El acuerdo de la semana pasada entre el PSOE, el tripartito y CiU, que tan profusamente se ha fotografiado y tantas loas ha tenido, es, por lo que conocemos de su articulado, un conjunto de ambigüedades, medias palabras y temas importantes sin cerrar tan grande que, en la práctica, estamos casi como al principio. Sin embargo, sólo con los artículos publicados sobre financiación ya podemos hacernos una idea del surrealismo de la propuesta. Un surrealismo que supera los límites de la democracia y de los conceptos políticos y económicos básicos.
Y es que en el pacto alcanzado (disposición adicional novena bis) se contemplan los porcentajes de cesión del IRPF, del IVA y los impuestos especiales a Cataluña, pero este acuerdo, que afecta a la financiación de las Comunidades Autónomas del Régimen General, se debe tomar en el Consejo Económico y Financiero en el que están todas representadas, por lo que el PSOE está rompiendo un principio básico y vulnera principios democráticos al ningunear a las demás comunidades. Ya se sabe, en temas de financiación, lo que cuenta es lo que opine la Generalitat.
Pero la cosa va más allá, hasta llegar al límite del absurdo, en la disposición adicional séptima que regula la inversión del Estado en Cataluña en los próximos siete años. En primer lugar, porque el Estatuto ataría a otra ley, la de Presupuestos Generales del Estado, que es anual, con lo que se le quita flexibilidad a la política de inversiones y soberanía a los representantes que escojamos en la próximas elecciones. En segundo lugar, porque si se territorializa con un criterio fijo la inversión del Estado es como si esta inversión ya no fuera del Estado, sino de las comunidades. Y, finalmente, porque el criterio de territorialización por PIB regional es, desde la racionalidad económica, una soberana estupidez, ya que el objeto de la inversión pública es hacer crecer la renta, el PIB, y hacer disminuir las diferencias regionales, por lo que, si se supone un rendimiento de la inversión constante en todo el territorio nacional, este criterio de inversión dejaría, en el mejor de los casos, las diferencias de renta tal y como están, y, en el peor, las agrandaría. En otras palabras, con esta disposición, reforzada por el artículo 208.5, Cataluña se garantiza que Extremadura y Andalucía nunca tendrán su nivel de renta.
El resto de los artículos que se han dado a conocer son del mismo tenor de cercanía a las tesis del tripartito, que ha conseguido su Agencia Tributaria en dos años (art. 205), el que se llegue a la cesión de todos los impuestos, salvo las Cotizaciones Sociales y el Impuesto de Sociedades (art. 208.2), que siempre estén protestando según el falaz criterio del "esfuerzo fiscal" (art. 208.3), la bilateralidad en las negociaciones con la Administración Central (art. 214) e, incluso, el que tengan que ir a negociar a Bruselas con el gobierno, pues se les cede la capacidad normativa en el IVA minorista, un impuesto que hoy no existe (disposición adicional undécima). Por eso uno no sabe qué ha negociado Zapatero, de qué se queja ERC y, desde luego, no entiende la satisfacción de Ibarra, Bono o Chaves en el Comité Federal del PSOE. Es decir, sólo en los artículos sobre financiación, la Generalitat ha conseguido todo lo que pretendía, sólo que se le ha puesto un cierto plazo para hacerlo más llevadero a los demás. Si el resto del proyecto se ha pactado con la misma lógica, mucho me temo que el Estatuto sigue siendo lo mismo que al principio: una Constitución de un nuevo Estado a medio plazo y un Tratado de dominación de Cataluña sobre el conjunto de España.
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