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lunes, 23 de febrero de 2015

Impuestos y elecciones

Ahora que ya estamos en campaña electoral han empezado a aflorar propuestas de los distintos partidos políticos sobre los más variados temas. Temas que van desde asuntos de enjundia como la política exterior o antiterrorista, pasando por la política económica y de bienestar, hasta llegar a minucias que, sin afectar a la vida de la ciudadanía, serán objeto de debate partidista por la impresión que causan entre los votantes. 

Uno de los temas fundamentales sobre el que tendremos propuestas será el de la política fiscal, tanto de los impuestos como de los gastos, y sobre ambas cosas habrá más ideología y eslóganes que pensamiento. En el frente de los impuestos lo que nos van a contar está casi esbozado. El PP nos contará como "grandes" reformas los simples retoques que ha hecho en distintos impuestos; el PSOE nos propondrá derogar lo que haya hecho el PP, sin más argumento que lo hecho "beneficia a los ricos"; Ciudadanos ya nos adelanta que hará una reforma fiscal profunda, pero solo hace una propuesta de retoques ambiguos en la estructura impositiva y una referencia a las Sicav; UpD, como siempre, "no sabe no contesta" en temas de política económica; Podemos ya se despachó con un documento más ideológico y panfletario que económico en la propuesta de noviembre; y, finalmente, IU propondrá, pues aún no lo ha hecho, una serie de eslóganes similares a los de Podemos. Todos harán mucho hincapié en la lucha contra el fraude (cuando no saben ni siquiera que hay una parte de fraude derivado de la estructura económica y otro derivado de la estructura impositiva) y todos hablarán de un reparto "justo" de la carga tributaria. Lo que ninguno hará será hablar seriamente del conjunto de impuestos que pagamos, ni de su distribución personal, en gran medida, porque desconocen la realidad tributaria y la miran con orejeras ideológicas. 

Para que nos hagamos una idea de lo que pagamos los españoles de impuestos basten unas cifras, referidas al 2013, por ser el último año que tiene datos ajustados casi completos. En el ejercicio del 2013, las familias españolas pagamos a las distintas administraciones la cantidad de 328.022 millones de euros. A esto habría que sumar otros casi 35.000 millones derivados de ingresos de organismos autónomos, tasas, precios públicos, etc., así como de los ajustes de impuestos de entidades locales que no se contabilizan agregadamente. En total, la ciudadanía pagó unos 363.000 millones de euros, un 35,5% de la renta que generó. 

Pero siendo alto el volumen total pagado, que no lo es para parámetros europeos, lo llamativo está en la distribución de esta carga, pues de los 363.000 millones, pagamos en impuestos directos, progresivos, 98.000 millones (el 27%); en impuestos no directos, pero con una cierta progresividad, unos 61.000 millones (el 16,8%); y en impuestos indirectos (cotizaciones sociales más impuestos indirectos puros), claramente regresivos, la friolera de 204.000 millones (el 56,2%). Si tenemos en cuenta que el IRPF, el principal impuesto directo de nuestro país, solo recauda 69.000 millones, y que, además, no distribuye correctamente la carga, pues prácticamente lo pagan los asalariados, no hace falta hacer demasiados números para deducir que el sistema impositivo español no solo es insuficiente para llegar al equilibrio presupuestario, sino que reparte muy mal la carga fiscal porque es globalmente regresivo (es decir, que pagan más en proporción los que menos tienen). Una regresividad que afecta, a su vez, a su propia sostenibilidad. Si a esto se le suman sus efectos secundarios negativos, como la excesiva carga fiscal del factor trabajo, lo que provoca alrededor de un 5% del paro, o los agujeros legales que facilitan la ocultación de rentas y el fraude fiscal, creo que habría mucho que hablar, más seriamente y con menos ideología de lo que van a hacerlo nuestros políticos en los próximos meses. 

