Maldita inflación

Los precios han vuelto a tener, en España, un comportamiento inflacionista. En lo que llevamos de año han crecido el 3,6%, muy por encima del 3% que auguró el nuevo gobierno y del 2% que fijó el antiguo gobierno en los presupuestos generales para este año. Y, sobre todo, muy lejos del 2,1 de nuestros socios y competidores comunitarios. 

Es cierto que parte de la culpa de este comportamiento inflacionista la tiene la subida del precio del petróleo. Es sabido que el precio del petróleo, en dólares, se ha incrementado en lo que va de año un 60%, pero su impacto sobre los precios y sobre el crecimiento de las economías europeas, y entre ellas la española, ha sido menor que el de otras épocas porque tenemos una moneda fuerte frente al dólar. La revalorización del euro, en más de un 20%, nos ha compensado parte de esta subida al mismo tiempo que el grado de desarrollo de las economías europeas, y de la española también, hace que consumamos menos petróleo por cada punto de producción que hace veinte años. El petróleo explica parte de la subida de la inflación, 0,7 puntos, pero no explica la totalidad de la misma y, desde luego, no explica el diferencial que tenemos con las otras economías. 

Las causas de la inflación española hay que buscarlas en otras variables. Es cierto que la política monetaria de la zona euro, de bajos tipos de interés, no favorece el control de los precios. Pero esas mismas circunstancias tienen los demás países europeos y el conjunto de la zona euro, incluyendo a España, tiene un 2,1 de inflación. Es decir, la política monetaria no es la causa de la inflación europea, aunque una subida de tipos ayudaría a controlarla. Como tampoco se puede decir que la política fiscal española sea especialmente inflacionista. Llevamos más de cinco años con práctico equilibrio presupuestario y, si bien es cierto que para el año que viene se espera un crecimiento del gasto social y una menor austeridad pública, este pequeño déficit no generará presiones sobre la demanda. Y, de igual forma, tampoco se puede achacar la inflación española a la presión salarial o a los costes generales de personal. Nuestro mercado de trabajo, a pesar de la retórica laboral y de algunos organismos internacionales, se ha flexibilizado tanto (y este es un tema que merece un buen debate público) que los incrementos salariales reales en los últimos años han sido prácticamente nulos. No, no es en la política macroeconómica (monetaria, fiscal o de rentas) en donde hemos de buscar las causas de la diferencial inflación española. 

La inflación española existe porque los mercados españoles forman inflacionariamente los precios, porque no hay suficiente competencia y, desde luego, porque hay un exceso de regulaciones, especialmente de ámbito regional y local, que dificultan la misma competencia. 

Esta ausencia de competencia, de origen histórico, se debe a que, en realidad, y a pesar de la retórica gubernamental de algunos ministros, no hemos tenido verdaderos procesos de liberalización, por razones electorales, en la mayoría de los mercados, empezando por los servicios. Pero también porque los políticos de algunos ministerios sectoriales, como el ministro Montilla, los de la mayoría de las comunidades autónomas y, desde luego, de los ayuntamientos intervienen con regulaciones que quieren proteger actividades autóctonas y lo que hacen es perjudicar la formación competitiva de los precios. Unas regulaciones contra las que protestan los empresarios con la boca pequeña porque a ellos les favorece la inflación. En definitiva, tenemos inflación porque somos un país que no comprende, desde la sociedad civil y, por lo mismo no exige a sus políticos, una verdadera política de competencia y libertad de mercado. Y lo curioso y preocupante es que hayamos aceptado la competencia en el mercado laboral y no seamos capaces de exigir libertad y competencia en los demás mercados. Quizás porque, en el fondo, somos un país de socialistas conservadores o de conservadores socialistas. Los liberales son (somos) minoría.