Política elemental

Las leyes existen porque son necesarias para la vida en sociedad. Y es que las leyes son solo un conjunto de principios que regulan el funcionamiento de las relaciones entre los seres humanos pues, al prohibir determinadas acciones o al obligar a realizar otras, evitan conflictos, aumentan la libertad del conjunto, ordenan la sociedad. Podemos decir que el orden social, el orden de las acciones de las personas en su vida con otros, es fruto del grado de cumplimiento de un conjunto de las normas. De ahí que una sociedad "bien ordenada" es aquella en la que, teniendo un conjunto de normas coherentes con los principios de la mayoría, estas normas se cumplen. Una sociedad sin normas, sin leyes, o con normas o leyes que no se cumplen es una sociedad desordenada. Los súbditos, los sujetos de la relación política, acatan las leyes y las normas por una mezcla compleja de tres razones: en primer lugar, porque pueden estar convencidos de que deben cumplirlas o que es bueno su cumplimiento concreto; en segundo lugar, porque cumpliendo la ley se benefician de alguna forma o evitan un perjuicio, y, finalmente, por coacción, porque los pueden sancionar de alguna forma. Es evidente que una sociedad puede estar bien ordenada por la coacción, pero hay una evidencia empírica de que los países democráticos son, en general, sociedades bien ordenadas, pues las leyes responden a los principios de una mayoría de la población y, además, el resto acepta la legitimidad de las leyes, aunque no compartan sus principios. De igual forma, se sabe que las democracias son, en general, sociedades ordenadas con menos coacción que las sociedades no democráticas. 

En una democracia, las leyes son elaboradas por el poder legislativo, que representa al conjunto de los ciudadanos, y aprobadas por unas reglas de mayoría; se han de hacer cumplir por el poder ejecutivo, que dirige la administración y los instrumentos de coacción; y el incumplimiento de las normas ha de ser determinado por un poder judicial independiente de los otros poderes para evitar así la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones. Los gobiernos, pues, sean del nivel que sean, tienen la misión primigenia de hacer cumplir la ley, de hacer que lo que está prohibido no se produzca y de que lo que es obligatorio se cumpla. Si no lo hacen así caen en una irresponsable dejación de funciones que hacen a las sociedades desordenadas e injustas, pues prima entonces la ley del más fuerte o la de aquellos individuos más inciviles. 

Estos párrafos anteriores, que son lo más elemental de la política desde hace ya más de dos siglos, parece que se está olvidando por parte de todos los gobiernos que sufrimos. Parece como si, por un estúpido complejo, el uso de la ley y, en su caso, de la fuerza, fuera una acción antidemocrática. Cuando lo realmente antidemocrático, porque va en contra ese primer pilar de cualquier democracia que es el Estado de Derecho, es la dejación de funciones en el cumplimiento de la ley. Y esto lo digo porque es antidemocrático que se negocie con una banda terrorista algo más que la dejación de las armas, y menos una mesa de partidos al margen de la representación parlamentaria legítima, porque con ello se prima a los violentos. Como es antidemocrático que se suspenda un Consejo de Ministros de la Vivienda en Barcelona por "prudencia" en una clara claudicación del Estado ante unos centenares de ciudadanos inadaptados. Como es antidemocrático que un Ayuntamiento como el de Córdoba haga una dejación de funciones tan asombrosa, y durante tanto tiempo, con los parcelistas y con alguna constructora de cuyo nombre no quiero acordarme. Como es antidemocrática la llamada a la desobediencia civil de la ley del botellón de un parlamentario andaluz de IU. Y es que democracia es mucho más que elecciones. Es también cumplimiento de las leyes. Como bien sabrían nuestros políticos si supieran la más elemental política. 

16 de octubre de 2006