El precio de cualquier producto o servicio se establece según un mecanismo simple. Las empresas calculan todos los costes en los que incurren para producir sus productos (materia prima, aprovisionamientos, costes salariales, costes financieros, impuestos, amortizaciones, etc.) a los que suman el margen, obteniendo así el precio antes de IVA, suma este impuesto y obtiene el precio final. No se suele vender ningún producto por debajo de los costes, aunque sí muy por encima. El consumidor final paga, pues, en el precio, todos los costes en los que ha incurrido el empresario.
Como entre los costes están dos impuestos importantes (IRPF y cotizaciones sociales) y, en el precio final, el IVA y los Impuestos Especiales, se puede concluir que el consumidor final paga todos los impuestos clave, siendo el empresario un mero recaudador. Desde la perspectiva del empresario, siempre que mantenga constante su beneficio, es indiferente cómo se distribuyan estos impuestos. Para él, el IRPF de los salarios, las cotizaciones sociales y el IVA son parte de su sistema de costes y los imputa en el precio, por lo que le preocupa el monto total de ellos, ya que afecta al precio final, no la distribución de la carga impositiva de cada uno de ellos. Dicho de otra forma, si los tres impuestos fueran un porcentaje fijo, como son ahora las Cotizaciones Sociales o el IVA, y el monto total final a pagar fuera el mismo, sus costes no se verían alterados lo más mínimo, por lo que a la empresa le daría lo mismo.
Desde una perspectiva del consumidor final, el resultado es el mismo: paga los impuestos en los precios, se imputen como se imputen. Lo que no es lo mismo es desde la perspectiva de la distribución de la renta: los impuestos incluidos en los precios son regresivos porque aquellas familias que no consumen toda su renta, los que ahorran, solo pagan estos impuestos por la parte que consumen. Puesto que los que menos renta tienen son los que menos ahorran, son ellos los que más impuestos soportan en porcentaje a través de los precios. De ahí que, en un intento por reducir esta regresividad, sea razonable establecer un IVA reducido para determinados bienes de primera necesidad, siendo una locura distributiva para bienes que no son imprescindibles.
Tampoco es lo mismo desde un punto de vista distributivo cómo se reparten dentro de la empresa los distintos impuestos que recauda el empresario. Para un empresario, el Coste Laboral Total Directo (CLTD) está compuesto del Salario Neto que paga en nómina, el IRPF que retiene y la Cotizaciones Sociales que paga por el trabajador. Los impuestos que recauda por sus trabajadores, por el uso del factor trabajo nacional, son pues el IRPF y las Cotizaciones Sociales. Desde la perspectiva del empresario, qué parte pague por cada uno es indiferente. Sin embargo, desde la perspectiva de la distribución de los Salarios Netos, no. No es lo mismo un sistema en el que todo se recaudara mediante un sistema de tipo fijo, que mediante un sistema de tipos progresivos, porque los salarios más bajos pagarían menos impuestos y los trabajadores tendrían más salario neto. El sistema español de impuestos al trabajo es un híbrido entre un sistema de impuestos regresivo a través de las cotizaciones sociales (por los salarios más altos se paga menos cotización) y un sistema progresivo a través del IRPF. Es decir, que los salarios brutos en España, sean lo pequeños que sean, pagan un impuesto sin saberlo del 23% de cotización social y, luego, el IRPF, mientras que los salarios altos pagan un 10% más el IRPF que les corresponda.
El sistema es perverso, pero se puede mejorar, como ya demostraron los daneses en los 80 sin más que ir bajando las cotizaciones sociales transfiriéndolas a salarios brutos. Pero para eso tendríamos que discutir de política fiscal como los daneses y saber bastante más de distribución de la renta.
9 de marzo de 2015
