una profunda reforma del sistema impositivo español, de tal manera que, además de darle suficiencia a los servicios públicos esenciales (entre ellos, las pensiones) le diéramos una mayor progresividad. Es decir, puesto que hemos de abordar la financiación de uno de los pilares del Estado del bienestar, y el de mayor crecimiento en la próxima década, sería conveniente repensar todo el sistema impositivo, incluyendo una reducción de las cotizaciones sociales y un replanteamiento del IRPF, del impuesto de sociedades y del IVA. Y, para inspirar las líneas de reforma, no estaría de más que, además de encargar informes como el de la Comisión Lagares de febrero de 2014 miráramos lo que hicieron, por ejemplo, los daneses hace más de 30 años, los alemanes hace una década o lo que ya están empezando a trabajar los franceses. 

En esta reflexión y debate sobre el tema de las pensiones y su financiación lo que sí sobran, me temo, son las ocurrencias populistas como la del secretario general del PSOE de la semana pasada, cuando explicó que «si el Estado rescató a la banca, la banca rescatará nuestro sistema de pensiones», reforzando la idea con una pregunta retórica: «¿No es de justicia que los bancos rescaten nuestro Estado del bienestar?». El señor Sánchez propone, pues, alguna suerte de impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones, incluso el conjunto del Estado del bienestar. 

¿Un impuesto sobre qué de la banca? ¿Sobre las transacciones o sobre los beneficios? Es decir, ¿cuál sería la base imponible? Porque si es sobre las transacciones sería una suerte de IVA a las operaciones bancarias (transferencias, pagos de recibos, operaciones con tarjetas, etc.), con lo que, al final, lo pagarían los usuarios, encareciendo los servicios bancarios y los costes financieros de las empresas y consumidores, y favoreciendo, de paso, la vuelta a las operaciones de efectivo, lo que impulsaría la ocultación fiscal. Y si es sobre los beneficios, los efectos serían un encarecimiento del crédito y/o una menor capitalización de los bancos. Sea como fuere, me temo que si hemos de fiar la financiación del crecimiento de las pensiones (del Estado del bienestar) a impuestos sobre la banca, los tipos impositivos que tendría que poner serían tales que o bien la hunde (y tendríamos que volver al rescatarla) o no hay suficiente. 

Es evidente que vivimos en una época de política de ocurrencias, no de pensamiento. Y basta mirar la semana pasada. El presidente Trump destroza una política exterior con tres tuits y una frase; la marabunta independentista quiere investir un presidente y gestionar una comunidad autónoma por videoconferencia y… el secretario general de un partido con vocación de gobierno quiere financiar las pensiones con impuestos imposibles a la banca. 

Igual que Mark Twain decía que había tres clases de mentiras (las mentiras, las cochinas mentiras y las estadísticas), en el debate público nos venimos encontrando con tres tipos de propuestas: las propuestas, las ocurrencias y… las tonterías. 

15 de enero de 2018