En la profesión económica existen tres consensos básicos que afectan al conjunto de la política económica para los países desarrollados (en los países pobres la situación es diferente) y que tienen una fuerte coherencia interna avalada por los modelos teóricos y por la experiencia.
En política macroeconómica, casi todos los economistas estamos de acuerdo en que el primer objetivo es la estabilidad de precios, especialmente en economías muy abiertas, ya que los diferenciales de inflación conllevan pérdida de competitividad que ponen en peligro el crecimiento a largo plazo. Para alcanzar este objetivo se utiliza una política monetaria, más o menos monetarista, que gestionan Bancos Centrales independientes, complementada con una política fiscal relativamente equilibrada, sin grandes variaciones de gasto, ya que, en estos países, los Estados del Bienestar están consolidados y hay preocupación por su sostenibilidad. Y la prueba de que estas políticas están funcionando es que, en los últimos años, y a pesar de la subida del petróleo, ninguna economía desarrollada ha tenido fuertes tensiones inflacionarias, ni grandes déficits públicos, ni ha sufrido una recesión.
Un segundo consenso es sobre las políticas de oferta. Y es que, además de factores de demanda, para fomentar el crecimiento son necesarias políticas que estimulen la inversión, tanto en capital físico como en capital humano, y, para ello, es imprescindible cambiar las políticas sectoriales por políticas de productividad. Un cambio, que aún no ha terminado de calar por razones electorales, pero que se está incorporando al discurso político y está orientando las políticas económicas de, por ejemplo, la Unión Europea.
Un último consenso básico tiene que ver con las políticas de regulación de mercados. Y es que para aprovechar en forma de crecimiento económico tanto la estabilidad macroeconómica (que garantiza bajos tipos de interés y un marco fiscal neutral), como las políticas de oferta (mayor disponibilidad de tecnología y de mano de obra formada), es necesario que los mercados sean flexibles. Por eso las políticas sobre los mercados financieros han sido de flexibilización, lo que está permitiendo la movilización del ahorro hacia inversiones en cualquier lugar del mundo, y cuyo resultado, tanto más eficaz cuanto mayor es la credibilidad de los reguladores, es una mejor financiación de las empresas. Y algo parecido está ocurriendo en los mercados de trabajo. Los más flexibles tienen menos tasa de paro y aquellos que han sido más audaces en la política de flexibilización viven una más intensa creación de empleo (y España es el ejemplo). Una flexibilización que no supone ausencia de regulación, sino que ésta sea eficiente y, para ello, debe ser transparente, estable y vigilada por instituciones creíbles, porque, en caso contrario, no solo se corrompen los mercados y las bases de un crecimiento saludable, sino también la vida política (y buena prueba es nuestro mercado de suelo).
Estos tres consensos básicos debieran ser conocidos por cualquiera que tenga responsabilidades de política económica. Y me consta que una mayoría de los ministros de economía que hemos tenido los conocían porque los han seguido. Por eso me preocupa que algunas personas, "cercanas a la Moncloa" y en el Ministerio de Industria, parezcan empeñados en olvidarlos y cometan errores de bulto. Algunos tan graves, y de momento latentes, como la segmentación de la unidad de mercado con las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas. Otros tan patentes como la intervención política en la OPA sobre Endesa, que ha destrozado la credibilidad en dos reguladores tan importantes como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de la Energía.
Unos errores de bulto que pagaremos todos porque la estabilidad macroeconómica sirve para poco si corrompemos los mercados y la democracia.
7 de mayo de 2007
