El nuevo gobierno económico

Tras el debate de investidura y la toma de posesión del presidente y de los ministros volvemos a tener Gobierno. Porque desde el verano andábamos en una provisionalidad e indefinición exasperantes. El Gobierno Rajoy es, en principio, un gobierno sólido y compacto. Viendo las biografías de los ministros se observa que los criterios de selección de Rajoy son diferentes de los de Zapatero. El equipo que ha compuesto Rajoy parece, a priori, preparado, equilibrado y orientado a un par de objetivos muy claros. Los objetivos que Rajoy presentó, dentro de un tono épico, en su discurso del debate de investidura fueron simples: luchar contra la crisis, haciendo los ajustes y reformas que sean necesarios, desde los presupuestos del Partido Popular y cumpliendo los compromisos adquiridos. Para alcanzar estos objetivos, este Gobierno cuenta con la legitimidad de su mayoría absoluta en las Cortes y en una mayoría de las comunidades autónomas. Una legitimidad que, además, se complementa, con la ausencia de "deudas" previas de Mariano Rajoy. Rajoy será, seguramente, el primer presidente que no debe nada porque en su ascenso no tuvo ayuda concreta de ningún grupo de comunicación, de ningún grupo de empresarios, ni de ningún grupo social (empezando por la Iglesia jerárquica). Ni siquiera tiene deudas con Aznar y, mucho menos, con el ala derecha de su partido. 

Teniendo esto en cuenta, que no hay vicepresidencia económica, que las responsabilidades de la política económica las ha dividido y que la orientación de política exterior está focalizada en Europa, ¿qué es esperable del Gobierno en política económica en los próximos meses? En principio, parece que Rajoy comprende perfectamente que la salida de la crisis exige trabajar en tres direcciones confluyentes: una dirección exterior centrada en la construcción de nuevas instituciones de la zona Euro, según el acuerdo del pasado 9 de diciembre, y para la que Rajoy cuenta con García-Margallo; una dirección de reforma de nuestra administración pública, empezando por el cierre del modelo autonómico, por lo que ha unido Hacienda y Administraciones Públicas, que ha encargado a Cristóbal Montoro; y una dirección de reformas, empezando por el sistema financiero y el mercado de trabajo, cuya responsabilidad recae en Luis de Guindos. Con estas orientaciones estratégicas y este equipo, lo esperable es un plan de acción razonablemente claro y formalizado, con objetivos y plazos, que se concretará dentro de tres o cuatro meses, justo cuando pasen los días de cortesía de la prensa, las elecciones andaluzas y los nuevos cargos hayan tomado el control de sus departamentos. De cualquier forma, la visita a Berlín y París y la próxima cumbre europea de enero serán las primeras señales de Rajoy de nuestra nueva política económica. Por su parte, en el mismo discurso de investidura hizo una primera jugada, que determina un curso de acción, pues al darle a Javier Arenas para las próximas elecciones en Andalucía la baza de la subida de las pensiones, se obligó a congelar el sueldo de los funcionarios, so pena de incumplir los acuerdos con Bruselas, con la justificación de la prórroga de los presupuestos. Como la elaboración de estos presupuestos es obligada, Rajoy aplazó hasta después del verano, y con menos incertidumbre política, el presentar un plan de reforma administrativa y fiscal que necesitamos. Finalmente, y aunque ha puesto fecha del 7 de enero a una reforma laboral pactada, Rajoy sabe que ésta es improbable porque los empresarios prefieren una reforma impuesta, que no podría estar en el BOE hasta- mediados de abril, aunque su debate generaría la sensación de que se está haciendo algo. También para finales de abril se han debido despejar las incógnitas del sistema financiero. 

Así pues, tenemos Gobierno. Hay, en principio, orientaciones claras de lo que hay que hacer y gente con capacidad para hacerlo. Tenemos señales, pues, de esperanza. Ahora lo que queda es esperar unos meses para ver en qué se van concretando. Entonces veremos si la esperanza se transforma en soluciones. 

El cambio en Europa

Mientras los españoles estábamos de puente, en Bruselas, Merkel, Sarkozy y, sin quererlo, Cameron, cambiaban Europa. Porque el acuerdo del 9 de diciembre es un acuerdo que pone las bases de un gobierno diferente de la UE, más unitario, especialmente en el ámbito económico, y que afectará, en principio, a los 17 países de la Zona Euro, y a todos aquellos que se sumen al acuerdo. La vía escogida ha sido la de un nuevo Tratado por el que los países de la Zona Euro se comprometen a una mayor disciplina fiscal y coordinación de las políticas económicas, lo que significa el establecimiento de topes de déficit público y deuda pública, así como la armonización fiscal de algunos impuestos, la coordinación de las políticas económicas (en especial, las de mercado de trabajo, de energía y de sistema financiero) y la supervisión del cumplimiento de estas medidas por parte de todos, de tal forma, que los incumplimientos se sancionen automáticamente. En definitiva, se establecen las bases de un gobierno económico europeo, al menos para los 17 del euro, con reglas que es necesario cumplir. Los países que ya cedieron la soberanía en política monetaria ceden así una parte de su soberanía fiscal y se comprometen a articular una política económica convergente. 

El acuerdo, al que, en principio, se han sumado todos los países menos el Reino Unido, supone un paso adelante y en la dirección correcta para Europa. Es un paso adelante porque se despejan las dudas sobre la viabilidad de la Zona Euro. Con este nuevo Tratado se subraya que Europa es consciente de que el euro es el viejo marco alemán ampliado, aunque menos fuerte, y que Alemania, y con ella el resto de las economías europeas, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar al euro haciéndolo tan creíble como lo fue el marco. Aunque con ello tenga que "alemanizar" al conjunto de la economía europea, empezando por Francia. Este acuerdo no despejará los problemas de la deuda de muchos países en el corto plazo, porque la base de estos problemas sigue existiendo, pero sí los estabilizarán, porque a medida que se vaya concretando irán desapareciendo las incertidumbres. Además, la mera existencia del acuerdo permite una cierta mayor flexibilidad en la política del Banco Central Europeo. 

En segundo lugar, el nuevo acuerdo es un paso adelante porque el modelo de política económica que está implícito en él, de rigor presupuestario y de estabilidad fiscal, es, en mi opinión, el más adecuado a largo plazo para Europa. Discrepo profundamente de los economistas, empezando por el Nobel Paul Krugman, que abogan por una expansión fiscal en las economías europeas porque olvidan las profundas diferencias estructurales entre Europa y los Estados Unidos. Hacer una expansión fiscal descoordinada e independiente conlleva el riesgo de que los irresponsables nunca paguen y chantajeen a los países serios por compartir su moneda. Sentada esta base, un gobierno económico europeo sí podría hacer una expansión fiscal del conjunto, esta vez sí, financiada con eurobonos.

Finalmente, el nuevo acuerdo es un paso adelante y en la dirección correcta porque el modelo de Europa que hay en él es el modelo continental de mayor integración económica, con reglas estables y comunes, lo que posiblemente nos haga avanzar hacia una mayor integración política. 

El acuerdo alcanzado es, en mi opinión y con matices, una buena noticia. Aunque un europeísta como yo hubiera preferido que el acuerdo hubiera sido un pacto de fondo para reformar los viejos Tratados, en la senda hacia una Constitución que rebajara el papel de los Estados, y una mayor concreción en algunos aspectos, el hecho es que, al menos, se ha alejado el peligro de una explosión de Europa. Lo que es, en los tiempos que corren, una magnífica noticia. Y más sabiendo que los británicos no podrán hacer más de lo que han estado haciendo desde que entraron: dinamitarla desde dentro.