Pero, claro, para ello tendrían que estudiar política fiscal y no vivir alimentados de resúmenes de prensa y tuits. 

23 de febrero de 2015 

lunes, 9 de febrero de 2015

Hablando de Grecia seriamente

La situación de la deuda griega se puede resumir de la siguiente forma: Grecia, un país de 11 millones de personas, tiene una deuda pública total de unos 320.000 millones, lo que supone el 175% de su PIB. De esta deuda, unos 185.000 millones se lo debe a los Estados miembros de la Unión Europea (unos 60.000 de los cuales los aportó Alemania y unos 25.000 España), otros 55.000 millones al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, y el resto, casi 80.000, a la banca privada griega, italiana y británica y a fondos de inversión norteamericanos. Gracias a que la mayoría de esta deuda se la debe a los Estados miembros de la zona euro, el tipo de interés medio que paga por su deuda es del 2,2%, frente al 2,4% de España, y el plazo de amortización está en 16,4 años, frente a los 7,3 de España. Es decir, los gobiernos europeos, y, a través de ellos, los ciudadanos de los demás países de la zona euro, han refinanciado la deuda de los griegos, dándole más tiempo para pagarla a un tipo de interés más barato. A cambio se les pidió que, en un plazo de cinco años, hicieran reformas para no endeudarse más y que aceptaran la supervisión de unos técnicos (la famosa troika) porque, escarmentados con las falsas estadísticas griegas, nadie se fiaba de sus datos. 

El problema es que los griegos, a pesar de algunas reformas como atrasar la edad de jubilación a los 65 años, despedir al 15% de los funcionarios y bajar los sueldos un 20%, siguen necesitando unos 8.500 millones de euros anuales para cuadrar sus cuentas, fundamentalmente porque no han priorizado correctamente su gasto público (un 4,5% de PIB de gasto militar), no han atajado la corrupción ni el fraude fiscal (el más alto de la UE) y tienen una economía rígida, intervenida y estancada, lo que da como resultado una tasa de paro del 25%. 

Ante esta situación, el Gobierno de Syriza considera que el problema de la sostenibilidad de la deuda griega es que la economía griega no crece. Para crecer, sostienen ellos, Grecia necesita una política fiscal expansiva (readmisión de funcionarios, subidas salariales, etc.) que, aunque les llevará a incurrir en nueva deuda, es la única solución para arrancar la economía. Por eso, Tsipras siempre pidió el perdón de parte de la deuda vieja, para volver a incurrir en deuda y poder "resetear" su economía. El problema es que nadie se cree este razonamiento (muy al "estilo Krugman") porque el problema de fondo de la economía griega es su escasa competitividad, su rigidez, su gigantesco sector público y la ausencia de credibilidad. Y no es precisamente Syriza la opción política más creíble para hacer competitiva la economía griega. 

El razonamiento europeo es diferente. Es cierto que Grecia necesita crecer para pagar su deuda, pero para que crezca, lo que tiene que hacer es mantener sus compromisos para ser creíble y reformar su economía para ser más competitiva. Si hace ambas cosas, seguirá recibiendo liquidez para funcionar y se podría ampliar el plazo de pago, ya que no es aceptable ninguna quita, puesto que es dinero de los contribuyentes europeos, y no se pueden bajar más los tipos de interés. 

Como los griegos no pueden acudir a los mercados internacionales (su prima de riesgo es excesiva), Rusia y los árabes no están para dar financiación "de Estado" y China exige contrapartidas difícilmente asumibles por los nacionalistas, me temo que no tienen más remedio que sentarse a negociar con Bruselas, Frankfurt y Berlín. 

Una negociación a la que se puede ir sin corbata y con la camisa por fuera, pero a la que sería conveniente que los griegos fueran con humildad y realismo. Entre otras cosas, porque no creo que la señora Merkel y su ministro Schäuble se dejen impresionar por unos tipos que les deben 60.000 millones de euros a sus votantes. 

9 de febrero de 2015