En los últimos meses, el Gobierno, como casi todos los gobiernos del mundo, ha ido tomando diversas medidas para hacer frente al rápido deterioro de la situación económica. Medidas para resolver el problema de liquidez en el sistema financiero, medidas para apuntalar las cuentas de las empresas, medidas para financiar obra pública, medidas, para mantener la actividad en el sector de la construcción, etc. Medidas todas ellas necesarias por unas razones u otras, pero claramente insuficientes para la magnitud de lo que ocurre y lo que se espera.
Que hay que resolver el problema de liquidez y solvencia del sistema financiero es casi evidente. El sistema financiero, a pesar de sus pecados y excesos, es esencial en cualquier economía porque es el nexo entre el ahorro y la inversión. Por eso las cajas y los bancos son esenciales para la reactivación de la economía. No se puede volver a una senda de crecimiento económico sin inversión y no hay financiación de la inversión sin bancos. Salvar, pues, al sistema financiero es el primer paso, no solo para salir de la crisis financiera, sino para salir de la crisis económica.
Dotar un fondo para obra pública en los Ayuntamientos es, sin embargo, una medida más política que económica. Los Ayuntamientos españoles tienen una pésima estructura de financiación, nunca resuelta y origen de mucha corrupción, que ha estado relativamente oculta en la época de bonanza económica. Por eso, ahora, los Ayuntamientos necesitan financiación. Una financiación que el Gobierno está dispuesto a dar rápidamente por varias razones: porque no quiere entrar en el debate profundo de cómo financiarlos, máxime cuando aún no ha resuelto el tema más conflictivo de la financiación autonómica; porque los Ayuntamientos son primer escalón político en el que se consiguen los votos; y, finalmente, porque es la administración más cercana a la ciudadanía y la mejor distribuida en el territorio. Por todas estas razones, y para evitar una cierta inestabilidad política, es por lo que era necesario dotar un fondo de obra pública municipal. En realidad es un poco más de lo que, en condiciones normales, se hubiera hecho, pero tiene una cierta carga simbólica. El problema es que, desde el punto de vista económico, las peonadas en obra pública municipal, esta especie de PER urbano, será poco útil y, como ocurre con el viejo PER rural, pernicioso a largo plazo, incluso para sus beneficiarios. Lo siento, pero a pesar de lo que diga el Presidente, esta medida es sólo útil políticamente, porque su eficacia económica es, como demuestra la experiencia de los treinta y los ochenta, nula.
Estas medidas, y otras complementarias como los fondos del ICO para la financiación de empresas, son, al menos a corto plazo, necesarias. Las hay también absolutamente innecesarias como el fomento de la VPO. Pero lo que sí son todas es que son insuficientes, porque son sólo paliativas, no son medidas que nos vuelvan a una senda de crecimiento. Sirven solo para cortar estabilizar la situación, pero, si sólo se quedan en esto, y así será después de ver el penoso presupuesto presentado por el Gobierno, no resuelven ni uno solo de los problemas de fondo de la economía española que nos han llevado a esta situación. Parece como si el Gobierno creyera que la crisis es sólo una pesadilla de la que sólo hay que despertar. Nada más erróneo, porque nada volverá a ser como antes ya que lo que necesitaba la economía española era un nuevo modelo de crecimiento económico. Lo siento, pero creo que la salida de la crisis está mucho más lejos porque nuestro Gobierno todavía no se ha dado cuenta de la profundidad de la situación. Lo malo es que cuanto más se tarde en tomar decisiones de calado, más dolorosa será la solución.
22 de diciembre de 2008
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