La renta per cápita de una comunidad depende, esencialmente, de la productividad de su fuerza laboral y del funcionamiento de su mercado de trabajo. Suponiendo que el mercado de trabajo arroja una tasa de paro mayor o menor según diversas circunstancias, es un hecho que la renta per cápita de un país dependerá, entonces, de la productividad y esta está en relación directa con una variable clave: el capital humano. Y es que el principal activo de un país, contrariamente a lo que mucha gente cree, no son los recursos naturales, sino el grado de conocimiento y de organización que ese país tenga. Francia, con unos recursos naturales muy inferiores a los del Congo, tiene una renta per cápita que es más de 200 veces la del país africano. O, por ser más gráficos, Suiza no es un país rico porque tenga ningún recurso natural, sino por lo que saben los suizos, como Nigeria es un país pobre a pesar de todo el petróleo que tiene porque no tiene capital humano y organizativo. Parte del atraso económico de España respecto a nuestros vecinos fue que no tuvimos un sistema educativo que obligaba a la enseñanza hasta los 14 años hasta 1970 (con un retraso de más de un siglo respecto a los países más ilustrados) o que hemos sido uno de los últimos países de la OCDE en ampliar la enseñanza obligatoria a los 16 años. De esta idea, que está en esencia ampliamente corroborada por la literatura económica, se deduce que, a largo plazo, el crecimiento de la renta per cápita de una sociedad dependerá, en gran medida, de lo que crezca el capital humano; es decir, de la inversión que se haga en que el conjunto de las personas sepan más o tengan más conocimientos útiles. En otras palabras, del esfuerzo que se haga en la educación del conjunto de la sociedad. De ahí que la educación sea, además de un bien social en sí mismo, una inversión desde un punto de vista económico. Una inversión que ha de rentar en el futuro.
Pero esta inversión en capital humano, ese gasto educativo, ha de hacerse de una forma eficaz y coherente. Y he aquí donde cometen errores no pocos de nuestros gestores educativos y, entre ellos, algunos ministros, bastantes consejeros, muchos ínclitos rectores, reconocidos catedráticos de políticas públicas y no pocos sindicalistas, porque sólo han comprendido el párrafo anterior y se quedan con la comparativa respecto a los países europeos de gasto total sobre PIB, creyendo que una mejor educación se consigue sencillamente con más gasto, cuando si este gasto se organiza mal, sobre presupuestos pedagógicos erróneos y con personal poco o nada formado y motivado, ni más ordenadores, ni más libros, ni más hermosos edificios consiguen más resultados de la investigación o mejor preparación de los alumnos. España tiene en el epígrafe de royalties y patentes de la balanza de pagos (es decir, el que recoge lo que pagamos por el uso de tecnología que otros han inventado) un gran déficit que refleja el fracaso de nuestro sistema universitario, no sólo porque invierte poco en investigación, sino porque invierte mal. Como el informe PISA, por mucho que lo neguemos, es un buen indicador del fracaso de nuestro sistema educativo. Y no fracasan nuestros alumnos en los tests de lectura, matemáticas o inglés porque no tengan suficientes libros, fotocopias, profesores (oficiales y particulares), horas de clase, aulas, polideportivos u ordenadores, sino porque sencillamente tenemos una política educativa equivocada, unos sistemas pedagógicos anticuados (y cómo enseñamos idiomas es un paradigma de esto) y una pésima gestión de los recursos educativos.
La cantidad de los hallazgos y descubrimientos en investigación y la calidad de nuestra enseñanza, medida por lo que la gente realmente sabe y no por las ratios de recursos como esa tontada de dos ordenadores por alumno, son los verdaderos indicadores de la rentabilidad de la inversión en capital humano. Y es que para que el gasto educativo sea útil, para que sea rentable la inversión en capital humano, no sólo hemos de invertir más, sino que hemos de invertir mejor.
4 de septiembre de 2006
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