Hay, en la vida política española, algunas simplezas que, a fuerza de repetirse, se ponen de moda, y se aceptan como si fueran conceptos bien cimentados. Una de las últimas, aportada por el Tripartito catalán hace unos meses, es el de las balanzas fiscales.
La idea de las balanzas fiscales ya surgió en la época de Pujol, y la apoyaron economistas importantes como Mas-Colell o Sala-i-Martín. Su esencia es comparar los impuestos recaudados en un territorio y los gastos públicos realizados en él. La diferencia será el déficit o superávit de ese territorio con el resto. Calculando estos saldos para todas las comunidades españolas, las habrá que tienen crónico superávit fiscal, las generosas y solidarias (como Madrid o Cataluña), y comunidades que tienen déficit crónico, las necesitadas (huelga decir cuáles). Incluso se puede calcular el saldo fiscal per cápita, para ver lo solidaria que es la gente, y en porcentaje de su Producto Regional Bruto, para ver lo que transfiere a otras comunidades. El problema es que estos números, aparentemente objetivos, no significan nada por un par de pequeñeces contables que les afectan.
La primera pequeñez contable es que los impuestos en cada territorio, al igual que el valor de su producción, están afectados por el efecto Sede Social. Este efecto se produce porque en el valor de la producción de un territorio se imputa la totalidad de la producción de las empresas que tienen en él su sede. Lo que implica que todo lo que producen las empresas con sede en Madrid o Cataluña, pero que operan en el resto de España, se imputa a Madrid o a Cataluña. Y, como derivación de este criterio, también se imputan a ese territorio, los impuestos que pagan esas empresas: el Impuesto de Sociedades, el IVA e, incluso, si las nóminas se hacen centralizadamente, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Dicho de otra forma, todo lo que generan Caja Madrid o la Caixa, Renault o Nestlé, Carrefour o Axa se imputa en Madrid y en Barcelona. Esto explica una parte de las diferencias entre la renta producida y la consumida en cada comunidad y del porqué en unas se pagan, per cápita, más impuestos que en otras.
La segunda pequeñez influye sobre la asignación de los gastos públicos, que se realiza de la siguiente forma: los gastos transferidos (Sanidad o Educación) se imputan directamente a cada comunidad; los gastos generales indivisibles (Defensa, Interior, etc.) se asignan según criterios de población; y, finalmente, los gastos territorializados indivisibles (Infraestructuras, etc.) se suman en cada territorio. Estos criterios dan lugar a algunas distorsiones curiosas. Por ejemplo, del AVE Madrid-Barcelona hay una parte que se imputa a Castilla-León porque atraviesa esa comunidad. Pero, a pesar de que se le imputa, esta infraestructura no le producirá nada, porque no habrá parada de ese AVE en su territorio. No, tampoco son buenos los criterios para imputar los gastos. Máxime si la comparación se hace con otros ratios de gasto.
Así, cuando se analiza el gasto por habitante (por ejemplo, en sanidad o en educación), o el coste por servicio (coste medio de la cama hospitalaria o del alumno universitario) o, por último, la dotación de infraestructura pública por unidad de PIB resulta que las comunidades solidarias gastan más por habitante, tienen mayores costes por servicio y tienen más infraestructuras por unidad de PIB.
No, me temo que las balanzas fiscales de las comunidades autónomas no son útiles para formarse opinión sobre las finanzas autonómicas. Sin embargo, esta simpleza puede llevarnos a tomar, sin querer queriendo, decisiones equivocadas sobre la financiación autonómica, porque está calando en los catalanes la errónea idea de que ellos pagan, injustamente, muchos impuestos, de que son excesivamente solidarios. Alguien del Gobierno o del PSOE debiera decirle a Maragall que sus maragallerías y las de sus socios no hacen gracia en otros territorios, en los que, para humor catalán, preferimos el de Tricicle que, además, es mudo.
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