Ocurrencias

He de confesarlo. Lo que me desespera de estos tiempos que vivimos no es el pensar que el mundo es algo caótico, que solo podemos llegar a entender muy parcialmente, porque esto solo es reconocer la limitación del conocimiento, no su imposibilidad. Ni siquiera me desespera el velo que la urgencia de la crisis está poniendo sobre los profundos problemas que tiene la Humanidad, porque la vida es un tiempo limitado y, para todos, lo que puede ocurrir mañana es más importante que lo que puede ocurrir a largo plazo. No me desespera tampoco, aunque me preocupa mucho, la grave crisis que está viviendo nuestra sociedad, porque sé que tiene solución. Lo que realmente me desespera y enfada es la ración diaria de ocurrencias de nuestros políticos, de distinto signo y calado, que no resuelven los problemas. Y me enfadan, tanto por lo que suponen de incompetencia, como por ser un insulto al sentido común. 

Porque es una triste ocurrencia de profundo calado la propuesta independentista del Sr. Mas. ¿O es que piensa el Sr. Mas que los problemas de crecimiento o deuda de Cataluña se resolverían más eficientemente en un pequeño país independiente fuera de la Unión Europea? ¿O es que hay una relación causa efecto entre independencia y mejora de la sanidad, la educación o las infraestructuras? Me temo que la independencia tiene muy poco que ver con los problemas reales, de hoy y de mañana, de los catalanes y mucho con un oportunismo insultante. 

Como es una ocurrencia la ley de tasas judiciales. Se argumenta que hay que pagar por la justicia porque así se reducirían el número de procesos, al tiempo que se financia más equitativamente el servicio de la justicia al recaer el coste del servicio sobre el que lo usa. Pero se olvida que la justicia es un bien primario del Estado y que la justicia no es un servicio público que solo sirve a aquellos que lo usan, sino un bien social, pues, sea cual sea la naturaleza del pleito, la justicia sirve al conjunto de la sociedad al establecer una interpretación de los principios contenidos en las leyes. Si el problema que se quiere resolver con esta medida es de recaudación, refórmense los impuestos; si el problema que se quiere atajar es el exceso de procesos por denuncias falsas, refórmense las leyes de las infracciones contra la Justicia; si el problema es el atasco de la justicia, modifíquese los procedimientos judiciales; si el problema es de eficiencia de la justicia, reorganícese. Me temo que los problemas de nuestra justicia merecen más reformas que una simple ley de tasas. 

Como merece otra reforma profunda nuestra sanidad, en la que hay ocurrencias como la propuesta de que el copago de los medicamentos se haga en función de la renta. ¿O es que la enfermedad de una persona es más enfermedad porque tenga más o menos renta? ¿Es que acaso el derecho básico a la salud se debe prestar de una forma diferente según la cantidad de renta? ¿No es ya el sistema tributario progresivo? Me temo que para resolver el problema de los crecientes costes de la sanidad pública hay que reformar muchas más cosas y conocer mejor los efectos distributivos del gasto público, porque si no, todo son ocurrencias. 

Como es una otra ocurrencia la del Ministerio de Economía de sugerir ligar el permiso de residencia a la compra de una casa de más de 160.000 euros. Lo que me lleva a preguntarme si no tienen otra cosa en que pensar sus economistas, con 5,8 millones de parados y con los problemas financieros que tenemos, que en esto. 

Y así podríamos seguir hasta el infinito. En medio de la crisis, nuestros políticos, de todas las administraciones y partidos, nos dan todos días, en vez de soluciones, una ración de ocurrencias. Tantas, que hay días que me pregunto ¿en manos de quién estamos? Una pregunta cuya respuesta mejor no escribo. 

Un mercado de trabajo enfermo

Según la última Encuesta de Población Activa, en España había 17,3 millones de personas ocupadas (la misma cifra que en 2004) y 5,8 millones de personas desempleadas, la cifra de paro más alta jamás alcanzada por la economía española. Esto significa que, desde el primer trimestre de 2008, momento de inicio de la crisis, hasta la fecha, se han perdido unos 3 millones de puestos de trabajo, lo que supone una caída del 15,1% del empleo. Mientras, en el mismo periodo, la actividad ha caído "solo" un 6,5%. Este hecho, la sobredestrucción de empleo, refleja, de una manera sintética, que algo funciona muy mal en el mercado de trabajo español para que, en un tiempo en el que se reducen los salarios reales, el paro crezca. Porque si no fuera así, y la caída del empleo hubiera sido aproximadamente igual que la de la actividad, ahora estaríamos hablando de 4 millones de parados, 1,75 millones menos, de una tasa de paro del 17,4%, de 19 millones de puestos de trabajo. Más, aún, si no fuera así, con una caída de salarios reales, la sangría del paro debería haberse frenado en los 3,5 millones de personas. 

Todo ha fallado en nuestro mercado de trabajo. Porque decimos que un mercado de trabajo funciona bien si facilita una ocupación digna, adecuada a la cualificación y experiencia, con un salario coherente con lo anterior para todos aquellos que quieran trabajar. Hay, pues, cuatro medidas cuantificables del funcionamiento de un mercado de trabajo: la tasa de paro; el respeto a los derechos de las personas; la adecuación de los empleos a la dotación de capital humano; y, finalmente, la coherencia y proporcionalidad de las retribuciones entre sí y con la aportación al proceso productivo. Teniendo esto en cuenta, hemos de concluir que el mercado de trabajo español está profundamente enfermo: porque produce paro; porque se están deteriorando las condiciones laborales; porque se está generalizando el subempleo; porque, en algunos sectores, como el sector público, se está perdiendo la coherencia salarial. 

Las causas de estos problemas son muchas y variadas. Tantas, que se puede decir que el mercado de trabajo español casi concentra el conjunto de todas las etiologías laborales posibles. Una pésima regulación laboral de raíces corporativas (falangistas) muy rígida que ahuyenta la contratación indefinida y dualiza el mercado, convierte a los comités de empresa en pseudo-direcciones paralelas y al poder judicial en una variable a tener en cuenta en la gestión de los recursos humanos. Una institucionalización centralizada de las relaciones laborales que ha propiciado a los agentes sociales un papel en la vida política que va más allá de lo genuino de su función, al tiempo que ha provocado un alza de salarios política muy por encima del crecimiento de la productividad. Un débil tejido empresarial con pocas empresas, de escaso tamaño, mal organizadas, con baja productividad y en sectores muy maduros y con exceso de regulación, lo que hace que el empleo español pivote demasiado sobre microempresas tradicionales y sobre el sector público y poco sobre empresas internacionalizadas y en sectores de alto valor añadido. Una oferta de trabajo desequilibrada en su formación media, por una crónica carencia de titulados medios y de formación profesional y una preocupante tasa de personas sin cualificación. Una fiscalidad del trabajo que encarece el trabajo nacional impidiendo su competitividad internacional. Incluso, una ideologización excesiva que, a fuerza de clichés, oscurece el análisis. Y, a todo esto que ya estaba en el mercado de trabajo español de antes de 2008 y nos provocaba los 2 millones de parados que teníamos entonces, hay que añadir las circunstancias que ahora tenemos de caída de la demanda, los problemas de financiación- la crisis. 

El mercado de trabajo español está enfermo, profundamente enfermo. Y porque en esta frase hay 5,78 millones de personas en paro es por lo que deberíamos reformarlo en profundidad. Una reforma profunda que, de no hacerse, convertirá sus enfermedades en crónicas.